Francisco Leolobet Martinez Fernandez
Expediente 812/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 812/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Leolobet Martinez Fernandez
Actuaciones
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 812/2023, promovido por Gerardo Rico Espinoza defensor particular del directo quejoso********************, en contra del auto de vinculación a proceso emitido por la autoridad responsable Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca. En este juicio se analizará la legalidad del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en audiencia inicial del quince de mayo de dos mil veintitrés, y la continuación de diecisiete de mayo siguiente, por la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Oaxaca. I. ANTECEDENTES De las documentales que obran en autos, se tiene acreditado que ante el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, se radicó la causa penal 555/2021, instruida en contra de********************, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de transportar por territorio nacional a personas extranjeras con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado. En audiencia inicial de quince de mayo de dos mil veintitrés, la fiscalía formuló imputación y solicitó la vinculación a proceso de********************, en atención a dicha solicitud y en virtud de que el quejoso se acogió al plazo de constitucional duplicado para resolver su situación jurídica, en la continuación de la audiencia inicial el diecisiete de mayo siguiente se dictó contra el aquí quejoso auto de vinculación a proceso en la aludida causa penal. (Determinación que constituye el acto reclamado) En ese mismo acto la Juez Federal interpuso la medida cautelar de presentación periódica prevista en el artículo 155, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, misma que no constituye el acto reclamado. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el seis de junio del año en curso Dicho libelo constitucional se turnó el siete de junio siguiente al Juzgado Octavo de Distrito, donde quedó registrado con el progresivo 575/2023; se admitió a trámite el ocho de junio siguiente del año en curso; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; se emplazó a la parte tercera interesada; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de cinco de julio de dos mil veintitrés, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ordenó retornar el aludido juicio de amparo a este juzgado, por actualizarse el criterio de conocimiento previo, el cual fue desestimado por este órgano jurisdiccional Mediante proveído de doce de julio de dos mil veintitrés, el juzgado declinante planteó consulta ante la Comisión de Creación de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, para que determinara a cuál de los juzgados correspondía conocer del juicio de amparo La Comisión de Creación de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que corresponde a este órgano jurisdiccional conocer de la presente controversia, y en auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, el Juzgado Octavo de Distrito, remitió el juicio de amparo 575/2023 a este juzgado, el cual quedó registrado con el progresivo 812/2023. Así, por auto de catorce de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite; se otorgó intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que tuvo verificativo el treinta y uno de agosto del año en curso. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque este órgano de control constitucional conoce de todas las materias por no tener jurisdicción especial; el acto reclamado es de naturaleza penal pues se reclaman a) el auto de vinculación a proceso, emitido el quince de mayo de dos mil veintitrés, y el diecisiete de mayo siguiente por la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Oaxaca, por lo que corresponde a la competencia territorial de este Juzgado. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso concreto, del contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la parte inconforme reclama a la: Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Oaxaca. El auto de vinculación a proceso dictado en audiencia inicial de quince de mayo de dos mil veintitrés, y la continuación de diecisiete de mayo siguiente, por la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Oaxaca, emitido en la carpeta judicial OAX/000555/2021 en contra de********************, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de trasportar por territorio nacional a personas extranjeras con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, agravado de conformidad con el numeral 160, fracciones I y II de la misma legislación. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La existencia del acto reclamado a la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Oaxaca, quedó legalmente acreditado a partir del informe justificado, en el que reconoció la existencia del acto que se le atribuye. Esa confesión se estima suficiente para tener por acreditada la certeza o existencia del acto de disenso. Por tanto, se le tiene como plenamente probado en términos de la Tesis Jurisprudencial número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corroboró con el disco versátil digital relativo a la carpeta judicial OAX/000555/2021 que remitió en apoyo a su informe de ley, medio de prueba que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2; puesto que de su contenido cuenta con diligencias encomendadas por disposición de la Ley y al tratarse de discos ópticos en formato de videograbación [DVD] considerados como una prueba documental pública lato sensu y por lo mismo sin necesidad de ser desahogada en una audiencia especial en la cual se reproduzca su contenido. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1ª./J. 43/2013 (10ª.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." LEGITIMACIÓN Francisco Leolobet Martínez Fernández, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo en términos del numeral 6 de la Ley de Amparo, debido a que el auto de vinculación a proceso reclamado, se emitió en su contra y lo obliga seguir un proceso penal, lo que a su decir vulnera sus derechos fundamentales. OPORTUNIDAD La demanda de amparo se promovió dentro del término de quince días que para tal efecto prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, como se advierte de la siguiente tabla: Fecha de conocimiento de los actos reclamados El plazo de quince días transcurrió Días inhábiles Fecha de presentación de la demanda 17 de mayo de 2023 Del 19 de mayo al 8 de junio de 2023. 20,21,27, 28 de mayo, 3 y 4 de junio del 2023 Demanda: 6 de junio de 2023. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se aprecia la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal, por lo que, se procede al estudio de fondo del asunto. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes para desvirtuar el acto aquí reclamado, lo cuales en general se reducen a los siguientes aspectos: El acto reclamado carece de un debida fundamentación y motivación pues la responsable acreditó de forma subjetiva el hecho constitutivo del delito ya que realizó una inexacta apreciación de los datos de prueba para acreditar el hecho constitutivo del delito y su agravante "transportar por territorio nacional a personas extranjeras con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria", lo que se aparta de la exigencia contenida en el artículo 19 Constitucional. Dicha determinación transgrede las garantías constitucionales establecidas en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20, de presunción de inocencia, exacta aplicación de la ley, legalidad y seguridad jurídica, los cuales se vinculan al debido proceso. Abunda el peticionario de amparo, que la finalidad del delito no quedó acreditada pues lo datos de prueba no fueron idóneos y suficientes para justificar que el quejoso tuviera la intención de manera directa e indirectamente de obtener un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, debido a que no se justificó con algún dato de prueba fehaciente que el quejoso haya recibido una retribución económica por la transportación de los migrantes, asimismo resulta ilógico que el simple hecho de transitar por una carretera de terracería, sea con el fin de evadir la revisión. Agrega el quejoso que, si bien es probable que los migrantes se encontraban a bordo del vehículo al momento de la detención, pues este proporcionó su vehículo para darles un aventón como acto de humanidad. Sostiene el quejoso que el auto de vinculación a proceso carece de una indebida motivación por parte de la responsable al establecer una probable responsabilidad al quejoso, con el grado de participación de autor material de un hecho delictivo, sin que se hayan encontrado en alguna de las condiciones previstas en la norma, esto es ya que no se aprecia alguna acción o en su caso una omisión de parte del quejoso que hubiera generado el resultado del antijuridico imputado, esto debido a que únicamente ocupaba el automóvil en calidad de copiloto. Agrega el quejoso la responsable no realizó un examen minucioso de lo estimado por la defensa, para determinar que efectivamente se reunían la totalidad de los requisitos exigidos para el dictado del auto de vinculación a proceso, atento a lo dispuesto por el artículo 19 Constitucional y 316 del Código nacional de procedimientos Penales, pues pasó por alto los principios de congruencia y exhaustividad que deben existir en todas las resoluciones. ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Son infundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, sin que deba suplirse su deficiencia conforme al artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, como se demostrará a continuación. En el entendido de que el motivo de disenso se tiene por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, ya que la ley de la materia no contiene precepto legal que obligue a transcribirlo en la sentencia. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En primer lugar, a fin de entender la naturaleza de la resolución que aquí se reclama, es importante destacar que el auto de vinculación a proceso es un acto dentro del procedimiento penal de corte acusatorio cuya emisión trae como consecuencia que a la persona imputada se le sujete a investigación formalizada, por un plazo perentorio no mayor a seis meses, a fin de que las partes involucradas en el conflicto penal recaben medios de convicción que permitan determinar en una etapa posterior denominada intermedia, si lo obtenido es suficiente para que la autoridad ministerial formule acusación al imputado y, en su caso, se le lleve a juicio oral para determinar su responsabilidad en el hecho delictivo imputado. En el sistema penal acusatorio oral, la vinculación a proceso se realiza en función de los hechos, siempre y cuando se establezca que los mismos están tipificados como delito y que existe la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión, lo que ocurrirá cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. El dispositivo legal 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala los requisitos para la emisión de un auto de vinculación a proceso, los cuales sustancialmente son: Presupuestos procesales: Que se haya formado la imputación; y Que se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar. Requisitos de forma: Que se exprese el delito que se impute al acusado; Que se precise el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; Que se citen los datos de prueba que le sirvan de sustento. Requisitos de fondo: Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que permitan suponer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; Que no exista una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito; y, Que la resolución se dicte por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, pudiendo el juez otorgar la clasificación jurídica correspondiente, aunque sea distinta a la otorgada por el Ministerio Público Así las cosas, de la interpretación armónica del dispositivo en mención y del contenido del artículo 19 Constitucional, es dable considerar que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, existen requisitos de forma y fondo a los que hay que darles satisfacción para estar en condiciones de sostener que el actuar de una autoridad judicial que ha dictado un auto de vinculación a proceso. Para afirmar que tales exigencias de forma y fondo están cumplidas, el juez debe exponer los fundamentos y motivos por los que estima satisfechos dichos requisitos, así como, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa al investigado. Luego, para cumplir con la garantía de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe tener, es obligación del juzgador precisar las razones particulares y circunstancias especiales que lo conducen a estimar que se cometió un hecho señalado como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, evitando la anticipación de juicio sobre el delito y su autor, con base en la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representación social, sostenida en los datos de prueba con los que dice contar y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor. De esta manera, en el dictado del auto de vinculación a proceso no se exige la acreditación del cuerpo del delito ni la probable responsabilidad del inculpado, sino el establecimiento de que los hechos motivo de la imputación pueden dar vida a un delito y la probabilidad de la participación del activo, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y del eventual juicio. En este aspecto, la Primera Sala del más alto tribunal del país, ha establecido que debe considerarse a la etapa de investigación como un periodo preparatorio para determinar si existen razones para someter a una persona a juicio, por ello, al formularse la imputación, lo que se pretende es la formalización de la investigación con el dictado de un auto de vinculación a proceso, de ahí que respecto del contenido de la carpeta de investigación debe considerarse que para la obtención de la información y la recolección de los datos que permitan fundar la imputación, no se requiere la plena certeza del Ministerio Público que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues la convicción final será la del juez. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19 Constitucional, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado "cuerpo del delito", sino que, a fin de respetar la directriz constitucional, únicamente, se requiere determinar que un hecho puede encuadrar en una hipótesis delictiva, que podríamos definir como la identificación de la norma penal relevante y que, efectivamente, el hecho materia de la imputación aconteció. En esa tesitura, el análisis del acto aquí combatido se debe practicar en seguimiento a esa óptica, aclarando que por hecho ilícito no debe entenderse un anticipo de la tipicidad, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual, acreditando los elementos esenciales y comunes del concepto desde la lógica formal a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico procesal de los elementos del tipo, no con pruebas sino con datos. Cobra relevancia al respecto, el criterio jurisprudencial 1a./J. 35/2017 (10a.), sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XLV, agosto 2017, tomo I, página 360, registro digital 2014800, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Que refiere que para el dictado de un auto de vinculación a proceso no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón a que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace una referencia de datos probatorios que establezcan, a manera de probabilidad, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que exista la posibilidad real que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En otro orden de ideas, se estiman infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, por las razones que a continuación se establecerán. En primer lugar, como ya ha dicho en párrafos anteriores el auto de vinculación a proceso debe satisfacer los requisitos previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, relativo a que sea emitido por escrito y por autoridad competente. Asimismo, el auto de vinculación a proceso, debe cumplir con lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Federal, el cual contiene los requisitos mínimos que debe reunir todo mandamiento de autoridad restrictivo de libertad, por lo que el estudio de la legalidad del acto que se reclama se hará a la luz del mencionado precepto. Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece los requisitos legales que han de observarse para vincular a un imputado a proceso, los cuales se encuentran previstos en los artículos 313, 316 y 317. De los citados artículos conduce a establecer que el auto de vinculación a proceso debe satisfacer ciertos requisitos formales y otros más de índole material, a saber: en cuanto a la forma, constitucionalmente se establece que en dicho auto deben precisarse la conducta típica que se reprocha al imputado y el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y, respecto al fondo, esa determinación debe apoyarse en datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetración. Por lo tanto, se procede a verificar si el acto reclamado cumple con los requisitos anteriormente señalados. En primer lugar, en relación a la competencia de la autoridad judicial responsable, se destaca que la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Oaxaca, en funciones de Jueza de Control, es competente, para conocer y resolver sobre el hecho puesto de su conocimiento por parte del representante social, ya que tomando en consideración que los hechos motivo de la carpeta judicial de donde derivó el acto reclamado, sucedieron en inmediaciones de Unión Hidalgo Oaxaca, estado de Oaxaca. Por ende, si los hechos con la apariencia de delito de transportar por territorio nacional a personas extranjeras con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, presuntamente ocurrieron Inmediaciones de Unión Hidalgo Oaxaca, debe ser competencia de un Juez de Control en ese Estado, como así lo determinó la autoridad judicial. (minuto 48:57 audiencia inicial) Además, el asunto se refiere a un delito de competencia del fuero federal debido a que el hecho que se imputa es un hecho que la representación social refiere actualiza un delito previsto y sancionado en la Ley de Migración y esta ley es de aplicación por las autoridades federales, así lo determina su artículo 162, y dado que se trata de un ilícito que compete conocer a las autoridades federales artículos 20, fracción II, Código Nacional de Procedimientos Penales, 51 fracción I inciso a) y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, por lo que, el juez de referencia es el competente en razón de materia y fuero. En segundo lugar, se encuentra cumplido el requisito relativo a que el auto de vinculación a proceso debe constar por escrito pues, de las constancias que obran en el presente juicio, se advierte la videograbación de quince de mayo de dos mil veintitrés, relativa a la audiencia inicial y la continuación de diecisiete de mayo siguiente, ante la mencionada Juez de Control en la que dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, por su probable participación en la comisión de los hechos con apariencia del ilícito de transportar por territorio nacional a personas extranjeras con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria y su agravante; lo cual constituye la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta la juzgadora para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental; pues en ella se registró de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto reclamado. Asimismo, obra el acta mínima y la constancia por escrito del citado auto reclamado. Lo cual, cumple con el requisito previsto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción IV, párrafo