Francisco López Alcazar
Expediente 376/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 376/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco López Alcazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable, Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de la Cuenca, Sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, consistente en el disco versátil digital (DVD), que exhibió como apoyo de su informe de ley, lo anterior, debido a que resulta innecesaria su retención en este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 376/2020, promovido por **, defensor particular de **, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. I. ANTECEDENTES En la causa penal ***, que se inició en contra del imputado **, por el hecho que la ley señala como el delito de violación agravada, cometido en agravio de la adolescente con iniciales Y.F.D. De ahí, el veintiséis de julio de dos mil diecinueve, se libró orden de aprehensión en su contra por el Juez de Control del Circuito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, por lo que el tres de marzo de dos mil veinte, el quejoso fue aprehendido en cumplimiento a dicha orden. El tres de marzo siguiente, se desahogó la audiencia de control de la detención, de formulación de imputación y solicitud de vinculación. Posteriormente mediante resolución de nueve de marzo de la presente anualidad, el Juez de Control del Circuito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, dictó auto de vinculación a proceso en contra del promovente de amparo. Determinación que constituye el acto reclamado II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Por escrito recibido el treinta de marzo de dos mil veinte, vía plataforma virtual Sistema Integral Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), el quejosos promovió juicio de amparo en contra los actos que atribuyó al Juez de Control del Circuito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. A dicho libelo inicial, no se le dio trámite en la guardia que correspondió a este Juzgado del treinta de marzo al cinco de abril de dos mil veinte, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado de virus COVID-19. Que mediante Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado de virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintisiete de abril de dos mil veinte, se declaró la suspensión de funciones jurisdiccionales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte, plazo que fue ampliado hasta el quince de junio del año en curso, por el propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal a través del diverso Acuerdo General 10/2020; como consecuencia de ello, no correrán plazos ni términos procesales en dicho periodo; sin embargo, se establecieron reglas para la atención de los juicios en línea y de los asuntos que por su naturaleza revisten el carácter de urgente o prioritario, dentro de los cuales se ubica este asunto. Bajo esa tesitura, se tiene que dicha demanda se admitió a trámite el seis de junio de dos mil veinte, y se registró bajo el progresivo 376/2020; asimismo, en dicho auto se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado. En dicho escrito la parte quejosa precisó como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 1, 20, apartado a), fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Ahora bien, en proveído de diez de agosto del año en curso, se hizo constar que de conformidad con lo establecido en los Acuerdos Generales 4/2020, 8/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales se mantuvo suspendido del dieciocho de marzo al dos de agosto del año en curso y que el diverso Acuerdo 21/2020, ordenó la reactivación del funcionamiento de los órganos del Poder Judicial de la Federación, mediante un regreso escalonado; motivo por el cual, se reanudó el expediente en que se actúa y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, en proveído de tres de julio de dos mil veinte, se tuvo al Juez de Control del Circuito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, informando que en su estadística existe la causa penal 143/2019, que se instruye en contra de Roberto López Alcázar, por el delito de violación agravada, ignorando si se trata de la misma persona que ***; por lo que en dicho auto se requirió a la parte quejosa, para que manifestara si ** es la misma persona que ***. Por lo que en auto de ocho de septiembre de la presente anualidad, se tuvo informando a ***, defensor particular de la parte quejosa, informando que ** es la misma persona que **, siendo el primero el nombre correcto de la parte quejosa. Por tanto, con lo anterior, el siete de octubre de dos mil veinte, el Juez de Control del Circuito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, rindió su informe justificado, allegando como pruebas de su parte, un disco versátil digital (DVD). En dicho auto, se requirió a dicha autoridad, remitiera información relativa al tercero interesado y a tendiendo dicho requerimiento el dieciséis de octubre siguiente, se tuvo a la autoridad responsable de mérito, remitiendo la información correspondiente; por tanto, en dicho auto se ordenó el emplazamiento del tercero interesado **, representante de la adolescente de iniciales Y.F.D. Asimismo, por auto de seis de noviembre de la presente anualidad, se ordenó emplazar por oficio al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, conocedor de la causa penal ***. La audiencia constitucional se llevó a cabo, en la presente data, en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, conforme a lo establecido por los