Francisco Javier Pérez Ortíz

Expediente 1087/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1087/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
07/09/2018

Partes del expediente

  • Francisco Javier Pérez Ortíz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de veintiocho de junio de dos mil dieciocho; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE], y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial [momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo]. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado del Presidente y Actuario de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el quejoso Francisco Javier Pérez Ortiz ante esta instancia de control constitucional a reclamar de las autoridades señaladas como responsables: Autoridades responsables:  Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla.  Actuario adscrito a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla Acto reclamado, el análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que este es:  La omisión de girar los oficios correspondientes a la Secretaria General "A" de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla respecto de las pruebas señaladas en los numerales 2 y 7 ofrecidas dentro del juicio laboral de origen D-5/38/2013. Ahora bien, del informe justificado rendido en esta fecha, se desprende que las autoridades responsables señalan que los actos reclamados por la parte quejosa no son ciertos, en virtud de que por oficio 1161/2018 de trece de junio de dos mil dieciocho la Junta responsable giró el oficio correspondiente a la Secretaría General "A" de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, el cual se tuvo por contestado mediante proveído de veintidós de junio de dos mil dieciocho, como se advierte de las constancias que remitió la responsable como apoyo a su informe de ley, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, y al Actuario de su adscripción, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a el quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Francisco Javier Pérez Ortíz acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de la omisión del Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla de girar los oficios correspondientes a la Secretaria General "A" de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla respecto de las pruebas señaladas en los numerales 2 y 7 ofrecidas dentro del juicio laboral de origen. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el trece de junio de dos mil dieciocho la Junta responsable giró el oficio correspondiente a la Secretaría General "A" de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, el cual se tuvo por contestado mediante proveído de veintidós de junio de dos mil dieciocho, cuya omisión se reclaman; por lo que es dable concluir que cesaron los efectos del retardo de los que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Francisco Javier Pérez Ortíz reclamó de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y el Actuario de su adscripción. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con veintinueve minutos del cuatro de julio de dos mil dieciocho, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Resulta aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual allegó testimonio de la ejecutoria pronunciada dentro del Amparo en Revisión R.A.-490/2017, relativo al recurso interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio de amparo 31/2015-III-M actualmente 427/2014, mismo que también devuelve en 2 dos tomos, acúsese de recibo correspondiente. Hágase del conocimiento a las partes que el recurso fue resuelto bajo los siguientes puntos: PRIMERO. Quedan intocados el sobreseimiento y la negativa de amparo en términos del considerando cuarto de esta ejecutora. SEGUNDO. Se confirma la sentencia recurrida, en la materia del recurso competencia delegada del tribunal colegiado. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Panificadora Puebla de los Santos, Sociedad Anónima de Capital Variable y Panificadora Mercado Atlixco, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto del artículo 4, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en los términos precisados en la sentencia recurrida. CUARTO. Póngase esta ejecutoria en conocimiento del Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Rosales, Sinaloa, dado que emitió la sentencia recurrida. En consecuencia, efectúese las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, los efectos para los que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitado quedaron debidamente precisados en la sentencia dictada en el presente juicio de garantías el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete (fojas 557 a 599 del Tomo I), de la cual ya se encuentran debidamente notificadas las autoridades responsables. Ahora, se considera conveniente destacar que los efectos de la concesión de amparo, fueron los siguientes: En relatadas consideraciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a las quejosas, en relación con el artículo 4° fracción II impugnado, para los efectos precisados en el apartado siguiente. OCTAVO. Precisión de los efectos para los que se concede el amparo. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que cuando el acto reclamado es de carácter positivo, la sentencia concesoria, tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de los derechos violados y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Por tal razón, la concesión de amparo consistirá en permitir a las quejosas efectuar el acreditamiento del tributo por la adquisición de los bienes a que se refiere el inciso J) de la fracción I del artículo 2° de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, así como el impuesto pagado por la propia peticionaria del amparo en la importación de dichos bienes, aun cuando se haya modificado su estado, forma o composición y que no se le aplique, de ahora en adelante, el artículo 4º, fracción II, de la citada ley especial. .(fojas 598 a 599 del Tomo I). Por tanto, no obstante que Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la ciudad de México, no haya sido señalado como autoridad responsable dentro del presente sumario, y tomando en consideración la facultad que tiene este juzgador federal para realizar las gestiones necesarias a efecto de que las sentencias emitidas se cumplimenten a cabalidad, con copia autorizada de la resolución emitida dentro del presente sumario y además con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al citado JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con el APERCIBIMIENTO que, de no hacerlo o, no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de las autoridades responsables y podrá remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Turno en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo

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