Francisco Javier Ortíz Cancino
Expediente 427/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 427/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Javier Ortíz Cancino
- Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca
Actuaciones
- Principal
PRAL 427/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de mayo de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Advirtiéndose de la certificación que antecede que ha transcurrido el término conferido para hacer valer el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el auto de once de abril de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que lo hubiese interpuesto. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 3. Publicación de datos personales. Como la parte en este juicio de amparo se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto de desechamiento estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino (destrucción). Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es destruible. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula de expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese por lista de acuerdos. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de abril de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda promovida por Francisco Javier Ortiz Cancino, por propio derecho, contra los actos reclamados al juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, en la que reclama derechos fundamentales de la persona, como es la igualdad ante la Ley; depositada el siete de abril de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional el ocho siguiente; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 427/2022. 2. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia; lo anterior, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, la parte quejosa reclama: 1) La resolución de diecisiete de marzo de dos mil veintidós dictada en el incidente de nulidad de declaraciones de un testigo de referencia, en la causa penal 594/2021, del índice del Juzgado de Control, sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, en la que el juez de control declaró improcedente dicho incidente. 2) El acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en la que se desechó de plano el recurso de revocación interpuesto contra la resolución diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dictada en el incidente de nulidad de declaraciones de un testigo de referencia, en la causa penal 594/2021, del índice del Juzgado de Control, sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, en la que el juez de control declaró improcedente dicho incidente. En relación al acto reclamado y descrito en el apartado 1), se estima que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ...". Respecto al tema de cesación de efectos por sustitución procesal, existen los criterios siguientes, el tercero de ellos, aplicado, por su contenido y, además, porque no contravienen las disposiciones de la Ley de Amparo vigente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la ley que lo reglamenta" (Tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2466 del Tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época). "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra tal acto se interpone recurso al cual recae nueva resolución, ya que independientemente del sentido en que el recurso interpuesto sea resuelto, la validez o insubsistencia del acto recurrido ya no dependen de ese propio acto, sino de lo resuelto en el recurso que lo combatió que viene a sustituir procesalmente al anterior, bien sea confirmándolo, modificándolo o revocándolo, por lo que sólo son combatibles ya las razones que la autoridad haya tenido para resolver como lo hizo" (Tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 133 del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época). "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." (Tesis I.3o.C.769 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1492 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Diciembre de 2009, Materia Civil, Novena Época, Registro No. 165869). En principio, cabe precisar que la causa de improcedencia en comento está prevista en términos idénticos tanto en la Ley de Amparo vigente, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica, la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. Bajo ese contexto, la interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y tesis transcritas revelan que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclama una determinación que fue recurrida y respecto de la cual recayó una nueva resolución, toda vez que se produce una sustitución procesal que hace cesar el acto primigenio; de modo que será la última decisión y no la impugnada la que, de manera extraordinaria, podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo; ello, siempre que no se actualice una diversa causa de improcedencia. La parte quejosa manifiesta, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 1. En la causa penal 594/2021, el diez de enero de dos mil veintidós promovió incidente de nulidad, respecto de la entrevista de quince de diciembre de dos mil veintiuno que realizó el agente Estatal de Investigaciones, al testigo de referencia Arturo Marin Castillejos. 2. El diecisiete de marzo de dos mil veintidós se desahogó la audiencia del citado incidente de nulidad, el cual fue declarado improcedente por la autoridad responsable juez de Control, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca. 3. Inconforme la parte quejosa interpuso recurso de revocación contra la resolución pronunciada en la audiencia de diecisiete de marzo de dos mil veintidós. 4. En auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós la juez responsable desechó de plano el recurso de revocación. En esas condiciones, se estima que la última resolución emitida por el juez responsable al desechar el recurso de revocación sustituyó procesalmente a la primera resolución, en la que declaró improcedente el incidente de nulidad respecto de la entrevista realizada a un testigo de referencia; lo que produce la cesación del acto primigenio. De ahí que se actualiza la citada causal de improcedencia analizada. Por otra parte, respecto del diverso acto reclamado, consistente en 2) el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano el recurso de revocación interpuesto contra la resolución diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dictada en el incidente de nulidad de declaraciones de un testigo de referencia, en la causa penal 594/2021, del índice del Juzgado de Control, sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]" Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Art. 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [...]" El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el primer precepto indicado en tesis de jurisprudencia obligatoria 34/2014, sostuvo la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra la desestimación de las excepciones atinentes a presupuestos procesales, como es la personalidad, al sostener: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." (Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Común Página: 39) De la lectura conjunta de dichas disposiciones y el criterio vinculante invocado se tiene la improcedencia del juicio de amparo, cuando en la vía indirecta se reclaman actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Un acto emitido dentro de un juicio reviste las características de tener una ejecución de imposible reparación, cuando afecta directa y materialmente derechos sustantivos del gobernado, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional del que el estado mexicano sea parte. Los derechos sustantivos, para efectos de las disposiciones citadas, son los de carácter personal, real, del estado civil, laboral, familiar, etcétera, que se encuentran anclados a los derechos fundamentales, tales como la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera. En término opuesto, en esta clasificación se encuentran los derechos procesales que se otorgan