Francisco Javier Salazar Martínez

Expediente 543/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 26 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
543/2021
Año
2021
Actuaciones
26
Última actuación
14/02/2022

Partes del expediente

  • Francisco Javier Salazar Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, catorce de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio signado por la secretaria de acuerdos de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia en Xalapa, Veracruz; en atención a su contenido, téngase acusando recibo del oficio 389 con el cual se ordenó notificar el auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós. Cúmplase

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna.En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Francisco Javier Salazar Martínez, para el efecto siguiente:"...1). Deje insubsistente la resolución dictada el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dentro de los autos del toca penal 1075/2019 de su índice, exclusivamente por lo que hace al aquí quejoso Francisco Javier Salazar Martínez.2). Realizado lo anterior, deberá emitir una nueva resolución en el que, por un lado, reitere la parte considerativa relativa al análisis de la posible existencia de hechos que la ley califique como delitos de abuso de autoridad y fraude procesal, así como la probable participación del aquí quejoso en su comisión.Por otra parte, atendiendo a las consideraciones emitidas en la presente sentencia deberá modificar el auto de vinculación combatido para decretar la subsunción del hecho que la ley califica como delito de ejercicio indebido del servicio público en la relativa al delito de abuso de autoridad, al no poder coexistir ambos con relación al imputado Francisco Javier Salazar Martínez. Concesión de amparo que se hace extensiva a la autoridad señalada como ejecutora, puesto que el auto de vinculación emitido por la misma se encuentra sujeto a lo que en su momento resuelva la alzada y no puede subsistir por sí mismo ante la determinación de aquella."Mediante proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió su cumplimiento a la 1. Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz y la 2. Jueza de Control y Enjuiciamiento adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial con sede en Veracruz, Veracruz.Seguidamente, en proveído de catorce de diciembre del año en curso, se acordó y ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo.De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos.Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 3696 signado por la secretaria de acuerdos adscrita a la 1. Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, informó que ordenó dejar insubsistente la resolución de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, lo anterior dentro de los autos del toca 1075/2019-A de su índice.Asimismo, remitió el oficio 3763 c/a mediante el cual remitió copia certificada de la resolución de diez de noviembre de dos mil veintiuno, con la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por Francisco Javier Salazar Martínez.Ahora con el fin de cumplir con los efectos de la ejecutoria de amparo, procedió al análisis únicamente de los agravios vertidos por el imputado en términos del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, procedió a escindir los elementos integradores de cada hecho denominado por la ley como delito materia de imputación, así como la participación del imputado en los mismos, en específico en relación a las conductas definidas en la ley como abuso de autoridad y fraude procesal. En ese orden de ideas, resulta preciso citar la violación procesal advertida de oficio por los integrantes de la Sala responsable, en perjuicio del derecho de defensa del imputado Francisco Javier Salazar Martínez; esto es, derivado de la audiencia inicial de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, toda vez, que el Juez de conocimiento aprobó la solicitud del citado imputado a efecto de recibir su declaración en términos del numeral 212, del Código Nacional de Procedimientos Penales, desestimó el argumento planteado por el abogado del aquí quejoso, en el cual solicitó se le permitiera ejercer su deberes inherentes a su defensa, lo que negó el juzgador de primer grado, generando una violación al debido proceso; por tanto, determinaron excluir del material probatorio la declaración del coimputado José Clemente Mendoza Torres, al estudiarse la imputación y solicitud de vinculación a proceso del aquí quejoso. Seguidamente del análisis de los agravios anunciados, determinó declarar extemporáneo el argumento vinculado con la inconformidad de las medidas cautelares impuestas el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, en razón que son recurribles mediante el recurso de apelación, el cual debe