Francisco Javier Martínez Chávez
Expediente 1151/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1151/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 07/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Javier Martínez Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
PRAL.1151/2017-6A´San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de agosto de dos mil dieciocho. 1. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintiséis de julio de año (fojas 114 y 115), en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo origen de este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. 2. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo del expediente. Por otra parte, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. 3.1. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. 3.2. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. 3.3 Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno impreso y electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.1151/2017_6A´San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil dieciocho. Incumplimiento de prevención. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días otorgado a la parte quejosa en proveído inicial de once de octubre de dos mil diecisiete (fojas 16 a 22), a fin de que cumpliera las prevenciones referidas en ese auto así como en el proveído de seis del actual (fojas 99 a 103); sin que lo hubiera hecho, pese haber quedado notificada el dieciséis de este mes y año (foja 113). Determinación. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto inicial (fojas 16 a 22) y ante el incumplimiento del promovente a las prevenciones formuladas, que repercute determinantemente en la acción de amparo, en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo que originó este asunto. 2.1 Sin que con esta determinación se vea vulnerado su derecho al recurso judicial efectivo y acceso a la justicia, pues los requisitos que se les exigió eran indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo. Máxime que ningún sentido jurídico tendría continuar con la acción de amparo, si como se advierte de la razón levantada por el actuario adscrito el once de julio de este año (foja 111), el quejoso Francisco Javier Martínez Chávez, fue puesto en libertad desde el veintiocho de abril de dos mil dieciocho. Es aplicable por similitud de condiciones jurídicas, la Jurisprudencia 2a./J.12/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 763, Libro 27, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Febrero de 2016, Tomo I, Décima Época, Registro 2010984, cuyo rubro y texto son: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. De la interpretación del precepto citado, un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un medio de defensa que puede conducir a un análisis por parte de un tribunal competente para determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. En este sentido, el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de una disposición de observancia general, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cuanto a la idoneidad y la razonabilidad del juicio de amparo, la Corte Interamericana reconoció que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o un medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En esa misma tesitura, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.1151/2017-6A´San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial, de la que se advierte la imposibilidad del actuario adscrito a este Juzgado para realizar la notificación personal del proveído de seis del actual (fojas 99 a 103), a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, realícese la notificación de que se trata, por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fermín Santiago Santiago, secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargado del despacho por licencia académica del titular, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.1151/2017-6A´San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de julio de dos mil dieciocho. 1. Se agrega ejecutoria. Agréguese el oficio 923, firmado por el secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en este municipio, mediante el cual remite lo siguiente: a) el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintiuno de junio de este año, en el recurso de queja 420/2017, y b) el original del juicio de amparo 1151/2017; en consecuencia, acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, toda vez que la superioridad declaró fundado el recurso de queja planteado por la parte quejosa, y ordenó se provea que el quejoso Francisco Javier Martínez Chávez aún no cumple con la prevención decretada en auto inicial de once de octubre de dos mil diecisiete (fojas 16 a 22), precisando los aspectos no desahogados, y se le notificara personalmente dicha determinación, haciéndole saber que el plazo de cinco días se interrumpió con las manifestaciones que hizo en la diligencia de notificación de diecinueve de octubre pasado (foja 52); por lo que deberá reanudarse dicho plazo al día hábil siguiente del que surta efectos la notificación respectiva. 