Francisco Javier Salazar Martínez

Expediente 46/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 28 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
46/2021
Año
2021
Actuaciones
28
Última actuación
04/08/2021

Partes del expediente

  • Francisco Javier Salazar Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria de acuerdos de la Sala de Guardia del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, por medio del cual acusa recibo del oficio 16945 de doce de julio de dos mil veintiuno, con el que se le notificó que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente asunto. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dos de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el telegrama de cuenta remitido por la encargada del despacho de la Fiscalía Auxiliar Décima sexta del Fiscal General del Estado, con sede en Xalapa; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del oficio 16946 dirigido al Fiscal adscrito a la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en su carácter de tercero interesado. Asimismo, manifiesta que el citado oficio será entregado al referido Fiscal en su carácter de tercero, una vez que se reincorpore de su periodo vacacional comprendido del doce al treinta y uno de julio del año en curso. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, doce de julio de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes, mediante proveído de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizara manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a FRANCISCO JAVIER SALAZAR MARTÍNEZ, para los efectos siguientes: "[.] En consecuencia, lo que procede es conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión, con el objeto de restituir al impetrante del amparo en el pleno goce de sus derechos humanos y subjetivos públicos violados, en términos de lo que dispone el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, para el efecto que el 1. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial, en Xalapa, Veracruz: 1). Deje insubsistente la resolución dictada el uno de diciembre de dos mil veinte, dentro de los autos del toca penal 1075/2019 de su índice, exclusivamente por lo que hace al aquí quejoso Francisco Javier Salazar Martínez. 2). Realizado lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva nuevamente respecto al recurso de apelación interpuesto por el referido peticionario de amparo, sin incurrir en los vicios de forma señalados con anterioridad, atendiendo la totalidad de los agravios formulados por el apelante de manera congruente, pudiendo resolver en el mismo sentido al anterior o en uno diverso, pero fundando y motivando su decisión. [.]". En proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de referencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Posteriormente, en auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que el secretario de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, remitió telegrama con el que informó que en auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la resolución de uno de diciembre de dos mil veinte (acto reclamado) dentro de los autos del toca penal 1075/2019 de su índice, exclusivamente por lo que hace al aquí quejoso Francisco Javier Salazar Martínez. Asimismo, con oficio 2075 remitió copia certificada de la resolución de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, de la que se advierte que procediendo a dar respuesta a los agravios formulados por el indiciado, de la siguiente manera. En primer término, como se estableció en el fallo protector, analizó que el procesado alegó que carece de facultades para ordenar el inicio de la averiguación previa 312/2016/I/VER-05, como oficial secretario de una agencia Primera del Ministerio Público Investigador en Veracruz, Veracruz, lo cual, determinó inoperante, debido a que de conformidad con los artículos 19, 51 y 52 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, si bien la norma ordenaba al Agente del Ministerio Público a recibir las denuncias o querellas que se presentaren ante la agencia a su encargo, ello no implicaba que fuera él quien materialmente levantara el acta con las manifestaciones de los comparecientes, sino que, esa es una función coordinada entre el titular y el oficial secretario quien materialmente tiene el deber de asentar las actuaciones en el expediente que corresponda. En base a ello, consideró inexacta la afirmación de referencia, pues consideró que él si estaba en aptitud legal de asentar las manifestaciones de los comparecientes ante la agencia donde laboraba a formular denuncia o querella, aspecto que, si bien no puede ser considerado como facultad formal para iniciar una investigación, si lo era desde una óptica material, ya que el oficial secretario es el encargado de materializar, todas las actuaciones propias de la función ministerial. En cuanto al diverso agravio relativo a la incongruencia que se señale que solicitó al perito José Clemente Mendoza Torres la elaboración de un dictamen de extracción de datos de un celular, el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, el cual se entregó el veintinueve de marzo siguiente, cuando la averiguación previa correspondiente fue consignada el día veintidós del mes y año en cita, esto es, con casi seis días de anticipación a la fecha marcada en primer lugar, lo que además relacionó con que los hechos con apariencia de delito que se le atribuyen aparentemente tuvieron lugar el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, fecha en que, como ya se dijo la investigación en cita ya había sido presentada ante una autoridad judicial. En relación a ello, la autoridad responsable estableció que dicho agravio resultaba inoperante, estimando que aun cuando la indagatoria en mención se determinó en una fecha no implica que sea esa la data de recepción ante el juez del conocimiento, es decir, pese a que la data de la determinación sea esa, no implica que en esa fecha se consignó materialmente ante el juez del conocimiento. Así, a su criterio para que ello tuviera certeza plena de la contradicción que se aduce, era necesario conocer el día que se recibió el pliego de consignación ante la autoridad jurisdiccional; además que en la entrevista José Clemente Mendoza Torres, mencionó que si bien terminó su opinión técnica el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, lo cierto es que, añadió que la asentó una fecha retroactiva. Por ende, concluyó que pudo agregarse tal opinión técnica previo a ejercer la acción penal ante el juez competente, con independencia de la fecha con la que libró la orden de aprehensión, desconociendo la data en la que el juzgador recibió la indagatoria para resolver la petición planteada. Además, de conformidad con los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, analizó que el antecedente de investigación relativo a la entrevista de José Clemente Mendoza Torres, es adecuado para evidenciar que una persona le solicitó ejercer su función dando apariencia de verdad a ciertos actos que no lo eran, considerándolo pertinente pues dicha persona capto sensorialmente esa información, centrándose en torno al hecho materia de la imputación. Pero, no la determinó suficiente como dato de prueba para constatar que acontecieron tales hechos delictivos, tampoco que, el imputado los cometió, porque no es el momento procesal oportuno para justipreciar tales premisas, sino que, esos aspectos están reservados a la fase de juicio, en que el tribunal de enjuiciamiento, con la asistencia de la fiscalía, asesor jurídico y víctima, sostengan respectivamente la acusación y defensa a través de los argumentos que ahí se expongan, así como las pruebas desahogadas directamente ante dicho tribunal que para tal fin se admitieron en el auto de apertura a juicio. Motivo por el cual, resolvió intrascendente que, por el momento, la fiscalía no haya probado más allá de toda duda razonable el "núcleo" de los delitos materia de imputación, ni su probable responsabilidad penal, no obstante, ello eventualmente perjudicará a la fiscalía, ya que es el encargado de constatar más allá de toda duda razonable que se cometió un hecho que la ley define como delito y la persona que lo cometió, misma que se verificara hasta la fase de juicio, no en ese momento procesal, donde basta que se vislumbre que aconteció un hecho definido en la ley como delito. Seguidamente, estableció que se violó el derecho fundamental del imputado que garantiza el artículo 16, primer párrafo, pero no implicaba la revocación del auto apelado, ni que se devolvieran los autos al juez para que hiciera lo que debió hacer prima facie, por lo que, procedió a reasumir jurisdicción para fijar los hechos materia de la investigación complementaria. Así, procedió a analizar que se imputó a Francisco Javier Salazar Martínez, la comisión del delito de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraude procesal en agravio del servidor público y la fe pública. Ahora, en relación al ilícito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por el artículo 317 del Código Penal del Estado de Veracruz, la consideró integrada en su conjunto por las siguientes hipótesis: La calidad específica del actor, es decir, que tenga el carácter de servidor público; Que legalmente inicie un procedimiento; y, Que ello genere un perjuicio a alguien. Consecuentemente, respecto del primer elemento consideró que el nombramiento que el entonces Procurador General de Justicia en el Estado de Veracruz, otorgó a Francisco Javier Salazar Martínez, con