promoverse por escrito, con la expresión de agravios, dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de la decisión. En ese contexto, tal decisión se notificó de manera personal en la misma audiencia, surtiendo efectos el veintitrés de agosto de ese mismo año, por ende, el plazo de tres días feneció el veintisiete de agosto siguiente, dejando en claro que precluyó el derecho del imputado para inconformarse contra dicha decisión jurisdiccional, en términos del párrafo primero y segundo del artículo 460 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Seguidamente, procedió conjuntamente al análisis de los agravios identificados con los numerales 1.3., 2.3. y 4.1., los cuales resultaron inoperantes, toda vez que la acción de recibir denuncias resulta una función coordinada entre el titular y el oficial secretario quien materialmente tiene el deber de asentar las actuaciones en el expediente que corresponda.Igualmente, resultó que el imputado es el encargado de materializar, todas las actuaciones propias de la función ministerial, aunado que el aquí quejoso resulta obligado a llevar el control de los libros de gobierno, siendo el encargado de asignar el número de investigación ministerial, evitando la duplicidad, dejando en claro que el titular de la agencia tiene el deber de cuidar que se cumplan con las funciones de cada uno de sus subordinados, no obstante, la omisión de éste no justifica o impide sancionar las conductas que hagan esos subalternos. Posteriormente al analizar los agravios delimitados como 1., 1.2., 1.3., 2.2, 4. y 4.2., los cuales resultaron inoperantes, toda vez que los mismos fueron encaminados a exigir que los antecedentes de investigación demostraran el núcleo de los delitos materia de imputación y la probable responsabilidad penal del aquí quejoso; dejando en claro que para el dictado de la vinculación a proceso se requiere de datos de prueba que establezcan que se cometió un hecho que la ley define como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese sentido, la Sala responsable, destacó que el dato de prueba, no es apta para constatar que acontecieron hechos delictivos, tampoco que el imputado los cometió, al no ser el momento procesal oportuno para justipreciar tales premisas, sino que, esos aspectos están reservados a la fase de juicio, en la que, el Tribunal de enjuiciamiento, con la asistencia de las partes. Por otra parte, destacó que los agravios 1.4. y 4.3. resultaron fundados, en los que se estableció una indebida fundamentación y motivación en la resolución apelada, sin embargo la violación al derecho humano de certeza jurídica no puede generar la revocación del auto apelado, tampoco que se devuelvan los autos al juez.En otro aspecto, destacó los tipos penales que se le imputaron a Francisco Javier Salazar Martínez, consistentes en abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraude procesal en agravio del servicio público y la fe pública; los cuales procedió al estudio de los elementos de cada una de las figuras del tipo penal, así como de los antecedentes y datos de pruebas, los cuales resultaron pertinentes para establecer que una persona inició una investigación ministerial de manera ilegal. Es decir, del estudió en conjunto de los antecedentes de investigación en mención permiten visualizar que una persona inicio ilegalmente un procedimiento, pues la investigación ministerial 312/2016/I/VER-05, se radicó con motivo del deceso de una persona lo que asentó en su momento en el libro cronológico relativo al año dos mi dieciséis.En ese contexto determinó que el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, una persona inicio la investigación ministerial 312/2016/I/VER-05 de manera ilegal, toda vez que al realizar la investigación los antecedentes determinaron que la denunciante y testigos de cargo no existen, lo que justifica el actuar del encargado de anotar tal indagatoria en el libro de gobierno no lo hizo, y en su caso porque tampoco comunicó su inicio ante la autoridad encargada de la estadística relativa; dejando en claro que tales medios de convicción en su conjunto constituyen datos de prueba idóneos y pertinentes para evidenciar, que una persona inicio un procedimiento de manera ilegal, en términos del artículo 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales.Asimismo, se puntualizó que todo ello género que una persona perdiera la libertad personal, por tanto, se determinó que un servidor público inició una indagatoria de manera ilegal, con la que causó un perjuicio a un tercero, precisando que una vez analizados los datos de prueba se constituyó el hecho que la ley define como delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 317 del Código Penal para el Estado de Veracruz. Por otra parte, respecto al estudio de los elementos del delito de fraude