Francisco Javier Ortíz Cancino

Expediente 134/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
134/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
16/08/2022

Partes del expediente

  • Francisco Javier Ortíz Cancino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    PRAL.134/2022.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra la sentencia engrosada el veintiséis de julio de dos mil veintidós, en la que se negó la protección constitucional a la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto. 1.1. Causa ejecutoria la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Plazo de diversas partes. Resulta innecesario jurídicamente hacer pronunciamiento respecto al plazo respectivo para las autoridades responsables; parte tercera interesada y para la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado; dado que, como se precisó, en la sentencia emitida se negó la protección constitucional a la parte quejosa; por tanto, ningún agravio les genera, pues carecen de legitimación para inconformarse. 3. Devolución de disco compacto. Devuélvase a la autoridad responsable, juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, el disco en formato DVD que remitió como prueba. 4. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; por tanto, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu) y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5.1. Destino. Al haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es depurable; por tanto, una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del acuerdo mencionado. 5. 2. Archivo reciente. Conforme al artículo 18, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es depurable. 6. Instrucción (certificación). Asimismo, se le instruye para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 7. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA (CITATORIO) PRAL.134/2022.MESA-6 Visto para resolver el juicio de amparo 134/2022, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y remitido a este Juzgado, por razón de turno, el uno de febrero siguiente, Francisco Javier Ortiz Cancino, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del juez de Control con sede San Francisco, Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de dos de febrero de dos mil veintidos se registró la demanda de amparo con el expediente 134/2022; se admitió a trámite la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de dos de marzo de dos mil veintidós se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados 1) Martha Hilda Díaz Canseco (victima indirecta) y de los licenciados 1) Néstor Pérez Vásquez y 2) Sarahí Gordillo Martínez, agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Desaparición Forzada de la Vicefiscalía de Atención a Víctimas y a la Sociedad de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; quienes quedaron emplazados el ocho de marzo del año en curso. Mediante proveídos de veintiuno de abril y siete de junio del año en curso, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la tercera interesada, Martha Hilda Díaz Canseco, se ordenó emplazar a juicio a los asesores jurídicos 1) Rodolfo Ricardo López Gandarillas y 2) Emmanuel Cabrera Rodríguez; quienes quedaron notificados, respectivamente, el veintiséis de abril y catorce de junio de este año; no se apersonaron a juicio; circunstancia que se le hizo del conocimiento de la tercera interesada ya mencionada a través del proveído de treinta de junio pasado. Previo los diferimientos respectivos, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y porque, a decir de la parte quejosa, el acto tendrá ejecución en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: De la juez de Control del Circuito Judicial de la Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca: El auto de vinculación de diez de enero de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 594/2021. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir el informe justificado solicitado, la autoridad responsable, juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco, Tanivet, Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado que se le atribuye. Al respecto, refirió que el diez de enero de dos mil veintidós se dictó el auto de vinculación a proceso contra de Francisco Javier Ortiz Cancino, por la probabilidad que cometió o participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito de desaparición cometida por particulares, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en relación con los artículos 7 fracción II, 9 primer párrafo, 13 fracción III y VI, todos del Código Penal Federal, aplicable de forma supletoria, de conformidad con el artículo 6 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cometido en agravio de Pablo Franco Cruz Santiago; asimismo, que le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual cumple en el Centro Penitenciario Varonil de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Para acreditar lo anterior, remitió un disco versión digital en formato DVD que contiene el registro de audio y video de la a) audiencia de formulación de imputación inicial en cumplimiento a una orden de aprehensión de cinco de enero de dos mil veintidós, dictada en la causa penal 594/2021; b) audiencia de ampliación de término constitucional de diez de enero de este año dictada en la causa penal ya referida; c) índice cronológico de dichas audiencias en formato PDF y d) copia del registro del auto de vinculación a proceso de diez de enero de dos mil veintidós, en formato PDF, que merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, registro 2004362, del rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. Causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman este juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieren hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, página 830, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Estudio de fondo. Cabe mencionar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 76 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional puede abordar el estudio de los motivos de disenso en forma conjunta o separada o en diverso orden al propuesto, así como los razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión, efectivamente, planteada, con la salvedad de no cambiar los hechos expuestos en la demanda. También se precisa que, de ser procedente, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, incluso ante la ausencia de éstos en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, al tratarse la parte quejosa del imputado en el proceso penal de origen. Al respecto, la parte quejosa manifestó como conceptos, en síntesis, que: Se vulneran en su perjuicio la garantía del debido proceso establecido en los artículos 14, 16, 19, 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 261, 263, 314, 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se vulnero su derecho a ofrecer pruebas. No se le otorgó el derecho a tener una defensa adecuada, al no darle tiempo suficiente para imponerse de la carpeta de investigación. El dato de prueba consistente en el testimonio de Arturo Marín Castillejos, de quince de diciembre de dos mil veintiuno, precedía de una declaración de ese testigo de uno de julio de dos mil veintiuno, obtenida de un oficio de presentación 387/F.E.R.I./2021 y tal declaración resulta un dato de prueba ilícita, pues a dicho testigo se le recibió una declaración ministerial en calidad de presentado sin asistencia de un abogado defensor, por lo cual resulta ilícito al haberse obtenido con violación a derechos fundamentales y que de la misma derivó la segunda declaración con la que fue vinculado a proceso. Se valoró incorrectamente el dato de prueba consistente en la entrevista realizada por el testigo de Arturo Marín Castillejos. Se vulneró lo establecido en los artículos 20, apartado B, fracción IV, de la Constitucional Federal y 314, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no admitirse el dato de prueba consistente en la prueba pericial en grafoscopía a cargo del perito Miguel Ángel Reyes Pinelo, con el que se acreditaría que la firma que calza la declaración del testigo de Arturo Marín Castillejos no guarda correspondencia con la firma de aquel y que obra en la copia de su credencial de elector; esto, con motivo que se consideró que no tenía relación con la teoría del caso, no obstante que el mismo fue ofrecida en tiempo y forma. Se valoró incorrectamente el informe rendido por Leslie Martinez Sosa, pues no es objetivo, ya que dicho perito soslayó el informe del apoderado legal de Radio Móvil Dipsa, sociedad anónima de capital variable, mediante oficio OF-FEADAI-181-2021. Se valoró incorrectamente el dato de prueba consistente en el cuadernillo de diez fojas útiles certificadas por el secretario municipal San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, donde se hizo constar que el catorce de enero de dos mil veintiuno, fecha en que sucedieron los hechos, se encontraba detenido en la cárcel municipal de la población de ese municipio, como lo acreditó con el convenio celebrado ante el síndico municipal de esa población entre Brenda Odeth Martinez Cruz y el quejoso. Se vulnera lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Federal, pues la juez no verificó que, efectivamente, la victima Martha Hilda Díaz Canseco estuviera presente en la audiencia de la ampliación del término constitucional, quien solicitó, por seguridad jurídica, no prender la cámara en la audiencia; de ahí que no existe certeza jurídica si la persona que supuestamente nombra al asesor jurídico sea esa parte procesal. Ahora, resulta oportuno destacar que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se estableció un sistema de justicia penal acusatorio adversarial y oral, que cumple con los principios del debido proceso legal, como el de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad; ello, de acuerdo con lo señalado en la iniciativa respectiva, con el objetivo de garantizar la vigencia del debido proceso en materia penal, recuperar la confianza en la justicia penal y de sus instituciones, así como hacer más eficiente la persecución e investigación de los delitos y el trabajo de los tribunales penales, asegurar la protección, asistencia y participación de las víctimas en el proceso penal. Además, de los derechos jurídicos consagrados en la Constitución Federal, como principio rector a salvaguardar, está el conducente a la presunción de inocencia, que conlleva a que el juez de control y, en su momento, el juez del juicio oral, tiengan la obligación de velar por los derechos fundamentales de todo gobernado que se encuentre sujeto a su potestad y, con ello, el deber de fundamentar y motivar debidamente sus determinaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 constitucional. En ese entendido, en el análisis que se efectuará en esta sentencia serán considerados los requisitos que ahora señala el referido artículo 16 de la Constitucional Federal, pues, acorde a la reforma, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; como así lo iustra la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 45, agosto 2017, tomo I, página 360, del rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". Y la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, febrero de 2009, página 430, registro 167829, del texto siguiente: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMAS CONSTITUCIONALES PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 TAMBIÉN DEPENDE DE LA EMISIÓN DE LA DECLARATORIA A QUE ALUDEN LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS DEL PROPIO DECRETO, LO CUAL ES DETERMINANTE PARA EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD RELATIVO". En ese contexto, el estudio del acto reclamado se realizará conforme a las cuestiones debatidas en la audiencia de auto de vinculación a proceso de diez de enero de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 594/2021, y que fueron ponderadas por la juez responsable; ello, atendiendo al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio, es decir, este Juzgado de Distrito debe limitarse a analizar los datos de prueba que le fueron ofrecidos al juez responsable, porque, de considerar otros elementos probatorios, vulneraría el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, lo que permite el equilibrio procesal entre los sujetos procesales. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis II.1º.8 P (10ª.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, octubre de 2014, tomo III, visible en la página 2902, registro 2007612, del rubro siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA DENTRO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA NO VULNERAR EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, DEBE LIMITARSE A ANALIZAR LOS DATOS DE PRUEBA VALORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Ahora, el auto de vinculación de diez de enero de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 594/2021, está regido por el artículo 19 de nuestra Carta Magna, que dispone: "Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". Es importante destacar que el auto de vinculación a proceso constituye un acto de molestia, y los requisitos para su dictado, se contemplan en el artículo 19 constitucional; dicho numeral dispone que, para el dictado del auto de vinculación a proceso, se requiere que los datos de prueba acrediten que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que exista la probable responsabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Además, para la emisión del auto de vinculación a proceso, el juez de control no debe imponerse de los medios de prueba que obren en la carpeta de investigación, pues tal cuestión es permitida únicamente al representante social, al imputado y a su defensa; quienes en la audiencia inicial, específicamente, el fiscal que formule la imputación, deberá reseñar y relatar en forma precisa los denominados antecedentes de investigación o elementos de prueba que existan en la carpeta de investigación, y será con base en tal información que proporcionen las partes, con lo que el juzgador deberá emitir el auto de vinculación, motivo por el cual no puede exigírsele en este estado procesal, describir de forma tan detallada los elementos de prueba, precisamente, por no tenerlos a la vista, pues, se insiste, el juzgador emitirá su determinación con base en la información que de viva voz le proporcionen las partes. Así, resulta necesario mencionar los siguientes antecedentes del acto reclamado de forma sucinta y que obran en el disco remitido por la autoridad responsable: A. El cinco de enero de dos mil veintidós se llevó a cabo la audiencia de término constitucional en la causa penal 594/2021, instruida contra Francisco Javier Ortiz Cancino, por el delito de desaparición