oficio PG/SSC/2939/2012, en calidad de oficial secretario adscrito a la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador, con residencia en Veracruz, Veracruz, a partir del uno de diciembre de dos mil doce, constituye un dato de prueba idóneo y pertinente para evidenciar que tiene la calidad especifica que se requiere, esto es, de servidor público. En atención al segundo elemento, consideró que se acreditaba que una persona inició una investigación ministerial de manera ilegal, pues de la entrevista de Alejandro García Olivares, dedujo que fue titular de la Agencia Primera de Investigaciones, con residencia en Veracruz, Veracruz, pero no recuerda que recibió una denuncia relativa a una extorsión, que el ahora imputado nunca le dio cuenta del inicio de tal indagatoria. También, estableció que se analizó la firma que contiene el auto de radicación de la investigación 312/2016/I/VER-05, al hacerlo Julio César Morales Ramos, concluyó que la firma en mención no corresponde al puño y letra de Alejandro García Olivares; que la investigación ministerial citada existió, al visualizar las copias certificadas de la causa penal 8/2019 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, que se inició con motivo del ejercicio de la acción penal en esa indagatoria. Por otro lado, advirtió que se había emprendido la búsqueda de Carmen Pérez Orozco, Diana Beltrán Mendoza, Jacobo Torres Vera y Adrián Vargas Campos, supuestamente denunciante y deponente en la referida averiguación, empero no se logró encontrar, pues así fue informado con oficio PM/FECCEV/138/2019 de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, que signó Guadalupe Ortega Sánchez, en su carácter de Policía Ministerial Acreditable, en el que informó conjuntamente con otros elementos policiales que no localizaron a dichas personas. Además, analizó que con oficio PM/FECCEV/147/2019 los mismos elementos policiales, se constituyeron en el domicilio de la supuesta denunciante, donde se entrevistaron con Cándida Morales Matus, quien les señaló tener setenta y ocho años de vivir en ese lugar y no conoce a la buscada, que incluso varías personas han ido a buscarla. Asimismo, enunció que el perito Julio César Morales Ramos, inspeccionó los libros de gobierno de la Agencia Primera de Investigaciones, con residencia en Veracruz, Veracruz, en especificó en el libro cronológico correspondiente al año dos mil dieciséis, donde encontró que la investigación ministerial 312/2016/I/VER-05, se radicó por el fallecimiento de Juan Sánchez Ramos, ahí no observó denuncia de Carmen Pérez Orozco contra Víctor Manuel Velázquez Rangel. Lo que encontró congruente con las copias de la investigación ministerial 012/2017/TB/3, del índice de la Agencia del Ministerio Público de Investigaciones, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz; que se formó con motivo de la incompetencia que se planteó en la indagatoria 312/2016/I/VER-05, del índice de la Agencia Primera Investigador, con sede en Veracruz, Veracruz, que se originó con motivo del deceso de Juan Romero Sánchez. Además, de la entrevista de Enrique Serdán Viveros, observó que los formatos IM01 e IM02 se llenaron respecto de la investigación ministerial 312/2016/I/VER-05, que se inició con motivo del deceso de la persona que en vida se llamó Juan Sánchez Ramos. Datos de pruebas, que le permitieron visualizar que una persona inicio ilegalmente un procedimiento, pues la investigación ministerial 312/2016/I/VER-05, se radicó con motivo del deceso de una persona, lo que así se asentó en su momento en el libro cronológico relativo al año dos mil dieciséis, se informó a través de los formatos IM01 e IM02, luego, se inició evidentemente de manera duplicada la diversa indagatoria con motivo de la denuncia que formuló Carmen Pérez Orozco contra Víctor Manuel Velázquez Rangel, por una aparente extorsión. Por lo anterior, estableció que el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, una persona inició la investigación ministerial 312/2016/IVER-05, de manera ilegal, pues pese a que investigó al respecto, los antecedentes de investigación hacen ver que la supuesta denunciante y testigos de cargo no existen, lo que encontró justificado porqué el encargado de anotar tal indagatoria en el libro de gobierno respectivo no lo hizo, porque tampoco comunicó su inicio ante la autoridad encargada de la estadística relativa. Así, en términos de lo establecido por los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estima que tales medios de convicción en su conjunto constituyen datos de prueba idóneos y pertinentes para evidenciar, que una persona inició un procedimiento de manera ilegal. Ahora, en cuanto al tercer elemento que la conducta se genere en perjuicio a alguien, lo encontró visualizado con las copias de la causa penal 8/2019 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, que se instruyó contra Víctor Manuel Velázquez Rangel, por el delito de extorsión, que se dijo en agravio de Carmen Pérez Orozco; donde a decir de la fiscalía se ejecutó la orden de aprehensión, lo que trajo como consecuencia la privación de la libertad del ahí inculpado, al menos hasta que se resolvió su situación jurídica, por ser un delito grave. Consecuentemente, estableció que un sujeto con calidad de servidor público, en el interior de la Agencia Primera de Investigaciones, con residencia en Veracruz, Veracruz, ubicado en la calle Gutiérrez Zamora, número 708, de la zona centro (circunstancias de lugar) aquél veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (circunstancias de tiempo) inició una investigación ministerial a la que le asignó el número 312/2016/I/VER-05, a sabiendas que tal averiguación le correspondió de acuerdo al libro cronológico de la Agencia Primera de Investigaciones, con residencia en Veracruz, Veracruz, a diversa indagatoria ya determinada, pues inició con motivo del deceso de una persona, que se lesionó en Tierra Blanca, Veracruz, en el cual, incluso se planteó la incompetencia, tal información así se visualizó en el libro de gobierno y en los archivos estadísticos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Así, estableció que tales datos de prueba son suficientes jurídicamente hablando para establecer razonablemente que un servidor público inicio una indagatoria de manera ilegal, con lo que causó un perjuicio a un tercero, aunado a que le permitió afirmar que el acontecimiento materia de imputación si constituía el hecho que la ley define como delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por los artículos 317 del Código Penal para el Estado de Veracruz. Por otro lado, relativo al hecho que la ley define como delito de incumplimiento de un deber legal, previsto y sancionado por el artículo 319 del Código Penal para el Estado de Veracruz, estableció las siguientes hipótesis: La calidad especifica del actor; es decir, que tenga el carácter de servidor; Que deje de cumplir con los deberes inherentes a su función; y Que ello genere un perjuicio a alguien. Respecto del primer elemento consideró que el nombramiento que el entonces Procurador General de Justicia en el Estado de Veracruz, otorgó a Francisco Javier Salazar Martínez, con oficio PG/SSC/2939/2012, en calidad de oficial secretario adscrito a la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador, con residencia en Veracruz, Veracruz, a partir del uno de diciembre de dos mil doce, constituye un dato de prueba idóneo y pertinente para evidenciar que tiene la calidad especifica que se requiere, esto es, de servidor público, con fundamento en el artículo 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por cuanto hace al segundo elemento, deje de cumplir con los deberes inherentes a su función, estableció que de conformidad con los artículos 51 y 52 del Reglamento a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, un oficial secretario debe asignar el número de investigación a todas las indagatorias que radica o le ordenan radicar, el cual, es cronológico, es decir, cada vez que radica una averiguación le asigna el número consecutivo e inmediato que le corresponda, de repetir algún número deberá agregarle la palabra "bis", debiendo informar diariamente con el registro en los formatos IM01 e IM02. Seguidamente, de conformidad con los numerales 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableció que con los medios de convicción consistentes en el dictamen pericial en materia de criminalística de campo, signado por Julio César Morales Ramos, quien inspeccionó los libros de gobierno de la Agencia Primera de Investigaciones, con residencia en Veracruz, Veracruz, en específico en el libro cronológico correspondiente al año dos mil dieciséis, donde encontró que la investigación ministerial 312/2016/I/VER-05, se radicó por el fallecimiento de Juan Sánchez Ramos, pero no se encontró denuncia de Carmen Pérez Orozco contra Víctor Manuel Velázquez Rangel, y la entrevista a Enrique Serdán Viveros, quien señaló que los formatos IM01 e IM02 se llenaron respecto de la citada investigación, que se inició con motivo del deceso de la persona que en vida se llamó Juan Sánchez Ramos, con ello, a su criterio, la parte imputa incumplió con su deber de anotar en el libro de gobierno respectivo el inicio de la investigación de mérito, así como su deber de registrar la indagatoria en los formatos IM01 e IM02, aspectos inmersos en sus funciones, omitiendo hacer tales deberes inherentes a su función en calidad de oficial secretario. Ahora, en cuanto al tercer elemento, que tal conducta