procesal, tomando en consideración la entrevista realizada a José Clemente Mendoza Torres, quien se desempeña como perito adscrito a la unidad integral de Boca del Río, Veracruz, donde se apreció que dicho profesionista emitió su opinión teniendo a la vista unas capturas de pantalla, lo que evidentemente alteró el resultado de la prueba.En ese sentido en términos del artículo 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se determinó que dicha entrevista constituye un dato de prueba idóneo y pertinente para evidenciar que una persona alteró una prueba, así como al tomar en consideración las copias certificadas de la causa penal 8/2019 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz, que se instruyó en contra de Víctor Manuel Velázquez Rangel, por el delito de extorsión, quien resulto privado de su libertad.Por ende dichos datos de prueba resultaron idóneos y pertinentes para establecer el acontecimiento materia de imputación si constituye el hecho que la ley define como fraude procesal, previsto y sancionado en el artículo 337 del Código Penal para el estado de Veracruz.Por otro lado, al analizar los elementos del tipo penal de incumplimiento de un deber legal, determinó que en cumplimiento al fallo amparador dicho precepto debe subsumirse al de diverso de abuso de autoridad, toda vez que por omitir informar en los formatos correspondientes la radicación de la investigación ministerial 312/2016/I/VER-05, mientras que se le vinculó a proceso justamente por iniciar dicha investigación de manera ilegal; por tanto, determinó que dicha conducta de omisión debe subsumirse en la hipótesis del delito de abuso de autoridad, por el cual se confirmó la vinculación a proceso. En la relatadas consideraciones, los integrantes de la Sala responsable determinaron que los agravios identificados con el numeral 1.3. y 4.3, resultan fundados, toda vez que la conducta de incumplimiento de un deber legal queda subsumida al delito de abuso de autoridad, en razón que se investigó por iniciar una investigación ministerial considerada ilegal.Hecho lo anterior, la 1. Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, resolvió que de los antecedentes de la investigación se generó datos de prueba idóneos, pertinentes y suficientes para percibir que los hechos materia de imputación, constituyen los delitos de abuso de autoridad y fraude procesal.En ese orden de ideas, al resultar inoperantes los agravios formulados por la defensa y por otra lado fundados, en términos del artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenó modificar la resolución apelada.En el entendido que la modificación, resulta para el único efecto de subsumir la conducta atribuida en el hecho definido como incumplimiento de un deber legal, al diverso de abuso de autoridad, confirmando la vinculación a proceso por los delitos de abuso de autoridad y fraude procesal.Finalmente, se recibió el oficio 1370/2021/Icg signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Séptimo Circuito Judicial Sala "B" en Veracruz, Veracruz, con el cual informó encontrase en espera de lo resuelto por el Tribunal de Alzada, para estar en condiciones de pronunciarse conforme a derecho en el proceso penal 201/2019 de su índice.En ese sentido, se aprecia que los efectos de la ejecutoria de amparo se realizaron por las responsables, al dejar insubsistente la resolución de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en los autos del toca 1075/2019-A del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, asimismo, exclusivamente por lo que hace al aquí quejoso Francisco Javier Salazar Martínez; asimismo, los magistrados integrantes de la citada sala, resolvieron de nueva cuenta el recurso de apelación interpuesto por el citado quejoso, reiterando la existencia de los delitos de abuso de autoridad y fraude procesal, así como la probable participación del aquí quejoso en su comisión; acto seguido, modificó el auto de vinculación para decretar la subsunción del delito de incumplimiento de un deber legal, en la relativa al delito de abuso de autoridad, al no poder coexistir ambos con relación al imputado Francisco Javier Salazar Martínez, toda vez que se investigó por iniciar una investigación ministerial considerada ilegal.Por su parte, el Juez de Control y Enjuiciamiento, manifestó encontrase en espera de la determinación de la Sala responsable, toda vez que los actos encaminados a dejar sin efectos la determinación reclamada versan sobre la jurisdicción del Tribunal de Alzada. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo.Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General.En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años.Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Lo que se notifica por este medio a la parte quejosa y tercero interesada, así por estar ordenado en autos.