tercero. En tercer lugar, en la resolución reclamada se precisó que el delito por el que se dictó vinculación a proceso en contra del quejoso, es el delito de transportar por territorio nacional a personas extranjeras con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, agravado de conformidad con el numeral 160, fracciones I y II de la misma legislación; asimismo, el citado quedó sujeto a la medida cautelar de presentación periódica. Se señaló igualmente, el lugar, tiempo, y circunstancias de ejecución, en el auto de vinculación a proceso. Y, como datos y medios de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, se señalaron los que más adelante se describirán. En cuarto lugar, del análisis de la videograbación y de las actas conducentes, se advierte que en audiencia de quince de mayo de mayo del año en curso, la Juez de control explicó al imputado (quejoso) que el Agente del Ministerio Público le informaría el motivo por el cual estaba siendo investigado, y posteriormente se llevó a cabo la formulación de imputación que consistió en señalarle al imputado cuáles eran los hechos con apariencia de delito de transportar por territorio nacional a personas extranjeras con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, la fecha, lugar y modo de comisión, la forma de intervención y la clasificación jurídica preliminar; por lo que se cumple con este requisito. Es importante precisar que el imputado aquí quejoso, solicitó que su situación jurídica se resolviera dentro de la duplicidad del término constitucional; por lo que se citó para la continuación de audiencia el diecisiete de mayo siguiente, siendo en ésta última, cuando se dictó el auto de vinculación a proceso reclamado. En quinto lugar, el auto de vinculación a proceso reclamado se dictó por los hechos que fueron motivo de la imputación, ya que de una verificación de las audiencias respectivas se desprende que, con base en los hechos, es que la Juez de control determinó la vinculación a proceso del quejoso por el delito de transportar por territorio nacional a personas extranjeras con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria agravado. Ahora bien, también se advierte que se le otorgó la oportunidad al imputado a declarar, toda vez que, en la audiencia inicial de quince de mayo de dos mil veintitrés, después de que el Agente del Ministerio Público formulara la imputación, la Juez preguntó al imputado y a su defensa particular si tenían alguna duda o requerían de alguna precisión, a lo que contestaron que no. Más adelante, la Juez de Control hizo del conocimiento del imputado que tenía derecho a contestar el cargo de forma oral o escrita, explicándole en qué consistía, informándole además que si decidía guardar silencio, ello no podría ser interpretado de ninguna forma; pero que si era su deseo declarar esto podría ser usado en su contra; además le indicó que antes de contestar, lo consultara con su defensor; a lo que el imputado, después de ser asesorado por su defensa particular, contestó que no era su deseo rendir su declaración. Por lo que, también se cumple con este requisito. Por último es importante precisar que en el auto de vinculación a proceso, se basó en los datos de prueba proporcionados por el Ministerio Público derivado de la investigación que realizó en la carpeta judicial OAX/000555/2021 y en las pruebas aportadas por la parte quejosa consistentes en las declaraciones efectuadas por los elementos aprehensores; datos de prueba con los cuales la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Oaxaca, en funciones de Jueza de Control, de manera correcta consideró suficientes para establecer que se ha cometido el hecho que la ley señala como el delito de transportar por territorio nacional a personas extranjeras con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria agravado, el cual es competencia del fuero federal. Ahora bien, la Juez de Control estimó que los datos y medios de prueba, por su grado de razonabilidad, establecieron que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso********************, participó en su comisión. Por lo que, resulta idóneo destacar que los datos de prueba, no constituyen prueba como tal, sino una referencia a las diligencias practicadas por el Ministerio Público en el ejercicio de su función persecutora del delito, los que, en la postura asumida por la fiscalía, resultan idóneos, pertinentes y suficientes para justificar el sometimiento de los imputados a la investigación supervisada por la autoridad judicial. Es decir, a diferencia del medio de prueba, que es aquélla fuente información desahogada ante el órgano jurisdiccional; y de la prueba que es aquélla desahogada en la audiencia de juicio oral, tal como lo contempla el último párrafo del artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese orden de ideas, se establece que la vinculación a proceso encuentra sustento en los elementos obtenidos por el agente del Ministerio Público, en una primera etapa de investigación que por la cercanía temporal con el hecho delictivo le compete exclusivamente a éste, y con los cuales acude a formular la imputación, como acto de comunicación con el indiciado respecto de la labor que viene desarrollando en su contra. Por tanto, la Juez de Control debe resolver la situación jurídica de la persona imputada con base en los datos de prueba que en la audiencia de vinculación a proceso refiera el Ministerio Público obran en la carpeta de investigación respectiva, sin que pueda acceder a la misma para verificar la certeza de las manifestaciones vertidas por la fiscalía, a no ser que exista controversia entre los intervinientes respecto de su contenido, caso en el cual podrá tenerla a la vista, con el único fin de resolver el punto discutido; así como con los datos de prueba que ofrezca el imputado o su defensa dentro del plazo constitucional. En efecto el sistema de justicia penal de tipo acusatorio, adversarial y oral tiene como características las siguientes. Los juicios se tramitan de manera oral; Es adversarial; Las partes convergen en un nivel de igualdad procesal; y, Se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con las características de acusatoriedad y oralidad; La primera para asegurar una trilogía procesal en la que el Ministerio Público es la parte acusadora, el imputado esté en posibilidad de defenderse y al final sea un Juez quien determine lo conducente; la segunda, que fomentará la transparencia garantizando al propio tiempo una relación directa entre el Juez y las partes, propiciando que los procedimientos penales sean más ágiles y sencillos. Lo anterior se robustece además con los principios de legalidad y de seguridad jurídica contenidos por el artículo 16 de la Constitución Federal, que de manera imperativa dispone que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, lo cual se traduce en la obligación del órgano judicial que emita una resolución de citar los preceptos legales en los que se fundamente para ello y señalar las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que haya tenido en consideración para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetración. Sirve de apoyo, la jurisprudencia V.2o. J/32 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo cincuenta y cuatro, junio de 1992, página cuarenta y nueve, bajo el epígrafe y texto: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Asimismo, sirve de apoyo la tesis XIII.P.A.30 P visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de dos mil once, Novena Época, página mil doscientos veintiocho, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. El citado derecho humano de fundamentación y de motivación si bien resulta ser técnicamente un requisito formal que la determinación combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales de esa resolución, ya que los fundamentos y los motivos que la Juez de Control asiente en su resolución constituyen la base en la que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige el dispositivo 19 de la Constitución Federal, atinentes al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetración. En consecuencia, atendiendo a la importancia que reviste el derecho humano de libertad que se ve afectado de manera indirecta con la resolución reclamada, la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional el deber de circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por la Juez de Control y resolver respecto de la constitucionalidad o no de dicho acto, sin que ello implique que el Juez de Distrito sustituya a la responsable en la apreciación de los elementos de convicción, ya que únicamente se limita a analizar la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad, para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal. En ese contexto, se precisa que en la resolución controvertida la Juez responsable determinó que se encontraban satisfechos los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso que prevé el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que se haya formulado la imputación por parte del Ministerio Público en contra del encausado********************, y que consta de lo actuado que éste acompañado de su defensor privado, manifestó su deseo a no declarar y solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que ocurrido el plazo solicitado la Juzgadora procedió al análisis de los datos de prueba desglosados en la audiencia de formulación de imputación de quince de mayo del año en curso, en razón de que el quejoso o bien su defensa particular, ofrecieron como dato de prueba las declaraciones efectuadas por lo elementos aprehensores; es así que la Juez de Control con los elementos que se expuso la representación social y el imputado, pudo concluir que hasta ese momento procesal eran suficientes para tener por demostrado el hecho delictivo y la probable participación del imputado en la perpetración del comportamiento antijurídico que se le atribuyó. Asimismo, previo al estudio de los hechos