arábigos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme combate los actos del Juez de Control del Circuito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, y reclama: El auto de vinculación a proceso de Francisco López Alcázar dictado dentro de los autos de la causa penal 143/2019, el nueve de marzo de dos mil diecinueve, por el delito de violación agravada cometido en agravio de la adolescente con iniciales Y.F.D.. V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Esa confesión se estima suficiente para tener por acreditada la certeza o existencia del acto reclamado; por tanto, se le tiene como plenamente probado. VI. CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Ahora bien, el artículo 63 de la Ley de Amparo, en su fracción I, establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. [.] La comprensión del contenido de la disposición legal transcrita, pone de relieve que, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que el procedimiento tuitivo de derechos fundamentales siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada; de ahí que el quejoso, puede válidamente desistirse en cualquier momento antes del dictado de la sentencia, con la sola declaración de su voluntad; y que ese derecho que se encuentra reconocido en el artículo 63 fracción I de la Ley de Amparo, al consignar que una de las causas de sobreseimiento en el juicio lo es el desistimiento de la demanda, acto que constituye una abdicación o renuncia del impetrante a que el Órgano de Control Constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado. Lo antes indicado es coincidente, con lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 33/2000, publicada en la página 147, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 192108, que dice: DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. De ahí que, es regla generalmente aceptada que en el juicio de amparo el peticionario de protección de derechos fundamentales está en aptitud de poder desistirse del juicio de amparo, en el momento procesal en que lo desee, salvo que ya exista en el procedimiento respectivo sentencia ejecutoriada. En ese contexto, cabe destacar que de la diligencia llevada a cabo por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, el trece de noviembre del año en curso, se hizo presente en el interior del Centro de Reinserción Social 06 con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y al entrevistarse con el quejoso Roberto López Alcázar se aprecia que ratificó el escrito a través del cual manifestó su deseo de desistirse de la demanda que dio origen al presente asunto. VII. DECISIÓN Por ende, en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo promovido Roberto López Alcázar. Resulta importante destacar, que el suscrito no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por el Fiscal Federal de la adscripción, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio de amparo. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del mes de agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, de conformidad con lo expuesto en el apartado VI de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Agréguense el oficio y el anexo que remite el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, mediante el cual se aprecia que devuelve diligenciado el despacho identificado con número de orden 275/2020 y de origen 180/2020, mismo que se remitió para que en auxilio a las labores de este Juzgado, notificara personalmente a **-parte quejosa-, el proveído de nueve de noviembre de la presente anualidad, y lo requiriera en los términos ahí precisados. En consecuencia, regístrese la baja de la citada comunicación oficial. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguese el escrito suscrito por el quejoso **, para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que es su deseo desistirse de la demanda de amparo interpuesta por las razones que expone; en consecuencia, tomando en consideración que el quejoso **, se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción de Social 06 con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, con fundamento en los artículos, 27 fracción II, de la Ley de Amparo, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de la misma, gírese atento despacho al Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, a efecto de que comisione a quien corresponda para que en auxilio a las labores de este órgano jurisdiccional realice lo siguiente: Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción de Social 06 con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, a fin de notificarle el presente acuerdo y lo requiera en ese momento y en diligencia relativa ratifique el contenido del escrito del promovente de amparo ** mediante el cual, manifiesta su deseo de desistirse de la demanda de amparo interpuesta (se remite al citado Juez copia simple del escrito aludido); Apercibiéndolo que, de no realizar manifestación alguna, o no cumplir con ese requerimiento se continuará con el procedimiento del juicio. Se pone a su disposición el correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Para una mayor celeridad, se autoriza la firma de la comunicación oficial enviada únicamente por la secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional. Bajo ese contexto, se comisiona a la actuaria judicial adscrita a este órgano constitucional, para que el despacho de mérito se envíe por la vía más eficaz; es decir, vía correo electrónico y mensajería acelerada "Estafeta". NOTIFÍQUESE.
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