cometida por particulares, cometido en agravio de Pablo Franco Cruz Santiago (minuto 00:00:24, archivo 000135_2022_P01 de A11 COMUNICACION EN CUMPLIMIENTO A ORDEN 05-10-2021). B. En la referida audiencia el aquí quejoso, a fin de incorporar datos de prueba a su favor, solicitó la ampliación del plazo constitucional (minuto 01:35:23, archivo 000135_2022_P02 de A11 COMUNICACION EN CUMPLIMIENTO A ORDEN 05-10-2021). C. El agente del Ministerio Público le comunicó la imputación por los siguientes hechos (minuto 00:09:20 y 00: 23:46, archivo 000135_2022_P02 de A11 COMUNICACION EN CUMPLIMIENTO A ORDEN 05-10-2021): Con fecha catorce de enero de dos mil veintiuno, siendo a las diez horas con diez minutos aproximadamente el ciudadano Pablo Franco Cruz Santiago se encontraba a bordo de su camioneta marca Toyota tipo Tacoma sobre la calle Leona Vicario, colonia Barrio de Morelos, San Pablo Etla, Oaxaca, siguiendo una camioneta marca Ford tipo EcoSport y justo al detenerse ambos vehículos y al descender de su vehículo Pablo Franco Cruz Santiago y de la camioneta EcoSport Abelardo y Gerardo, ambos de apellidos Castillo López, así como el ciudadano Francisco Javier Ortiz Cancino "ALIAS PACO MEMELAS" amagaron a Pablo Franco Cruz Santiago con el apoyo de Alejandro Gabriel García Ríos "ALIAS EL ALEX", Jafet Iván Miguel Sánchez "ALIAS EL BOTAS" y Ángel Manuel Heredia López "ALIAS MEMO", para posteriormente subirlo en los asientos traseros de la camioneta marca Toyota tipo Tacoma e ingresar al domicilio de Jorge Fernando Hernández Alonso dejarlo ahí y retirarse a bordo de la camioneta de la víctima. D. La agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso y dio a conocer que en el legajo de investigación existían diversos datos de prueba, a saber (minuto 00:28:15, archivo 000135_2022_P02 de A11 COMUNICACION EN CUMPLIMIENTO A ORDEN 05-10-2021): Registro de denuncia de Martha Hilda Díaz Canseco, de catorce de enero de dos mil veintiuno. Informativa de número 556/SERI/2021 de veintiséis de octubre del año dos mil veintiuno, suscrita por Cesar Luis Acevedo Pérez, agente Estatal de Investigaciones con número de identificación 094. Fotovolante de la víctima Pablo Franco Cruz Santiago de referencia, elaborado y difundido por la Unidad de personas desaparecidas y no localizadas de la Fiscalía General del Estado. Entrevista realizada por parte del agente Estatal de Investigaciones al ciudadano Arturo Marín Castillejos, de quince de diciembre de dos mil veintiuno. Oficio sin número de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el apoderado legal de la empresa RADIO MÓVIL DIPSA S.A. DE C.V. Oficio sin número de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el apoderado legal de la empresa RADIO MÓVIL DIPSA S.A. DE C.V. Ratificación de los datos conservados por el juez Primero de Control adscrita al Centro Nacional de Justicia Especializada en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, con sede en la Ciudad de México, bajo el expediente RECCE50/2021 de veintidós de enero de dos mil veintiuno. Oficio sin número de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el apoderado legal de la empresa RADIO MÓVIL DIPSA. Ratificación de líneas telefónicas por el juez Noveno de Control adscrito al Centro Nacional de Justicia Especializada en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, con sede en la Ciudad de México, bajo el expediente RECCE143/2021/V. Informe de treinta de enero de dos mil veintiuno, que suscribió la licenciada Leslie Martínez Sosa, analista de la Unidad Especializada en Desaparición Forzada de la Vicefiscalía de Atención a Víctimas y a la Sociedad de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Informe FGEO/DI/1038/2021 de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, que suscribió la licenciada Beatriz Adriana Martinez Pacheco, jefa de la Unidad de Información Coyuntural de la Fiscalía del Estado de Oaxaca. E. Después de haberse desahogado las pruebas ofrecidas por la agente del Ministerio Público investigadora, se concedió el uso de la voz al imputado y a su defensa, quien solicitó la ampliación del plazo constitucional, fijándose las catorce horas del diez de enero de dos mil veintidós para la audiencia de término constitucional (minuto 01:35:17, archivo 000135_2022_P02 de A11 COMUNICACION EN CUMPLIMIENTO A ORDEN 05-10-2021). F. En la audiencia de ampliación del término constitucional de diez de enero de dos mil veintidós (minuto 00:00:18, archivo 000200_2022_P02 de A12 AMPLIACION DE TERMINO CONSTITUCIONAL 10-01-22), la defensa del imputado señaló como teoría del caso, que siendo las veintitrés horas del trece de enero de dos mil veintiuno Francisco Javier Ortiz Cancino estuvo detenido en el Municipio de San José del Progreso Ocotlán Oaxaca, en un lugar diverso, por un hecho probablemente constitutivo de delito y que salió de ese lugar a las doce horas con veinte minutos del catorce de enero de dos mil veintiuno. G. Incorporó los datos de prueba siguientes (minuto 00:00:07, archivo 000200_2022_P02 y 00:05:34, archivo 000200_2022_P03 de A12 AMPLIACION DE TERMINO CONSTITUCIONAL 10-01-22): Entrevista realizada por parte del agente Estatal de Investigaciones al ciudadano Arturo Marín Castillejos, de quince de diciembre de dos mil veintiuno. Dictamen pericial suscrito por el perito Miguel Ángel Reyes Pinelo, perito en Criminalística y Criminología y Técnicas Periciales de nueve de enero de dos mil veintidós. Informe de telefonía de "Telcel Movil, S.A. de C.V". suscrito por el apoderado legal de esa empresa de veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Escrito de seis de enero de dos mil veintidós, suscrito por el defensor particular de la parte quejosa, dirigido al síndico procurador del Municipio de San José del Progreso Ocotlán Morelos, Oaxaca. Oficio SMSJP/008/2022 de ocho de enero de dos mil veintidós, firmado por el síndico procurador del Municipio de San José del Progreso Ocotlán, Oaxaca. Oficio SMSJP/105/2021 de trece de enero de dos mil veintiuno, firmado por el síndico procurador del Municipio de San José del Progreso Ocotlán, Oaxaca, dirigido al comandante de la policía municipal preventiva de ese municipio. Oficio SMSJP/109/2021 de catorce de enero de dos mil veintiuno, relativa a una boleta de libertad firmada por el síndico procurador del Municipio de San José del Progreso Ocotlán, Oaxaca, dirigido al comandante de la policía municipal preventiva de ese municipio. Acta suscrita por la sindicatura municipal ya referida, de catorce de enero de dos mil veintiuno, firmado por el síndico procurador del Municipio de San José del Progreso Ocotlán, Oaxaca. Oficio PMPSJP/027/2021, por el cual se pone a disposición a una persona por falta administrativa, de trece de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el comandante en turno de la Policía Municipal de Preventiva de San José del Progreso Ocotlán, Oaxaca y dirigido al síndico de ese mismo municipio; con anexo de credenciales de votar por Brenda Odeth Martínez Cruz y por el imputado; así como una certificación secretarial de la secretaria de ese municipio con fecha de ocho de enero de dos mil veintidós. Acta de entrevista a Brenda Odeth Martínez Cruz realizada por el defensor particular Luis Alberto Hernández López, de nueve de enero de dos mil veintidós. H. La juez responsable determinó desechar los siguientes datos de prueba ofrecidos por la parte quejosa (minuto 00:29:47, archivo 000200_2022_P03 de A12 AMPLIACION DE TERMINO CONSTITUCIONAL 10-01-22): Dictamen pericial suscrito por el perito Miguel Ángel Reyes Pinelo, perito en Criminalística y Criminología y Técnicas Periciales, de nueve de enero de dos mil veintidós; lo anterior, toda vez que no resulta pertinente ni idóneo para acreditar la teoría del caso planteado por la parte quejosa, esto es, que el imputado estaba detenido cuando sucedieron los hechos. Informe de telefonía de "Telcel Movil, S.A. de C.V". suscrito por el apoderado legal de esa empresa de veintiocho de enero de dos mil veintiuno; lo anterior, toda vez que la misma ya obraba en autos. I. Finalmente, se vinculó a proceso al imputado de referencia (minuto 00:42:18, archivo 000200_2022_P05 de A12 AMPLIACION DE TERMINO CONSTITUCIONAL 10-01-22): Hecha la anterior reseña, se estima apegada a derecho la determinación de la autoridad judicial responsable, en la que se dictó auto de vinculación a proceso contra el ahora quejoso Francisco Javier Ortiz Cancino, pues atendió lo dispuesto por el artículo 19, párrafo primero, constitucional, que dispone que para vincular a proceso a una persona debe establecerse lo siguiente: a) El delito que se reprocha al imputado. b) El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. c) Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y, d) Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Con relación a este último requisito, se precisa que para dictar el auto de vinculación a proceso sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, se debe resolver la vinculación o no a proceso, con base en los datos de prueba a que haga referencia el agente del Ministerio Público en su respectiva solicitud. Aunado a ello, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". (Transcripción) Además, en la resolución de situación jurídica deben respetarse los principios de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en el artículo 16 constitucional, que imponen la obligación que tienen las autoridades de fundar y motivar debidamente sus actos; como así lo ilustra la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 162 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Registro 176546, del rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." Es importante destacar que existen requisitos de forma y fondo para emitir el auto de vinculación a proceso, en el sistema de justicia penal oral y acusatorio. Los primeros (requisitos de forma), son los siguientes: De forma. 1.1. Que sea emitido por una autoridad judicial competente. 1.2. Que se realice la imputación, esto es, que exista un comunicado por el Ministerio Público en presencia del juez, en el sentido de que desarrolla una investigación contra el imputado respecto de uno o más hechos delictuosos; con lo que se da cumplimiento a los principios acusatorio y de inmediación, que rigen el procedimiento. 1.3. Que el imputado haya rendido declaración o manifestado su deseo de no hacerlo, y habiéndose asegurado que el procesado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso; situación que reviste de especial importancia, debido a que, por medio de ésta, se atiende al principio de contradicción; 1.4. Que se pronuncie dentro del plazo de setenta y dos horas, el cual puede ser duplicado bajo petición del implicado o su defensa o, bien, el imputado puede renunciar a dichos plazos y pedir que se resuelva su situación jurídica en la audiencia respectiva con los datos que obren en la carpeta administrativa del representante social, atendiendo a los principios de inmediación y publicidad, el cual es un requisito de orden constitucional. 1.5. Que de la exposición del Fiscal se exprese el hecho que se señale como delito que se reprocha al imputado; además, 1.6 El lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. Los segundos (requisitos de fondo), son los siguientes: De fondo Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el agente del Ministerio Público se adviertan datos de prueba que establezcan: 2.1. La comisión de un hecho que la ley señala como delito; y, 2.2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 2.3. Además, deberá indicar si se actualiza o no una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Así, de la reproducción y estudio del disco óptico (DVD) que contiene las audiencias de formulación de imputación inicial y de ampliación de término constitucional de diez de enero de este año dictada en la causa penal 594/2021, en la que se vinculó a proceso al ahora quejoso, al tenor del artículo 19 constitucional, como correctamente lo consideró la responsable, se estiman colmados los requisitos de forma y fondo antes precisados; es decir, la resolución de vinculación a proceso reclamada se dictó ajustada a derecho y, en sí, no irroga violación alguna a los derechos humanos del ahora quejoso, en los términos que a continuación se precisarán. En cuanto a los requisitos de forma, el primero (1.1.) se cumplió, pues se evidencia que la resolución en la que se dictó el auto de vinculación a proceso fue emitida por una autoridad judicial competente, esto es, por la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco, Tanivet, Oaxaca; asimismo, por cuanto hace a la competencia (objetiva), respecto de la materia, al ser hechos delictuosos cuyo conocimiento está asignado a un juzgado especializado en materia penal del fuero Estatal; por la territorialidad, ya que los hechos acontecieron en la calle Leona Vicario, colonia Barrio de Morelos, San Pablo Etla, Oaxaca; lugar donde ejerce jurisdicción la autoridad señalada como responsable; asimismo, se encuentra legitimada para resolver la situación jurídica (minuto 00:45:04, archivo 000_2022_P05 de A12 AMPLIACION DE TERMINO CONSTITUCIONAL 10-01-22): El segundo de los requisitos se encuentra satisfecho (1.2), ya que la representación social formuló imputación contra el ahora quejoso, esto es, el fiscal, en la audiencia de cinco de enero de dos mil veintidós, dictada en la causa penal 594/2021, ante la presencia de la juez responsable, comunicó al aquí quejoso el desarrollo de la investigación respecto de los hechos que informó como constitutivos del delito de desaparición cometida por particulares, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en relación con los artículos 7, fracción II, 9 primer párrafo, 13, fracciones III y VI, todos del Código Penal Federal, aplicable de forma supletoria, de conformidad con el artículo 6 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; además, solicitó a la autoridad judicial se vinculara a proceso al imputado, por su probable participación en la comisión del hecho señalado en la ley como delito (minuto 00:09:20, 00: 23:46 a 00:24:46, archivo 000135_2022_P01 de A11 COMUNICACION EN CUMPLIMIENTO A ORDEN 05-10-2021). El tercero de los requisitos también se encuentra satisfecho (1.3.), en razón de que en la audiencia de imputación se advierte que la jueza de control hizo saber al imputado su derecho a declarar o guardar silencio; derecho que ejerció, inicialmente, cuando manifestó que se reservaba el derecho de declarar, según se advierte del archivo del disco versátil (minuto 00:26:52, archivo 000135_2022_P02 de A11 COMUNICACION EN CUMPLIMIENTO A ORDEN 05-10-2021). En relación al cuarto de los requisitos (1.4.), debe indicarse que el imputado, previo asesoramiento de su defensor, solicitó la ampliación del plazo constitucional para resolver