Francisco Mederos Cisneros

Expediente 245/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
245/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
12/04/2023

Partes del expediente

  • Francisco Mederos Cisneros

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 270 del Código Federal de Procedimientos Civiles, agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio y papeleta de turno que remite la Jefa de la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa a este órgano jurisdiccional la compensación de cargas ordenada en el sistema de cómputo y efectuada a favor de este juzgado, dado que el diez de marzo del presente año, se acordó lo relativo a su contenido. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.ERR

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, remitiendo copia certificada del rastreo de guía relativa al servicio de mensajería de correos de México, ******************** misma que informa contiene el oficio por el que se encuentra requiriendo el cumplimiento del laudo al ayuntamiento demandado. En consecuencia, se tiene a la autoridad responsable informando las acciones que se encuentra realizando con la finalidad de cumplir con la ejecutoria de amparo, la cual se concedió para los siguientes efectos: *Requiera al Ayuntamiento de Charapan, Michoacán, para que acredite que realizó los ajustes pertinentes en su presupuesto de egresos o en su caso, en las partidas presupuestales adicionales, para incluir el pago total de del laudo emitido en el juicio laboral de origen. En el entendido que, la ejecutoria no se declarará cumplida, sino hasta que se acredite que el Ayuntamiento de Charapan, Michoacán, realizó los ajustes pertinentes en su presupuesto de egresos. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación que se le practique del presente auto, se sirva remitir las constancias con las que acredite el efectivo cumplimiento de la sentencia de amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá de la forma siguiente: 1. Se realizará el pronunciamiento respectivo; 2. Se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 238 y 258 del propio ordenamiento, en el entendido que de continuar con la actitud contumaz, se le podrá imponer una diversa por mayor cantidad de acuerdo a las particularidades del caso concreto; y, 3. Se remitirán los autos al tribunal colegiado a efecto de que determine lo que corresponda en torno al incidente de inejecución respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que por auto de veinte de febrero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que hubiera hecho manifestación alguna. Por tanto, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos por la autoridad responsable. Mediante sentencia de veintisiete de julio de dos mil veintidós, por una parte se sobreseyó y por otra se otorgó a la parte quejosa la protección federal, para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: " a) Dejar insubsistente la infracción reclamada contenida en la boleta 0085 de veintiuno de abril de dos mil veintidós; b) Devolver a la quejosa la cantidad que cubrió por concepto de multa, derechos por servicios o cualquier otra erogación vinculada con el traslado, guarda y posterior liberación, respecto del vehículo automotor, marca Hyundai, línea Grand I10, tipo Hatchback, modelo 2021, color plata, placas de circulación PNK271A. c) En lo futuro, deberán sustraer a la quejosa de la aplicación los artículos 58, fracción XVIII y 61 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, declarados inconstitucionales." En cumplimiento a lo anterior, las autoridades responsables realizaron lo siguiente: Mediante diversos oficios las autoridades responsables, informaron las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, algunos de ello son los siguientes: - El recibido el catorce de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual el Jefe de Departamento de Amparos y Procesos Administrativos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, informó que dejó insubsistente la boleta 0085 de fecha veintiuno de abril de dos mil veintidós, asimismo, que no se aplicarían a la quejosa en lo futuro los artículos 58, fracción XVIII y 61 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, declarados inconstitucionales. - Oficio recibido el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el que la autoridad responsable Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán y sus Unidades Administrativas, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de diversas documentales, entre ellas la relativas al reembolso realizado a la quejosa mediante transferencia bancaria efectuada el treinta de enero del presente año, respecto del pago que erogó por concepto de multa. En consecuencia, este juzgado estima que las autoridades responsables han dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en este juicio; motivo por el cual se aprecia colmado el extremo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el goce del derecho humano vulnerado y sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector quedó cumplido. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio suscrito por la secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el amparo 233/2023 de su índice y anexos. En atención a lo anterior, cabe destacar que el artículo 45, fracción II, y 46 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en la parte que interesa, a la letra dicen: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema automatizado de turno que administra la Dirección General de Gestión Judicial de la siguiente manera: (.) II. Forma relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema automatizado de turno arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad dentro de una temporalidad de cinco años, atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, con base en la información que proporcione el sistema y sin necesidad de consultar otros sistemas de gestión, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado, sin que para ello sea relevante si se abordó algún análisis del fondo del asunto. " "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.) II. Los juicios de amparo directo o indirecto, promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos;; ." Atento lo anterior, se advierte que el juicio de amparo indirecto 1316/2022 del índice de este juzgado, así como el diverso 233/2023 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, se reclaman actos reclamados derivados del juicio ordinario civil ********************a la misma autoridad señalada como responsable, por lo que se determina que se actualiza la hipótesis que describe en los artículos 