  3. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 543/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Francisco Javier Salazar Martínez, para el efecto siguiente: "...1). Deje insubsistente la resolución dictada el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dentro de los autos del toca penal 1075/2019 de su índice, exclusivamente por lo que hace al aquí quejoso Francisco Javier Salazar Martínez. 2). Realizado lo anterior, deberá emitir una nueva resolución en el que, por un lado, reitere la parte considerativa relativa al análisis de la posible existencia de hechos que la ley califique como delitos de abuso de autoridad y fraude procesal, así como la probable participación del aquí quejoso en su comisión. Por otra parte, atendiendo a las consideraciones emitidas en la presente sentencia deberá modificar el auto de vinculación combatido para decretar la subsunción del hecho que la ley califica como delito de ejercicio indebido del servicio público en la relativa al delito de abuso de autoridad, al no poder coexistir ambos con relación al imputado Francisco Javier Salazar Martínez. Concesión de amparo que se hace extensiva a la autoridad señalada como ejecutora, puesto que el auto de vinculación emitido por la misma se encuentra sujeto a lo que en su momento resuelva la alzada y no puede subsistir por sí mismo ante la determinación de aquella." Mediante proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió su cumplimiento a la 1. Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz y la 2. Jueza de Control y Enjuiciamiento adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial con sede en Veracruz, Veracruz. Seguidamente, en proveído de catorce de diciembre del año en curso, se acordó y ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 3696 signado por la secretaria de acuerdos adscrita a la 1. Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, informó que ordenó dejar insubsistente la resolución de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, lo anterior dentro de los autos del toca 1075/2019-A de su índice. Asimismo, remitió el oficio 3763 c/a mediante el cual remitió copia certificada de la resolución de diez de noviembre de dos mil veintiuno, con la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por Francisco Javier Salazar Martínez. Ahora con el fin de cumplir con los efectos de la ejecutoria de amparo, procedió al análisis únicamente de los agravios vertidos por el imputado en términos del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, procedió a escindir los elementos integradores de cada hecho denominado por la ley como delito materia de imputación, así como la participación del imputado en los mismos, en específico en relación a las conductas definidas en la ley como abuso de autoridad y fraude procesal. En ese orden de ideas, resulta preciso citar la violación procesal advertida de oficio por los integrantes de la Sala responsable, en perjuicio del derecho de defensa del imputado Francisco Javier Salazar Martínez; esto es, derivado de la audiencia inicial de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, toda vez, que el Juez de conocimiento aprobó la solicitud del citado imputado a efecto de recibir su declaración en términos del numeral 212, del Código Nacional de Procedimientos Penales, desestimó el argumento planteado por el abogado del aquí quejoso, en el cual solicitó se le permitiera ejercer su deberes inherentes a su defensa, lo que negó el juzgador de primer grado, generando una violación al debido proceso; por tanto, determinaron excluir del material probatorio la declaración del coimputado José Clemente Mendoza Torres, al estudiarse la imputación y solicitud de vinculación a proceso del aquí quejoso. Seguidamente del análisis de los agravios anunciados, determinó declarar extemporáneo el argumento vinculado con la inconformidad de las medidas cautelares impuestas el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, en razón que son recurribles mediante el recurso de apelación, el cual debe promoverse por escrito, con la expresión de agravios, dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de la decisión. En ese contexto, tal decisión se notificó de manera personal en la misma audiencia, surtiendo efectos el veintitrés de agosto de ese mismo año, por ende, el plazo de tres días feneció el veintisiete de agosto siguiente, dejando en claro que precluyó el derecho del imputado para inconformarse contra dicha decisión jurisdiccional, en términos del párrafo primero y segundo del artículo 460 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Seguidamente, procedió conjuntamente al análisis de los agravios identificados con los numerales 1.3., 2.3. y 