su situación jurídica, por lo cual, la juez responsable fijó las catorce horas del diez de enero de dos mil veintidós para la audiencia de término constitucional (minuto 01:35:17, archivo 000135_2022_P02 de A11 COMUNICACION EN CUMPLIMIENTO A ORDEN 05-10-2021). El quinto de los requisitos (1.5.) también se encuentra colmado, puesto que en el auto de vinculación a proceso dictado al quejoso, se especificó el delito por el cual se le formuló imputación, esto es, el delito de desaparición cometida por particulares, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en relación con los artículos 7, fracción II, 9, primer párrafo, 13, fracciones III y VI, todos del Código Penal Federal, aplicable de forma supletoria, de conformidad con el artículo 6 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; cometido en agravio de Pablo Franco Cruz Santiago (minuto 00:45:22, archivo 000_2022_P05 de A12 AMPLIACION DE TERMINO CONSTITUCIONAL 10-01-22): Por lo que hace al sexto requisito (1.6.), el mismo se encuentra acreditado, en razón que, en el acto reclamado, en el cual la representación social formuló imputación, se estableció el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de tales hechos, conforme a lo que se narró: "Con fecha de catorce de enero de dos mil veintiuno, siendo a las diez horas con diez minutos aproximadamente el ciudadano Pablo Franco Cruz Santiago se encontraba a bordo de su camioneta marca Toyota tipo Tacoma sobre la calle Leona Vicario, colonia Barrio de Morelos, San Pablo Etla, Oaxaca, siguiendo una camioneta marca Ford tipo EcoSport y justo al detenerse ambos vehículos y al descender de su vehículo Pablo Franco Cruz Santiago y de la camioneta EcoSport Abelardo y Gerardo, ambos de apellidos Castillo López, así como el ciudadano Francisco Javier Ortiz Cancino "ALIAS PACO MEMELAS", amagaron a Pablo Franco Cruz Santiago con el apoyo de Alejandro Gabriel García Ríos "ALIAS EL ALEX", Jafet Iván Miguel Sánchez "ALIAS EL BOTAS" y Ángel Manuel Heredia López "ALIAS MEMO", para posteriormente subirlo en los asientos traseros de la camioneta marca Toyota tipo Tacoma e ingresar al domicilio de Jorge Fernando Hernández Alonso, dejarlo ahí y retirarse a bordo de la camioneta de la víctima". Así, de forma correcta, la juez responsable consideró que existía suficiencia probatoria en el caso particular, debido que con los datos de prueba se acreditó el hecho penalmente relevante de desaparición cometida por particulares, así como la participación del imputado quejoso. En efecto, correctamente relacionó que la privación de la libertad de Pablo Franco Cruz Santiago quedó acreditada con la denuncia de Martha Hilda Díaz Canseco, de catorce enero de dos mil veintiuno, esposa del referido desaparecido, que rindió ante el Ministerio Público; esto porque refirió que fue en esa fecha vio por última vez a esa persona; además, dicha denunciante refirió sobre la llamada telefónica que recibió Pablo Franco Cruz Santiago en la mañana de la fecha en que se le vio por última vez; además, señaló la línea telefónica que este último tenía en la fecha de los hechos: además, la juez responsable señaló que la denunciante como su esposa estaba en condiciones de saber quién le habló a su esposo; así, esta última le dijo que entabló comunicación con Abelardo Castillo López, quien tenía una deuda con la víctima. Por lo cual, consideró que, atendiendo a ese parentesco de la denunciante con el sujeto pasivo del delito, lo informado se tornaba creíble y no había ningún dato para establecer que haya dado información falsa. Lo que quedó corroborado con el fotovolante de la víctima Pablo Franco Cruz Santiago, elaborado y difundido por la Unidad de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por lo cual se acreditó el dicho de la denunciante Martha Hilda Cruz Canseco, al denunciar la desaparición de su esposo el catorce enero de dos mil veintiuno, lo que consideró la juzgadora generaba credibilidad. También se corroboro con la informativa 556/SERI/2021 de veintiséis de octubre del año dos mil veintiuno, suscrita por el agente Estatal de Investigaciones con número de identificación 094 por el que informó el rastreo institucional que realizó y dio cuenta de que la víctima, Pablo Franco Cruz Santiago, no fue detenida por alguna autoridad competente, alguna autoridad policíaca, ni recibió algún tipo de atención médica en alguna institución médica; en consecuencia, señaló que esa informativa es fiable y tiene el alcance suficiente para establecer esos extremos, con esa informativa el Ministerio Público se allegó de información para la investigación de los hechos relacionados con la desaparición de Pablo Franco Cruz Santiago. De igual manera, lo corroboró con lo expuesto por el testigo Arturo Marín Castillejos, de quince de diciembre de dos mil veintiuno, en razón de que, con esta entrevista se relacionó con la desaparición de Pablo Franco Cruz Santiago. Además, respecto a la entrevista rendida por Arturo Marín Castillejos refirió hechos respecto del imputado Francisco Javier Ortiz Cancino; además, señaló las circunstancias por el cual conoce al quejoso, como su apodo o el alías; proporcionó los dos números telefónicos que precisó que tenía el imputado, el por qué lo conoce, esto, derivado de una amistad con él y que con motivo de esa amistad fue que Francisco Javier Ortiz Cancino lo invitó a participar en un evento delictivo consistente en la desaparición de Pablo Franco Cruz Santiago. Como se ve, dicho testigo dio las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se llevó a cabo el hecho en agravio de la víctima ya referida; lo anterior, porque dio información de cómo y cuándo, así como el modo en que se llevaría a cabo la desaparición de Pablo Franco Cruz Santiago; información que dijo recibió directamente del imputado Francisco Javier Ortiz Cancino; además, señaló la identidad de la persona interesada en desaparecer a la víctima Pablo Franco Cruz Santiago. Así, proporcionó información para acreditar el hecho penalmente relevante, así como la participación de quien se atribuye ese resultado, incluso, relató el lugar exacto donde Pablo Franco Cruz Santiago fue interceptado, el vehículo de motor a bordo del cual iba, el vehículo de motor a bordo del cual viajaban sus agresores; información que quedó corroborado con los diversos datos de prueba aportados por el Ministerio Público; no se advirtió que dicho ateste tuviere algún interés particular de perjudicar con su dicho a Francisco Javier Ortiz Cancino; además, tampoco se acreditó que haya declarado falsamente, como así lo adujo la defensa o que la declaración emitida estuviera hecha de ese modo. Por otro lado, también se corroboró con los oficios siguientes (minuto 00:44:47, archivo 000135_2022_P02 de A11 COMUNICACION EN CUMPLIMIENTO A ORDEN 05-10-2021): -Oficio sin número de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el apoderado legal de la empresa RADIO MÓVIL DIPSA S.A. DE C.V, por el cual se hizo entrega de los datos reservados del número telefónico de la víctima Pablo Franco Cruz Santiago con número telefónico 9511996745, por el periodo de uno al dieciocho de enero de dos mil veintiuno; y la ratificación de esos datos reservados por la juez competente; en el cual se desprende que el catorce de enero de dos mil veintiuno, uno de los números telefónicos en comunicarse con la víctima fue el 9514674167; asimismo, se hizo saber la última actividad del equipo celular de la víctima. -Oficio sin número de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el apoderado legal de la empresa RADIO MÓVIL DIPSA S.A. DE C.V., por el cual se hizo entrega de los datos reservados de la línea telefónica 9514674167 por el periodo de uno al veintiuno de enero de dos mil veintiuno; así como la ratificación de esos datos reservados por el juez competente; de la cual se desprende que la línea mencionada fue activada el doce de enero de dos mil veintiuno y estuvo activo únicamente hasta el catorce de enero siguiente, siendo que en esa fecha únicamente registra comunicación con la línea telefónica de la víctima Pablo Franco Cruz Santiago (9511996745) y con el diverso número telefónico 9515692177 (transmitida a través del equipo celular con número de Imei 353554082479640), siendo la línea telefónica 9511308917 con la que tuvo actividad. -Oficio sin número de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el apoderado legal de la empresa RADIO MÓVIL DIPSA, por el cual se hizo entrega de los datos reservados de los números telefónicos 9515692177 y 9511308917 por el periodo de uno al veintiocho de enero de dos mil veintiuno a nombre de Rogelio Romero Zarate y Urbano Jiménez Antonio; así como la ratificación de esos datos reservados por la juez competente; en el cual se desprende que las líneas telefónicas, sus coordenadas, los ubican en la antena cercana al lugar de la desaparición de la víctima. -Informe de treinta de enero de dos mil veintiuno suscrito por la licenciada Leslie Martínez Sosa, analista de la Unidad Especializada en Desaparición Forzada de la Vicefiscalía de Atención a Víctimas y a la Sociedad de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por medio del cual realizó productos de inteligencia y redes de cruces que elaboró donde se aprecia que los números telefónicos 9515692177 y 9511308917 presentan contactos en común con las líneas 9512780724 y 9511148880 números que responden a Alejandro Gabriel García Ríos e Jafet Iván Miguel Sánchez, quienes, según el dicho del testigo Arturo Marín Castillejos, tuvieron intervención con los hechos delictuosos y quienes ahora tienen orden de aprehensión vigente. -Informe FGEO/DI/1038/2021 de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, que suscribió la licenciada Beatriz Adriana Martinez Pacheco, jefa de la Unidad de Información Coyuntural de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, quien realizó productos de redes técnicas y ubicación geográfica de catorce de enero de dos mil veintiuno, así como una red de cruces de comunicación de esa fecha, de las líneas telefónicas de la víctima Pablo Franco Cruz Santiago; Abelardo Castillo López; Arturo Marín Castillejos; Francisco Javier Ortiz Cancino; Alejandro Gabriel García Ríos; Jorge Fernando Hernández Alonso; Jafet Iván Miguel Sánchez y Gerardo Castillo López. A los cuales, consideró acertadamente tenía una relación indiciaria con los datos de prueba aportados y lo declarado por Arturo Marín Castillejos. Asimismo, respecto a los datos de prueba ofrecidos por la defensa, consistentes en la a) entrevista de Arturo Marín Castillejos, de quince de diciembre de dos mil veintiuno y la parte relativa del informe de telefonía de "Telcel Movil, S.A. de C.V"., suscrito por el apoderado legal de esa empresa, de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, señaló que los mismos se sumaban a la defensa del quejoso. En relación a los restantes datos de prueba aportados por la parte quejosa, la responsable refirió que, relacionados conjuntamente, no lograron destruir el resultado de los datos de prueba del Ministerio Público; pues manifestó que las pruebas documentales consistentes en Escrito de seis de enero de dos mil veintidós, suscrito por el defensor particular de la parte quejosa, dirigido al síndico procurador del Municipio de San José del Progreso Ocotlán Morelos, Oaxaca. Oficio SMSJP/008/2022 de ocho de enero de dos mil veintidós firmado por el síndico procurador del Municipio de San José del Progreso Ocotlán, Oaxaca. Oficio SMSJP/105/2021 de trece de enero de dos mil veintiuno firmado por el síndico procurador del Municipio de San José del Progreso Ocotlán, Oaxaca, dirigido al comandante de la policía municipal preventiva de ese municipio. Oficio SMSJP/109/2021 de catorce de enero de dos mil veintiuno, relativa a una boleta de libertad firmado por el síndico procurador del Municipio de San José del Progreso Ocotlán, Oaxaca, dirigido al comandante de la policía municipal preventiva de ese municipio. Acta suscrita por la sindicatura municipal ya referida de catorce de enero de dos mil veintiuno, firmado por el síndico procurador del Municipio de San José del Progreso Ocotlán, Oaxaca. Oficio PMPSJP/027/2021 en el cual el asunto es por el cual se pone a disposición a una persona por falta administrativa de trece de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el comandante en turno de la Policía Municipal Preventiva de ese municipio y dirigido al síndico de ese mismo municipio; con anexo de credenciales de votar por Brenda Odeth Martínez Cruz y por el imputado; así como una certificación secretarial de la secretaria de ese municipio con fecha de ocho de enero de dos mil veintidós. Acta de entrevista a Brenda Odeth Martínez Cruz realizada por el defensor particular Luis Alberto Hernández López de nueve de enero de dos mil veintidós. Únicamente contradecían las afirmaciones que se otorgó al resultado de la entrevista de Arturo Marín Castillejos, pero no desvirtuaban la certeza de las afirmaciones que se otorgó al resultado de la entrevista practicada al Arturo Marín Castillejos, pues la detención del quejoso realizada el trece de enero del dos mil veintiuno, no se encontraba debidamente registrada en el Registro Nacional de Detenciones, pues el artículo 17 de esa legislación establece la obligación a los integrantes de las instituciones de seguridad pública para que lleven a cabo la detención de alguna persona de registrar esa detención de inmediato en la plataforma correspondiente, quienes incurren en una responsabilidad si no se cumple; por lo cual, la detención que se llevó a cabo de Francisco Javier Ortiz Cancino, el trece de enero del dos mil veintiuno, no se encontraba debidamente registrada en el Registro Nacional de Detenciones. Además, señaló que respecto a las demás pruebas ofrecidas por la defensa no lograban beneficiar la situación jurídica del quejoso, quienes pudieron solicitar el auxilio judicial para examinar a las autoridades municipales que dicen intervinieron en los hechos relacionados con la detención de Francisco Javier Ortiz Cancino en la fecha y hora que refiere la defensa, esto, a fin de ofrecer mayor consistencia a su teoría del caso; es decir, acreditar que el referido quejoso estuvo en un lugar distinto de donde fue desaparecido o visto por última vez Pablo Franco Cruz Santiago; además de acreditar la forma en que se obtuvieron tales datos de prueba; lo que, correctamente señaló la responsable, generó duda respecto a su obtención. Máxime que, ante ese dato de prueba, se ofreció como refutación por parte del Ministerio Público, la inspección ocular que se practicó por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, quienes al entrevistarse con al asesor jurídico del síndico municipal de San José del Progreso Ocotlán, Oaxaca, señaló que, al parecer, no existe información respecto de la detención