45, fracción II, y 46 fracción II, del Acuerdo General en mención. Por tanto, con apoyo en el referido acuerdo general, este Juzgado de Distrito acepta el returno para conocer de la demanda promovida por ********************, a través de su apoderado jurídico********************en contra del Juez Cuarto en Materia Civil en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, a través de su apoderado jurídico ********************, personalidad que acredita en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, esto es así, toda vez que tiene reconocido dicho carácter ante la autoridad responsable, tal como se aprecia de las constancias en copia certificada del juicio ordinario civil ********************que adjuntó al escrito de demanda, contra actos del Juez Cuarto en Materia Civil en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número I-245/2023-E. Ahora bien, la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La determinación de ******************** dictada dentro del juicio ordinario civil ********************por la que se ordena la ejecución forzosa de la sentencia definitiva, para poner en posesión de la parte actora el bien inmueble materia del juicio de origen y como consecuencia de ello el oficio de ********************, mediante el cual la Juez responsable ordenó que se proceda a la ejecución de la sentencia ejecutoria dictada en el juicio mencionado, toda vez que ordenó remitir oficio a la Comisión de Seguridad Municipal a fin de que auxilien al personal del juzgado en la diligencia de carácter judicial de lanzamiento. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desecharlo de plano. Por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. Al respecto, el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, instituye que cuando se reclaman actos en la fase ejecutiva, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Lo anterior, significa que si la parte quejosa no reclama la última resolución en la fase de ejecución de sentencia, el amparo indirecto resultará improcedente, ya que la intención del legislador fue la de evitar la proliferación de un número indefinido de amparos promovidos contra resoluciones intermedias en ejecución de sentencia, como en el presente caso que nos encontramos en la fase de cumplimiento, limitando a la última resolución la oportunidad para solicitar la protección federal; lo anterior, permite sostener que el acto reclamado de ninguna manera constituye la última resolución en la fase ejecutiva del juicio de origen, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Al respecto, resulta preciso señalar que debe distinguirse de procedimientos autónomos que tienden a sentar las bases para la ejecución de lo sentenciado y de procedimientos que tienden a ejecutar directa e inmediatamente la sentencia. En el primer caso -procedimientos autónomos que tienden a sentar las bases para la ejecución de lo sentenciado- el amparo sólo procede cuando sea dictada la última resolución en ese procedimiento autónomo. En el segundo caso -procedimientos que tienden a ejecutar directa e inmediatamente la sentencia dictada en el juicio natural- el amparo sólo procede contra la última resolución dictada en dichos procedimientos, que es aquélla en la que se declara expresa o tácitamente el cumplimiento total de lo sentenciado o la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia. Asimismo, la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", indica que el juicio de amparo es procedente de manera excepcional en el siguiente supuesto: Cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural; ello, de acuerdo con la interpretación por analogía del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, permite sostener que el auto impugnado en la presente instancia, de ninguna manera constituye la última resolución en la fase ejecutiva del proceso. Por tanto, si el acto reclamado se encuentra vinculado con la ejecución de la sentencia, no constituye la última resolución en la etapa de ejecución, por lo que tampoco se está en presencia de actos de imposible reparación dentro de dicho procedimiento; de tal suerte que, al no estar en presencia de la última resolución dictada dentro de esa etapa, se acredita la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Asimismo, sirve de sustento a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 28/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 60, Tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." A mayor abundamiento, se debe señalar que este órgano de control constitucional estaría en condiciones de admitir la demanda sólo en el supuesto de que la parte quejosa tuviera carácter de persona extraña, lo que no acontece así, pues tiene el carácter de demandada dentro del juicio de origen y de ninguna manera puede alegar el desconocimiento del juicio, pues es la parte dentro de la controversia que voluntaria o forzosamente debe cumplir con lo sentenciado al haber sido oída y vencida en juicio. La parte quejosa tampoco se convierte en persona extraña a la controversia, por el hecho de que con posterioridad al inicio y conclusión del juicio haya quedado inaudita porque no se le hubiere notificado debidamente. Para sostener esta última afirmación se debe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 10/2004, que fue resuelta como improcedente en sesión de siete de julio de dos mil cuatro, asentó lo siguiente: "Precisada la existencia y el tema de la contradicción de tesis, y examinadas las resoluciones que le dieron origen, esta Primera Sala considera que si bien es cierto que de todo lo anterior se desprende la contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, también lo es que el tema de la contienda ya se encuentra resuelto por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno, al resolver el veintisiete de febrero de dos mil uno, por unanimidad de diez votos, la contradicción de tesis 12/2000-PL, en la que se emitió criterio respecto del tema de referencia, de ahí que la denuncia de contradicción de tesis sea improcedente. --- Dicha jurisprudencia, es del tenor siguiente: --- Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIII, abril de 2001, Tesis: P./J. 39/2001, Página: 93. --- "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN "EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY". --- En efecto, del contenido de la tesis de jurisprudencia, se advierte que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la mera circunstancia de que el quejoso conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento. --- Con lo anterior, se estima que se encuentra resuelto el problema planteado en la contradicción de criterios entre