genere un perjuicio a alguien, lo encontró acreditado con las copias de la causa penal 8/2019 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, que se instruyó contra Víctor Manuel Velázquez Rangel, por el delito de extorsión, que se dijo en agravio de Carmen Pérez Orozco; donde a decir de la fiscalía se ejecutó la orden de aprehensión, lo que trajo como consecuencia la privación de la libertad del ahí inculpado, al menos hasta que se resolvió su situación jurídica, por ser un delito grave. En ese contexto, estableció que un sujeto con calidad de servidor público, en el interior de la Agencia Primera de Investigaciones, con residencia en Veracruz, Veracruz, ubicada en la Calle Gutiérrez Zamora, número 708 de la zona centro (circunstancias de lugar) aquel veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (circunstancias de tiempo) inició una investigación ministerial a la que le asignó el número 312/2016/I/VER-05, empero, omitió anotar su inicio en el libro cronológico respectivo, tampoco la registro en los formatos IM01 e IM02 que conforme a su nombramiento estaba obligado a realizar (circunstancias de modo) generó que una persona perdiera la libertad personal, más allá que fue de manera temporal, el perjuicio se puede visualizar si aconteció. Por lo anterior, consideró que los datos de prueba previamente mencionados son idóneos y pertinentes para establecer que el acontecimiento materia de imputación si constituye el hecho que la ley define como delito de incumplimiento de un deber legal, previsto y sancionado por el artículo 319 del Código Penal para el Estado de Veracruz. En mérito de lo expuesto, la sala responsable determinó inoperante el argumento del quejoso relativo a que se le deja en estado de indefensión porque se le atribuyó una sola conducta, no dos, por ende, no pueden coexistir los ilícitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, pues bajo su óptica jurídica, el hecho que se le imputa para establecer el abuso de autoridad se hizo consistir en una conducta de acción, es decir, iniciar un procedimiento de manera legal, en cambio, una vez que inició con esa investigación omitió registrarla e informar su inició con los formatos respectivos, de ahí, que resolvió sí puedan subsistir ambos hechos denominados por la ley como delitos. En otro orden de ideas, respecto al delito de fraude procesal, previsto y sancionado por el artículo 337 del Código Penal para el Estado de Veracruz, determinó sus elementos como: Un sujeto activo, sin calidad específica que altere elementos de prueba; Que ello lo haga con la finalidad de obtener una resolución judicial; y, Que ello genere un perjuicio a alguien. El primer elemento, lo encontró demostrado con la entrevista de José Clemente Mendoza Torres, pues le permitió visualizar que una persona solicitó de otra la alteración de una prueba, ya que le pidió emitir una opinión técnica, en la que se asentaron hechos inexactos, dado que el perito reconoció que no tuvo a la vista el celular donde supuestamente existió la conversación que debía estudiar, con base en sus conocimientos técnicos y especializados, simplemente emitió su opinión teniendo a la vista unas captura de pantalla, lo que, a su criterio, evidentemente alteró el resultado de la prueba. En relación al segundo y tercer elemento, los consideró acreditados con las copias de la causa penal 8/2019 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, que se instruyó contra Víctor Manuel Velázquez Rangel, por el delito de extorsión, que se dijo en agravio de Carmen Pérez Orozco; donde a decir de la fiscalía se ejecutó la orden de aprehensión que libró el juzgador a petición del Agente Primer del Ministerio Público Investigador, con lo que, estimó se evidenció que el sujeto activo obtuvo una resolución judicial, generando un perjuicio en Víctor Manuel Velázquez Rangel, dado que se le privó de la libertad personal. Además, estableció que un sujeto en calidad específica, alteró un medio de prueba, pues con su petición cambió la esencia de la prueba, dado que solicitó su desahogo sin tener el bien mueble materia de la peritación, es decir, el celular en el que supuestamente constaba una comunicación vía red social en la que alguien extorsionó a otra; por ende, el perito no accedió a esa conversación, simplemente actuó con unas capturas de pantalla, que no dan certeza alguna de que la conversación realmente aconteció, que trajo como consecuencia que el resultado de su experticia quedó alterado, con el objeto de obtener una resolución favorable, la que aconteció, tan es así que, se libró orden de aprehensión en contra de Víctor Manuel Velázquez Rangel, quien a la postre fue privado de su libertad personal. Así, encontró demostrado que una persona alteró medios de prueba, ya que solicitó vía llamada telefónica a José Clemente Mendoza Torres, que acudiera a las instalaciones de la Agencia Primera de Investigaciones, con residencia en Veracruz, Veracruz, ubicada en calle Gutiérrez Zamora, número 708 de la zona centro (circunstancias de lugar) aquél veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (circunstancia de tiempo) ahí le explico el hecho denunciado y que hiciera un estudio técnico respecto de una supuesta conversación que tenía registrada en captura de pantalla, lo que el experto accedió a realizar, al día siguiente entregó su opinión técnica (circunstancias de modo) todo ello generó que una persona perdiera la libertad personal, lo que evidentemente le causó perjuicio. Por cuanto hace a la probable intervención, determinó que los antecedentes de investigación descritos con anterioridad resultaban idóneos y pertinentes para visualizar que Francisco Javier Salazar Martínez fue la persona que probablemente cometió los hechos señalados por la ley como de delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraude procesal, mismas que al haber acontecido paralelamente estimó dable analizar de manera conjunta su probable intervención. Consecuentemente, estimó que los antecedentes de investigación relativos a la entrevista de Alejandro García Olivares y José Clemente Mendoza Torres, en conjunción con el oficio PG/SSC/2939/2012, signado por el Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz, donde otorgó a Francisco Javier Salazar Martínez la calidad de oficial secretario adscrito a la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador, con residencia en Veracruz, Veracruz, a partir del uno de diciembre de dos mil doce, le resultaron idóneas para comprender que el imputado fue la persona que en principio inició un procedimiento ilegal, es decir, la investigación ministerial 312/2016/I/VER-05, y una vez iniciada omitió su inscripción en el libro cronológico respectivo, así como en los formatos IM01 y IM02, como era su deber. Asimismo, conjuntamente con José Clemente Mendoza Torres, alteró un elemento de prueba que se desahogó dentro de esa indagatoria, que a la postre le permitió obtener una resolución favorable. Por tanto, consideró dable advertir que el imputado tenía la calidad de oficial secretario, adscrito a la Agencia Primera de Investigaciones con residencia en Veracruz, Veracruz, ubicada en la calle Gutiérrez Zamora número 708, de la zona centro (circunstancias de lugar), lo que aprovechó para que, aquél veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (circunstancias de tiempo) iniciara una investigación a la que le asignó el número 312/2016/I/VER-05 a sabiendas que tal averiguación le correspondió de acuerdo al libro cronológico de esa agencia a diversa indagatoria ya determinada, pues se inició con motivo del deceso de una persona, que se lesionó en Tierra Blanca, Veracruz. Aunado a que una vez inició tal indagatoria, omitió registrarla en el libro cronológico respectivo, así como inscribirla en los formatos IM01 e IM02 que conforme a su nombramiento estaba obligado a realizar (circunstancias de modo) y en contubernio con José Clemente Mendoza Torres decidió alterar un medio de prueba pues le pidió realizarla sin atender los fines de la misma, es decir, le pidió emitiera una opinión técnica en torno a una supuesta conversación que solo tenía en captura de pantalla, no obstante, pese a tal impedimento, el perito accedió a realizarla (circunstancias de modo). En relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales confirmó la resolución apelada. Por otra parte, el Juez de Control y Enjuiciamiento Comisionado al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, sala "B", en Veracruz, Veracruz, informó que acordara lo conducente dentro del proceso penal 201/2019 de su índice, una vez que la Alzada le comunique lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Finalmente, de lo expuesto con anterioridad se advierte que las autoridades responsables dieron cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, se dejó insubsistente la resolución dictada el uno de diciembre de dos mil veinte, dentro de los autos del toca penal 1075/2019 de su índice, exclusivamente por lo que hace al aquí quejoso Francisco Javier Salazar Martínez y, con plenitud de jurisdicción, la Sala responsable resolvió nuevamente respecto al recurso de apelación interpuesto por el peticionario de amparo, sin incurrir en los vicios de forma señalados en la misma, atendiendo a la totalidad de los agravios formulados por el apelante de manera congruente, fundando y motivando su decisión. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Lo anterior se notifica por este medio a la parte tercero interesada por así estar ordenado en autos.