de Francisco Javier Ortiz Cancino en esa sindicatura; consecuentemente, no se aportó la información correspondiente que pudiera corroborar lo aportado por la defensa. Además, respecto a lo que la defensa hizo referencia, en el sentido de que las líneas telefónicas que dicen utilizaban Francisco Javier Ortiz Cancino, no pertenecen a éste sino a diversas personas; refirió, correctamente, que eso no acreditó la teoría del caso de la defensa, pues señaló que es un hecho notorio que las líneas telefónicas regularmente no son propiedad de sus usuarios, sino de terceras personas, entonces, esto no desvirtúa que no sean propiedad del imputado. Así, los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación y que fueron considerados por la autoridad responsable, por el momento, fueron suficientes para la configuración del hecho delictivo consistente en la privación de la libertad de una persona. Por tanto, los antecedentes relatados por la Fiscalía y considerados por la juez responsable arrojaron los suficientes y razonables indicios para corroborar los elementos integrantes de la conducta atribuida, consistentes en: 1. La privación de la libertad de una persona; y 2. Que la finalidad de esa privación de la libertad sea para ocultar a la víctima o su suerte o paradero. En lo concerniente a la probabilidad que el imputado cometió la conducta; la jueza responsable tuvo por corroborado tal extremo, con los mismos datos de prueba que le fueron de utilidad para comprobar los elementos integrantes de la conducta delictiva y que quedaron reseñados con antelación, verificando así los hechos expuestos por la Fiscalía. Asimismo, de manera apegada a derecho, se estableció que la conducta se ejecutó a título de su probable participación del imputado en la comisión del hecho que la ley señala como delito de desaparición cometida por particulares, cometido en agravio de Pablo Franco Cruz Santiago, en términos del artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal, en su calidad de coautor material, porque conjuntamente con otras personas participó en la desaparición de la víctima en cuestión. En las reseñadas condiciones, se estiman colmados todos los requisitos previstos en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual fue acertado que la jueza de control responsable dictara al imputado, aquí quejoso, el auto de vinculación a proceso que reclama en esta vía constitucional. De lo anterior se advierte que la decisión de la juez responsable es jurídicamente correcta y, en consecuencia, son infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso, pues la autoridad responsable tuvo elementos de prueba, que la llevaron a tener por acreditada la probable participación del imputado en la comisión del delito atribuido, y realizó una valoración adecuada respecto a las pruebas ofrecidas, las cuales determinó idóneas, pertinentes y suficientes. En efecto, fue apegado a derecho el auto de vinculación a proceso, emitido por la juez responsable, pues, como se estableció con antelación, con los datos de prueba expuestos se acreditó el hecho considerado por la norma penal como el delito de desaparición cometida por particulares; de igual manera, quedó especificado el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Entonces, resulta infundado lo argumentado por la parte quejosa al expresar que, en el caso, se vulneró en su perjuicio la garantía del debido proceso, ya que, agregó, no se le otorgó el derecho a tener una defensa adecuada, pues el tiempo otorgado de cuatro horas para ofrecer pruebas no era suficiente para imponerse de la carpeta de investigación; lo anterior, toda vez que quedó demostrado que en la audiencia de cinco de octubre de dos mil veintiuno el aquí quejoso, a fin de incorporar datos de prueba a su favor, solicitó la ampliación del plazo constitucional; de ahí que en dicha ampliación tuvo la oportunidad de imponerse de los autos y ofrecer pruebas que refiere. Además, respecto a que la prueba consistente en el testimonio de Arturo Marín Castillejos, de quince de diciembre de dos mil veintiuno, que dijo la parte quejosa resulta ser un dato de prueba ilícita al recibirse la declaración ministerial en calidad de presentado sin asistencia de un abogado defensor; resulta infundado, pues del desarrollo de la audiencia no se advierte que a dicho ateste le asista diverso carácter en la causa o en otra diversa al que sostuvo cuando declaró. Sin que pase desapercibido que en los conceptos de violación aduce que su testimonio precedía de una declaración de ese testigo obtenida de un oficio de presentación 387/F.E.R.I./2021; sin que se adviertan más datos al respecto, ni se aprecia del desarrollo de la audiencia que se haya ofrecido o expresado claramente el motivo de su ofrecimiento; de ahí que, jurídicamente, no se pueden analizar los datos de prueba que no fueron ofrecidos a la juez responsable. También, como ya asentó de la resolución analizada, el dictamen pericial ofrecido por la parte quejosa, a fin de demostrar la falsedad de la firma que calza la declaración del ateste Arturo Marín Castillejos, se estimó su desechamiento por parte de la juzgadora de forma correcta, pues, se reitera, la defensa del imputado sostuvo como teoría del caso demostrar que en la fecha en que ocurrió el hecho delictuoso estuvo detenido en el Municipio de San José del Progreso Ocotlán Oaxaca; aspecto en el que deben recaer las pruebas de quien sostiene esa teoría; entonces, la prueba pericial ofrecida no era idónea, como así lo señaló la juez natural, para acreditar esa teoría del caso. En tanto que el informe de telefonía de "Telcel Movil, S.A. de C.V"., suscrito por el apoderado legal de esa empresa, de veintiocho de enero de dos mil veintiuno; resultaba, en ese momento, innecesario, pues el mismo ya obraba en la carpeta de investigación. Y por lo que hace a la prueba consistente en las documentales expedidas por el secretario municipal San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, donde se hizo constar que el catorce de enero de dos mil veintiuno, fecha en que sucedieron los hechos, el aquí quejoso, según afirma, se encontraba detenido en la cárcel municipal de la población de San José del Progreso, como lo acreditó con el convenio celebrado ante el síndico municipal de esa población entre Brenda Odeth Martinez Cruz; no generaron convicción en la juzgadora, pues, se precisó correctamente, no se aportó el medio idóneo para acreditar la manera de obtención de ese dato de prueba. Además, como así lo señaló correctamente la responsable, la detención del quejoso que dijo ocurrió en la época de la comisión del delito ya referido no se encontraba corroborado en el Registro Nacional de Detenciones, a efecto de establecer que no se encontraba en el lugar de los hechos; sin que pase desapercibido que las constancias ya mencionadas hayan sido expedidos por autoridades municipales, quienes, en la mayoría, se rigen por usos y costumbres, y si bien la citada detención no fue reportada al sistema ya señalado; tampoco la defensa acreditó con alguna diversa probanza tal circunstancia, pues solo demostró la existencia de tales documentales; aspecto que no fue robustecido con ningún otro dato de prueba, como, en su caso, la comparecencia de las autoridades municipales que intervinieron en los hechos relacionados con la detención de Francisco Javier Ortiz Cancino en la fecha y hora que refiere la defensa; al contrario, con la prueba de refutación que ofreció el Ministerio Publico, consistente en la inspección ocular que se practicó por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, se estableció que, al parecer, no existe la información respecto de la detención del imputado ante ese municipio; por tanto, al existir duda razonable sobre dicha prueba, fue correcta la determinación de la juez responsable. En relación al argumento relativo a la valoración incorrecta de las demás pruebas ofrecidas, no le asiste la razón a la parte quejosa, pues, como ya se asentó, respecto al informe de treinta de enero de dos mil veintiuno, suscrito por la licenciada Leslie Martínez Sosa, analista de la Unidad Especializada en Desaparición Forzada de la Vicefiscalía de Atención a Víctimas y a la Sociedad de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se precisa que, como también correctamente lo refirió la responsable, se realizaron productos de inteligencia y redes de cruces que elaboró, donde se aprecia que los números telefónicos 9515692177 y 9511308917 presentan contactos en común con las líneas 9512780724 y 9511148880, números que responden a Alejandro Gabriel García Ríos e Jafet Iván Miguel Sánchez, quienes el testigo Arturo Marín Castillejos señaló que tuvieron intervención con los hechos delictuosos; lo cual quedó robustecido con el diverso informe FGEO/DI/1038/2021, de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, que suscribió la licenciada Beatriz Adriana Martinez Pacheco, jefa de la Unidad de Información Coyuntural de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, por el que informó que realizó productos de redes técnicas y ubicación geográfica de catorce de enero de dos mil veintiuno, así como una red de cruces de comunicación de esa fecha, de las líneas telefónicas de la víctima Pablo Franco Cruz Santiago; Abelardo Castillo López; Arturo Marín Castillejos; Francisco Javier Ortiz Cancino; Alejandro Gabriel García Ríos; Jorge Fernando Hernández Alonso; Jafet Iván Miguel Sánchez y Gerardo Castillo López; de ahí que, concatenados esos medios de prueba, resultaba procedente la emisión de la resolución combatida, en los términos expresados por la juez responsable. Por otro lado, la parte quejosa señaló que se vulnera lo establecido en el artículo 14 constitucional, pues la juez responsable no verificó la identidad de la víctima Martha Hilda Díaz Canseco en la audiencia de la ampliación del término constitucional, esto, al solicitar no prender la cámara en esa audiencia, por seguridad, por lo que no hubo certeza respecto a su identidad. Dicho argumento resulta ineficaz, pues, conforme al artículo 20, apartado C, fracción V, de la Constitución Federal, el órgano jurisdiccional está facultado para restringir la publicidad de los datos respectivos, por razones de seguridad, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos; en tanto que dicha circunstancia fue debidamente informado ante el Ministerio Público; ello, atendiendo a la seguridad requerida por esa víctima indirecta; de ahí que la designación e intervención del asesor jurídico designado por la víctima en la audiencia de plazo constitucional no contravino el principio de debido proceso. Así, en la resolución reclamada se respetaron los principios de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en el artículo 16 constitucional, que imponen la obligación que tienen las autoridades de fundar y motivar debidamente sus actos; como así lo ilustra la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 162 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Registro 176546, del rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." Así también, debe decirse que, en la especie, no se advierte dato alguno con el cual se infrinja la presunción de inocencia del quejoso, toda vez que el agente del Ministerio Público cumplió con su función persecutoria, pues hasta ese momento procesal se presentaron datos de prueba que acreditan la existencia del hecho delictivo imputado al quejoso, así como su probable participación; por tanto, al justificarse los extremos exigidos constitucionalmente para el dictado del auto de vinculación a proceso, es evidente que no existe detrimento al principio de presunción de inocencia del quejoso. Es aplicable, la tesis P. VI/2018 (10a.), emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 472, libro 62 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, enero de 2019, Décima Época, Registro 2018964, del tenor literal siguiente: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. Para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora." Sin que, en el caso, se advierta que en el proceso penal de que se trata se hayan contravenido los principios de igualdad, congruencia y contradicción, pues de las audiencias que obran en el disco versátil digital remitido por la autoridad responsable, se advierte lo siguiente: - Se respetaron los derechos de ambas partes de intervenir, alegar y citar datos de pruebas. - Lo resuelto por la autoridad responsable es acorde a las manifestaciones de la representación social y de la defensa. - Se dio oportunidad a las partes de conocer y controvertir tanto las afirmaciones como los datos de pruebas expuestos por su contraria. Por ello, los elementos que configuran la conducta típica, son: 1) que el sujeto activo prive de la libertad a una persona, y 2) que la finalidad de esa privación de la libertad sea para ocultar a la víctima o su suerte o paradero. Lo cual fue tomado en consideración por la autoridad responsable, al ser el referido el ilícito por el que se le formuló imputación. Finalmente, no se desatienden las tesis que invocó el quejoso en su demanda de amparo, de rubros: a) "DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTÍA" y b) "DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN"; lo anterior, pues del desarrollo de la audiencia en la cual se emitió la resolución combatida se aprecia que se respetaron los derechos humanos del ahora quejoso, relativas al debido proceso; es decir, se atendieron las formalidades del procedimiento del sistema de justicia penal acusatorio adversarial y oral; lo que, en el caso, como quedó precisado, se satisfizo. Y, por lo que hace a las diversas tesis, de rubro: c) "PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES"; d) "PRUEBA ILÍCITA. LÍMITES DE SU EXCLUSIÓN" y e) "DECLARANTE POR REFERENCIA DE TERCEROS. LA CONFUSIÓN TERMINOLÓGICA POR EL USO DE LA INCORRECTA EXPRESIÓN "TESTIGO DE OÍDAS", NO GENERA AGRAVIO AL QUEJOSO"; debe decirse que no se advierte que los datos de prueba presentados a la juez responsable en la audiencia de mérito se hayan ofrecido de manera ilícita; en tanto que, respecto a la declaración del testigo ya referido, tampoco se trata de un testigo de oídas conforme a la tesis que invoca la parte quejosa; pues, conforme a lo dilucidado en el desarrollo de la audiencia, el testimonio que rindió quedó relacionado con los demás datos de prueba aportados; por ello, las citadas tesis no tienen aplicación, al menos, para los fines que pretende el quejoso. Por lo anterior, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Francisco Javier Ortiz Cancino, contra el auto de vinculación de diez de enero de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 594/2021, reclamada a la juez de Control del Circuito Judicial de la Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta el día de hoy, veintiséis de julio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  3. Principal