señalados por la legislación como delito de trasportar por territorio nacional a personas extranjeras con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria agravado que se imputó al justiciable, es menester precisar que conforme al sistema penal acusatorio no es exigible al Juez de Control ocuparse de acreditar los elementos del cuerpo del delito (elementos objetivos, normativos y subjetivos) ni de la probable responsabilidad del autor en su perpetración, en razón de que los requisitos de fondo para la emisión de un auto de vinculación a proceso, conforme a lo dispuesto por los preceptos 19 Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan que para su dictado sólo se necesita que existan datos que permitan evidenciar la presencia de un hecho que esté señalado por la ley como delito y que dichos datos permitan establecer a título de probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su perpetración, aunado a que el estándar probatorio en el sistema penal adversarial es mínimo y al momento de emitir una determinación de vinculación a proceso no se requiere de prueba plena ni cierta, lo que en todo caso sería materia en la etapa de juicio oral. Haciendo hincapié que para el dictado del auto de vinculación a proceso no es necesario acreditar los elementos que integran el cuerpo del delito, sino que basta que el Juzgador de origen encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar los motivos que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable, es decir, para no rebasar la directriz constitucional sólo debe atenderse el hecho que la ley contempla como delito y la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o haya participado en su perpetración, y que para ello este órgano de control constitucional sólo debe examinar el grado de razonabilidad a fin de concluir si se justifican o no esos requisitos. Para finalizar, es importante mencionar en la continuación de la audiencia de vinculación de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, la Juez de control determinó que hasta ese momento no se tenía ninguna causa que excluyera el delito, o bien, que lo extinguiera, abundando que, si bien es cierto, en un primer momento la fiscalía archivó la investigación, sin embargo, después de un análisis y una nueva reflexión la fiscalía estableció que si existen suficientes para establecer de manera probable la omisión del hecho ilícito y la responsabilidad del quejoso en su realización. Lo que este Juzgado de Distrito estima correcto, pues en la audiencia no se hizo valer alguna y tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna de ellas, previstas en el artículo 29 del ordenamiento sustantivo penal, porque no existió ausencia de la conducta o de la tipicidad, tampoco alguna causa de justificación, de inimputabilidad o de inculpabilidad. Ahora bien, una vez que tuvo por satisfechos los requisitos que establecen la legislación adjetiva aplicable y la Constitución General de la República atinentes a que exista la formulación de imputación por parte de la fiscalía, así como la oportunidad de contestar al cargo al imputado, la Juez procedió a valorar los datos de prueba obrantes en la carpeta judicial OAX/000555/2021 y que a su juicio hasta ese momento, permitían establecer la existencia de un hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetración. Para ello, la autoridad responsable tomó en consideración los hechos relatados por la representación social, consistentes en lo siguiente: "Siendo aproximadamente las dieciocho horas con veinticinco minutos del día veintidós de julio de dos mil dieciocho, el elementos de la Policía Estatal, a bordo de la Patrulla con número económico 1506 al implementar el operativo denominado "Fuerza Especial Oaxaca", al encontrarse sobre el crucero de Unión Hidalgo a la altura de la carretera de terracería que conduce al parámetro denominado "El Palmar", en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, vieron a la vista una camioneta de redilas 3500, color verde oscuro de la marca Chevrolet, donde observaron como una de las puertas de la caja de carga de la camioneta venía abierta, observando a simple vista que dicho vehículo transporta a varias personas en su caja de carga amontonadas en exceso, observando que entre los pasajeros viajaban niños y mujeres, motivo por el cual les causó una inquietud, ya que no era frecuente encontrar camionetas de redilas para transportar mudanzas con gente amontonada en la camioneta y más porque al viajar con una puerta abierta de carga, alguna persona o uno de los niños podría caer o resbalar y causarse daño. De lo que se dio seguimiento, a dicho vehículo de motor a ver alcance y con actos verbales se le solicitó que disminuyera su velocidad y se pusiera a un costado del camino, dicho conductor accedió a orillarse, y los elementos de la policía descendieron de la unidad, así como los elementos bajo su mando, identificándose como elementos de la policía estatal, advirtió el conductor que se bajara de su vehículo de motor, procediendo a entrevistarlo y preguntarle su nombre, al citado conductor dijo llamarse Diego Armando Cruz, preguntándole ¿ Con quién más viajaba?, y ¿Por qué llevaba exceso de personas en la parte de atrás del camión?, a lo que manifestó que eran trabajadores que ya retornaban del campo. Asimismo se entrevistó con el copiloto quien dijo llamarse Francisco Leolobet Martínez Hernández, originario de Tonalá Chiapas, a quién de igual manera se le preguntó, -¿Por qué viajaban tantas personas a bordo de la caja de carga?- manifestando que eran campesinos, y que ellos los llevaba del trabajo a su casa-, por lo que se le solicitó les permitiera realizar una entrevista a los campesinos, por lo que al pasarse a la parte trasera del vehículo el compañero que le estaba brindado seguridad y en coordinación con Jesús Guadalupe Cruz, y Rigoberto Ramírez García , agentes del instituto Nacional de Migración que se encontraban con ella, observaron que la mayoría de los pasajeros eran mujeres y niños, lo que se le hizo extraño, que también los niños trabajaran en el campo, Jesús Guadalupe Cruz personal de migración entrevisto, a uno de ellos quien refirió llamarse S. Benito Gutiérrez, quien refirió que iba de pasajero y que iba al poblado más adelante, preguntándole - ¿A qué poblado? - que al poblado más adelantito, -¿procediendo a preguntarle que de dónde venía?-, -a lo que refirió que venía de Chiapas-, por lo que se dieron cuenta que el pasajero estaba diciendo lo contrario a lo que les había referido tanto el chofer como el copiloto, fue en ese momento que una de las pasajeras de manera desesperada refirió que eran de Guatemala y Honduras y que necesitaban comida para sus niños, por tal motivo, al preguntarle al oficial de migración Jesús Guadalupe, en ese momento -¿Si eran familiares del conductor?- o que, -¿Si eran jornaleros o campesinos?-, les comenzaron a manifestar las personas que venían cruzando para estados unidos, -los ayudaran, porque sus niños ya tenían muchas horas sin comer-, haciéndole del conocimiento el personal de migración que efectivamente se les proporcionaría los alimentos necesarios para alimentar las atenciones médicas correspondientes, pidiéndoles sus identificaciones, manifestando que no tenían documento alguno, documentos que tuvieran acreditados su identidad, y al preguntar generalmente, todos manifestaron de propia voz que eran de nacionalidad centroamericanos y su destino eran los estados unidos de América, pero que el chofer los llevaría a un lugar llamado Unión Hidalgo, en ese momento el elemento Roberto Bartolo Matus, hizo una referencia de las personas migrantes ( da nombre y edad de los migrantes). Luego, al lugar arribó una pareja, quienes llegaron al lugar donde se encontraban diciéndoles a todos que dejaron a los conductores, que ellos venían a traerlos, que les dejaban veinte mil pesos esto para la comida, dichos conductores viajaban en un diverso vehículo, manifestando que la camioneta en la venían los extranjeros eran de su propiedad, así como los indocumentados venían bajo custodia de ellos, y lo choferes de la camioneta. . Por lo que siendo dieciocho horas con veinticinco minutos los elementos de la Policía Estatal, en coordinación con personal del Instituto Nacional de Migración, detuvieron a Francisco y a tres personas más cuando conducía una camioneta de redilas Chevrolet modelo 3500, color verde, con placas de circulación JR124-64 del estado de Jalisco, Al circular sobre el camino de terracería que conduce al paraje denominado "El Palmar", a la altura del crucero de Unión Hidalgo-Oaxaca, y toda vez que dicho vehículo llevaba en su parte de carga cincuenta y cuatro personas de origen extranjero que no pudieron acreditar su legal estancia en el país, de los cuales son cuarenta y tres personas de Honduras, once de Guatemala, de las cuales treinta y seis eran adultos y dieciocho menores de edad...." Para evidenciar lo anterior, la Juez de control tuvo en consideración los datos de prueba aportados por la representación social siguientes: Informe Policial homologado de veintidós de julio de dos mil dieciocho, suscrito por los elementos de la Policía Estatal. Certificados médicos, de veintidós de julio de dos mil dieciocho, en el que se especifica el estado físico de las personas migrantes que transportaba el quejoso. Dictamen médico de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, con número de folio 5300 de las personas extranjeras, en las cuales se encontraban cincuenta y cuatro personas, treinta y seis adultos y dieciocho menores de edad, en el que se precisan los nombres y edades, emitido por la perito adscrita a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República. Dictamen en apoyo de tránsito terrestre con número de folio 5301, en el que se tuvo a la vista el vehículo tipo camioneta redila Chevrolet, modelo 3500, color verde, con placas de circulación JR12464, del estado de Jalisco, vehículo nacional, modelo 2001, emitido por un perito adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la Republica. Dictamen en materia de fotografía forense con número de folio 5302, en el que anexa veinte fotografías del vehículo en el que se transportaba el quejoso el cual se aprecia sus características el color, la redila fotografía de la parte delantera, trasera, así como de su interior, de igual forma se aprecia fotografías de diversas tarjetas bancarias, emitido por el perito adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República. Informe de inspección criminal con terminación 2113/2018 de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, en el que se detalla la inspección en el lugar de los hechos, en el que menciona que se pudo observar que se trata de una carretera con carpeta asfáltica de doble sentido lugar donde tuvo a la vista el vehículo de motor que transitaba a derecho se observa una conexión de camino de terracería el cual corresponde al paraje "El Palmar". En el cual se agrega tres fotografías, así como las coordinadas del lugar. Inspección del vehículo en el que se menciona que se trata de un vehículo marca Chevrolet, modelo 2001, color verde, tipo redila, en el interior de la cabina menciona que se aprecia que el asiento se encuentra forrada de color gris. Un formato de Inspección de objetos de veintitrés de julio de dos mil dieciocho, en el que tienen a la vista dos teléfonos celulares, una funda de celular, porta celular, así como diversas tarjetas, al que se agrega nueve fotografías. Entrevistas practicadas a las personas extranjeras de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, por el policía estatal, en que refieren sus nombres y nacionalidad. Oficio con terminación 1087/2022, suscrito por la jefa de Dependencia de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, menciona que las personas extranjeras se encuentran de manera irregular, motivo por el cual no cuentan con documento migratoria que acrediten su legal instancia en el país, no pueden transitar libremente en territorio nacional; asimismo remitió certificados médicos en el que se puede apreciar su nombre, su edad así como su nacionalidad, que no existe registro de que dichas personas extranjeras hayan ingresado con anterioridad al país. En esas condiciones y con base en los mencionados datos de prueba, la Juez responsable determinó que se encontraba acreditado el hecho que la ley señala como delito de transportar por territorio nacional a personas extranjeras con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, agravado de conformidad con el numeral 160, fracciones I y II de la misma legislación, dispositivo que prevé: "Ley de Migración: Artículo 159. Se impondrá pena de ocho a dieciséis años de prisión y multa de cinco mil a quince mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien: . III. Albergue o transporte por el territorio nacional, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria. Para efectos de la actualización del delito previsto en este artículo, será necesario que quede demostrada la intención del sujeto activo de obtener un beneficio económico en dinero o en especie, cierto, actual o inminente. ." "Artículo 160. Se aumentarán hasta en una mitad las penas previstas en el artículo anterior, cuando las conductas descritas en el mismo se realicen: I. Respecto de niñas, niños y adolescentes o cuando se induzca, procure, facilite u obligue a un niño, niña o adolescente o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar cualquiera de las conductas descritas en el artículo anterior; II. Introduzca, sin la documentación correspondiente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, o ." Por otra parte, en cuanto a la probabilidad de que el justiciable cometió el hecho materia de imputación, la Juez responsable mencionó que para ello se tomaron en consideración los datos de prueba antes destacados, en específico el informe policial, el cual es base de la petición de vinculación a proceso. Al respecto, puntualizó la Juez que de dicho informe se puede desprender de manera preliminar la calidad de las cincuenta y cuatro personas que iban en la caja de la camioneta y que estas eran personas extranjeras, puesto que desde el primer momento las personas dijeron que eran de Guatemala y de Honduras, que iban a Estados Unidos, y que necesitaban comida para sus niños. Datos probatorios a los que la Juez responsable sumó como en derecho corresponde, el dictamen en tránsito terrestre de la perita Marlene Muñoz, el cual versó sobre las dos camionetas aseguradas, en especial la camioneta de color verde, donde se transportaban las personas extranjeras, así como, el dictamen en fotografía forense del perito Miguel Santiago, que documento dicho vehículo. De igual manera, tuvo en cuenta informe de inspección criminal con terminación 2113/2018 de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, en donde se describe el lugar detención como un camino de terracería que conduce al palmar, así como algunas entrevistas realizadas a las personas en la entrada de Unión Hidalgo (habitantes de este lugar) que confirmaron que es usual trasladar personas indocumentadas o personas extranjeras en ese camino. Otro dato de prueba relevante, consistió en el informe de migración, en donde la autoridad especialista en la materia informó que las personas que se encontraban a bordo de la camioneta de redilas todas eran extranjeras y no contaban con documentos para estar regularmente en el país, lo que la responsable determinó que es un dato de autoridad competente y permite establecer esa calidad de extranjeros. Ahora bien, la Juez determinó que el transporte de estas personas extranjeras se realizó con ánimo de lucro o con ánimo de obtener una ganancia económica y con el fin de evadir la revisión migratoria. INTENCIÓN DE OBTENER UN LUCRO. La Juzgadora correctamente analizó que en efecto no hay datos directos que permitan establecer que las personas extranjeras hayan pagado dinero al quejoso, así como que era su intención no sujetarse al control migratorio, sin embargo, considero dable acudir a los hechos que se desprenden de los datos de prueba y a partir de ellos, estableció si es posible o no llegar a la conclusión de que se actualizan estos fines, para ello justificó su razonamiento con base en el criterio jurisprudencial 1a./J. 3/2017 (10a.), sustentado por Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXXVIII Tomo I, página 262, registro digital 2012439 con rubro "PRUEBA DE CARGO. PUEDE SER DIRECTA O INDIRECTA." Por lo tanto, con base en este razonamiento las circunstancias del transporte de las personas extranjeras, el lugar, la hora, cómo se estaba llevando a cabo el viaje, permiten establecer que el quejoso pretendía obtener un lucro, pues la responsable descartó una actuación altruista, como lo refiere el quejoso, pues es inverosímil que hayan encontrado a un grupo de cincuenta y cuatro personas a lo largo de un camino de terracería y finalmente las abordaran a su camioneta para únicamente darles un viaje o aventón. Ya que, la forma en que las iba transportando no era el vehículo idóneo para transportar cincuenta y cuatro personas, pues como lo evidencia la inspección realizada al vehículo de motor antes señalada, el vehículo sobrepasaba el máximo de su capacidad y la puerta de la caja en donde iban las personas se encontraba abierta, lo que ponía en peligro la vida de los extranjeros, asimismo no existe dato de prueba que el quejoso pertenezca a alguna organización altruista de derechos humanos o de protección al migrante. En esa lógica, es correcta la determinación de la responsable respecto del - ánimo de lucro por parte del quejoso- pues si bien es cierto no existe un dato de prueba que acredite de forma directa, que el imputado tenía la intención de obtener un beneficio económico en dinero o especie, actual o inminente; sin embargo, la conducta del lucro se puede inferirse acudiendo a la prueba circunstancial, por lo que resulta aplicable la tesis XVII.10 P (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Decima Época, consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, marzo 2015, tomo III, página 2545, registro digital 2008632 de texto y rubro siguientes: "TRÁFICO DE INDOCUMENTADOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE MIGRACIÓN. EL ELEMENTO SUBJETIVO "LUCRO" EN ESTE DELITO, OBTENIDO DIRECTA O INDIRECTAMENTE, PUEDE INFERIRSE ACUDIENDO A LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL Y NO SÓLO DEMOSTRARSE MEDIANTE PRUEBAS DIRECTAS. El citado precepto prevé que comete dicho delito quien con propósito de tráfico lleve a una o más personas a internarse en otro país sin la documentación correspondiente, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, por lo que será necesario que quede demostrada la intención del sujeto activo de obtener un beneficio económico en dinero o en especie, cierto, actual, o inminente. Sin embargo, para demostrar el elemento subjetivo "lucro", ya sea que se obtenga directa o indirectamente, no es indefectible que obren pruebas directas de las que se obtenga un señalamiento directo y específico en el sentido de que el inculpado fuera a obtenerlo, pues puede inferirse acudiendo a la prueba circunstancial, porque lo que pretendió el Órgano Reformador, solamente como nota novedosa al delito -dado su traslado normativo-, fue que la internación del sujeto pasivo sea con fines de lucro, ya sea de forma directa o indirecta; de ahí que si a la víctima se le proporciona alojamiento y comida, se le provee de traslado y se prueba que el sujeto activo fue detenido con aquélla en un punto geográfico muy cercano a la línea divisoria entre un país y otro, sin que se advierta un gesto meramente altruista, de labores de asistencia o de ayuda humanitaria, ello pone de manifiesto que existió el ánimo de lucro en la conducta desplegada por el inculpado; por lo que el juzgador no puede perder de vista elementos subjetivos que conducen a aquella inferencia, por ejemplo, que el sujeto activo era la persona que iba