los sostenidos por los Tribunales Colegiados de Circuito de referencia y, en consecuencia, es aplicable lo expresado por esta Primera Sala, en el sentido de que tratándose de la denuncia de contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, si en el caso resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció jurisprudencia sobre las cuestiones jurídicas planteadas, no ha lugar a decidir la contradicción, por lo que debe declararse improcedente la presente denuncia de contradicción. --- El anterior criterio se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia que a la letra señala: --- Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, agosto de 2000, Tesis: 1ª./J. 7/2000, Página: 175. --- "CONTRADICCIÓN DE TESIS. RESULTA IMPROCEDENTE LA DENUNCIA SI EL PUNTO JURÍDICO SOBRE EL QUE VERSA YA FUE RESUELTO EN JURISPRUDENCIA DEFINIDA". --- Consecuentemente, se declara improcedente la presente denuncia de contradicción de tesis." Como se ve, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que de modo alguno podría caber la posibilidad de que una persona que compareció al procedimiento de origen pueda tener la calidad de persona extraña al margen de que material y jurídicamente pudiese emerger una circunstancia que la hubiese hecho desconocer de los actos procesales que hubiesen ocurrido con posterioridad del momento en que compareció a la dilación procesal. Esto es, no puede considerarse a la parte quejosa como persona extraña al procedimiento de origen por haber comparecido al mismo, sin que constituya obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que posteriormente hubiere quedado inaudita al no habérsele practicado notificación alguna en relación con el plazo concedido para cumplir voluntariamente con la sentencia. Por todo lo anterior, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa por su notoria e indudable improcedencia. Sin que lo anterior, cause alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que éste principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio que enseguida se transcribe, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Finalmente, cebe decirse la presente determinación no contraviene el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona a un recurso judicial o positivo, sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. El precepto aludido, ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los siguientes términos: A efectos de cumplir su obligación convencional de establecer en el ordenamiento jurídico interno un recurso efectivo en los términos de la Convención, los Estados deben promover recursos accesibles a toda persona para la protección de sus derechos. Si una determinada acción es el recurso destinado por la ley para obtener la restitución del derecho que se considera violado, toda persona que sea titular de dicho derecho debe tener la posibilidad real de interponerlo. (.) Un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un recurso capaz de conducir a un análisis por parte de un tribunal competente a efectos de establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. Igualmente ha señalado que el artículo 25.1 incorpora el principio, reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales derechos y que de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar; subrayando que para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla y agregando que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. En efecto, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. Por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En el mismo sentido se ha pronunciado la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que el artículo 17 Constitucional garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formalismos o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. En este orden de ideas, resulta claro que si bien el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales; lo cierto es que, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos por una de las partes, en el caso la parte quejosa, no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325, del Tomo I, Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes no podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que no les fueron conferidas expresamente. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas a petición verbal de las partes, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos para constancia. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c) de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal. En ese mismo sentido se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como responsable; caso en el cual de no ser hallados en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Se autoriza al actuario de este juzgado practicar notificaciones por lista a la parte quejosa de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo cuando para llevar a cabo una notificación personal se constituya en el domicilio correcto de lo cual deberá cerciorarse y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previo aviso fijado en la puerta y las razones que al respecto se levanten. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. De igual forma, se exhorta a las partes para que realicen lo siguiente: 1. Obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía. 2. En relación con las autoridades responsables, se exhorta a los funcionarios públicos a rendir sus informes o cumplir sus requerimientos a través de la plataforma referida en el párrafo que antecede, tomando en consideración que en ocasiones la logística de su trabajo no lo permite, por lo que se les requiere para que en su caso, proporcionen a este órgano una dirección de correo electrónico a través de la cual se puedan mantener las comunicaciones oficiales y dirijan sus informes y demás solicitudes al correo institucional 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx; sin que lo anterior implique que se sustituya la facultad de este juzgado de solicitar, cuando el caso lo amerite, que la comunicación se realice de manera ordinaria. 3. Asimismo, para que las autoridades proporcionen el nombre, cargo, teléfono fijo o móvil del servidor público que pueda fungir como enlace a efecto de instituir un vínculo de comunicación para las gestiones derivadas de la tramitación del presente asunto. Finalmente, mediante atento oficio que al efecto se gire se ordena notificar la presente determinación, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que se haga el registro y compensación correspondiente. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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