    PRAL.134/2022.MESA-6 Visto para resolver el juicio de amparo 134/2022, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y remitido a este Juzgado, por razón de turno, el uno de febrero siguiente, Francisco Javier Ortiz Cancino, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del juez de Control con sede San Francisco, Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de dos de febrero de dos mil veintidos se registró la demanda de amparo con el expediente 134/2022; se admitió a trámite la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de dos de marzo de dos mil veintidós se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados 1) Martha Hilda Díaz Canseco (victima indirecta) y de los licenciados 1) Néstor Pérez Vásquez y 2) Sarahí Gordillo Martínez, agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Desaparición Forzada de la Vicefiscalía de Atención a Víctimas y a la Sociedad de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; quienes quedaron emplazados el ocho de marzo del año en curso. Mediante proveídos de veintiuno de abril y siete de junio del año en curso, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la tercera interesada, Martha Hilda Díaz Canseco, se ordenó emplazar a juicio a los asesores jurídicos 1) Rodolfo Ricardo López Gandarillas y 2) Emmanuel Cabrera Rodríguez; quienes quedaron notificados, respectivamente, el veintiséis de abril y catorce de junio de este año; no se apersonaron a juicio; circunstancia que se le hizo del conocimiento de la tercera interesada ya mencionada a través del proveído de treinta de junio pasado. Previo los diferimientos respectivos, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y porque, a decir de la parte quejosa, el acto tendrá ejecución en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: De la juez de Control del Circuito Judicial de la Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca: El auto de vinculación de diez de enero de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 594/2021. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir el informe justificado solicitado, la autoridad responsable, juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco, Tanivet, Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado que se le atribuye. Al respecto, refirió que el diez de enero de dos mil veintidós se dictó el auto de vinculación a proceso contra de Francisco Javier Ortiz Cancino, por la probabilidad que cometió o participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito de desaparición cometida por particulares, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en relación con los artículos 7 fracción II, 9 primer párrafo, 13 fracción III y VI, todos del Código Penal Federal, aplicable de forma supletoria, de conformidad con el artículo 6 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cometido en agravio de Pablo Franco Cruz Santiago; asimismo, que le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual cumple en el Centro Penitenciario Varonil de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Para acreditar lo anterior, remitió un disco versión digital en formato DVD que contiene el registro de audio y video de la a) audiencia de formulación de imputación inicial en cumplimiento a una orden de aprehensión de cinco de enero de dos mil veintidós, dictada en la causa penal 594/2021; b) audiencia de ampliación de término constitucional de diez de enero de este año dictada en la causa penal ya referida; c) índice cronológico de dichas audiencias en formato PDF y d) copia del registro del auto de vinculación a proceso de diez de enero de dos mil veintidós, en formato PDF, que merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, registro 2004362, del rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. Causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman este juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieren hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, página 830, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Estudio de fondo. Cabe mencionar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 76 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional puede abordar el estudio de los motivos de disenso en forma conjunta o separada o en diverso orden al propuesto, así como los razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión, efectivamente, planteada, con la salvedad de no cambiar los hechos expuestos en la demanda. También se precisa que, de ser procedente, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, incluso ante la ausencia de éstos en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, al tratarse la parte quejosa del imputado en el proceso penal de origen. Al respecto, la parte quejosa manifestó como conceptos, en síntesis, que: Se vulneran en su perjuicio la garantía del debido proceso establecido en los artículos 14, 16, 19, 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 261, 263, 314, 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se vulnero su derecho a ofrecer pruebas. No se le otorgó el derecho a tener una defensa adecuada, al no darle tiempo suficiente para imponerse de la carpeta de investigación. El dato de prueba consistente en el testimonio de Arturo Marín Castillejos, de quince de diciembre de dos mil veintiuno, precedía de una declaración de ese testigo de uno de julio de dos mil veintiuno, obtenida de un oficio de presentación 387/F.E.R.I./2021 y tal declaración resulta un dato de prueba ilícita, pues a dicho testigo se le recibió una declaración ministerial en calidad de presentado sin asistencia de un abogado defensor, por lo cual resulta ilícito al haberse obtenido con violación a derechos fundamentales y que de la misma derivó la segunda declaración con la que fue vinculado a proceso. Se valoró incorrectamente el dato de prueba consistente en la entrevista realizada por el testigo de Arturo Marín Castillejos. Se vulneró lo establecido en los artículos 20, apartado B, fracción IV, de la Constitucional Federal y 314, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no admitirse el dato de prueba consistente en la prueba pericial en grafoscopía a cargo del perito Miguel Ángel Reyes Pinelo, con el que se acreditaría que la firma que calza la declaración del testigo de Arturo Marín Castillejos no guarda correspondencia con la firma de aquel y que obra en la copia de su credencial de elector; esto, con motivo que se consideró que no tenía relación con la teoría del caso, no obstante que el mismo fue ofrecida en tiempo y forma. Se valoró incorrectamente el informe rendido por Leslie Martinez Sosa, pues no es objetivo, ya que dicho perito soslayó el informe del apoderado legal de Radio Móvil Dipsa, sociedad anónima de capital variable, mediante oficio OF-FEADAI-181-2021. Se valoró incorrectamente el dato de prueba consistente en el cuadernillo de diez fojas útiles certificadas por el secretario municipal San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, donde se hizo constar que el catorce de enero de dos mil veintiuno, fecha en que sucedieron los hechos, se encontraba detenido en la cárcel municipal de la población de ese municipio, como lo acreditó con el convenio celebrado ante el síndico municipal de esa población entre Brenda Odeth Martinez Cruz y el quejoso. Se vulnera lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Federal, pues la juez no verificó que, efectivamente, la victima Martha Hilda Díaz Canseco estuviera presente en la audiencia de la ampliación del término constitucional, quien solicitó, por seguridad jurídica, no prender la cámara en la audiencia; de ahí que no existe certeza jurídica si la persona que supuestamente nombra al asesor jurídico sea esa parte procesal. Ahora, resulta oportuno destacar que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se estableció un sistema de justicia penal acusatorio adversarial y oral, que cumple con los principios del debido proceso legal, como el de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad; ello, de acuerdo con lo señalado en la iniciativa respectiva, con el objetivo de garantizar la vigencia del debido proceso en materia penal, recuperar la confianza en la justicia penal y de sus instituciones, así como hacer más eficiente la persecución e investigación de los delitos y el trabajo de los tribunales penales, asegurar la protección, asistencia y participación de las víctimas en el proceso penal. Además, de los derechos jurídicos consagrados en la Constitución Federal, como principio rector a salvaguardar, está el conducente a la presunción de inocencia, que conlleva a que el juez de control y, en su momento, el juez del juicio oral, tiengan la obligación de velar por los derechos fundamentales de todo gobernado que se encuentre sujeto a su potestad y, con ello, el deber de fundamentar y motivar debidamente sus determinaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 constitucional. En ese entendido, en el análisis que se efectuará en esta sentencia serán considerados los requisitos que ahora señala el referido artículo 16 de la Constitucional Federal, pues, acorde a la reforma, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; como así lo iustra la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 45, agosto 2017, tomo I, página 360, del rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". Y la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, febrero de 2009, página 430, registro 167829, del texto siguiente: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMAS CONSTITUCIONALES PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 TAMBIÉN DEPENDE DE LA EMISIÓN DE LA DECLARATORIA A QUE ALUDEN LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS DEL PROPIO DECRETO, LO CUAL ES DETERMINANTE PARA EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD RELATIVO". En ese contexto, el estudio del acto reclamado se realizará conforme a las cuestiones debatidas en la audiencia de auto de vinculación a proceso de diez de enero de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 594/2021, y que fueron ponderadas por la juez responsable; ello, atendiendo al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio, es decir, este Juzgado de Distrito debe limitarse a analizar los datos de prueba que le fueron ofrecidos al juez responsable, porque, de considerar otros elementos probatorios, vulneraría el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, lo que permite el equilibrio procesal entre los sujetos procesales. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis II.1º.8 P (10ª.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, octubre de 2014, tomo III, visible en la página 2902, registro 2007612, del rubro siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA DENTRO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA NO VULNERAR EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, DEBE LIMITARSE A ANALIZAR LOS DATOS DE PRUEBA VALORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Ahora, el auto de vinculación de diez de enero de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 594/2021, está regido por el artículo 19 de nuestra Carta Magna, que dispone: "Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". Es importante destacar que el auto de vinculación a proceso constituye un acto de molestia, y los requisitos para su dictado, se contemplan en el artículo 19 constitucional; dicho numeral dispone que, para el dictado del auto de vinculación a proceso, se requiere que los datos de prueba acrediten que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que exista la probable responsabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Además, para la emisión del auto de vinculación a proceso, el juez de control no debe imponerse de los medios de prueba que obren en la carpeta de investigación, pues tal cuestión es permitida únicamente al representante social, al imputado y a su defensa; quienes en la audiencia inicial, específicamente, el fiscal que formule la imputación, deberá reseñar y relatar en forma precisa los denominados antecedentes de investigación o elementos de prueba que existan en la carpeta de investigación, y será con base en tal información que proporcionen las partes, con lo que el juzgador deberá emitir el auto de vinculación, motivo por el cual no puede exigírsele en este estado procesal, describir de forma tan detallada los elementos de prueba, precisamente, por no tenerlos a la vista, pues, se insiste, el juzgador emitirá su determinación con base en la información que de viva voz le proporcionen las partes. Así, resulta necesario mencionar los siguientes antecedentes del acto reclamado de forma sucinta y que obran en el disco remitido por la autoridad responsable: A. El cinco de enero de dos mil veintidós se llevó a cabo la audiencia de término constitucional en la causa penal 594/2021, instruida contra Francisco Javier Ortiz Cancino, por el delito de desaparición cometida por particulares, cometido en agravio de Pablo Franco Cruz Santiago (minuto 00:00:24, archivo 000135_2022_P01 de A11 COMUNICACION EN CUMPLIMIENTO A ORDEN 05-10-2021). B. En la referida audiencia el aquí quejoso, a fin de incorporar datos de prueba a su favor, solicitó la ampliación del plazo constitucional (minuto 01:35:23, archivo 000135_2022_P02 de A11 COMUNICACION EN CUMPLIMIENTO A ORDEN 05-10-2021). C. El agente del Ministerio Público le comunicó la imputación por los siguientes hechos (minuto 00:09:20 y 00: 23:46, archivo 000135_2022_P02 de A11 COMUNICACION EN CUMPLIMIENTO A ORDEN 05-10-2021): Con fecha catorce de enero de dos mil veintiuno, siendo a las diez horas con diez minutos aproximadamente el ciudadano Pablo Franco Cruz Santiago se encontraba a bordo de su camioneta marca Toyota tipo Tacoma sobre la calle Leona Vicario, colonia Barrio de Morelos, San Pablo Etla, Oaxaca, siguiendo una camioneta marca Ford tipo EcoSport y justo al detenerse ambos vehículos y al descender de su vehículo Pablo Franco Cruz Santiago y de la camioneta EcoSport Abelardo y Gerardo, ambos de apellidos Castillo López, así como el ciudadano Francisco Javier Ortiz Cancino "ALIAS PACO MEMELAS" amagaron a Pablo Franco Cruz Santiago con el apoyo de Alejandro Gabriel García Ríos "ALIAS EL ALEX", Jafet Iván Miguel Sánchez "ALIAS EL BOTAS" y Ángel Manuel Heredia López "ALIAS MEMO", para posteriormente subirlo en los asientos traseros de la camioneta marca Toyota tipo Tacoma e ingresar al domicilio de Jorge Fernando Hernández Alonso dejarlo ahí y retirarse a bordo de la camioneta de la víctima. D. La agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso y dio a conocer que en el legajo de investigación existían diversos datos de prueba, a saber (minuto 