a internar a la víctima a otro país y que le fue entregada por diversas personas (quienes la movilizaron por territorio nacional y le proveyeron los elementos necesarios para tal fin, como transporte, hospedaje, alimentación y demás cuidados), todo lo cual excluye la posibilidad de acoger como hipótesis que se tratara de una ayuda de beneficencia. Por el contrario, la intención de haberla proveído de esos cuidados, revela el propósito de obtener algo a cambio, al inferirse la inminencia de recibir un beneficio económico o en especie, atenta a la previa inversión que implicaron aquellas atenciones (pago de transportación y hotel) y que la empresa criminal concluiría con el traslado de la víctima a otro país." Y como lo ha sostenido la tesis 1a. CCLXXXIII/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXV, octubre de 2013, Tomo II, página 1058, registro digital 2004757, de rubro "PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. SU NATURALEZA Y ALCANCES", la prueba indiciaria o circunstancial es aquella que se encuentra dirigida a demostrar la probabilidad de unos hechos denominados indicios, mismos que no son constitutivos del delito, pero de los que, por medio de la lógica y las reglas de la experiencia se pueden inferir hechos delictivos y la participación de un acusado. Así, es evidente que dicha prueba tiene una estructura compleja, pues no sólo deben encontrarse probados los hechos base de los cuales es parte, sino que también debe existir una conexión racional entre los mismos y los hechos que se pretenden obtener (máxima de la experiencia, principio científico o regla de la lógica). Por lo cual, se ajusta a derecho que el A quo de control estimara que el quejoso realizó la conducta de transportar a los extranjeros con el ánimo de lucro; de ahí, destacó que si a las personas migrantes se les provee de traslados, hospedaje, alimentación, cuidados y se prueba que los sujetos activos fueron detenidos en compañía de los pasivos, sin que se advierta un gesto meramente altruista, de labores de asistencia o de ayuda humanitaria, se impone concluir, que existió un ánimo de lucro en la conducta desplegada por el quejoso. Por tanto, como lo expresó la juez de control y contrario a lo argumentado por la parte recurrente, sí es una máxima de la experiencia para los juzgadores federales en materia penal y aún para la sociedad en general, que el Estado de Oaxaca, debido a su ubicación geográfica, se ha tornado un paso necesario para las personas migrantes que ingresan al país de forma irregular, en su mayoría provenientes de países de Centroamérica, cuya intención por lo general es atravesar el país para llegar a los Estados Unidos de América, aunque algunos tengan la intención de ingresar para trabajar. Resultando también una máxima de la experiencia que estas personas extranjeras son transportadas en diversos vehículos, desde camiones, camionetas, así como vehículos más pequeños. Sumado a que ese punto carretero se ubica en el Istmo de Tehuantepec, de alto flujo de migrantes y un tramo de paso habitual para personas que quieren llegar a la frontera norte. De ahí que, dichos indicios analizados en su conjunto, permiten establecer de manera probable, en el momento procesal en que se actúa, que la conducta del transporte realizado por Francisco Leolobet Martinez Fernández se hizo con el ánimo o intención evidente de obtener un lucro y no por razones humanitarias; ya que se reitera, el beneficio económico [en dinero o especie] como lo establece el artículo 159, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Migración, puede ser cierto [pudiendo haberse llevado con anticipación], actual [pudiéndose realizar en el momento o durante el traslado] o inminente [que no se haya efectuado pero hay un dato que se va a realizar]. FINALIDAD DE EVADIR LA REVISIÓN MIGRATORIA Ahora bien, respecto -del fin de evadir la revisión migratoria-, la responsable hizo un correcto análisis pues destacó como dato de prueba el lugar o la vía por donde se estaba realizando el transporte, pues es un camino de terracería, es decir es un camino menos transitado que una carretera federal, por lo que quienes viajaban en esa camioneta de redilas pretendían evitar la intervención de cualquier autoridad al preferir un camino de terracería que la carretera federal. Al respecto, la Juez de control destacó las entrevistas realizadas al quejoso al momento de su detención, en donde este contestó que se trataba de personas provenientes del campo, lo que evidenció que el quejoso trató de ocultar la nacionalidad de las personas transportadas, haciéndolas pasar por trabajadores del campo, y esto pues con el fin de evitar que la autoridad indagara sobre su estatus migratorio. Lo que con llevo al razonamiento de la autoridad asumir que se pretendía evitar que las personas extranjeras fueran identificadas como tales para no quedar bajo el resguardo de la autoridad de migración. Esto debido a que, contrario a lo que alega el recurrente sí quedo actualizado el propósito de ocultar a los extranjeros para evadir la revisión migratoria, como elemento normativo del delito en consulta, al transportarlos por carretera de terracería, donde el quejoso tenía la seguridad que no podía ser descubierto por los agentes migratorios, dado que este elemento no únicamente puede actualizarse por medios físicos que impidan que las autoridades puedan ver a los extranjeros transportados ilegalmente, sino que también es factible de actualizarse a través de otras formas; es decir, el ocultamiento tiene dos matices, por un lado, es de aspecto objetivo cuando se refiere a disfrazar, tapar, encubrir a la vista; empero, por otro lado, cuando se refiere a esconder, callar advertidamente lo que se pudiera o debiera decir, o disfrazar la verdad, resulta evidente que el ocultamiento deviene en subjetivo, el cual no necesita medios físicos para actualizarse, sino situaciones que atañen al yo interno de las personas, y que se constituyen cuando la actividad del sujeto activo del delito se verifica en forma engañosa, en la que se advierta que se ha hecho uso de medios que encubran o protejan con mucho cuidado su actuar, para así conseguir violar la ley frente a las autoridades; por tanto, el elemento normativo consistente en el ocultamiento debe entenderse en el sentido de llevar una cosa de manera escondida, disfrazada, tapada, encubierta a la vista, callando advertidamente lo que se pudiera o debiera decir, o disfrazando la verdad encubierta o secreta, para con ello evitar que sea detectada, ya sea por temor a la ley o con el fin de eludirla. En ese orden de ideas los datos de prueba resultan suficientes e idóneos para establecer que la probabilidad de que Francisco Leolobet Martinez Fernández cometió este ilícito con la intención de evadir la revisión migratoria al transportarse por un camino de terracería y ocultar la identidad de los migrantes tratándolos de hacer pasar por trabajadores del campo. GRADO DE PARTICIPACIÓN DEL QUEJOSO COMO AUTOR MATERIAL DEL HECHO DELICTIVO. (RESPONSABILIDAD PENAL DEL QUEJOSO) Ahora bien, es importante reiterar el análisis del artículo 159, fracción III de la Ley de Migración, del que se advierte, que los elementos que constituyen el tipo penal son los siguientes: Conducta: Albergue o transporte a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria. Sujeto activo: puede ser cualquier persona, pues señala "a quien", sin que se requiera alguna calidad en el mismo. Sujeto pasivo: la colectividad, en específico los migrantes indocumentados. Bien jurídico tutelado o protegido: Los derechos humanos de los inmigrantes (la vida, la dignidad, la integridad física, etcétera); y, Objeto material: la conducta delictiva debe recaer en "personas extranjeras". Circunstancias de lugar: "el territorio nacional". Medios utilizados: cualquier medio, no se señala alguno específico. Elementos subjetivos específicos: en dicho tipo penal se establecen: "objeto de obtener directa o indirectamente un lucro" y "evadir la revisión migratoria". En ese sentido, contrario a lo sostenido por el recurrente, el quejoso reúne de manera indiciaria todos los elementos que constituyen el tipo penal pues este es el sujeto activo del delito, ya que******************** iba acompañando al conductor y refirió con el ánimo de ocultar la identidad de los migrantes que estos eran campesinos y que iban con ellos, lo que arriba a la conclusión de que el actuar del quejoso consistió en ayudar a transportar a los extranjeros y evitar que fueran identificados por la autoridad de migración. Dado que el sujeto activo del delito establecido en la norma en cuestión, independientemente de que el quejoso sea el copiloto, es quien realice actividades de albergue o transporte por el territorio nacional con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria. Por tanto, es prudente subrayar que el verbo "transportar" que está insertado en la norma examinada (artículo 159, fracción III), de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, significa "Llevar a alguien o algo de un lugar a otro" por tanto, cuando se habla de la modalidad de transportación es preciso que obren los elementos objetivos que acrediten plenamente, entre otras cosas, el cambio de lugar físico (especificando el lugar donde se inició dicho movimiento y hacia dónde se dirigía), lo que quedó acreditado pues el quejoso transportaba hacia Unión Hidalgo a cincuenta y cuatro personas migrantes ocultando su identidad. Así las cosas, no ha lugar a establecer que por no venir conduciendo el vehículo el quejoso no transportaba a los migrantes, pues como ya se explicó la norma no establece el elemento "a quien conduzca" sino únicamente señala "a quien" sin que se requiera alguna calidad en el mismo. Asimismo, es importante mencionar el amparo directo en revisión 2556/2011, en donde la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que el delito de tráfico de indocumentados se puede equiparar al de secuestro, trata de personas o delincuencia