  4. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, doce de julio de dos mil veintiuno.********************Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 46/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice:********************"Boca del Río, Veracruz, doce de julio de dos mil veintiuno.********************Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes, mediante proveído de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizara manifestación alguna.********************Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.********************En primer término, cabe decir que en sentencia de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a********************para los efectos siguientes:********************"[.] En consecuencia, lo que procede es conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión, con el objeto de restituir al impetrante del amparo en el pleno goce de sus derechos humanos y subjetivos públicos violados, en términos de lo que dispone el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, para el efecto que el 1. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial, en Xalapa, Veracruz:********************1). Deje insubsistente la resolución dictada el uno de diciembre de dos mil veinte, dentro de los autos del toca penal ********************de su índice, exclusivamente por lo que hace al aquí quejoso ********************.********************2). Realizado lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva nuevamente respecto al recurso de apelación interpuesto por el referido peticionario de amparo, sin incurrir en los vicios de forma señalados con anterioridad, atendiendo la totalidad de los agravios formulados por el apelante de manera congruente, pudiendo resolver en el mismo sentido al anterior o en uno diverso, pero fundando y motivando su decisión. [.]".********************En proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de referencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables.********************Posteriormente, en auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo.********************De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. ********************Lo anterior es así, toda vez que el secretario de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, remitió telegrama con el que informó que en auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la resolución de uno de diciembre de dos mil veinte (acto reclamado) dentro de los autos del toca penal ********************de su índice, exclusivamente por lo que hace al aquí quejoso ********************.********************Asimismo, con oficio 2075 remitió copia certificada de la resolución de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, de la que se advierte que procediendo a dar respuesta a los agravios formulados por el indiciado, de la siguiente manera. ********************En primer término, como se estableció en el fallo protector, analizó que el procesado alegó que carece de facultades para ordenar el inicio de la averiguación previa ********************como oficial secretario de una agencia Primera del Ministerio Público Investigador en Veracruz, Veracruz, lo cual, determinó inoperante, debido a que de conformidad con los artículos 19, 51 y 52 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, si bien la norma ordenaba al Agente del Ministerio Público a recibir las denuncias o querellas que se presentaren ante la agencia a su encargo, ello no implicaba que fuera él quien materialmente levantara el acta con las manifestaciones de los comparecientes, sino que, esa es una función coordinada entre el titular y el oficial secretario quien materialmente tiene el deber de asentar las actuaciones en el expediente que corresponda.********************En base a ello, consideró inexacta la afirmación de referencia, pues consideró que él si estaba en aptitud legal de asentar las manifestaciones de los comparecientes ante la agencia donde laboraba a formular denuncia o querella, aspecto que, si bien no puede ser considerado como facultad formal para iniciar una investigación, si lo era desde una óptica material, ya que el oficial secretario es el encargado de materializar, todas las actuaciones propias de la función ministerial. ********************En cuanto al diverso agravio relativo a la incongruencia que se señale que solicitó al perito ********************la elaboración de un dictamen de extracción de datos de un celular, el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, el cual se entregó el veintinueve de marzo siguiente, cuando la averiguación previa correspondiente fue consignada el día veintidós del mes y año en cita, esto es, con casi seis días de anticipación a la fecha marcada en primer lugar, lo que además relacionó con que los hechos con apariencia de delito que se le atribuyen aparentemente tuvieron lugar el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, fecha en que, como ya se dijo la investigación en cita ya había sido presentada ante una autoridad judicial.********************En relación a ello, la autoridad responsable estableció que dicho agravio resultaba inoperante, estimando que aun cuando la indagatoria en mención se determinó en una fecha no implica que sea esa la data de recepción ante el juez del conocimiento, es decir, pese a que la data de la determinación sea esa, no implica que en esa fecha se consignó materialmente ante el juez del conocimiento. ********************Así, a su criterio para que ello tuviera certeza plena de la contradicción que se aduce, era necesario conocer el día que se recibió el pliego de consignación ante la autoridad jurisdiccional; además que en la entrevista ********************, mencionó que si bien terminó su opinión técnica el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, lo cierto es que, añadió que la asentó una fecha retroactiva.********************Por ende, concluyó que pudo agregarse tal opinión técnica previo a ejercer la acción penal ante el juez competente, con independencia de la fecha con la que libró la orden de aprehensión, desconociendo la data en la que el juzgador recibió la indagatoria para resolver la petición planteada.********************Además, de conformidad con los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, analizó que el antecedente de investigación relativo a la entrevista de ********************, es adecuado para evidenciar que una persona le solicitó ejercer su función dando apariencia de verdad a ciertos actos que no lo eran, considerándolo pertinente pues dicha persona capto sensorialmente esa información, centrándose en torno al hecho materia de la imputación.********************Pero, no la determinó suficiente como dato de prueba para constatar que acontecieron tales hechos delictivos, tampoco que, el imputado los cometió, porque no es el momento procesal oportuno para justipreciar tales premisas, sino que, esos aspectos están reservados a la fase de juicio, en que el tribunal de enjuiciamiento, con la asistencia de la fiscalía, asesor jurídico y víctima, sostengan respectivamente la acusación y defensa a través de los argumentos que ahí se expongan, así como las pruebas desahogadas directamente ante dicho tribunal que para tal fin se admitieron en el auto de apertura a juicio.********************Motivo por el cual, resolvió intrascendente que, por el momento, la fiscalía no haya probado más allá de toda duda razonable el "núcleo" de los delitos materia de imputación, ni su probable responsabilidad penal, no obstante, ello eventualmente perjudicará a la fiscalía, ya que es el encargado de constatar más allá de toda duda razonable que se cometió un hecho que la ley define como delito y la persona que lo cometió, misma que se verificara hasta la fase de juicio, no en ese momento procesal, donde basta que se vislumbre que aconteció un hecho definido en la ley como delito.********************Seguidamente, estableció que se violó el derecho fundamental del imputado que garantiza el artículo 16, primer párrafo, pero no implicaba la revocación del auto apelado, ni que se devolvieran los autos al juez para que hiciera lo que debió hacer prima facie, por lo que, procedió a reasumir jurisdicción para fijar los hechos materia de la investigación complementaria. ********************Así, procedió a analizar que se imputó a ********************, la comisión del delito de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraude procesal en agravio del servidor público y la fe pública.********************Ahora, en relación al ilícito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por el artículo 317 del Código Penal del Estado de Veracruz, la consideró integrada en su conjunto por las siguientes hipótesis:********************La calidad específica del actor, es decir, que tenga el carácter de servidor público; ********************Que legalmente inicie un procedimiento; y,********************Que ello genere un perjuicio a alguien. ********************Consecuentemente, respecto del primer elemento consideró que el nombramiento que el entonces Procurador General de Justicia en el Estado de Veracruz, otorgó a ********************, con oficio PG/SSC/2939/2012, en calidad de oficial secretario adscrito a la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador, con residencia en Veracruz, Veracruz, a partir del uno de diciembre de dos mil doce, constituye un dato de prueba idóneo y pertinente para evidenciar que tiene la calidad especifica que se requiere, esto es, de servidor público.********************En atención al segundo elemento, consideró que se acreditaba que una persona inició una investigación ministerial de manera ilegal, pues de la entrevista de ********************, dedujo que fue titular de la Agencia Primera de Investigaciones, con residencia en Veracruz, Veracruz, pero no recuerda que recibió una denuncia relativa a una extorsión, que el ahora imputado nunca le dio cuenta del inicio de tal indagatoria. ********************También, estableció que se analizó la firma que contiene el auto de radicación de la investigación ********************al hacerlo ********************, concluyó que la firma en mención no corresponde al puño y letra de ********************; que la investigación ministerial citada existió, al visualizar las copias certificadas de la causa penal ******************** del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, que se inició con motivo del ejercicio de la acción penal en esa indagatoria.********************Por otro lado, advirtió que se había emprendido la búsqueda de ********************, supuestamente denunciante y deponente en la referida averiguación, empero no se logró encontrar, pues así fue informado con oficio PM/FECCEV/13******************** de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, que signó ********************, en su carácter de Policía Ministerial Acreditable, en el que informó conjuntamente con otros elementos policiales que no localizaron a dichas personas. ********************Además, analizó que con oficio PM/FECCEV/147/2019 los mismos elementos policiales, se constituyeron en el domicilio de la supuesta denunciante, donde se entrevistaron con ********************, quien les señaló tener setenta y ocho años de vivir en ese lugar y no conoce a la buscada, que incluso varías personas han ido a buscarla.********************Asimismo, enunció que el perito ********************, inspeccionó los libros de gobierno de la Agencia Primera de Investigaciones, con residencia en Veracruz, Veracruz, en especificó en el libro cronológico correspondiente al año dos mil dieciséis, donde encontró que la investigación ministerial ********************se radicó por el fallecimiento de ********************, ahí no observó denuncia de ******************** contra ********************.