Francisco Javier Ortiz Carrillo

Expediente 249/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
249/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
07/05/2021

Partes del expediente

  • Francisco Javier Ortiz Carrillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, ténganse por recibidos los escritos electrónicos de cuenta con evidencia criptográfica de Almadelia Lerdo de Santiago autorizada por la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, que en cumplimiento a los proveídos de dieciséis y veintinueve de abril de dos mil veintiuno, manifiesta que no acepta la propuesta expuesta por la autoridad responsable Síndico Municipal del Ayuntamiento de Huauchinango de Degollado, Puebla, consistente en cubrir la cantidad liquida estipulada en el incidente de liquidación de sentencia durante el término de seis meses, cubriéndole mensualmente la cantidad de $44,665.89 cuarenta y cuatro mil, seiscientos sesenta y cinco pesos, ochenta y nueve centavos, moneda nacional); asimismo, solicita se requiera el cumplimiento de la misma en una sola exhibición y en su caso se hagan efectivos los apercibimientos decretados, pues ha trascurrido un exceso de término. Atento a lo anterior, comuníquese a la autoridad responsable Síndico Municipal del Ayuntamiento de Huauchinango de Degollado, Puebla, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, adjuntándole copia simple de los escritos de mérito al oficio que al efecto se gire. En esas condiciones, y en atención a que el cumplimiento a la sentencia de amparo es una cuestión de orden público; por tanto, este órgano jurisdiccional, está facultado para realizar las gestiones necesarias para lograr el cumplimiento al fallo protector, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, se requiere como autoridad vinculada al cumplimiento al Síndico Municipal del Ayuntamiento de Huauchinango de Degollado, Puebla, para que en el término de tres días contados partir del notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la resolución de once de octubre de dos mil diecinueve, relativa al incidente de liquidación de sentencia, en el que se determinó que se deberá pagar al impetrante Víctor Hugo Bautista Hernández, la cantidad de $267,995.39 (doscientos sesenta y siete mil novecientos noventa y cinco pesos, treinta y nueve centavos, moneda nacional). Debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la misma. Y, le hágase saber a la autoridad responsable que subsiste el apercibimiento decretado en el auto de veinte de abril de dos mil veintiuno. En ese orden de ideas, requiérase al superior jerárquico de la autoridad vinculada Ayuntamiento del Municipio de Huauchinango, Puebla, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, d de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258 de la ley de la materia, en relación con el diverso 26, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de desindexación del salario mínimo, así como el artículo 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor diario será de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno; además de que incurrirá en la misma responsabilidad de la autoridad vinculada mencionada. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Ricardo Hernández Rugerio, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual solicita una ampliación de término para dar cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se concede una prórroga a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado si el actor Fernando Maldonado González -aquí quejoso-, realizó manifestaciones respecto al auto de trece de octubre de dos mil veinte emitido en el expediente laboral D-3/561/2017 de su índice, por el cual le hizo del conocimiento que a partir del cinco de marzo de dos mil veinte comenzó a correr la caducidad en el juico de origen, apercibiéndolo que si en el término de cuatro meses el actor no informa el domicilio de la parte demanda, se le tendrá por desistido de la acción intentada; o, en caso de cumplir con lo requerido, remita el acuerdo que le recayó. Debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la misma. Apercíbase a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a la persona física que actualmente ocupa el cargo de Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, al representante de los trabajadores, al representante de los patrones, una multa a cada uno de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258 de la ley de la materia, en relación con el diverso 26, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de desindexación del salario mínimo, así como el artículo 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor diario será de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. En el entendido que en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo, los citados titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y de igual forma serán comprometidas las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. Asimismo, conforme a lo previsto por el artículo 192 segundo párrafo de la ley de la materia, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento en la forma y términos señalados, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus cargos y su consignación; en el entendido que el cumplimiento extemporáneo injustificado no es excluyente de responsabilidad. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, que informa la jurisprudencia número VI.2o.T. J/2 (10a.), visible en la página 2579 del Tomo IV, Noviembre de 2014 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto, siguientes: "APERCIBIMIENTO DE MULTA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ES UN TRIBUNAL, INTEGRADO POR MÁS DE UN TITULAR, DEBE HACERSE A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES (ESPECIFICANDO NOMBRE Y APELLIDOS) Y NO AL TRIBUNAL EN ABSTRACTO. El artículo 192 de la Ley de Amparo prevé el procedimiento para el cumplimiento de una ejecutoria en la que se otorga la protección de la Justicia Federal. Inicialmente, establece que una vez que la sentencia protectora haya adquirido firmeza, la autoridad federal la notificará a la autoridad responsable y le requerirá que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibiéndola que, de no hacerlo sin causa justificada, le impondrá a su titular una multa de cien a mil días de salario, de acuerdo con el artículo 258 de la ley de la materia, y remitirá el expediente a la superioridad (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación) para seguir el trámite de inejecución. Conforme a esta disposición, cuando la autoridad responsable es un órgano integrado por más de un titular, el apercibimiento de multa no debe hacerse a dicho órgano en abstracto, sino a cada una de las personas físicas que lo integran, especificando el nombre y apellidos de cada una de ellas, en el entendido de que, en términos de la última parte del primer párrafo del artículo 193 de la citada ley, los titulares a quienes se les imponga la multa seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo y las personas físicas que los sustituyan tendrán responsabilidad, si durante el ejercicio de sus funciones debe darse cumplimiento a la ejecutoria.". Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Sin que haya lugar a requerir a la autoridad responsable, por conducto de su superior jerárquico en términos del artículo 192 de la ley de la materia, en razón de que la Junta responsable es un organismo plenamente autónomo en el ámbito jurisdiccional. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J.36/2011 (10a), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de dieciséis de noviembre de dos mil once, publicada en la página 3515, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.". NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Ricardo Hernández Rugerio, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio signado por el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de siete de abril de dos mil veintiuno, y remite las constancias justificativas del informe rendido. Ahora, de las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías y en específico de las constancias remitidas por la autoridad responsable con que justifica el informe, -las que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, se advierte que el quejoso Francisco Javier Ortiz Carrillo, señaló como acto reclamado la omisión de contestar el escrito de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, presentado dentro del expediente laboral D-2/116/2017. El Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al rendir el informe justificado negó la existencia del acto reclamado; además, indicó que, el ocho de marzo de dos mil veintiuno, acordó el escrito del aquí quejoso presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en el expediente laboral D-2/116/2017. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Francisco Javier Ortiz Carrillo acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión de contestar el escrito de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, presentado dentro del expediente laboral D-2/116/2017. Así, de las constancias remitidas por las responsables a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el ocho de marzo de dos mil veintiuno, acordó el escrito del aquí quejoso presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en el expediente laboral D-2/116/2017. Bajo esa óptica, es dable concluir que cesaron los efectos de la omisión de la que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Francisco Javier Ortiz Carrillo reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con treinta y dos minutos del veintidós de abril de dos mil veintiuno, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Notifíquese, y personalmente a las partes. Lo proveyó y firma el licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Ricardo Hernández Rugerio, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el Delegado de la Comisión Federal de Electricidad en el Estado de Puebla, no ha dado cumplimiento al acuerdo de veintitrés de marzo del año en curso, no obstante estar debidamente notificado; en tal virtud, con fundamento en el artículo 121 de la Ley de Amparo, gírese nuevo oficio a la citada autoridad, requiriéndola para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, informe a este órgano judicial sobre la existencia de contrato de servicios signado por el quejoso Jorge Flores Palacios con dicha autoridad respecto del servicio contratado con ella, para el domicilio ubicado en Privada San Miguel, número ochenta y seis, del fraccionamiento Puerta Paraíso del municipio de San Andrés Cholula, Puebla, así como, si el citado contrato se encuentra a nombre de dicha persona y la antigüedad del mismo acompañando copa sin certificar para su pronta referencia de la petición que el quejoso formuló ante ella; lo anterior, en virtud de que la constancia respectiva fue ofrecida como prueba dentro del presente juicio de amparo. Hágase saber a la citada autoridad que subsiste el apercibimiento de multa con que fue conminada en autos. Para dar oportunidad a lo anterior, difiérase la audiencia constitucional para las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE.

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