organizada, delitos que generalmente se realizan por grupos delictivos lo que, indiciariamente conduce a establecer que Francisco Leolobet Martinez Fernández realizó la transportación de cincuenta y cuatro personas con ayuda del conductor Diego Armando, y las otras dos personas que llegaron en la otra camioneta quienes mencionaron que iban a cargo cuidando de la transportación de los extranjeros. Pues en efecto, el sujeto activo******************** tenía un trato directo con las personas objeto del transporte, pues estas estaban a su cargo, tal y como lo mencionó al momento de ser entrevistado por el policía en el informe policial homologado, ya que los argumentos ofrecidos por su defensa no desvirtúan la acusación realizada por el fiscal federal. LA VALIDEZ DEL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO Y LAS VERSIONES DE LOS ELEMENTOS APREHENSORES. Ahora bien, el quejoso argumenta que la autoridad responsable no tomó en consideración para resolver de forma exhaustiva y bajo el principio de congruencia los datos de prueba ofrecidos por este, consistentes en las entrevistas realizadas a los elementos aprehensores Roberto Abasolo Matus, Rufino García Miguel y Elia Vázquez Juan, con lo cual pretende acreditar la ilicitud de la detención. Sin embargo, dicho argumento es infundado en virtud que la Juez de Control al momento de calificar la detención del ahora solicitante de amparo, tomo en consideración lo siguiente: Los policías aprehensores detuvieron al aquí quejoso en virtud de un control preventivo sustentado en el artículo 21 constitucional. Máxime que un punto de revisión donde intervienen diferentes autoridades no sólo es para comprobar la situación migratoria de personas extranjeras, sino que tiene como propósito prevenir infracciones penales (tráfico de estupefacientes o armas, trata de personas e indocumentados, entre otros), es decir, tiene un control preventivo del delito sustentado en el artículo 21 constitucional. Para evidenciar lo anterior se trascribe de manera literal lo argumentado por la Juez responsable: ".Y si bien en este momento no nos encontramos en una audiencia sobre control de detención, se aduce en esencia pues una violación a derechos fundamentales, el libre tránsito, la infinidad, la libertad del señor Francisco. Y por tanto, pues, al existir ese pronunciamiento, esa alegación, pues el juez debe pronunciarse al respecto en cualquier momento del proceso penal. Esto pues así ya lo ha determinado en nuestra Constitución el poder reformador de lo mismo, en el sentido que si se trata de prueba que se obtuvo mediante una violación o con motivo de una violación a derechos fundamentales, se debe excluir del caudal probatorio. Así entonces, según se refirió el contenido del informe policial, es lo que motivó a los elementos de la policía estatal, que dicen estaban apoyando o colaborando elementos de migración en el crucero de Unión Hidalgo camino al Palmar. Pero lo que motivó que ellos pues abordaran la camioneta, le indicaran a su conductor que se detuviera, se entrevistaran con sus tripulantes, fue que la camioneta es una camioneta de redilas de color verde, en la camioneta iban varias personas o muchas personas según la capacidad de la camioneta de la caja, en la caja iba abierta y que además pues iban tanto mujeres como hombres y niños y que esto fue lo que llamó la atención porque al ir las personas en esas condiciones pues podrían sufrir algún accidente y por eso les indicaron que se detuvieran. Entonces, en efecto, esta descripción, esta explicación que dan los agentes de la Policía Estatal, los datos, las circunstancias, los hechos, como lo ha requerido la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas tesis, incluso las invocadas por la defensa, Pues es la explicación de por qué la autoridad ejerció esa molestia al conductor, a su copiloto y a las personas que iban en la caja de la camioneta. Y no fue porque pensaron que son personas extranjeras, se está cometiendo un delito respecto de ellas o algún otro delito, sino fue para efectos de prevención, porque las personas iban en condiciones amontonadas, sin la policía, sin nada, con la caja abierta. Si iban niños, pues, de haber algún choque, frenado brusco, finalmente pudieran sufrir un accidente. Por eso es que les indicaron se detuviera. Se acercaron con el conductor. El primer contacto que se tuvo con él fue la identificación de los policías como tales. preguntarles pues sobre su identidad, su ruta, por qué estaban en ese lugar, por qué iban viajando en esas condiciones Entonces no se hizo una revisión de inicio, no se indagó sobre las personas extranjeras, sobre su nacionalidad, lo único pues era indagar sobre el motivo de su viaje y por qué iban viajando en esas condiciones..." No existió demora en la puesta a disposición del quejoso pues esta se realizó lo más pronto posible debido a las circunstancias de tiempo y lugar, lo cual resulta correctamente justificado por la Juez responsable. Pues como lo ha dicho la Primera Sala la violación consistente en que el detenido no es puesto inmediatamente a disposición del Ministerio Público, no afecta la licitud del parte informativo de la policía, en lo concerniente a la precisión de las circunstancias que motivaron su intervención, la forma en que se realizó la captura y el aseguramiento de evidencias relacionadas con el delito flagrante; ya que aquella violación en todo caso afecta la información relacionada con la siguiente acción que se debe realizar al detenerse a una persona, que es su presentación oportuna ante el Ministerio Público. Sustenta lo anterior, lo establecido en el criterio jurisprudencia 1a./J. 8/2016 (10a.) sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, Décima Época, consultable en el Seminario de la Federación y su Gaceta, libro XXXIII, agosto 2016, tomo II, página 723, registro digital 2012186, de rubro siguiente: "DEMORA EN LA PUESTA A DISPOSICIÓN DEL DETENIDO EN FLAGRANCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. LA VALORACIÓN DEL PARTE INFORMATIVO U OFICIO DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS AGENTES APREHENSORES, DEBERÁ ATENDER A LA INDEPENDENCIA FÁCTICA Y SUSTANCIAL DE LA DETENCIÓN Y LA PUESTA A DISPOSICIÓN." En ese contexto, es posible afirmar que el informe policial homologado es esencial en un asunto penal, por los datos que comprende en relación con las circunstancias en que fue detenido el quejoso, además en los casos de flagrancia los policías suelen adquirir dos calidades de actuación, la de testigos presenciales de la comisión de un delito flagrante y la de aprehensores; por tanto, la información que aporten es trascendental para respaldar la acusación, en relación con las circunstancias que motivaron su intervención en la captura del detenido. Para evidenciar lo anterior se trascribe de manera literal lo argumentado por la Juez responsable: "Sobre la demora en la puesta a disposición, pues la detención ocurrió aproximadamente a las 18:35 minutos la puesta a disposición ante el Ministerio Público a las 22:05 minutos, transcurrieron pues aproximadamente 3 horas 40 minutos. Entonces, cabe recordar que la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, incluso instrumentos de carácter internacional, no establecen en qué tiempo, en cuántas horas, minutos, deba ponerse la persona obtenida a disposición de la autoridad competente. Se dice que se hace sin demora. Y ya la Corte también lo ha establecido. Ese parámetro sin demora es que se realice a la brevedad posible, lo más pronto posible. Pero en cada caso concreto van a ocurrir diversas circunstancias, incidencias que van a facilitar o a dificultar esa puesta a disposición. Debe tenerse en cuenta: ¿Dónde se detiene la persona?, ¿Dónde está la oficina del Ministerio Público?, ¿Qué tiempo se hace en el viaje?,¿Cuál es el medio de transporte empleado?, ¿Las condiciones mecánicas del mismo?,¿Cuántas personas detenidas fueron aseguradas?, ¿Es necesario identificarlas, tomar sus datos? O en este caso, además de las personas detenidas, pues estaban las personas extranjeras en un número considerable, cincuenta y cuatro personas. También deben tomarse sus datos para poder dar toda esta información al agente del Ministerio Público. No es dable asegurar a las personas, subirlas a un vehículo y llevarlas al Ministerio Público. Deben tomarse sus datos, al menos los elementales de identificación. ¿Qué vehículos aseguran? ¿Hay otro tipo de objetos ilícitos a asegurar, pertenencias de las propias personas detenidas? Entonces, todos estos elementos, estas incidencias, pues pueden retardar la puesta a disposición. Y todas estas incidencias deben explicarse por los elementos aprehensores. Lo que la Suprema Corte ha dicho, las actuaciones que se hagan en ese acto de puesta a disposición, pues deben ser acordes a la competencia de la autoridad aprehensora y deben ser las necesarias para la puesta a disposición. Lo que tiene prohibido la autoridad aprehensora es ejercer ya después de la detención, hacer actos de investigación, como sería ya una entrevista tomar alguna confesión de la persona detenida, indagar sobre testigos, porque eso ya compete a la investigación a cargo del Ministerio Público. Y en este caso no se evidenció que después de la detención del señor Francisco se hicieran esos actos de investigación, la policía rebasara sus funciones, entonces fue justificada la demora en la puesta a disposición, porque además pues fue necesario trasladarse desde Unión Hidalgo o en mediaciones de Unión Hidalgo a la sede del Ministerio Público, trasladar las camionetas aseguradas, pues identificar, asegurar a las personas extranjeras y también considerando que en ese momento fueron cuatro personas detenidas como probables autores o responsables de un delito. Por tanto, pues el informe policial homologado pues es una actuación creíble, fiable, no se desvirtúa con elemento de prueba en contrario, entonces, es válido, conserva su vigencia para tomarlo en cuenta y resolver sobre la vinculación