FRANCISCO LITA MENDOZA y Otros.
Expediente 487/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 487/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 01/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Lita Mendoza
- FRANCISCO LITA MENDOZA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de diciembre de dos mil veinte. De la certificación de cuenta y de este cuaderno incidental se advierte que en el juicio de amparo 487/2020 del que deriva esta incidencia se declaró que causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el juicio y se ordenó su archivo como asunto concluido; que en el auto de nueve de octubre de dos mil veinte, se concedió la suspensión provisional y en la interlocutoria pronunciada el veintiuno de octubre de la citada anualidad, se negó la medida cautelar definitiva; que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2, relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de diciembre de dos mil veinte. En atención a la certificación de cuenta, toda vez que de la misma se advierte, que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hicieran manifestación alguna; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Sin que obste el hecho de que no obren los acuses de recibo de los oficios enviados a las autoridades responsables, sin embargo toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, es dable considerar que dicha circunstancia no obsta para arribar a lo anterior, en el sentido de causar ejecutoria en este asunto, toda vez que conforme a lo dispuesto por el artículo 87 del ordenamiento legal antes mencionado, las responsables únicamente pueden interponer el recurso de revisión cuando afecten directamente el acto que de ellas se hubiera reclamado, lo que en el caso, no acontece, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y a pesar de que en este juicio de amparo se sobreseyó respecto de los actos reclamados, el Juzgado declinante le concedió la suspensión de oficio y de plano a la parte quejosa; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
".S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 487/2020 II-B, promovido por . .., contra los actos que reclama del Agente Municipal de Santa María Asunción, Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, y otras autoridades. I. ANTECEDENTES El quejoso refiere que las autoridades señaladas como responsables pretenden privarlo de su libertad y desposeerlo de un terreno de su propiedad, sin justificación alguna. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO . . . promovió juicio de amparo mediante escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. El quejoso señaló como autoridades responsables a: "En su carácter de ordenadora, señalamos a: a).- Al Agente Municipal, Al Síndico Procurados, Al Alcalde Primero Constitucional. b).- Al Presidente Municipal Constitucional de Santiago Juxtlahuaca, a la Síndico Procuradora de Santiago Juxtlahuaca, al Alcalde Único Constitucional de Santiago Juxtlahuaca. c).- Al Comisariado, Al Consejo de Vigilancia de Bienes Comunales, del Núcleo Agrario de Santa María Asunción. Así también señalo como Autoridades Responsables en su carácter de ejecutoras a las siguientes: d).- Al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía de Santiago Juxtlahuaca. e).- Al Comandante o encargado de la Policía Estatal de Investigaciones, grupo "Santiago Juxtlahuaca". f).- Al Comandante de la Policía y a la Policía de Santa María Asunción, Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca." De las referidas autoridades responsables, el quejoso atribuyó las órdenes de desposeerlo del bien inmueble de su propiedad y de privarlo de su libertad. La demanda se turnó en esa misma data a este juzgado y mediante proveído de veintiocho de agosto de la presente anualidad se admitió a trámite, se registró con el número 487/2020 II-B, se concedió la suspensión de plano al quejoso por lo que respecta a la orden de privarlo de su libertad, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo el veintiséis de octubre de dos mil veinte, en términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque este Juzgado conoce de todas las materias por no tener jurisdicción especial; el acto reclamado se atribuye a autoridades que residen dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo y las constancias que integran el expediente, permiten sostener que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: a) La orden de privarlo de su libertad. b) La orden de desposeerlo del bien inmueble de su propiedad. c) La ejecución de dichas órdenes. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS No son ciertos los actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables, consistentes en la orden privativa de libertad y la desposesión del bien inmueble del quejoso. Se sostiene lo anterior, porque las mencionadas responsables al rendir sus informes justificados negaron la existencia de esas actuaciones, como se advierte del cuadro siguiente: (...) Asimismo, cabe destacar que el Presidente Municipal de Santiago Juxtlahuaxa, Oaxaca, no rindió su informe justificado; sin embargo, constituye un hecho notorio que en el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, rindió su informe previo y negó los actos que se le atribuyeron. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa del juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, el promovente del amparo, está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En ese contexto, si la inconforme no desvirtuó las negativas que las referidas autoridades sostuvieron ni demostró con alguna prueba la intervención de esos entes públicos en los actos que les reprochó es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos reprochados a las referidas entidades públicas. VI. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Al rendir su informe de ley, el Comisariado de Bienes Comunales de la Agencia de Santa María Asunción, Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, indicó que no es cierto el acto que se le atribuye, manifestando que no libró orden de desposesión alguna. Sin embargo, de la constancia que anexó el quejoso al escrito de demanda, se aprecia que los representantes de Bienes Comunales de Santa María Asunción, Juxtlahuaca, Oaxaca, a través del oficio sin número de quince de junio de dos mil diecinueve, le solicitaron a Francisco Lita Mendoza que se presente ante dicha representación a las dieciocho horas del dieciocho de junio siguiente, para tratar asuntos de carácter comunal. De lo antes expuesto se aprecia que si bien no existe una orden de desposesión expresa, sí existe un requerimiento por parte del Comisariado de Bienes Comunales responsable para que el quejoso se presente ante ellos, sin indicar el tema que se tratará en esa reunión; de ahí que se desvirtúe dicha negativa y se tenga como cierto el acto de molestia que reclama el impetrante. VII. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 553, Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En tal sentido, del estudio de las actuaciones que componen el presente juicio de amparo, de oficio se advierte que contra el acto reclamado consistente en la orden de desposesión atribuida al Comisariado de Bienes Comunales de la Agencia de Santa María Asunción, Santiago Juxtlahuaca, Oaaxaca, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1°, fracción I, 5°, fracción II y 108, fracción III, de la ley de la materia, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." [...] "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [...] III.- La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" Ahora bien, el acto que se analiza consistente en la orden de desposesión atribuida al Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Asunción, Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, no es un acto de autoridad que sea susceptible de analizarse a través de este medio de control constitucional, ya que éste sólo procede contra actos de autoridad y no de particulares que no tengan la calidad de autoridad responsable. Lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los citados preceptos de la Ley de Amparo. De la interpretación sintáctica, armonizada y sistemática de los numerales anteriormente transcritos, se deduce que, para los efectos del juicio de amparo, el concepto de autoridad responsable converge en establecer, que es aquella con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En la especie, se reclaman actos que no provienen de autoridad para efectos del juicio de amparo y que tampoco pueden considerarse actos de que se conducen como autoridad o equivalentes a los de autoridad, toda vez que los actos reclamados, no derivan de funciones que estén determinadas por una norma general, por lo que, a quien se señala como autoridades responsables no le pueden revestir tal carácter, como se verá a continuación. El artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla lo relativo a qué se entiende como autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal; y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Del anterior precepto, así como de los diversos 1º, fracción I. y 5o., fracción II de la Ley de Amparo, es dable inferir que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, se desprende que los particulares tendrán el carácter de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En esas consideraciones, a través del juicio de amparo, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad o de un particular que actúa con el carácter de autoridad (con imperio), cuyas funciones estén determinadas por una norma general, a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación que se hayan aducido en su contra. Esto es, que el particular ejerza facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que, por tanto, se traducirían en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, puesto que sus funciones se encuentran determinadas por una norma general. Conviene tener presente que, sobre la figura de "autoridad para efectos del juicio de amparo" el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1195/92, en sesión de catorce de noviembre de mil novecientos noventa y seis, la cual sigue surtiendo aplicación al no contradecir lo establecido en la Ley de Amparo vigente, sostuvo, en conclusión, la tesis aislada P. XXVII/97, visible en la página 118, Tomo V, correspondiente a febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 199459, que dispone: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De lo expuesto se concluye que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, como se dijo, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad o, en su caso, de un particular cuando realice actos equivalentes a los de autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal cuyas funciones estén determinadas en ella, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto, se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, misma que tienen como característica la imperatividad, la unilateralidad, la coercitividad y que pueden disponer de la fuerza pública. Resulta conveniente destacar que en la jurisprudencia por reiteración de tesis 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de siete de septiembre de dos mil once, se determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, publicada en la página 1089, Tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 161133, del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable, es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Empero, en mérito de las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, a saber, la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular y que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado; en correlación con los actos que reclama el quejoso, es inconcuso que a la autoridad que conforma el Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Asunción, Oaxaca, no le reviste el carácter de responsable, para los efectos del presente juicio de amparo; habida cuenta que se está en presencia de actos entre particulares, pues el comisariado realiza la ejecución de los actos respecto del ejido y hacia su interior, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción; máxime que, no se está en la hipótesis de la fracción II, párrafo segundo, del numeral 5, de la Ley de Amparo, por virtud de que los entes ejidales no realizan actos equivalentes a los de la autoridad, sino como se dijo, se equiparan a actos entre particulares y de existir inconformidad de parte legítima, debe dirimirse el conflicto respectivo ante autoridad competente. Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis VI.2o.A.45 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, visible a página 1697, Tomo XVIII, Agosto de 2003, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, registro 183607, cuyo rubro y texto indican: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. De conformidad con lo señalado en los artículos 21, fracción I, 22, párrafo primero, 23 y 27 de la Ley Agraria vigente, la asamblea general de ejidatarios es la máxima autoridad ejidal y tiene conferidas diversas facultades, en cuyo ejercicio puede crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho; sin embargo, para los efectos del juicio constitucional no ostenta el carácter de autoridad, pues sus acuerdos son obligatorios únicamente para los ejidatarios, no ejecutables contra su voluntad, de manera que se trata de cuestiones entre particulares, sin imperio ni coerción. En la iniciativa de la Ley Agraria que propuso el presidente de la República a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se concibe a la asamblea general de ejidatarios como el órgano supremo del ejido, con facultades para decidir sobre cuestiones importantes para el núcleo de población (como las que enumera el artículo 23 de la Ley Agraria), empero, desde la iniciativa en mención se estimó que la asamblea de ejidatarios no es una autoridad agraria, en consecuencia, tampoco puede serlo para los efectos del juicio de garantías, porque carece de imperio y coercitividad para ejecutar sus propios acuerdos o llevar a cabo el cumplimiento de sus determinaciones." Así como, la diversa Jurisprudencia XXVII.3o. J/18 (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, página 2184, Décima Época, registro 2008595, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. Del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales, son susceptibles de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, del proceso legislativo de la citada ley, concretamente del dictamen de la Cámara de Origen (Senadores), publicado en la Gaceta 288 de ese órgano el 13 de octubre de 2011, en relación con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2014, cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 853, en la que se estableció que la procedencia del juicio está condicionada a que los actos de particulares "creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación", se infiere que la identificación de las autoridades responsables en el amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan al seno del Estado, a saber, de: subordinación, supraordinación y coordinación. De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, según el artículo 21 de la Ley Agraria, la asamblea es un órgano del ejido, no del Estado, por lo cual no puede considerarse como autoridad, máxime que, de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así, en estricto sentido, pues desde su iniciativa de 10 de febrero de 1992, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se le perfiló (junto con el comisariado y el consejo de vigilancia) como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte, del precepto 23 de la Ley Agraria se advierte que: a) la asamblea general de ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad; b) sus relaciones con los sujetos del ejido, por ejemplo, los avecindados, son de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada legislación; y, c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está cargada del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Por tanto, la asamblea indicada, en sus relaciones con los sujetos del ejido, no se ubica en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, por lo que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo." Así también, la tesis VI.3º.A.27 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1099, Tomo XIII, mayo de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 189776, cuyo rubro y texto indican: "COMISARIADO EJIDAL. CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD AGRARIA. . . Y, la tesis Aislada, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 841, Tomo XII, diciembre de 1993, Materia Administrativa, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 214009, que a la letra señala: "COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.. . En las relatadas condiciones, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, Fracción I y 5, fracción II, de la Ley de la Materia, la acción de amparo intentada por la quejosa, en contra de la orden de desposesión atribuida al Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Asunción, Oaxaca, es notoriamente improcedente; en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, como lo establece el numeral 63, fracción V de la ley de la materia. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por . . ., en términos de lo expuesto en los apartados V y VI del presente asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Incidental