********************Lo que encontró congruente con las copias de la investigación ministerial ********************, del índice de la Agencia del Ministerio Público de Investigaciones, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz; que se formó con motivo de la incompetencia que se planteó en la indagatoria ********************del índice de la Agencia Primera Investigador, con sede en Veracruz, Veracruz, que se originó con motivo del deceso de ********************. ********************Además, de la entrevista de ********************, observó que los formatos IM01 e IM02 se llenaron respecto de la investigación ministerial ********************que se inició con motivo del deceso de la persona que en vida se llamó ********************.********************Datos de pruebas, que le permitieron visualizar que una persona inicio ilegalmente un procedimiento, pues la investigación ministerial ********************se radicó con motivo del deceso de una persona, lo que así se asentó en su momento en el libro cronológico relativo al año dos mil dieciséis, se informó a través de los formatos IM01 e IM02, luego, se inició evidentemente de manera duplicada la diversa indagatoria con motivo de la denuncia que formuló ******************** contra ********************, por una aparente extorsión.********************Por lo anterior, estableció que el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, una persona inició la investigación ministerial ********************, de manera ilegal, pues pese a que investigó al respecto, los antecedentes de investigación hacen ver que la supuesta denunciante y testigos de cargo no existen, lo que encontró justificado porqué el encargado de anotar tal indagatoria en el libro de gobierno respectivo no lo hizo, porque tampoco comunicó su inicio ante la autoridad encargada de la estadística relativa. ********************Así, en términos de lo establecido por los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estima que tales medios de convicción en su conjunto constituyen datos de prueba idóneos y pertinentes para evidenciar, que una persona inició un procedimiento de manera ilegal.********************Ahora, en cuanto al tercer elemento que la conducta se genere en perjuicio a alguien, lo encontró visualizado con las copias de la causa penal ******************** del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, que se instruyó contra ********************, por el delito de extorsión, que se dijo en agravio de ********************; donde a decir de la fiscalía se ejecutó la orden de aprehensión, lo que trajo como consecuencia la privación de la libertad del ahí inculpado, al menos hasta que se resolvió su situación jurídica, por ser un delito grave.********************Consecuentemente, estableció que un sujeto con calidad de servidor público, en el interior de la Agencia Primera de Investigaciones, con residencia en Veracruz, Veracruz, ubicado en la calle ********************(circunstancias de lugar) aquél veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (circunstancias de tiempo) inició una investigación ministerial a la que le asignó el número ********************a sabiendas que tal averiguación le correspondió de acuerdo al libro cronológico de la Agencia Primera de Investigaciones, con residencia en Veracruz, Veracruz, a diversa indagatoria ya determinada, pues inició con motivo del deceso de una persona, que se lesionó en Tierra Blanca, Veracruz, en el cual, incluso se planteó la incompetencia, tal información así se visualizó en el libro de gobierno y en los archivos estadísticos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.********************Así, estableció que tales datos de prueba son suficientes jurídicamente hablando para establecer razonablemente que un servidor público inicio una indagatoria de manera ilegal, con lo que causó un perjuicio a un tercero, aunado a que le permitió afirmar que el acontecimiento materia de imputación si constituía el hecho que la ley define como delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por los artículos 317 del Código Penal para el Estado de Veracruz.********************Por otro lado, relativo al hecho que la ley define como delito de incumplimiento de un deber legal, previsto y sancionado por el artículo 319 del Código Penal para el Estado de Veracruz, estableció las siguientes hipótesis:********************La calidad especifica del actor; es decir, que tenga el carácter de servidor; ********************Que deje de cumplir con los deberes inherentes a su función; y********************Que ello genere un perjuicio a alguien.********************Respecto del primer elemento consideró que el nombramiento que el entonces Procurador General de Justicia en el Estado de Veracruz, otorgó a ********************, con oficio PG/SSC/2939/2012, en calidad de oficial secretario adscrito a la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador, con residencia en Veracruz, Veracruz, a partir del uno de diciembre de dos mil doce, constituye un dato de prueba idóneo y pertinente para evidenciar que tiene la calidad especifica que se requiere, esto es, de servidor público, con fundamento en el artículo 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales.********************Por cuanto hace al segundo elemento, deje de cumplir con los deberes inherentes a su función, estableció que de conformidad con los artículos 51 y 52 del Reglamento a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, un oficial secretario debe asignar el número de investigación a todas las indagatorias que radica o le ordenan radicar, el cual, es cronológico, es decir, cada vez que radica una averiguación le asigna el número consecutivo e inmediato que le corresponda, de repetir algún número deberá agregarle la palabra "bis", debiendo informar diariamente con el registro en los formatos IM01 e IM02.********************Seguidamente, de conformidad con los numerales 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableció que con los medios de convicción consistentes en el dictamen pericial en materia de criminalística de campo, signado por ********************, quien inspeccionó los libros de gobierno de la Agencia Primera de Investigaciones, con residencia en Veracruz, Veracruz, en específico en el libro cronológico correspondiente al año dos mil dieciséis, donde encontró que la investigación ministerial ********************se radicó por el fallecimiento de ********************, pero no se encontró denuncia de ******************** contra ********************, y la entrevista a ********************, quien señaló que los formatos IM01 e IM02 se llenaron respecto de la citada investigación, que se inició con motivo del deceso de la persona que en vida se llamó ********************, con ello, a su criterio, la parte imputa incumplió con su deber de anotar en el libro de gobierno respectivo el inicio de la investigación de mérito, así como su deber de registrar la indagatoria en los formatos IM01 e IM02, aspectos inmersos en sus funciones, omitiendo hacer tales deberes inherentes a su función en calidad de oficial secretario.********************Ahora, en cuanto al tercer elemento, que tal conducta genere un perjuicio a alguien, lo encontró acreditado con las copias de la causa penal ******************** del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, que se instruyó contra ********************, por el delito de extorsión, que se dijo en agravio de ********************; donde a decir de la fiscalía se ejecutó la orden de aprehensión, lo que trajo como consecuencia la privación de la libertad del ahí inculpado, al menos hasta que se resolvió su situación jurídica, por ser un delito grave.********************En ese contexto, estableció que un sujeto con calidad de servidor público, en el interior de la Agencia Primera de Investigaciones, con residencia en Veracruz, Veracruz, ubicada en la ********************(circunstancias de lugar) aquel veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (circunstancias de tiempo) inició una investigación ministerial a la que le asignó el número ********************empero, omitió anotar su inicio en el libro cronológico respectivo, tampoco la registro en los formatos IM01 e IM02 que conforme a su nombramiento estaba obligado a realizar (circunstancias de modo) generó que una persona perdiera la libertad personal, más allá que fue de manera temporal, el perjuicio se puede visualizar si aconteció.********************Por lo anterior, consideró que los datos de prueba previamente mencionados son idóneos y pertinentes para establecer que el acontecimiento materia de imputación si constituye el hecho que la ley define como delito de incumplimiento de un deber legal, previsto y sancionado por el artículo 319 del Código Penal para el Estado de Veracruz.********************En mérito de lo expuesto, la sala responsable determinó inoperante el argumento del quejoso relativo a que se le deja en estado de indefensión porque se le atribuyó una sola conducta, no dos, por ende, no pueden coexistir los ilícitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, pues bajo su óptica jurídica, el hecho que se le imputa para establecer el abuso de autoridad se hizo consistir en una conducta de acción, es decir, iniciar un procedimiento de manera legal, en cambio, una vez que inició con esa investigación omitió registrarla e informar su inició con los formatos respectivos, de ahí, que resolvió sí puedan subsistir ambos hechos denominados por la ley como delitos.********************En otro orden de ideas, respecto al delito de fraude procesal, previsto y sancionado por el artículo 337 del Código Penal para el Estado de Veracruz, determinó sus elementos como:********************Un sujeto activo, sin calidad específica que altere elementos de prueba; ********************Que ello lo haga con la finalidad de obtener una resolución judicial; y, ********************Que ello genere un perjuicio a alguien.********************El primer elemento, lo encontró demostrado con la entrevista de ********************, pues le permitió visualizar que una persona solicitó de otra la alteración de una prueba, ya que le pidió emitir una opinión técnica, en la que se asentaron hechos inexactos, dado que el perito reconoció que no tuvo a la vista el celular donde supuestamente existió la conversación que debía estudiar, con base en sus conocimientos técnicos y especializados, simplemente emitió su opinión teniendo a la vista unas captura de pantalla, lo que, a su criterio, evidentemente alteró el resultado de la prueba. ********************En relación al segundo y tercer elemento, los consideró acreditados con las copias de la causa penal ******************** del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, que se instruyó contra ********************, por el delito de extorsión, que se dijo en agravio de ********************; donde a decir de la fiscalía se ejecutó la orden de aprehensión que libró el juzgador a petición del Agente Primer del Ministerio Público Investigador, con lo que, estimó se evidenció que el sujeto activo obtuvo una resolución judicial, generando un perjuicio en ********************, dado que se le privó de la libertad personal.