4.1., los cuales resultaron inoperantes, toda vez que la acción de recibir denuncias resulta una función coordinada entre el titular y el oficial secretario quien materialmente tiene el deber de asentar las actuaciones en el expediente que corresponda. Igualmente, resultó que el imputado es el encargado de materializar, todas las actuaciones propias de la función ministerial, aunado que el aquí quejoso resulta obligado a llevar el control de los libros de gobierno, siendo el encargado de asignar el número de investigación ministerial, evitando la duplicidad, dejando en claro que el titular de la agencia tiene el deber de cuidar que se cumplan con las funciones de cada uno de sus subordinados, no obstante, la omisión de éste no justifica o impide sancionar las conductas que hagan esos subalternos. Posteriormente al analizar los agravios delimitados como 1., 1.2., 1.3., 2.2, 4. y 4.2., los cuales resultaron inoperantes, toda vez que los mismos fueron encaminados a exigir que los antecedentes de investigación demostraran el núcleo de los delitos materia de imputación y la probable responsabilidad penal del aquí quejoso; dejando en claro que para el dictado de la vinculación a proceso se requiere de datos de prueba que establezcan que se cometió un hecho que la ley define como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese sentido, la Sala responsable, destacó que el dato de prueba, no es apta para constatar que acontecieron hechos delictivos, tampoco que el imputado los cometió, al no ser el momento procesal oportuno para justipreciar tales premisas, sino que, esos aspectos están reservados a la fase de juicio, en la que, el Tribunal de enjuiciamiento, con la asistencia de las partes. Por otra parte, destacó que los agravios 1.4. y 4.3. resultaron fundados, en los que se estableció una indebida fundamentación y motivación en la resolución apelada, sin embargo la violación al derecho humano de certeza jurídica no puede generar la revocación del auto apelado, tampoco que se devuelvan los autos al juez. En otro aspecto, destacó los tipos penales que se le imputaron a Francisco Javier Salazar Martínez, consistentes en abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraude procesal en agravio del servicio público y la fe pública; los cuales procedió al estudio de los elementos de cada una de las figuras del tipo penal, así como de los antecedentes y datos de pruebas, los cuales resultaron pertinentes para establecer que una persona inició una investigación ministerial de manera ilegal. Es decir, del estudió en conjunto de los antecedentes de investigación en mención permiten visualizar que una persona inicio ilegalmente un procedimiento, pues la investigación ministerial 312/2016/I/VER-05, se radicó con motivo del deceso de una persona lo que asentó en su momento en el libro cronológico relativo al año dos mi dieciséis. En ese contexto determinó que el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, una persona inicio la investigación ministerial 312/2016/I/VER-05 de manera ilegal, toda vez que al realizar la investigación los antecedentes determinaron que la denunciante y testigos de cargo no existen, lo que justifica el actuar del encargado de anotar tal indagatoria en el libro de gobierno no lo hizo, y en su caso porque tampoco comunicó su inicio ante la autoridad encargada de la estadística relativa; dejando en claro que tales medios de convicción en su conjunto constituyen datos de prueba idóneos y pertinentes para evidenciar, que una persona inicio un procedimiento de manera ilegal, en términos del artículo 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se puntualizó que todo ello género que una persona perdiera la libertad personal, por tanto, se determinó que un servidor público inició una indagatoria de manera ilegal, con la que causó un perjuicio a un tercero, precisando que una vez analizados los datos de prueba se constituyó el hecho que la ley define como delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 317 del Código Penal para el Estado de Veracruz. Por otra parte, respecto al estudio de los elementos del delito de fraude procesal, tomando en consideración la entrevista realizada a José Clemente Mendoza Torres, quien se desempeña como perito adscrito a la unidad integral de Boca del Río, Veracruz, donde se apreció que dicho profesionista emitió su opinión teniendo a la vista unas capturas de pantalla, lo que evidentemente alteró el resultado de la prueba. En ese sentido en términos del artículo 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se determinó que dicha entrevista constituye un dato de prueba idóneo y pertinente para evidenciar que una persona alteró una prueba, así como al tomar en