al proceso del señor Francisco." Por ello, contrario a lo que refiere el imputado hoy quejoso, se advierte que en las audiencias que dieron lugar a la emisión del acto recamado, se respetó el postulado del sistema procesal penal acusatorio y oral, ya que el auto de vinculación a proceso, se emitió cumpliendo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, ya que como se anticipó, el actuar de la juez responsable en respeto a un debido proceso, así como el derecho de defensa del imputado, vigiló que se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento, dio el uso de la voz a los operadores jurídicos en controversia, atendió puntualmente sus manifestaciones, respetando los principios de contradicción e igualdad procesal, todo ello, bajo la premisa de que cada intervención se respetara la oralidad que exige el sistema, por lo tanto, opuesto a lo que sostiene el peticionario de amparo se cumplieron los principios que rigen la justicia penal adversarial, de ahí lo infundado de lo que asevera el quejoso. No obstante, de lo expuesto por los intervinientes en las audiencias que sirven de base para el análisis del auto de vinculación reclamado, queda claro que no existe declaración que, hubiera rendido el imputado y, tampoco alguna otra clase de información autoincriminatoria, ya que como se anticipó, por un lado, no fue su deseo declarar de tal manera que no puede decirse que exista el reconocimiento de los hechos que se le imputan, como presupuesto para vulnerar ese derecho humano del quejoso; y tampoco algún datos o información que si bien no entran en el contexto de la confesión, pudieran ser considerados transgresores de ese derecho, y por tanto, que la Juez de Control aun en la etapa inicial debiera excluir la declaración autoincriminatoria del quejoso (como material probatorio ilícito). En ese contexto, no se transgrede el derecho humano de presunción de inocencia del quejoso, ya que precisamente de las audiencia aludidas, se advierte que la Juez de Control atendió que la carga probatoria corresponde a la parte acusadora, conforme al artículo 20, apartado A, fracciones V y X, de la Constitución Federal, en razón de que en el sistema procesal penal acusatorio y oral, corresponde al Ministerio Público la carga de establecer, a título de probable al solicitar la vinculación a proceso, los aspectos inherentes al hecho delictivo, así como a la participación de la persona implicada en su comisión. Para terminar, teniendo en consideración, como ya se destacó en párrafos precedentes, que para emitir el auto de vinculación a proceso, únicamente es necesario establecer la existencia de un hecho señalado en la ley como delito y que exista la probabilidad de que el o los indiciados lo cometieron o participaron en su comisión, con base a los datos de prueba que haya expuesto la fiscalía investigadora al Juez de Control, los cuales no tiene éste en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino únicamente la mención que realiza el agente del Ministerio Público al hacer la imputación. Resulta aplicable, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE IMPONERSE DE LOS DATOS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, RESOLVER CONFORME A LAS CUESTIONES EFECTIVAMENTE DEBATIDAS EN LA AUDIENCIA." Se reitera a la parte promovente del amparo atendiendo a la etapa en la que se encuentra el proceso penal, dicho elemento, al ser de carácter subjetivo, deberá ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto haya aportado el Ministerio Público. Así, la demostración plena del dolo es innecesaria para dictar el auto de vinculación a proceso, pues será en el juicio oral donde podrán allegarse los datos para la plena demostración de tal elemento subjetivo del tipo penal correspondiente. En apoyo a lo anterior, es aplicable la tesis XXIII.10 P (10a.) sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, página 2168, registro 2013696, Décima Época, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA DICTARLO ES INNECESARIA LA COMPROBACIÓN PLENA DEL DOLO, PUES ES EN EL JUICIO ORAL DONDE PODRÁN ALLEGARSE LOS DATOS PARA LA PLENA DEMOSTRACIÓN DE ESTE ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL CORRESPONDIENTE." Asimismo, debe precisarse al amparista que en la etapa procesal en que se encuentra, no implica pronunciamiento alguno sobre la responsabilidad penal del indiciado, pues, no hay que perder de vista que, como se dijo en párrafos precedentes, conforme a lo dispuesto por la fracción III, del inciso A del reformado artículo 20 Constitucional, en la etapa de investigación los datos de prueba no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia solo se considerarán como pruebas aquéllas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio (oral). Por tanto, tienen la oportunidad en etapa posterior de controvertir los datos de prueba del Ministerio Público y desahogar las propias que demuestren que no cometió el hecho delictivo que se le atribuye. DECISIÓN Finalmente, por todos los motivos expuestos en esta resolución, es claro que el acto combatido resulta respetuoso de los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contrario a lo esgrimido por la parte quejosa en su demanda de amparo, por lo que al resultar infundados los conceptos de violación aducidos, y al no advertirse deficiencia de queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a********************, en contra de los actos reclamados al Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Oaxaca por los motivos expuestos en el apartado X del presente fallo. Notifíquese personalmente.
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RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a********************, en contra de los actos reclamados al Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Oaxaca por los motivos expuestos en el apartado X del presente fallo. Notifíquese personalmente. SE NOTIFICA POR LISYA A LA PARTE QUEJOSA PREVIO CITATORIO QUE SE LE DEJO
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio y anexos señalados en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los arábigos 251, 252, 253, 254 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo y regístrese con el progresivo 812/2023. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente aportados por las partes, y se formará con los instrumentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las actuaciones y promociones electrónicas no se incorporaran al expediente material; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. Acuse de recibo. Acúsese recibo al titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, del oficio ******************** al que acompaña el diverso juicio de amparo ******************** de su estadística, promovido por el defensor particular******************** a favor de ********************y cuaderno incidental. Ahora bien, en razón de que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos determinó que le corresponde a este órgano jurisdiccional continuar conociendo del presente asunto; en consecuencia, se hace saber a las partes que este juzgado se avoca al conocimiento de aquélla. Se convalidan las actuaciones realizadas por el titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Vinculación. Se tiene al homologo federal informando que dejó disponible el expediente electrónico del juicio de amparo ******************** de su índice para su consulta. Compensación. Realícese el trámite correspondiente en la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito, a efecto de realizar el registro correspondiente de este juicio de amparo para la compensación respectiva. Admisión. Con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por******************** defensor particular de ********************contra el acto reclamado al juez especializado en el Sistema Acusatorio en Funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal en el estado de Oaxaca. Informe justificado. No es el caso de solicitar a la autoridad responsable que rinda su informe justificado, debido a que éste ya obra en autos; sin embargo, con dicho informe y anexos que la responsable remitió dese vista a las partes. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir cualquier oficio a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Incidente de suspensión. Háganse las modificaciones que correspondan en las carátulas del cuaderno incidental del que emana el presente asunto para su identificación, el cual ya fue resuelto. Notificación a la autoridad señalada como responsable. En términos de la jurisprudencia 2ª. /J. 176/2012 (10ª), resuelta por contradicción de tesis, por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, materia común, consultable en la página 1253, de la Décima Época, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquéllas que deben ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán mediante lista que publica este Juzgado. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este Juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en caso de no cumplir con esta obligación, se le impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la ley de amparo. Fecha de la audiencia constitucional. Se fijan las doce horas con veinte minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia constitucional. Emplazamiento del representante social de la Federación. Se otorga al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, para ello, entréguesele copia simple de la demanda y de esta determinación. Notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Exhortación para el señalamiento de correo electrónico y de teléfono celular. Con fundamento en el artículo 2°, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y un correo electrónico, para mantener contacto con este órgano jurisdiccional. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Juicio en línea. Toda vez que se advierte la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese.
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