********************Además, estableció que un sujeto en calidad específica, alteró un medio de prueba, pues con su petición cambió la esencia de la prueba, dado que solicitó su desahogo sin tener el bien mueble materia de la peritación, es decir, el celular en el que supuestamente constaba una comunicación vía red social en la que alguien extorsionó a otra; por ende, el perito no accedió a esa conversación, simplemente actuó con unas capturas de pantalla, que no dan certeza alguna de que la conversación realmente aconteció, que trajo como consecuencia que el resultado de su experticia quedó alterado, con el objeto de obtener una resolución favorable, la que aconteció, tan es así que, se libró orden de aprehensión en contra de ********************, quien a la postre fue privado de su libertad personal. ********************Así, encontró demostrado que una persona alteró medios de prueba, ya que solicitó vía llamada telefónica a ********************, que acudiera a las instalaciones de la Agencia Primera de Investigaciones, con residencia en Veracruz, Veracruz, ubicada en calle ********************(circunstancias de lugar) aquél veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (circunstancia de tiempo) ahí le explico el hecho denunciado y que hiciera un estudio técnico respecto de una supuesta conversación que tenía registrada en captura de pantalla, lo que el experto accedió a realizar, al día siguiente entregó su opinión técnica (circunstancias de modo) todo ello generó que una persona perdiera la libertad personal, lo que evidentemente le causó perjuicio. ********************Por cuanto hace a la probable intervención, determinó que los antecedentes de investigación descritos con anterioridad resultaban idóneos y pertinentes para visualizar que ******************** fue la persona que probablemente cometió los hechos señalados por la ley como de delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraude procesal, mismas que al haber acontecido paralelamente estimó dable analizar de manera conjunta su probable intervención.********************Consecuentemente, estimó que los antecedentes de investigación relativos a la entrevista de ******************** y ********************, en conjunción con el oficio PG/SSC/2939/2012, signado por el Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz, donde otorgó a ******************** la calidad de oficial secretario adscrito a la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador, con residencia en Veracruz, Veracruz, a partir del uno de diciembre de dos mil doce, le resultaron idóneas para comprender que el imputado fue la persona que en principio inició un procedimiento ilegal, es decir, la investigación ministerial ********************y una vez iniciada omitió su inscripción en el libro cronológico respectivo, así como en los formatos IM01 y IM02, como era su deber.********************Asimismo, conjuntamente con ********************, alteró un elemento de prueba que se desahogó dentro de esa indagatoria, que a la postre le permitió obtener una resolución favorable. ********************Por tanto, consideró dable advertir que el imputado tenía la calidad de oficial secretario, adscrito a la Agencia Primera de Investigaciones con residencia en Veracruz, Veracruz, ubicada en la calle ********************(circunstancias de lugar), lo que aprovechó para que, aquél veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (circunstancias de tiempo) iniciara una investigación a la que le asignó el número ******************** a sabiendas que tal averiguación le correspondió de acuerdo al libro cronológico de esa agencia a diversa indagatoria ya determinada, pues se inició con motivo del deceso de una persona, que se lesionó en Tierra Blanca, Veracruz.********************Aunado a que una vez inició tal indagatoria, omitió registrarla en el libro cronológico respectivo, así como inscribirla en los formatos IM01 e IM02 que conforme a su nombramiento estaba obligado a realizar (circunstancias de modo) y en contubernio con ********************decidió alterar un medio de prueba pues le pidió realizarla sin atender los fines de la misma, es decir, le pidió emitiera una opinión técnica en torno a una supuesta conversación que solo tenía en captura de pantalla, no obstante, pese a tal impedimento, el perito accedió a realizarla (circunstancias de modo).********************En relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales confirmó la resolución apelada.********************Por otra parte, el Juez de Control y Enjuiciamiento Comisionado al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, sala "B", en Veracruz, Veracruz, informó que acordara lo conducente dentro del proceso penal ******************** de su índice, una vez que la Alzada le comunique lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo.********************Finalmente, de lo expuesto con anterioridad se advierte que las autoridades responsables dieron cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, se dejó insubsistente la resolución dictada el uno de diciembre de dos mil veinte, dentro de los autos del toca penal ********************de su índice, exclusivamente por lo que hace al aquí quejoso ******************** y, con plenitud de jurisdicción, la Sala responsable resolvió nuevamente respecto al recurso de apelación interpuesto por el peticionario de amparo, sin incurrir en los vicios de forma señalados en la misma, atendiendo a la totalidad de los agravios formulados por el apelante de manera congruente, fundando y motivando su decisión.********************Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS.********************Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo.********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General.********************Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración.********************En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años.********************Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción.********************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. ********************Notifíquese en términos de ley.********************Así lo acordó y firma Miguel Gastón Manzanilla Hernández, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Encargado del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de junio de dos mil veintiuno, con motivo de que el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra gozando de su primer período vacacional, que comprende del cinco al diecinueve de julio de dos mil veintiuno; según consta en el oficio CCJ/ST/1445/2021 signado por el Secretario Técnico de la citada Comisión, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."********************En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva.********************Notifíquese en términos de ley.Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes, mediante proveído de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizara manifestación alguna.********************Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.********************En primer término, cabe decir que en sentencia de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a********************para los efectos siguientes:********************"[.] En consecuencia, lo que procede es conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión, con el objeto de restituir al impetrante del amparo en el pleno goce de sus derechos humanos y subjetivos públicos violados, en términos de lo que dispone el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, para el efecto que el 1. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial, en Xalapa, Veracruz:********************1). Deje insubsistente la resolución dictada el uno de diciembre de dos mil veinte, dentro de los autos del toca penal ********************de su índice, exclusivamente por lo que hace al aquí quejoso ********************.********************2). Realizado lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva nuevamente respecto al recurso de apelación interpuesto por el referido peticionario de amparo, sin incurrir en los vicios de forma señalados con anterioridad, atendiendo la totalidad de los agravios formulados por el apelante de manera congruente, pudiendo resolver en el mismo sentido al anterior o en uno diverso, pero fundando y motivando su decisión. [.]".********************En proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de referencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables.********************Posteriormente, en auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo.********************De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. ********************Lo anterior es así, toda vez que el secretario de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, remitió telegrama con el que informó que en auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la resolución de uno de diciembre de dos mil veinte (acto reclamado) dentro de los autos del toca penal ********************de su índice, exclusivamente por lo que hace al aquí quejoso ********************.********************Asimismo, con oficio 2075 remitió copia certificada de la resolución de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, de la que se advierte que procediendo a dar respuesta a los agravios formulados por el indiciado, de la siguiente manera. ********************En primer término, como se estableció en el fallo protector, analizó que el procesado alegó que carece de facultades para ordenar el inicio de la averiguación previa ********************como oficial secretario de una agencia Primera del Ministerio Público Investigador en Veracruz, Veracruz, lo cual, determinó inoperante, debido a que de conformidad con los artículos 19, 51 y 52 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, si bien la norma ordenaba al Agente del Ministerio Público a recibir las denuncias o querellas que se presentaren ante la agencia a su encargo, ello no implicaba que fuera él quien materialmente levantara el acta con las manifestaciones de los comparecientes, sino que, esa es una función coordinada entre el titular y el oficial secretario quien materialmente tiene el deber de asentar las actuaciones en el expediente que corresponda.********************En base a ello, consideró inexacta la afirmación de referencia, pues consideró que él si estaba en aptitud legal de asentar las manifestaciones de los comparecientes ante la agencia donde laboraba a formular denuncia o querella, aspecto que, si bien no puede ser considerado como facultad formal para iniciar una investigación, si lo era desde una óptica material, ya que el oficial secretario es el encargado de materializar, todas las actuaciones propias de la función ministerial. ********************En cuanto al diverso agravio relativo a la incongruencia que se señale que solicitó al perito ********************la elaboración de un dictamen de extracción de datos de un celular, el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, el cual se entregó el veintinueve de marzo siguiente, cuando la averiguación previa correspondiente fue consignada el día veintidós del mes y año en cita, esto es, con casi seis días de anticipación a la fecha marcada en primer lugar, lo que además relacionó con que los hechos con apariencia de delito que se le atribuyen aparentemente tuvieron lugar el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, fecha en que, como ya se dijo la investigación en cita ya había sido presentada ante una autoridad judicial.********************En relación a ello, la autoridad responsable estableció que dicho agravio resultaba inoperante, estimando que aun cuando la indagatoria en mención se determinó en una fecha no implica que sea esa la data de recepción ante el juez del conocimiento, es decir, pese a que la data de la determinación sea esa, no implica que en esa fecha se consignó materialmente ante el juez del conocimiento. ********************Así, a su criterio para que ello tuviera certeza plena de la contradicción que se aduce, era necesario conocer el día que se recibió el pliego de consignación ante la autoridad jurisdiccional; además que en la entrevista ********************, mencionó que si bien terminó su opinión técnica el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, lo cierto es que, añadió que la asentó una fecha retroactiva.********************Por ende, concluyó que pudo agregarse tal opinión técnica previo a ejercer la acción penal ante el juez competente, con independencia de la fecha con la que libró la orden de aprehensión, desconociendo la data en la que el juzgador recibió la indagatoria para resolver la petición planteada.