00:28:15, archivo 000135_2022_P02 de A11 COMUNICACION EN CUMPLIMIENTO A ORDEN 05-10-2021): Registro de denuncia de Martha Hilda Díaz Canseco, de catorce de enero de dos mil veintiuno. Informativa de número 556/SERI/2021 de veintiséis de octubre del año dos mil veintiuno, suscrita por Cesar Luis Acevedo Pérez, agente Estatal de Investigaciones con número de identificación 094. Fotovolante de la víctima Pablo Franco Cruz Santiago de referencia, elaborado y difundido por la Unidad de personas desaparecidas y no localizadas de la Fiscalía General del Estado. Entrevista realizada por parte del agente Estatal de Investigaciones al ciudadano Arturo Marín Castillejos, de quince de diciembre de dos mil veintiuno. Oficio sin número de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el apoderado legal de la empresa RADIO MÓVIL DIPSA S.A. DE C.V. Oficio sin número de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el apoderado legal de la empresa RADIO MÓVIL DIPSA S.A. DE C.V. Ratificación de los datos conservados por el juez Primero de Control adscrita al Centro Nacional de Justicia Especializada en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, con sede en la Ciudad de México, bajo el expediente RECCE50/2021 de veintidós de enero de dos mil veintiuno. Oficio sin número de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el apoderado legal de la empresa RADIO MÓVIL DIPSA. Ratificación de líneas telefónicas por el juez Noveno de Control adscrito al Centro Nacional de Justicia Especializada en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, con sede en la Ciudad de México, bajo el expediente RECCE143/2021/V. Informe de treinta de enero de dos mil veintiuno, que suscribió la licenciada Leslie Martínez Sosa, analista de la Unidad Especializada en Desaparición Forzada de la Vicefiscalía de Atención a Víctimas y a la Sociedad de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Informe FGEO/DI/1038/2021 de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, que suscribió la licenciada Beatriz Adriana Martinez Pacheco, jefa de la Unidad de Información Coyuntural de la Fiscalía del Estado de Oaxaca. E. Después de haberse desahogado las pruebas ofrecidas por la agente del Ministerio Público investigadora, se concedió el uso de la voz al imputado y a su defensa, quien solicitó la ampliación del plazo constitucional, fijándose las catorce horas del diez de enero de dos mil veintidós para la audiencia de término constitucional (minuto 01:35:17, archivo 000135_2022_P02 de A11 COMUNICACION EN CUMPLIMIENTO A ORDEN 05-10-2021). F. En la audiencia de ampliación del término constitucional de diez de enero de dos mil veintidós (minuto 00:00:18, archivo 000200_2022_P02 de A12 AMPLIACION DE TERMINO CONSTITUCIONAL 10-01-22), la defensa del imputado señaló como teoría del caso, que siendo las veintitrés horas del trece de enero de dos mil veintiuno Francisco Javier Ortiz Cancino estuvo detenido en el Municipio de San José del Progreso Ocotlán Oaxaca, en un lugar diverso, por un hecho probablemente constitutivo de delito y que salió de ese lugar a las doce horas con veinte minutos del catorce de enero de dos mil veintiuno. G. Incorporó los datos de prueba siguientes (minuto 00:00:07, archivo 000200_2022_P02 y 00:05:34, archivo 000200_2022_P03 de A12 AMPLIACION DE TERMINO CONSTITUCIONAL 10-01-22): Entrevista realizada por parte del agente Estatal de Investigaciones al ciudadano Arturo Marín Castillejos, de quince de diciembre de dos mil veintiuno. Dictamen pericial suscrito por el perito Miguel Ángel Reyes Pinelo, perito en Criminalística y Criminología y Técnicas Periciales de nueve de enero de dos mil veintidós. Informe de telefonía de "Telcel Movil, S.A. de C.V". suscrito por el apoderado legal de esa empresa de veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Escrito de seis de enero de dos mil veintidós, suscrito por el defensor particular de la parte quejosa, dirigido al síndico procurador del Municipio de San José del Progreso Ocotlán Morelos, Oaxaca. Oficio SMSJP/008/2022 de ocho de enero de dos mil veintidós, firmado por el síndico procurador del Municipio de San José del Progreso Ocotlán, Oaxaca. Oficio SMSJP/105/2021 de trece de enero de dos mil veintiuno, firmado por el síndico procurador del Municipio de San José del Progreso Ocotlán, Oaxaca, dirigido al comandante de la policía municipal preventiva de ese municipio. Oficio SMSJP/109/2021 de catorce de enero de dos mil veintiuno, relativa a una boleta de libertad firmada por el síndico procurador del Municipio de San José del Progreso Ocotlán, Oaxaca, dirigido al comandante de la policía municipal preventiva de ese municipio. Acta suscrita por la sindicatura municipal ya referida, de catorce de enero de dos mil veintiuno, firmado por el síndico procurador del Municipio de San José del Progreso Ocotlán, Oaxaca. Oficio PMPSJP/027/2021, por el cual se pone a disposición a una persona por falta administrativa, de trece de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el comandante en turno de la Policía Municipal de Preventiva de San José del Progreso Ocotlán, Oaxaca y dirigido al síndico de ese mismo municipio; con anexo de credenciales de votar por Brenda Odeth Martínez Cruz y por el imputado; así como una certificación secretarial de la secretaria de ese municipio con fecha de ocho de enero de dos mil veintidós. Acta de entrevista a Brenda Odeth Martínez Cruz realizada por el defensor particular Luis Alberto Hernández López, de nueve de enero de dos mil veintidós. H. La juez responsable determinó desechar los siguientes datos de prueba ofrecidos por la parte quejosa (minuto 00:29:47, archivo 000200_2022_P03 de A12 AMPLIACION DE TERMINO CONSTITUCIONAL 10-01-22): Dictamen pericial suscrito por el perito Miguel Ángel Reyes Pinelo, perito en Criminalística y Criminología y Técnicas Periciales, de nueve de enero de dos mil veintidós; lo anterior, toda vez que no resulta pertinente ni idóneo para acreditar la teoría del caso planteado por la parte quejosa, esto es, que el imputado estaba detenido cuando sucedieron los hechos. Informe de telefonía de "Telcel Movil, S.A. de C.V". suscrito por el apoderado legal de esa empresa de veintiocho de enero de dos mil veintiuno; lo anterior, toda vez que la misma ya obraba en autos. I. Finalmente, se vinculó a proceso al imputado de referencia (minuto 00:42:18, archivo 000200_2022_P05 de A12 AMPLIACION DE TERMINO CONSTITUCIONAL 10-01-22): Hecha la anterior reseña, se estima apegada a derecho la determinación de la autoridad judicial responsable, en la que se dictó auto de vinculación a proceso contra el ahora quejoso Francisco Javier Ortiz Cancino, pues atendió lo dispuesto por el artículo 19, párrafo primero, constitucional, que dispone que para vincular a proceso a una persona debe establecerse lo siguiente: a) El delito que se reprocha al imputado. b) El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. c) Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y, d) Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Con relación a este último requisito, se precisa que para dictar el auto de vinculación a proceso sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, se debe resolver la vinculación o no a proceso, con base en los datos de prueba a que haga referencia el agente del Ministerio Público en su respectiva solicitud. Aunado a ello, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". (Transcripción) Además, en la resolución de situación jurídica deben respetarse los principios de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en el artículo 16 constitucional, que imponen la obligación que tienen las autoridades de fundar y motivar debidamente sus actos; como así lo ilustra la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 162 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Registro 176546, del rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." Es importante destacar que existen requisitos de forma y fondo para emitir el auto de vinculación a proceso, en el sistema de justicia penal oral y acusatorio. Los primeros (requisitos de forma), son los siguientes: De forma. 1.1. Que sea emitido por una autoridad judicial competente. 1.2. Que se realice la imputación, esto es, que exista un comunicado por el Ministerio Público en presencia del juez, en el sentido de que desarrolla una investigación contra el imputado respecto de uno o más hechos delictuosos; con lo que se da cumplimiento a los principios acusatorio y de inmediación, que rigen el procedimiento. 1.3. Que el imputado haya rendido declaración o manifestado su deseo de no hacerlo, y habiéndose asegurado que el procesado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso; situación que reviste de especial importancia, debido a que, por medio de ésta, se atiende al principio de contradicción; 1.4. Que se pronuncie dentro del plazo de setenta y dos horas, el cual puede ser duplicado bajo petición del implicado o su defensa o, bien, el imputado puede renunciar a dichos plazos y pedir que se resuelva su situación jurídica en la audiencia respectiva con los datos que obren en la carpeta administrativa del representante social, atendiendo a los principios de inmediación y publicidad, el cual es un requisito de orden constitucional. 1.5. Que de la exposición del Fiscal se exprese el hecho que se señale como delito que se reprocha al imputado; además, 1.6 El lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. Los segundos (requisitos de fondo), son los siguientes: De fondo Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el agente del Ministerio Público se adviertan datos de prueba que establezcan: 2.1. La comisión de un hecho que la ley señala como delito; y, 2.2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 2.3. Además, deberá indicar si se actualiza o no una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Así, de la reproducción y estudio del disco óptico (DVD) que contiene las audiencias de formulación de imputación inicial y de ampliación de término constitucional de diez de enero de este año dictada en la causa penal 594/2021, en la que se vinculó a proceso al ahora quejoso, al tenor del artículo 19 constitucional, como correctamente lo consideró la responsable, se estiman colmados los requisitos de forma y fondo antes precisados; es decir, la resolución de vinculación a proceso reclamada se dictó ajustada a derecho y, en sí, no irroga violación alguna a los derechos humanos del ahora quejoso, en los términos que a continuación se precisarán. En cuanto a los requisitos de forma, el primero (1.1.) se cumplió, pues se evidencia que la resolución en la que se dictó el auto de vinculación a proceso fue emitida por una autoridad judicial competente, esto es, por la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco, Tanivet, Oaxaca; asimismo, por cuanto hace a la competencia (objetiva), respecto de la materia, al ser hechos delictuosos cuyo conocimiento está asignado a un juzgado especializado en materia penal del fuero Estatal; por la territorialidad, ya que los hechos acontecieron en la calle Leona Vicario, colonia Barrio de Morelos, San Pablo Etla, Oaxaca; lugar donde ejerce jurisdicción la autoridad señalada como responsable; asimismo, se encuentra legitimada para resolver la situación jurídica (minuto 00:45:04, archivo 000_2022_P05 de A12 AMPLIACION DE TERMINO CONSTITUCIONAL 10-01-22): El segundo de los requisitos se encuentra satisfecho (1.2), ya que la representación social formuló imputación contra el ahora quejoso, esto es, el fiscal, en la audiencia de cinco de enero de dos mil veintidós, dictada en la causa penal 594/2021, ante la presencia de la juez responsable, comunicó al aquí quejoso el desarrollo de la investigación respecto de los hechos que informó como constitutivos del delito de desaparición cometida por particulares, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en relación con los artículos 7, fracción II, 9 primer párrafo, 13, fracciones III y VI, todos del Código Penal Federal, aplicable de forma supletoria, de conformidad con el artículo 6 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; además, solicitó a la autoridad judicial se vinculara a proceso al imputado, por su probable participación en la comisión del hecho señalado en la ley como delito (minuto 00:09:20, 00: 23:46 a 00:24:46, archivo 000135_2022_P01 de A11 COMUNICACION EN CUMPLIMIENTO A ORDEN 05-10-2021). El tercero de los requisitos también se encuentra satisfecho (1.3.), en razón de que en la audiencia de imputación se advierte que la jueza de control hizo saber al imputado su derecho a declarar o guardar silencio; derecho que ejerció, inicialmente, cuando manifestó que se reservaba el derecho de declarar, según se advierte del archivo del disco versátil (minuto 00:26:52, archivo 000135_2022_P02 de A11 COMUNICACION EN CUMPLIMIENTO A ORDEN 05-10-2021). En relación al cuarto de los requisitos (1.4.), debe indicarse que el imputado, previo asesoramiento de su defensor, solicitó la ampliación del plazo constitucional para resolver su situación jurídica, por lo cual, la juez responsable fijó las catorce horas del diez de enero de dos mil veintidós para la audiencia de término constitucional (minuto 01:35:17, archivo 000135_2022_P02 de A11 COMUNICACION EN CUMPLIMIENTO A ORDEN 05-10-2021). El quinto de los requisitos (1.5.) también se encuentra colmado, puesto que en el auto de vinculación a proceso dictado al quejoso, se especificó el delito por el cual se le formuló imputación, esto es, el delito de desaparición cometida por particulares, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en relación con los artículos 7, fracción II, 9, primer párrafo, 13, fracciones III y VI, todos del Código Penal Federal, aplicable de forma supletoria, de conformidad con el artículo 6 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; cometido en agravio de Pablo Franco Cruz Santiago (minuto 00:45:22, archivo 000_2022_P05 de A12 AMPLIACION DE TERMINO CONSTITUCIONAL 10-01-22): Por lo que hace al sexto requisito (1.6.), el mismo se encuentra acreditado, en razón que, en el acto reclamado, en el cual la representación social formuló imputación, se estableció el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de tales hechos, conforme a lo que se narró: "Con fecha de catorce de enero de dos mil veintiuno, siendo a las diez horas con diez minutos aproximadamente el ciudadano Pablo Franco Cruz Santiago se encontraba a bordo de su camioneta marca Toyota tipo Tacoma sobre la calle Leona Vicario, colonia Barrio de Morelos, San Pablo Etla, Oaxaca, siguiendo una camioneta marca Ford tipo EcoSport y justo al detenerse ambos vehículos y al descender de su vehículo Pablo Franco Cruz Santiago y de la camioneta EcoSport Abelardo y Gerardo, ambos de apellidos Castillo López, así como el ciudadano