consideración las copias certificadas de la causa penal 8/2019 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz, que se instruyó en contra de Víctor Manuel Velázquez Rangel, por el delito de extorsión, quien resulto privado de su libertad. Por ende dichos datos de prueba resultaron idóneos y pertinentes para establecer el acontecimiento materia de imputación si constituye el hecho que la ley define como fraude procesal, previsto y sancionado en el artículo 337 del Código Penal para el estado de Veracruz. Por otro lado, al analizar los elementos del tipo penal de incumplimiento de un deber legal, determinó que en cumplimiento al fallo amparador dicho precepto debe subsumirse al de diverso de abuso de autoridad, toda vez que por omitir informar en los formatos correspondientes la radicación de la investigación ministerial 312/2016/I/VER-05, mientras que se le vinculó a proceso justamente por iniciar dicha investigación de manera ilegal; por tanto, determinó que dicha conducta de omisión debe subsumirse en la hipótesis del delito de abuso de autoridad, por el cual se confirmó la vinculación a proceso. En la relatadas consideraciones, los integrantes de la Sala responsable determinaron que los agravios identificados con el numeral 1.3. y 4.3, resultan fundados, toda vez que la conducta de incumplimiento de un deber legal queda subsumida al delito de abuso de autoridad, en razón que se investigó por iniciar una investigación ministerial considerada ilegal. Hecho lo anterior, la 1. Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, resolvió que de los antecedentes de la investigación se generó datos de prueba idóneos, pertinentes y suficientes para percibir que los hechos materia de imputación, constituyen los delitos de abuso de autoridad y fraude procesal. En ese orden de ideas, al resultar inoperantes los agravios formulados por la defensa y por otra lado fundados, en términos del artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenó modificar la resolución apelada. En el entendido que la modificación, resulta para el único efecto de subsumir la conducta atribuida en el hecho definido como incumplimiento de un deber legal, al diverso de abuso de autoridad, confirmando la vinculación a proceso por los delitos de abuso de autoridad y fraude procesal. Finalmente, se recibió el oficio 1370/2021/Icg signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Séptimo Circuito Judicial Sala "B" en Veracruz, Veracruz, con el cual informó encontrase en espera de lo resuelto por el Tribunal de Alzada, para estar en condiciones de pronunciarse conforme a derecho en el proceso penal 201/2019 de su índice. En ese sentido, se aprecia que los efectos de la ejecutoria de amparo se realizaron por las responsables, al dejar insubsistente la resolución de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en los autos del toca 1075/2019-A del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, asimismo, exclusivamente por lo que hace al aquí quejoso Francisco Javier Salazar Martínez; asimismo, los magistrados integrantes de la citada sala, resolvieron de nueva cuenta el recurso de apelación interpuesto por el citado quejoso, reiterando la existencia de los delitos de abuso de autoridad y fraude procesal, así como la probable participación del aquí quejoso en su comisión; acto seguido, modificó el auto de vinculación para decretar la subsunción del delito de incumplimiento de un deber legal, en la relativa al delito de abuso de autoridad, al no poder coexistir ambos con relación al imputado Francisco Javier Salazar Martínez, toda vez que se investigó por iniciar una investigación ministerial considerada ilegal. Por su parte, el Juez de Control y Enjuiciamiento, manifestó encontrase en espera de la determinación de la Sala responsable, toda vez que los actos encaminados a dejar sin efectos la determinación reclamada versan sobre la jurisdicción del Tribunal de Alzada. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, tres de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el telegrama remitido por el Fiscal Auxiliar Sexto del Fiscal General del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, en su carácter de tercero interesado, por medio del cual acusa recibo del oficio 35045 mediante el cual se ordenó notificar el auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Por otra parte, téngase a la autoridad oficiante informando que la Fiscal Décimo Sexto del Fiscal General del Estado, con sede en Xalapa, que conoció del presente asunto, se encontraba gozando del primer periodo vacacional comprendido del trece al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese en términos de ley.

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