********************Además, de conformidad con los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, analizó que el antecedente de investigación relativo a la entrevista de ********************, es adecuado para evidenciar que una persona le solicitó ejercer su función dando apariencia de verdad a ciertos actos que no lo eran, considerándolo pertinente pues dicha persona capto sensorialmente esa información, centrándose en torno al hecho materia de la imputación.********************Pero, no la determinó suficiente como dato de prueba para constatar que acontecieron tales hechos delictivos, tampoco que, el imputado los cometió, porque no es el momento procesal oportuno para justipreciar tales premisas, sino que, esos aspectos están reservados a la fase de juicio, en que el tribunal de enjuiciamiento, con la asistencia de la fiscalía, asesor jurídico y víctima, sostengan respectivamente la acusación y defensa a través de los argumentos que ahí se expongan, así como las pruebas desahogadas directamente ante dicho tribunal que para tal fin se admitieron en el auto de apertura a juicio.********************Motivo por el cual, resolvió intrascendente que, por el momento, la fiscalía no haya probado más allá de toda duda razonable el "núcleo" de los delitos materia de imputación, ni su probable responsabilidad penal, no obstante, ello eventualmente perjudicará a la fiscalía, ya que es el encargado de constatar más allá de toda duda razonable que se cometió un hecho que la ley define como delito y la persona que lo cometió, misma que se verificara hasta la fase de juicio, no en ese momento procesal, donde basta que se vislumbre que aconteció un hecho definido en la ley como delito.********************Seguidamente, estableció que se violó el derecho fundamental del imputado que garantiza el artículo 16, primer párrafo, pero no implicaba la revocación del auto apelado, ni que se devolvieran los autos al juez para que hiciera lo que debió hacer prima facie, por lo que, procedió a reasumir jurisdicción para fijar los hechos materia de la investigación complementaria. ********************Así, procedió a analizar que se imputó a ********************, la comisión del delito de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraude procesal en agravio del servidor público y la fe pública.********************Ahora, en relación al ilícito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por el artículo 317 del Código Penal del Estado de Veracruz, la consideró integrada en su conjunto por las siguientes hipótesis:********************La calidad específica del actor, es decir, que tenga el carácter de servidor público; ********************Que legalmente inicie un procedimiento; y,********************Que ello genere un perjuicio a alguien. ********************Consecuentemente, respecto del primer elemento consideró que el nombramiento que el entonces Procurador General de Justicia en el Estado de Veracruz, otorgó a ********************, con oficio PG/SSC/2939/2012, en calidad de oficial secretario adscrito a la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador, con residencia en Veracruz, Veracruz, a partir del uno de diciembre de dos mil doce, constituye un dato de prueba idóneo y pertinente para evidenciar que tiene la calidad especifica que se requiere, esto es, de servidor público.********************En atención al segundo elemento, consideró que se acreditaba que una persona inició una investigación ministerial de manera ilegal, pues de la entrevista de ********************, dedujo que fue titular de la Agencia Primera de Investigaciones, con residencia en Veracruz, Veracruz, pero no recuerda que recibió una denuncia relativa a una extorsión, que el ahora imputado nunca le dio cuenta del inicio de tal indagatoria. ********************También, estableció que se analizó la firma que contiene el auto de radicación de la investigación ********************al hacerlo ********************, concluyó que la firma en mención no corresponde al puño y letra de ********************; que la investigación ministerial citada existió, al visualizar las copias certificadas de la causa penal ******************** del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, que se inició con motivo del ejercicio de la acción penal en esa indagatoria.********************Por otro lado, advirtió que se había emprendido la búsqueda de ********************, supuestamente denunciante y deponente en la referida averiguación, empero no se logró encontrar, pues así fue informado con oficio PM/FECCEV/13******************** de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, que signó ********************, en su carácter de Policía Ministerial Acreditable, en el que informó conjuntamente con otros elementos policiales que no localizaron a dichas personas. ********************Además, analizó que con oficio PM/FECCEV/147/2019 los mismos elementos policiales, se constituyeron en el domicilio de la supuesta denunciante, donde se entrevistaron con ********************, quien les señaló tener setenta y ocho años de vivir en ese lugar y no conoce a la buscada, que incluso varías personas han ido a buscarla.********************Asimismo, enunció que el perito ********************, inspeccionó los libros de gobierno de la Agencia Primera de Investigaciones, con residencia en Veracruz, Veracruz, en especificó en el libro cronológico correspondiente al año dos mil dieciséis, donde encontró que la investigación ministerial ********************se radicó por el fallecimiento de ********************, ahí no observó denuncia de ******************** contra ********************.********************Lo que encontró congruente con las copias de la investigación ministerial ********************, del índice de la Agencia del Ministerio Público de Investigaciones, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz; que se formó con motivo de la incompetencia que se planteó en la indagatoria ********************del índice de la Agencia Primera Investigador, con sede en Veracruz, Veracruz, que se originó con motivo del deceso de ********************. ********************Además, de la entrevista de ********************, observó que los formatos IM01 e IM02 se llenaron respecto de la investigación ministerial ********************que se inició con motivo del deceso de la persona que en vida se llamó ********************.********************Datos de pruebas, que le permitieron visualizar que una persona inicio ilegalmente un procedimiento, pues la investigación ministerial ********************se radicó con motivo del deceso de una persona, lo que así se asentó en su momento en el libro cronológico relativo al año dos mil dieciséis, se informó a través de los formatos IM01 e IM02, luego, se inició evidentemente de manera duplicada la diversa indagatoria con motivo de la denuncia que formuló ******************** contra ********************, por una aparente extorsión.********************Por lo anterior, estableció que el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, una persona inició la investigación ministerial ********************, de manera ilegal, pues pese a que investigó al respecto, los antecedentes de investigación hacen ver que la supuesta denunciante y testigos de cargo no existen, lo que encontró justificado porqué el encargado de anotar tal indagatoria en el libro de gobierno respectivo no lo hizo, porque tampoco comunicó su inicio ante la autoridad encargada de la estadística relativa. ********************Así, en términos de lo establecido por los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estima que tales medios de convicción en su conjunto constituyen datos de prueba idóneos y pertinentes para evidenciar, que una persona inició un procedimiento de manera ilegal.********************Ahora, en cuanto al tercer elemento que la conducta se genere en perjuicio a alguien, lo encontró visualizado con las copias de la causa penal ******************** del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, que se instruyó contra ********************, por el delito de extorsión, que se dijo en agravio de ********************; donde a decir de la fiscalía se ejecutó la orden de aprehensión, lo que trajo como consecuencia la privación de la libertad del ahí inculpado, al menos hasta que se resolvió su situación jurídica, por ser un delito grave.********************Consecuentemente, estableció que un sujeto con calidad de servidor público, en el interior de la Agencia Primera de Investigaciones, con residencia en Veracruz, Veracruz, ubicado en la calle ********************(circunstancias de lugar) aquél veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (circunstancias de tiempo) inició una investigación ministerial a la que le asignó el número ********************a sabiendas que tal averiguación le correspondió de acuerdo al libro cronológico de la Agencia Primera de Investigaciones, con residencia en Veracruz, Veracruz, a diversa indagatoria ya determinada, pues inició con motivo del deceso de una persona, que se lesionó en Tierra Blanca, Veracruz, en el cual, incluso se planteó la incompetencia, tal información así se visualizó en el libro de gobierno y en los archivos estadísticos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.********************Así, estableció que tales datos de prueba son suficientes jurídicamente hablando para establecer razonablemente que un servidor público inicio una indagatoria de manera ilegal, con lo que causó un perjuicio a un tercero, aunado a que le permitió afirmar que el acontecimiento materia de imputación si constituía el hecho que la ley define como delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por los artículos 317 del Código Penal para el Estado de Veracruz.********************Por otro lado, relativo al hecho que la ley define como delito de incumplimiento de un deber legal, previsto y sancionado por el artículo 319 del Código Penal para el Estado de Veracruz, estableció las siguientes hipótesis:********************La calidad especifica del actor; es decir, que tenga el carácter de servidor; ********************Que deje de cumplir con los deberes inherentes a su función; y********************Que ello genere un perjuicio a alguien.********************Respecto del primer elemento consideró que el nombramiento que el entonces Procurador General de Justicia en el Estado de Veracruz, otorgó a ********************, con oficio PG/SSC/2939/2012, en calidad de oficial secretario adscrito a la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador, con residencia en Veracruz, Veracruz, a partir del uno de diciembre de dos mil doce, constituye un dato de prueba idóneo y pertinente para evidenciar que tiene la calidad especifica que se requiere, esto es, de servidor público, con fundamento en el artículo 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales.********************Por cuanto hace al segundo elemento, deje de cumplir con los deberes inherentes a su función, estableció que de conformidad con los artículos 51 y 52 del Reglamento a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, un oficial secretario debe asignar el número de investigación a todas las indagatorias que radica o le ordenan radicar, el cual, es cronológico, es decir, cada vez que radica una averiguación le asigna el número consecutivo e inmediato que le corresponda, de repetir algún número deberá agregarle la palabra "bis", debiendo informar diariamente con el registro en los formatos IM01 e IM02.