Francisco Javier Ortiz Carrillo
Expediente 1059/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1059/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/01/2021
Partes del expediente
- Francisco Javier Ortiz Carrillo
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. En principio, es pertinente precisar que el Consejo de la Judicatura Federal, en respuesta al brote del virus COVID-19, y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dentro de las cuales destaca la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte signada electrónicamente por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, que aprobó el acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", mediante el cual se decretó que del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, no correrían plazos ni términos procesales, con la salvedad de la tramitación de los juicios "urgentes" y "en línea". Ahora, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el ocho de enero de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; y, determinó reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, aplicando el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19", de veintiocho de julio de dos mil veinte, lo que indica, la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Es importante hacer mención que de conformidad con el numeral 2, fracciones III, IV, V y VIII del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los plazos a que se hace referencia, fueron suspendidos y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por consiguiente, se levanta la suspensión de los términos procesales dentro del presente juicio constitucional. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guarda los presentes autos, se advierte desde antes de la suspensión destacada, transcurrió el plazo de cinco días que prevé en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del proveído de cuatro de diciembre de dos mil veinte. En consecuencia, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado el auto de cuatro de diciembre de dos mil veinte, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por lo anterior, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]; y, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que se tuvo por no presentada la demanda de amparo y por ende, no existe incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, pues se tuvo por no presentada la demanda de amparo; una vez transcurrido este plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". No obstante lo anterior, de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en caso de que la parte promovente pretenda realizar alguna actuación dentro del presente expediente, se le exhorta para que transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, solicite la consulta del expediente electrónico y práctica de notificaciones electrónicas; por lo cual, deberá contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. De igual manera, deberá proponer formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a María Bertha Dolores Moreno Arroyo o Bertha Moreno Arroyo, en el juicio de amparo 2104/2019-III, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo y por los motivos precisados en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. Queda la presente sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes, en términos del considerando relativo de esta resolución. TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el inciso 6) del punto quinto del Acuerdo General 27/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, devuélvanse los autos al Juzgado de origen; ingrésese esta sentencia en el módulo "Sentencias" contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y envíese de manera electrónica al órgano de origen; asimismo, fórmese el correspondiente cuaderno de antecedentes. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la perito oficial Edelmira Ibarra Solís, por medio del cual informa la imposibilidad en la que se encuentra a fin de emitir el dictamen pericial que le fue requerido, ya que precisa que la materia de la prueba de mérito corresponde a una especialidad diversa a la de sus conocimientos, ya que dicha materia la constituye en valuación de bienes muebles. Por lo anterior, a fin de que se lleve a cabo el desahogo de la prueba pericial en comento, se requiere a la Coordinadora General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, Delegación Estatal en Puebla para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación correspondiente, designe un perito en materia de valuación de bienes muebles, a efecto de que funja como oficial por parte de este órgano jurisdiccional. Con el apercibimiento para la citada Coordinadora que de no hacerlo, o no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad de la fracción I, del artículo 237, en relación con los diversos 238 y 259 de la Ley de Amparo, así como con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $86.88 ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos, atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veinte. NOTIFÍQUESE.
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