a las personas que intervienen en un proceso judicial, incluso, actualmente en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, para determinar su intervención en el desarrollo de la actividad jurisdiccional, los cuales están destinados, primordialmente, a surtir efectos únicamente dentro del proceso, por lo que se le denomina efectos intraprocesales, a fin de ser utilizados en el acto final, que es el dictado de la sentencia de fondo o de la resolución culminante del proceso. Cuando se está en presencia de actos con efectos intraprocesales, sólo pueden afectar derechos adjetivos del gobernado, respecto de los cuales no es factible determinar, en forma inmediata, si le causará un perjuicio irreparable, puesto que sólo inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, es factible que los efectos puedan extinguirse en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; aunado a que de resultar trascedente la violación a los derechos adjetivos en la sentencia final, ésta se puede impugnar como una violación al procedimiento reclamable en el amparo directo que, en su caso, se promueva, precisamente, contra el fallo final que haga valer la parte que le resulte desfavorable; de ahí que, con respecto a actos con efectos intraprocesales, el amparo biinstancial es improcedente al no vulnerar derecho sustantivo alguno. En el caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado 1) el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano el recurso de revocación interpuesto contra la resolución diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dictada en el incidente de nulidad de declaraciones de un testigo de referencia, en la causa penal 594/2021, del índice del Juzgado de Control, sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca; el cual no es un acto de imposible reparación, porque no afecta materialmente ningún derecho sustantivo del quejoso, quien es acusado en dicha causa, dado que el desechamiento del recurso interpuesto contra la resolución que declaró improcedente el incidente de nulidad de una prueba, consistente en la entrevista de quince de diciembre de dos mil veintiuno, al testigo de referencia, no incide en ninguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, en forma material, pues solamente transciende en los derechos adjetivos de las partes del procedimiento natural; por ende, su reclamación se posterga a una violación procesal reclamable hasta la resolución que ponga fin al juicio, como podría ser la que resuelva el juicio natural, conforme al artículo 173, Aparatado B, fracciones X y XVI, de la Ley de Amparo. En consecuencia, debe considerarse que esa violación procesal, hasta el momento, no transciende en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues sólo podrá afectarle en el supuesto de que obtenga sentencia condenatoria y que influya en su resultado tal violación procesal, en cuyo caso podrá reclamar tal violación en la vía de amparo directo contra esa determinación, una vez que se agoten los recursos pertinentes, en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si el acto reclamado en esta instancia constitucional se vulneraron las defensas de la parte quejosa, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Lo anterior, permite evidenciar que se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues el acto reclamado deja de tener efectos que sean de imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como podría ser la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, la libertad, la salud, las relaciones de familia, etcétera; pues sus consecuencias producen únicamente efectos intraprocesales que son susceptibles de extinguirse sin haber originado afectación alguna en los derechos fundamentales de la parte quejosa, porque la violación alegada puede repararse posteriormente al reclamar la resolución final del proceso de origen. De ahí que, se insista, en el caso, no se está en la situación de afectación a derechos sustantivos, ya que, incluso, de los conceptos de violación puede constatarse que el quejoso se queja de la violación procesal, en virtud de que, afirma, no se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento, así como violación al artículo 16 constitucional, sin precisar argumentos tendentes a combatir el que se transgreda en su contra derechos sustantivos; lo cual comprueba que sus argumentos, así como los efectos que provocó el auto combatido, sólo repercuten en derechos procesales, empero, no sustantivos, y esto es relevante para considerar la improcedencia en el juicio de amparo que se intenta. Sirve de apoyo para determinar la conclusión anterior, la parte conducente, de la tesis de jurisprudencia vinculante cuyo contenido es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA EN UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO SI EL QUEJOSO RECLAMA ÚNICAMENTE LA AFECTACIÓN DE DERECHOS PROCESALES Y NO SUSTANTIVOS. Para que el juicio de garantías proceda de manera inmediata contra una ley aplicada dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, sin necesidad de esperar a que éste culmine, es menester analizar si el acto de aplicación tiene una ejecución de imposible reparación, porque los efectos legales y materiales alcancen a afectar al quejoso de manera cierta e inmediata en algún derecho sustantivo, que no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación. De lo contrario, si la parte quejosa únicamente alega que se afecta su posibilidad de defensa, implicando cuestiones meramente procesales, el juicio resulta improcedente y debe sobreseerse con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, pues en este caso, atendiendo al principio de definitividad, la acción procede hasta que se dicte la resolución definitiva con la cual culmine el procedimiento, momento en que se podrán combatir tanto la ley, como el procedimiento mismo, y la resolución final." (Jurisprudencia 1a./J. 29/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo VII, Mayo de 1998 Registro: 196227 Materia(s): Común, Página: 150) En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia citadas, PROCEDE DESECHAR DE PLANO POR IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida Francisco Javier Ortiz Cancino. 4. Domicilio y autorizados. No ha lugar a tener como domicilio para recibir notificaciones el correo electrónico que señala la parte quejosa en su demanda de amparo, pues no reúne los requisitos previstos en los artículos 3º y 24, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jesús Ángel Franco San Pedro (cedula profesional 7169855 4.1. Requerimiento de domicilio. Por otra parte, como la parte quejosa no señala domicilio físico para oír y recibir notificaciones y tampoco indica si está recluido en algún centro de internamiento; con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se requiere al quejoso para que dentro del plazo de tres días, 1) señale domicilio en esta población o en zona conurbada de la ciudad de Oaxaca, para recibir notificaciones, o bien, 2) indique el lugar en el que se encuentra recluido; con apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le realizará mediante lista de acuerdos, en términos del precepto 26, fracción III, de la Ley de Amparo. 4.2. Notificación de este acuerdo. Como la parte quejosa no señala domicilio físico para oír y recibir notificaciones y tampoco indica si está recluido en algún centro de internamiento; se ordena notificar este acuerdo por lista de acuerdos. 5. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que las partes (con excepción del quejoso, quien en la demanda ya se opuso a la publicación de sus datos) que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones y sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Respecto a la oposición de parte quejosa a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al emitir sentencia. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 7. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 8. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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