********************Seguidamente, de conformidad con los numerales 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableció que con los medios de convicción consistentes en el dictamen pericial en materia de criminalística de campo, signado por ********************, quien inspeccionó los libros de gobierno de la Agencia Primera de Investigaciones, con residencia en Veracruz, Veracruz, en específico en el libro cronológico correspondiente al año dos mil dieciséis, donde encontró que la investigación ministerial ********************se radicó por el fallecimiento de ********************, pero no se encontró denuncia de ******************** contra ********************, y la entrevista a ********************, quien señaló que los formatos IM01 e IM02 se llenaron respecto de la citada investigación, que se inició con motivo del deceso de la persona que en vida se llamó ********************, con ello, a su criterio, la parte imputa incumplió con su deber de anotar en el libro de gobierno respectivo el inicio de la investigación de mérito, así como su deber de registrar la indagatoria en los formatos IM01 e IM02, aspectos inmersos en sus funciones, omitiendo hacer tales deberes inherentes a su función en calidad de oficial secretario.********************Ahora, en cuanto al tercer elemento, que tal conducta genere un perjuicio a alguien, lo encontró acreditado con las copias de la causa penal ******************** del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, que se instruyó contra ********************, por el delito de extorsión, que se dijo en agravio de ********************; donde a decir de la fiscalía se ejecutó la orden de aprehensión, lo que trajo como consecuencia la privación de la libertad del ahí inculpado, al menos hasta que se resolvió su situación jurídica, por ser un delito grave.********************En ese contexto, estableció que un sujeto con calidad de servidor público, en el interior de la Agencia Primera de Investigaciones, con residencia en Veracruz, Veracruz, ubicada en la ********************(circunstancias de lugar) aquel veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (circunstancias de tiempo) inició una investigación ministerial a la que le asignó el número ********************empero, omitió anotar su inicio en el libro cronológico respectivo, tampoco la registro en los formatos IM01 e IM02 que conforme a su nombramiento estaba obligado a realizar (circunstancias de modo) generó que una persona perdiera la libertad personal, más allá que fue de manera temporal, el perjuicio se puede visualizar si aconteció.********************Por lo anterior, consideró que los datos de prueba previamente mencionados son idóneos y pertinentes para establecer que el acontecimiento materia de imputación si constituye el hecho que la ley define como delito de incumplimiento de un deber legal, previsto y sancionado por el artículo 319 del Código Penal para el Estado de Veracruz.********************En mérito de lo expuesto, la sala responsable determinó inoperante el argumento del quejoso relativo a que se le deja en estado de indefensión porque se le atribuyó una sola conducta, no dos, por ende, no pueden coexistir los ilícitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, pues bajo su óptica jurídica, el hecho que se le imputa para establecer el abuso de autoridad se hizo consistir en una conducta de acción, es decir, iniciar un procedimiento de manera legal, en cambio, una vez que inició con esa investigación omitió registrarla e informar su inició con los formatos respectivos, de ahí, que resolvió sí puedan subsistir ambos hechos denominados por la ley como delitos.********************En otro orden de ideas, respecto al delito de fraude procesal, previsto y sancionado por el artículo 337 del Código Penal para el Estado de Veracruz, determinó sus elementos como:********************Un sujeto activo, sin calidad específica que altere elementos de prueba; ********************Que ello lo haga con la finalidad de obtener una resolución judicial; y, ********************Que ello genere un perjuicio a alguien.********************El primer elemento, lo encontró demostrado con la entrevista de ********************, pues le permitió visualizar que una persona solicitó de otra la alteración de una prueba, ya que le pidió emitir una opinión técnica, en la que se asentaron hechos inexactos, dado que el perito reconoció que no tuvo a la vista el celular donde supuestamente existió la conversación que debía estudiar, con base en sus conocimientos técnicos y especializados, simplemente emitió su opinión teniendo a la vista unas captura de pantalla, lo que, a su criterio, evidentemente alteró el resultado de la prueba. ********************En relación al segundo y tercer elemento, los consideró acreditados con las copias de la causa penal ******************** del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, que se instruyó contra ********************, por el delito de extorsión, que se dijo en agravio de ********************; donde a decir de la fiscalía se ejecutó la orden de aprehensión que libró el juzgador a petición del Agente Primer del Ministerio Público Investigador, con lo que, estimó se evidenció que el sujeto activo obtuvo una resolución judicial, generando un perjuicio en ********************, dado que se le privó de la libertad personal.********************Además, estableció que un sujeto en calidad específica, alteró un medio de prueba, pues con su petición cambió la esencia de la prueba, dado que solicitó su desahogo sin tener el bien mueble materia de la peritación, es decir, el celular en el que supuestamente constaba una comunicación vía red social en la que alguien extorsionó a otra; por ende, el perito no accedió a esa conversación, simplemente actuó con unas capturas de pantalla, que no dan certeza alguna de que la conversación realmente aconteció, que trajo como consecuencia que el resultado de su experticia quedó alterado, con el objeto de obtener una resolución favorable, la que aconteció, tan es así que, se libró orden de aprehensión en contra de ********************, quien a la postre fue privado de su libertad personal. ********************Así, encontró demostrado que una persona alteró medios de prueba, ya que solicitó vía llamada telefónica a ********************, que acudiera a las instalaciones de la Agencia Primera de Investigaciones, con residencia en Veracruz, Veracruz, ubicada en calle ********************(circunstancias de lugar) aquél veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (circunstancia de tiempo) ahí le explico el hecho denunciado y que hiciera un estudio técnico respecto de una supuesta conversación que tenía registrada en captura de pantalla, lo que el experto accedió a realizar, al día siguiente entregó su opinión técnica (circunstancias de modo) todo ello generó que una persona perdiera la libertad personal, lo que evidentemente le causó perjuicio. ********************Por cuanto hace a la probable intervención, determinó que los antecedentes de investigación descritos con anterioridad resultaban idóneos y pertinentes para visualizar que ******************** fue la persona que probablemente cometió los hechos señalados por la ley como de delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraude procesal, mismas que al haber acontecido paralelamente estimó dable analizar de manera conjunta su probable intervención.********************Consecuentemente, estimó que los antecedentes de investigación relativos a la entrevista de ******************** y ********************, en conjunción con el oficio PG/SSC/2939/2012, signado por el Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz, donde otorgó a ******************** la calidad de oficial secretario adscrito a la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador, con residencia en Veracruz, Veracruz, a partir del uno de diciembre de dos mil doce, le resultaron idóneas para comprender que el imputado fue la persona que en principio inició un procedimiento ilegal, es decir, la investigación ministerial ********************y una vez iniciada omitió su inscripción en el libro cronológico respectivo, así como en los formatos IM01 y IM02, como era su deber.********************Asimismo, conjuntamente con ********************, alteró un elemento de prueba que se desahogó dentro de esa indagatoria, que a la postre le permitió obtener una resolución favorable. ********************Por tanto, consideró dable advertir que el imputado tenía la calidad de oficial secretario, adscrito a la Agencia Primera de Investigaciones con residencia en Veracruz, Veracruz, ubicada en la calle ********************(circunstancias de lugar), lo que aprovechó para que, aquél veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (circunstancias de tiempo) iniciara una investigación a la que le asignó el número ******************** a sabiendas que tal averiguación le correspondió de acuerdo al libro cronológico de esa agencia a diversa indagatoria ya determinada, pues se inició con motivo del deceso de una persona, que se lesionó en Tierra Blanca, Veracruz.********************Aunado a que una vez inició tal indagatoria, omitió registrarla en el libro cronológico respectivo, así como inscribirla en los formatos IM01 e IM02 que conforme a su nombramiento estaba obligado a realizar (circunstancias de modo) y en contubernio con ********************decidió alterar un medio de prueba pues le pidió realizarla sin atender los fines de la misma, es decir, le pidió emitiera una opinión técnica en torno a una supuesta conversación que solo tenía en captura de pantalla, no obstante, pese a tal impedimento, el perito accedió a realizarla (circunstancias de modo).********************En relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales confirmó la resolución apelada.********************Por otra parte, el Juez de Control y Enjuiciamiento Comisionado al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, sala "B", en Veracruz, Veracruz, informó que acordara lo conducente dentro del proceso penal ******************** de su índice, una vez que la Alzada le comunique lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo.********************Finalmente, de lo expuesto con anterioridad se advierte que las autoridades responsables dieron cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, se dejó insubsistente la resolución dictada el uno de diciembre de dos mil veinte, dentro de los autos del toca penal ********************de su índice, exclusivamente por lo que hace al aquí quejoso ******************** y, con plenitud de jurisdicción, la Sala responsable resolvió nuevamente respecto al recurso de apelación interpuesto por el peticionario de amparo, sin incurrir en los vicios de forma señalados en la misma, atendiendo a la totalidad de los agravios formulados por el apelante de manera congruente, fundando y motivando su decisión.********************Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS.********************Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo.********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General.********************Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración.********************En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años.********************Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción.********************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. ********************Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma Miguel Gastón Manzanilla Hernández, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Encargado del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de junio de dos mil veintiuno, con motivo de que el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra gozando de su primer período vacacional, que comprende del cinco al diecinueve de julio de dos mil veintiuno; según consta en el oficio CCJ/ST/1445/2021 signado por el Secretario Técnico de la citada Comisión, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

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