Francisco Javier Ortiz Cancino "ALIAS PACO MEMELAS", amagaron a Pablo Franco Cruz Santiago con el apoyo de Alejandro Gabriel García Ríos "ALIAS EL ALEX", Jafet Iván Miguel Sánchez "ALIAS EL BOTAS" y Ángel Manuel Heredia López "ALIAS MEMO", para posteriormente subirlo en los asientos traseros de la camioneta marca Toyota tipo Tacoma e ingresar al domicilio de Jorge Fernando Hernández Alonso, dejarlo ahí y retirarse a bordo de la camioneta de la víctima". Así, de forma correcta, la juez responsable consideró que existía suficiencia probatoria en el caso particular, debido que con los datos de prueba se acreditó el hecho penalmente relevante de desaparición cometida por particulares, así como la participación del imputado quejoso. En efecto, correctamente relacionó que la privación de la libertad de Pablo Franco Cruz Santiago quedó acreditada con la denuncia de Martha Hilda Díaz Canseco, de catorce enero de dos mil veintiuno, esposa del referido desaparecido, que rindió ante el Ministerio Público; esto porque refirió que fue en esa fecha vio por última vez a esa persona; además, dicha denunciante refirió sobre la llamada telefónica que recibió Pablo Franco Cruz Santiago en la mañana de la fecha en que se le vio por última vez; además, señaló la línea telefónica que este último tenía en la fecha de los hechos: además, la juez responsable señaló que la denunciante como su esposa estaba en condiciones de saber quién le habló a su esposo; así, esta última le dijo que entabló comunicación con Abelardo Castillo López, quien tenía una deuda con la víctima. Por lo cual, consideró que, atendiendo a ese parentesco de la denunciante con el sujeto pasivo del delito, lo informado se tornaba creíble y no había ningún dato para establecer que haya dado información falsa. Lo que quedó corroborado con el fotovolante de la víctima Pablo Franco Cruz Santiago, elaborado y difundido por la Unidad de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por lo cual se acreditó el dicho de la denunciante Martha Hilda Cruz Canseco, al denunciar la desaparición de su esposo el catorce enero de dos mil veintiuno, lo que consideró la juzgadora generaba credibilidad. También se corroboro con la informativa 556/SERI/2021 de veintiséis de octubre del año dos mil veintiuno, suscrita por el agente Estatal de Investigaciones con número de identificación 094 por el que informó el rastreo institucional que realizó y dio cuenta de que la víctima, Pablo Franco Cruz Santiago, no fue detenida por alguna autoridad competente, alguna autoridad policíaca, ni recibió algún tipo de atención médica en alguna institución médica; en consecuencia, señaló que esa informativa es fiable y tiene el alcance suficiente para establecer esos extremos, con esa informativa el Ministerio Público se allegó de información para la investigación de los hechos relacionados con la desaparición de Pablo Franco Cruz Santiago. De igual manera, lo corroboró con lo expuesto por el testigo Arturo Marín Castillejos, de quince de diciembre de dos mil veintiuno, en razón de que, con esta entrevista se relacionó con la desaparición de Pablo Franco Cruz Santiago. Además, respecto a la entrevista rendida por Arturo Marín Castillejos refirió hechos respecto del imputado Francisco Javier Ortiz Cancino; además, señaló las circunstancias por el cual conoce al quejoso, como su apodo o el alías; proporcionó los dos números telefónicos que precisó que tenía el imputado, el por qué lo conoce, esto, derivado de una amistad con él y que con motivo de esa amistad fue que Francisco Javier Ortiz Cancino lo invitó a participar en un evento delictivo consistente en la desaparición de Pablo Franco Cruz Santiago. Como se ve, dicho testigo dio las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se llevó a cabo el hecho en agravio de la víctima ya referida; lo anterior, porque dio información de cómo y cuándo, así como el modo en que se llevaría a cabo la desaparición de Pablo Franco Cruz Santiago; información que dijo recibió directamente del imputado Francisco Javier Ortiz Cancino; además, señaló la identidad de la persona interesada en desaparecer a la víctima Pablo Franco Cruz Santiago. Así, proporcionó información para acreditar el hecho penalmente relevante, así como la participación de quien se atribuye ese resultado, incluso, relató el lugar exacto donde Pablo Franco Cruz Santiago fue interceptado, el vehículo de motor a bordo del cual iba, el vehículo de motor a bordo del cual viajaban sus agresores; información que quedó corroborado con los diversos datos de prueba aportados por el Ministerio Público; no se advirtió que dicho ateste tuviere algún interés particular de perjudicar con su dicho a Francisco Javier Ortiz Cancino; además, tampoco se acreditó que haya declarado falsamente, como así lo adujo la defensa o que la declaración emitida estuviera hecha de ese modo. Por otro lado, también se corroboró con los oficios siguientes (minuto 00:44:47, archivo 000135_2022_P02 de A11 COMUNICACION EN CUMPLIMIENTO A ORDEN 05-10-2021): -Oficio sin número de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el apoderado legal de la empresa RADIO MÓVIL DIPSA S.A. DE C.V, por el cual se hizo entrega de los datos reservados del número telefónico de la víctima Pablo Franco Cruz Santiago con número telefónico 9511996745, por el periodo de uno al dieciocho de enero de dos mil veintiuno; y la ratificación de esos datos reservados por la juez competente; en el cual se desprende que el catorce de enero de dos mil veintiuno, uno de los números telefónicos en comunicarse con la víctima fue el 9514674167; asimismo, se hizo saber la última actividad del equipo celular de la víctima. -Oficio sin número de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el apoderado legal de la empresa RADIO MÓVIL DIPSA S.A. DE C.V., por el cual se hizo entrega de los datos reservados de la línea telefónica 9514674167 por el periodo de uno al veintiuno de enero de dos mil veintiuno; así como la ratificación de esos datos reservados por el juez competente; de la cual se desprende que la línea mencionada fue activada el doce de enero de dos mil veintiuno y estuvo activo únicamente hasta el catorce de enero siguiente, siendo que en esa fecha únicamente registra comunicación con la línea telefónica de la víctima Pablo Franco Cruz Santiago (9511996745) y con el diverso número telefónico 9515692177 (transmitida a través del equipo celular con número de Imei 353554082479640), siendo la línea telefónica 9511308917 con la que tuvo actividad. -Oficio sin número de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el apoderado legal de la empresa RADIO MÓVIL DIPSA, por el cual se hizo entrega de los datos reservados de los números telefónicos 9515692177 y 9511308917 por el periodo de uno al veintiocho de enero de dos mil veintiuno a nombre de Rogelio Romero Zarate y Urbano Jiménez Antonio; así como la ratificación de esos datos reservados por la juez competente; en el cual se desprende que las líneas telefónicas, sus coordenadas, los ubican en la antena cercana al lugar de la desaparición de la víctima. -Informe de treinta de enero de dos mil veintiuno suscrito por la licenciada Leslie Martínez Sosa, analista de la Unidad Especializada en Desaparición Forzada de la Vicefiscalía de Atención a Víctimas y a la Sociedad de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por medio del cual realizó productos de inteligencia y redes de cruces que elaboró donde se aprecia que los números telefónicos 9515692177 y 9511308917 presentan contactos en común con las líneas 9512780724 y 9511148880 números que responden a Alejandro Gabriel García Ríos e Jafet Iván Miguel Sánchez, quienes, según el dicho del testigo Arturo Marín Castillejos, tuvieron intervención con los hechos delictuosos y quienes ahora tienen orden de aprehensión vigente. -Informe FGEO/DI/1038/2021 de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, que suscribió la licenciada Beatriz Adriana Martinez Pacheco, jefa de la Unidad de Información Coyuntural de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, quien realizó productos de redes técnicas y ubicación geográfica de catorce de enero de dos mil veintiuno, así como una red de cruces de comunicación de esa fecha, de las líneas telefónicas de la víctima Pablo Franco Cruz Santiago; Abelardo Castillo López; Arturo Marín Castillejos; Francisco Javier Ortiz Cancino; Alejandro Gabriel García Ríos; Jorge Fernando Hernández Alonso; Jafet Iván Miguel Sánchez y Gerardo Castillo López. A los cuales, consideró acertadamente tenía una relación indiciaria con los datos de prueba aportados y lo declarado por Arturo Marín Castillejos. Asimismo, respecto a los datos de prueba ofrecidos por la defensa, consistentes en la a) entrevista de Arturo Marín Castillejos, de quince de diciembre de dos mil veintiuno y la parte relativa del informe de telefonía de "Telcel Movil, S.A. de C.V"., suscrito por el apoderado legal de esa empresa, de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, señaló que los mismos se sumaban a la defensa del quejoso. En relación a los restantes datos de prueba aportados por la parte quejosa, la responsable refirió que, relacionados conjuntamente, no lograron destruir el resultado de los datos de prueba del Ministerio Público; pues manifestó que las pruebas documentales consistentes en Escrito de seis de enero de dos mil veintidós, suscrito por el defensor particular de la parte quejosa, dirigido al síndico procurador del Municipio de San José del Progreso Ocotlán Morelos, Oaxaca. Oficio SMSJP/008/2022 de ocho de enero de dos mil veintidós firmado por el síndico procurador del Municipio de San José del Progreso Ocotlán, Oaxaca. Oficio SMSJP/105/2021 de trece de enero de dos mil veintiuno firmado por el síndico procurador del Municipio de San José del Progreso Ocotlán, Oaxaca, dirigido al comandante de la policía municipal preventiva de ese municipio. Oficio SMSJP/109/2021 de catorce de enero de dos mil veintiuno, relativa a una boleta de libertad firmado por el síndico procurador del Municipio de San José del Progreso Ocotlán, Oaxaca, dirigido al comandante de la policía municipal preventiva de ese municipio. Acta suscrita por la sindicatura municipal ya referida de catorce de enero de dos mil veintiuno, firmado por el síndico procurador del Municipio de San José del Progreso Ocotlán, Oaxaca. Oficio PMPSJP/027/2021 en el cual el asunto es por el cual se pone a disposición a una persona por falta administrativa de trece de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el comandante en turno de la Policía Municipal Preventiva de ese municipio y dirigido al síndico de ese mismo municipio; con anexo de credenciales de votar por Brenda Odeth Martínez Cruz y por el imputado; así como una certificación secretarial de la secretaria de ese municipio con fecha de ocho de enero de dos mil veintidós. Acta de entrevista a Brenda Odeth Martínez Cruz realizada por el defensor particular Luis Alberto Hernández López de nueve de enero de dos mil veintidós. Únicamente contradecían las afirmaciones que se otorgó al resultado de la entrevista de Arturo Marín Castillejos, pero no desvirtuaban la certeza de las afirmaciones que se otorgó al resultado de la entrevista practicada al Arturo Marín Castillejos, pues la detención del quejoso realizada el trece de enero del dos mil veintiuno, no se encontraba debidamente registrada en el Registro Nacional de Detenciones, pues el artículo 17 de esa legislación establece la obligación a los integrantes de las instituciones de seguridad pública para que lleven a cabo la detención de alguna persona de registrar esa detención de inmediato en la plataforma correspondiente, quienes incurren en una responsabilidad si no se cumple; por lo cual, la detención que se llevó a cabo de Francisco Javier Ortiz Cancino, el trece de enero del dos mil veintiuno, no se encontraba debidamente registrada en el Registro Nacional de Detenciones. Además, señaló que respecto a las demás pruebas ofrecidas por la defensa no lograban beneficiar la situación jurídica del quejoso, quienes pudieron solicitar el auxilio judicial para examinar a las autoridades municipales que dicen intervinieron en los hechos relacionados con la detención de Francisco Javier Ortiz Cancino en la fecha y hora que refiere la defensa, esto, a fin de ofrecer mayor consistencia a su teoría del caso; es decir, acreditar que el referido quejoso estuvo en un lugar distinto de donde fue desaparecido o visto por última vez Pablo Franco Cruz Santiago; además de acreditar la forma en que se obtuvieron tales datos de prueba; lo que, correctamente señaló la responsable, generó duda respecto a su obtención. Máxime que, ante ese dato de prueba, se ofreció como refutación por parte del Ministerio Público, la inspección ocular que se practicó por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, quienes al entrevistarse con al asesor jurídico del síndico municipal de San José del Progreso Ocotlán, Oaxaca, señaló que, al parecer, no existe información respecto de la detención de Francisco Javier Ortiz Cancino en esa sindicatura; consecuentemente, no se aportó la información correspondiente que pudiera corroborar lo aportado por la defensa. Además, respecto a lo que la defensa hizo referencia, en el sentido de que las líneas telefónicas que dicen utilizaban Francisco Javier Ortiz Cancino, no pertenecen a éste sino a diversas personas; refirió, correctamente, que eso no acreditó la teoría del caso de la defensa, pues señaló que es un hecho notorio que las líneas telefónicas regularmente no son propiedad de sus usuarios, sino de terceras personas, entonces, esto no desvirtúa que no sean propiedad del imputado. Así, los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación y que fueron considerados por la autoridad responsable, por el momento, fueron suficientes para la configuración del hecho delictivo consistente en la privación de la libertad de una persona. Por tanto, los antecedentes relatados por la Fiscalía y considerados por la juez responsable arrojaron los suficientes y razonables indicios para corroborar los elementos integrantes de la conducta atribuida, consistentes en: 1. La privación de la libertad de una persona; y 2. Que la finalidad de esa privación de la libertad sea para ocultar a la víctima o su suerte o paradero. En lo concerniente a la probabilidad que el imputado cometió la conducta; la jueza responsable tuvo por corroborado tal extremo, con los mismos datos de prueba que le fueron de utilidad para comprobar los elementos integrantes de la conducta delictiva y que quedaron reseñados con antelación, verificando así los hechos expuestos por la Fiscalía. Asimismo, de manera apegada a derecho, se estableció que la conducta se ejecutó a título de su probable participación del imputado en la comisión