RESOLUCIÓN Mediante la cual se falla el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto . . . promovido por .. . , en contra de los actos de las autoridades que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES 1. En consideración del quejoso las autoridades señaladas como responsables pretenden privarlo de la libertad ambulatoria sin justificación alguna porque aduce que no ha cometido algún delito, así como despojarlo de un terreno de su propiedad. 2. El disidente sostiene que los actos impugnados vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE 3. La demanda de amparo fue presentada el veintisiete de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, la cual por razón de turno fue remitida a este órgano jurisdiccional, donde quedó registrada con el progresivo . . . 4. El quejoso señaló como responsables ordenadoras al agente Municipal, síndico Procurador, alcalde Primero Constitucional, presidente Municipal Constitucional, Síndico Procuradora, alcalde Único Constitucional, todos de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca y al Comisariado de y Consejo de Vigilancia de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca y como ejecutoras al agente del Ministerio Público de adscrito a la Fiscalía de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, comandante o encargado de la Policía Estatal de Investigaciones, grupo " Santiago Juxtlahuaca" y comandante de la Policía y a la Policía de Santa María Asunción, Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, a quienes atribuyó los actos reclamados consistentes en la orden privativa de libertad y desposesión del bien inmueble de su propiedad. 5. Posteriormente, en el proveído de veintiocho de agosto de dos mil veinte, se ordenó tramitar -por duplicado y por cuerda separada- el incidente de suspensión, donde se concedió la medida provisional solicitada. 6. Mediante proveídos de cinco de octubre, trece de octubre y veinte de octubre de la presente anualidad, se dejó de tener como autoridades responsables al síndico procurador de la Agencia de Santa María Asunción, Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, al Consejo de Vigilancia de Bienes Comunales de la Agencia de Santa María Asunción, Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca y Alcalde Primero Constitucional de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. III. COMPETENCIA 7. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, conforme a lo previsto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128 y 144 de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. IV. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Y NEGACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA 8. Las autoridades responsables en sus informes previos negaron la existencia de los actos reclamados, como se advierte del cuadro siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTO RECLAMADO INFORME PREVIO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAXACA ORDEN PRIVATIVA DE LIBERTAD Y DESPOJO DEL BIEN INMUEBLE NEGÓ LOS ACTOS SINDICO PROCURADORA DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAXACA ORDEN PRIVATIVA DE LIBERTAD Y DESPOJO DEL BIEN INMUEBLE NEGÓ LOS ACTOS ALCALDE ÚNICO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAXACA ORDEN PRIVATIVA DE LIBERTAD Y DESPOJO DEL BIEN INMUEBLE NEGÓ LOS ACTOS COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DEL NÚCLEO AGRARIO DE SANTA MARÍA ASUNSIÓN, OAXACA ORDEN PRIVATIVA DE LIBERTAD Y DESPOJO DEL BIEN INMUEBLE NEGÓ LOS ACTOS AGENTE MUNICIPAL DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAXACA ORDEN PRIVATIVA DE LIBERTAD Y DESPOJO DEL BIEN INMUEBLE NEGÓ LOS ACTOS AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAXACA EJECUCIÓN DE ORDEN PRIVATIVA DE LIBERTAD Y DESPOJO DEL BIEN INMUEBLE NEGÓ LOS ACTOS ENCARGADO DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES O AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES "GRUPO JUXTLAHUACA" OAXACA EJECUCIÓN DE ORDEN PRIVATIVA DE LIBERTAD Y DESPOJO DEL BIEN INMUEBLE NEGÓ LOS ACTOS COMANDANTE DE LA POLICÍA Y POLICÍA DE SANTA MARÍA ASUNCIÓN, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAXACA EJECUCIÓN DE ORDEN PRIVATIVA DE LIBERTAD Y DESPOJO DEL BIEN INMUEBLE NEGÓ LOS ACTOS 9. Luego, el justiciable no desvirtuó las negativas de las autoridades porque no ofreció algún medio de convicción con ese propósito; luego, si en esta incidencia son inexistentes los actos reprochados a las responsables lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Sin que obste el hecho de que el quejoso hubiere exhibido un escrito fechado el quince de junio de dos mil diecinueve, firmado por representantes de Bienes Comunales, en el que le indican "Los que suscribimos C.c. Integrantes de Bienes Comunales de la Comunidad de Santa María Asunción, Juxtlahuaca, Oaxaca Por medio del presente nos dirigimos a usted, para solicitarle que se presente ante esta representación el día 18 de junio del presente año a las 18:00 hrs. De la tarde, para tratar asuntos de carácter comunal", pues con ello, no es factible desvirtuar la negativa por parte de las responsables, pues no se aprecian los actos que les atribuye. 10. Lo anterior, en razón de que ningún sentido práctico tendría otorgar la suspensión de actos cuya existencia ni siquiera está probada en esta incidencia, pues es inconcuso que no existe materia sobre la cual decretar la medida cautelar. 11. Esta determinación producirá efectos a partir del dictado de esta interlocutoria y hasta en tanto se notifique a las responsables la sentencia ejecutoriada que se pronuncie en el juicio constitucional de donde deriva este incidente. 12. Hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de esta resolución. 13. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva a . . . en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por las consideraciones expuestas en el apartado IV de esta interlocutoria. SEGUNDO. Hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado de este incidente será destruido, una vez que cumpla con el plazo de archivo como asunto concluido. NOTIFÍQUESE.
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