del hecho que la ley señala como delito de desaparición cometida por particulares, cometido en agravio de Pablo Franco Cruz Santiago, en términos del artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal, en su calidad de coautor material, porque conjuntamente con otras personas participó en la desaparición de la víctima en cuestión. En las reseñadas condiciones, se estiman colmados todos los requisitos previstos en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual fue acertado que la jueza de control responsable dictara al imputado, aquí quejoso, el auto de vinculación a proceso que reclama en esta vía constitucional. De lo anterior se advierte que la decisión de la juez responsable es jurídicamente correcta y, en consecuencia, son infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso, pues la autoridad responsable tuvo elementos de prueba, que la llevaron a tener por acreditada la probable participación del imputado en la comisión del delito atribuido, y realizó una valoración adecuada respecto a las pruebas ofrecidas, las cuales determinó idóneas, pertinentes y suficientes. En efecto, fue apegado a derecho el auto de vinculación a proceso, emitido por la juez responsable, pues, como se estableció con antelación, con los datos de prueba expuestos se acreditó el hecho considerado por la norma penal como el delito de desaparición cometida por particulares; de igual manera, quedó especificado el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Entonces, resulta infundado lo argumentado por la parte quejosa al expresar que, en el caso, se vulneró en su perjuicio la garantía del debido proceso, ya que, agregó, no se le otorgó el derecho a tener una defensa adecuada, pues el tiempo otorgado de cuatro horas para ofrecer pruebas no era suficiente para imponerse de la carpeta de investigación; lo anterior, toda vez que quedó demostrado que en la audiencia de cinco de octubre de dos mil veintiuno el aquí quejoso, a fin de incorporar datos de prueba a su favor, solicitó la ampliación del plazo constitucional; de ahí que en dicha ampliación tuvo la oportunidad de imponerse de los autos y ofrecer pruebas que refiere. Además, respecto a que la prueba consistente en el testimonio de Arturo Marín Castillejos, de quince de diciembre de dos mil veintiuno, que dijo la parte quejosa resulta ser un dato de prueba ilícita al recibirse la declaración ministerial en calidad de presentado sin asistencia de un abogado defensor; resulta infundado, pues del desarrollo de la audiencia no se advierte que a dicho ateste le asista diverso carácter en la causa o en otra diversa al que sostuvo cuando declaró. Sin que pase desapercibido que en los conceptos de violación aduce que su testimonio precedía de una declaración de ese testigo obtenida de un oficio de presentación 387/F.E.R.I./2021; sin que se adviertan más datos al respecto, ni se aprecia del desarrollo de la audiencia que se haya ofrecido o expresado claramente el motivo de su ofrecimiento; de ahí que, jurídicamente, no se pueden analizar los datos de prueba que no fueron ofrecidos a la juez responsable. También, como ya asentó de la resolución analizada, el dictamen pericial ofrecido por la parte quejosa, a fin de demostrar la falsedad de la firma que calza la declaración del ateste Arturo Marín Castillejos, se estimó su desechamiento por parte de la juzgadora de forma correcta, pues, se reitera, la defensa del imputado sostuvo como teoría del caso demostrar que en la fecha en que ocurrió el hecho delictuoso estuvo detenido en el Municipio de San José del Progreso Ocotlán Oaxaca; aspecto en el que deben recaer las pruebas de quien sostiene esa teoría; entonces, la prueba pericial ofrecida no era idónea, como así lo señaló la juez natural, para acreditar esa teoría del caso. En tanto que el informe de telefonía de "Telcel Movil, S.A. de C.V"., suscrito por el apoderado legal de esa empresa, de veintiocho de enero de dos mil veintiuno; resultaba, en ese momento, innecesario, pues el mismo ya obraba en la carpeta de investigación. Y por lo que hace a la prueba consistente en las documentales expedidas por el secretario municipal San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, donde se hizo constar que el catorce de enero de dos mil veintiuno, fecha en que sucedieron los hechos, el aquí quejoso, según afirma, se encontraba detenido en la cárcel municipal de la población de San José del Progreso, como lo acreditó con el convenio celebrado ante el síndico municipal de esa población entre Brenda Odeth Martinez Cruz; no generaron convicción en la juzgadora, pues, se precisó correctamente, no se aportó el medio idóneo para acreditar la manera de obtención de ese dato de prueba. Además, como así lo señaló correctamente la responsable, la detención del quejoso que dijo ocurrió en la época de la comisión del delito ya referido no se encontraba corroborado en el Registro Nacional de Detenciones, a efecto de establecer que no se encontraba en el lugar de los hechos; sin que pase desapercibido que las constancias ya mencionadas hayan sido expedidos por autoridades municipales, quienes, en la mayoría, se rigen por usos y costumbres, y si bien la citada detención no fue reportada al sistema ya señalado; tampoco la defensa acreditó con alguna diversa probanza tal circunstancia, pues solo demostró la existencia de tales documentales; aspecto que no fue robustecido con ningún otro dato de prueba, como, en su caso, la comparecencia de las autoridades municipales que intervinieron en los hechos relacionados con la detención de Francisco Javier Ortiz Cancino en la fecha y hora que refiere la defensa; al contrario, con la prueba de refutación que ofreció el Ministerio Publico, consistente en la inspección ocular que se practicó por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, se estableció que, al parecer, no existe la información respecto de la detención del imputado ante ese municipio; por tanto, al existir duda razonable sobre dicha prueba, fue correcta la determinación de la juez responsable. En relación al argumento relativo a la valoración incorrecta de las demás pruebas ofrecidas, no le asiste la razón a la parte quejosa, pues, como ya se asentó, respecto al informe de treinta de enero de dos mil veintiuno, suscrito por la licenciada Leslie Martínez Sosa, analista de la Unidad Especializada en Desaparición Forzada de la Vicefiscalía de Atención a Víctimas y a la Sociedad de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se precisa que, como también correctamente lo refirió la responsable, se realizaron productos de inteligencia y redes de cruces que elaboró, donde se aprecia que los números telefónicos 9515692177 y 9511308917 presentan contactos en común con las líneas 9512780724 y 9511148880, números que responden a Alejandro Gabriel García Ríos e Jafet Iván Miguel Sánchez, quienes el testigo Arturo Marín Castillejos señaló que tuvieron intervención con los hechos delictuosos; lo cual quedó robustecido con el diverso informe FGEO/DI/1038/2021, de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, que suscribió la licenciada Beatriz Adriana Martinez Pacheco, jefa de la Unidad de Información Coyuntural de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, por el que informó que realizó productos de redes técnicas y ubicación geográfica de catorce de enero de dos mil veintiuno, así como una red de cruces de comunicación de esa fecha, de las líneas telefónicas de la víctima Pablo Franco Cruz Santiago; Abelardo Castillo López; Arturo Marín Castillejos; Francisco Javier Ortiz Cancino; Alejandro Gabriel García Ríos; Jorge Fernando Hernández Alonso; Jafet Iván Miguel Sánchez y Gerardo Castillo López; de ahí que, concatenados esos medios de prueba, resultaba procedente la emisión de la resolución combatida, en los términos expresados por la juez responsable. Por otro lado, la parte quejosa señaló que se vulnera lo establecido en el artículo 14 constitucional, pues la juez responsable no verificó la identidad de la víctima Martha Hilda Díaz Canseco en la audiencia de la ampliación del término constitucional, esto, al solicitar no prender la cámara en esa audiencia, por seguridad, por lo que no hubo certeza respecto a su identidad. Dicho argumento resulta ineficaz, pues, conforme al artículo 20, apartado C, fracción V, de la Constitución Federal, el órgano jurisdiccional está facultado para restringir la publicidad de los datos respectivos, por razones de seguridad, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos; en tanto que dicha circunstancia fue debidamente informado ante el Ministerio Público; ello, atendiendo a la seguridad requerida por esa víctima indirecta; de ahí que la designación e intervención del asesor jurídico designado por la víctima en la audiencia de plazo constitucional no contravino el principio de debido proceso. Así, en la resolución reclamada se respetaron los principios de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en el artículo 16 constitucional, que imponen la obligación que tienen las autoridades de fundar y motivar debidamente sus actos; como así lo ilustra la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 162 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Registro 176546, del rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." Así también, debe decirse que, en la especie, no se advierte dato alguno con el cual se infrinja la presunción de inocencia del quejoso, toda vez que el agente del Ministerio Público cumplió con su función persecutoria, pues hasta ese momento procesal se presentaron datos de prueba que acreditan la existencia del hecho delictivo imputado al quejoso, así como su probable participación; por tanto, al justificarse los extremos exigidos constitucionalmente para el dictado del auto de vinculación a proceso, es evidente que no existe detrimento al principio de presunción de inocencia del quejoso. Es aplicable, la tesis P. VI/2018 (10a.), emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 472, libro 62 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, enero de 2019, Décima Época, Registro 2018964, del tenor literal siguiente: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. Para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora." Sin que, en el caso, se advierta que en el proceso penal de que se trata se hayan contravenido los principios de igualdad, congruencia y contradicción, pues de las audiencias que obran en el disco versátil digital remitido por la autoridad responsable, se advierte lo siguiente: - Se respetaron los derechos de ambas partes de intervenir, alegar y citar datos de pruebas. - Lo resuelto por la autoridad responsable es acorde a las manifestaciones de la representación social y de la defensa. - Se dio oportunidad a las partes de conocer y controvertir tanto las afirmaciones como los datos de pruebas expuestos por su contraria. Por ello, los elementos que configuran la conducta típica, son: 1) que el sujeto activo prive de la libertad a una persona, y 2) que la finalidad de esa privación de la libertad sea para ocultar a la víctima o su suerte o paradero. Lo cual fue tomado en consideración por la autoridad responsable, al ser el referido el ilícito por el que se le formuló imputación. Finalmente, no se desatienden las tesis que invocó el quejoso en su demanda de amparo, de rubros: a) "DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTÍA" y b) "DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN"; lo anterior, pues del desarrollo de la audiencia en la cual se emitió la resolución combatida se aprecia que se respetaron los derechos humanos del ahora quejoso, relativas al debido proceso; es decir, se atendieron las formalidades del procedimiento del sistema de justicia penal acusatorio adversarial y oral; lo que, en el caso, como quedó precisado, se satisfizo. Y, por lo que hace a las diversas tesis, de rubro: c) "PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES"; d) "PRUEBA ILÍCITA. LÍMITES DE SU EXCLUSIÓN" y e) "DECLARANTE POR REFERENCIA DE TERCEROS. LA CONFUSIÓN TERMINOLÓGICA POR EL USO DE LA INCORRECTA EXPRESIÓN "TESTIGO DE OÍDAS", NO GENERA AGRAVIO AL QUEJOSO"; debe decirse que no se advierte que los datos de prueba presentados a la juez responsable en la audiencia de mérito se hayan ofrecido de manera ilícita; en tanto que, respecto a la declaración del testigo ya referido, tampoco se trata de un testigo de oídas conforme a la tesis que invoca la parte quejosa; pues, conforme a lo dilucidado en el desarrollo de la audiencia, el testimonio que rindió quedó relacionado con los demás datos de prueba aportados; por ello, las citadas tesis no tienen aplicación, al menos, para los fines que pretende el quejoso. Por lo anterior, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Francisco Javier Ortiz Cancino, contra el auto de vinculación de diez de enero de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 594/2021, reclamada a la juez de Control del Circuito Judicial de la Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta el día de hoy, veintiséis de julio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  4. Principal

    PRAL.134/2022.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos, se advierte que en proveídos de veintiuno de abril y siete de junio de este año, respectivamente, se ordenó dar vista a los asesores jurídicos 1) Rodolfo Ricardo López Gandarillas y 2) Emmanuel Cabrera Rodríguez de la víctima directa Martha Hilda Díaz Canseco (tercera interesada) con la tramitación de este juicio de amparo, a efecto de que, si a sus intereses conviniera, comparecieran a este juicio de amparo; quienes tuvieron conocimiento del mismo el veintiséis de abril y catorce de junio de este año, respectivamente. 2. Se hace del conocimiento de la parte tercera interesada. Ahora, toda vez que en los autos ya referidos se precisó que la designación de esos asesores jurídicos para comparecer a este juicio de amparo debería estar autorizada por esa tercera interesada; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°, a fin de no generar perjuicio a la tercera interesada, Martha Hilda Díaz Canseco, hágasele del conocimiento que sus asesores jurídicos 1) Rodolfo Ricardo López Gandarillas y 2) Emmanuel Cabrera Rodríguez en la causa penal 594/2021 de la estadística de Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca; quedaron debidamente notificados de la tramitación de este juicio de amparo; lo anterior, para que, en el plazo de tres días siguientes a su notificación, manifieste lo que a sus derechos convenga. 3. Se difiere la audiencia. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere y se fijan las nueve horas con cuarenta y seis minutos del veintiuno de julio de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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