2. Prevención. Por tanto, a fin de dar cumplimiento a ello, se provee lo siguiente: Vista la diligencia de notificación de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete (foja 52), practicada por el actuario judicial adscrito a este juzgado, se advierte que el quejoso Francisco Javier Martínez Chávez pretendió dar cumplimiento a lo requerido en auto de once de octubre del año que antecede (fojas 16 a 22), pues únicamente manifestó lo siguiente: ". POR ESTE CONDUCTO HAGO DE SU CONOCIMIENTO C. JUEZ QUE HOY DÍA 19-OCT-2017 EL AREA DE ROPERIA ME ESTA ACIENDO LA ENTREGA DEL COLCHON UNICAMENTE PERO LE PIDO C. JUEZ QUE LA DEMANDA DE TORTURA PROSIGA PUESTO QUE DESDE EL DIA 07-SEP-2017, DICHA AREA TIENE CONOCIMIENTO QUE NO TENIA COLCHON POR TANTO PIDO QUE EL ACTO DE TORTURA NO QUEDE IMPUNE Y SE TOME A MI FAVOR LA SENTENCIA (sic)". En consecuencia, hágasele saber que, con ello, no cumple el requerimiento formulado en proveído de once de octubre de dos mil diecisiete (fojas 16 a 22); por lo que deberá cumplir con cada uno de los puntos que se le hicieron saber, a fin de pronunciarse sobre la admisión de la demanda, los cuales nuevamente se le transcriben: ".a) A qué se refiere con lo que señala en el capítulo de actos reclamados, consistente en "La inconstitucionalidad cometida en mi perjuicio el día 02 de septiembre de 2017 por la autoridades Responsables ya mencionadas, por efectuar tratos crueles, degradante abuso de autoridad y robo en mi contra (sic)." (foja 9). Es decir, deberá precisar cuál es el acto que en sí le reclama a las autoridades señaladas como responsables o, en su caso, precise si lo que reclama es: 1) la negativa a devolverle sus pertenencias; 2) la posible reubicación de dormitorio, o 3) la falta de atención médica. Lo anterior, es así, porque en el capítulo de antecedentes del acto reclamado señala ". al entrar a la estancia 4 el quejoso se percato que faltava [.] artículos que el quejoso compra en tienda así también asia falta una cobija, una playera, dos trusas, dos calcetas blancas una calceta café, y pues el colchon [sic]. " (foja11); en los párrafos siguientes manifiesta "se proteja mi dignidad pues al acer manifestación en demanda de amparo encontra de las autoridades Responsables el hoy quejoso puede sufrir represarias por parte del Sistema federal penitenciario, al reubicarlo en dormitorios y modulos que ponen en peligro su vida [sic]. " (foja 13), y agrega ". pues esta situación sin colchón me causa dolores de columna, cintura, cuello, y cabeza [.] se me atienda de los dolores mencionados [sic] ." (fojas 13 y 14); sin precisar claramente cuál es el acto del que se duele. [.] b) Asimismo, deberá aclarar si conforme al artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que enseguida se transcribe, presentó alguna petición ante el director General del Centro Federal donde se encuentra recluido, a fin de iniciar el procedimiento administrativo respecto de las condiciones de su internamiento. "Capítulo III. Procedimiento Administrativo. Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." Es decir, deberá aclarar si siguió el trámite previsto por el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. c) Por otro lado, en vía de antecedentes, deberá precisar en qué consisten los tratos crueles, degradantes y abuso de autoridad del que dice es objeto, y que refiere en su escrito de demanda (foja 7), ya que realiza diversas manifestaciones de forma genérica. d) Manifieste si las inconformidades citadas con anterioridad, las ha hecho del conocimiento del juez de su causa." Lo anterior es así, porque, a pesar de que reitera existe tortura por haberle quitado su colchón, ello se traduce sólo en una inconformidad por la manera como desempeñan sus funciones las autoridades en el centro de reclusión en el que se encuentra; sin precisar correctamente en la diligencia de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete (foja 52), pues no aclaró cuál es el acto que en sí le causa afectación o si con la entrega del colchón quedó cumplida su pretensión; si presentó alguna petición ante el director General del Centro Federal de Readaptación Social número trece "Cps-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por las condiciones de su internamiento como lo estipula la Ley Nacional de Ejecución Penal; también, no aclaró en qué consisten los tratos crueles y abusos de autoridad que dijo padecer, así como no manifestó si las inconformidades descritas en su escrito de demanda las hizo del conocimiento del juez de su causa. Caso en el cual no opera la suplencia de la queja, pues, se reitera, esas precisiones son necesarias, en tanto que corresponde a la parte quejosa aclarar tales circunstancias, a fin de que se integre la litis de manera correcta y, en su momento, la autoridad, al emitir su informe justificado, defienda la constitucionalidad del acto que se le atribuye, en observancia al principio de equidad procesal. Es aplicable, la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 393, tomo CVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Registro 368564, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA. El Juez de Distrito ante quien se presente la demanda, mandará aclararla, no sólo cuando el quejoso haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la Ley de Amparo, sino también cuando en ella encuentre alguna irregularidad; cuando no se hayan expresado con precisión el acto reclamado; o cuando no se haya exhibido las copias que señala el artículo 120 de la propia Ley, previniendo al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que correspondan, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades y deficiencias que deben llenarse para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo; en la inteligencia que si no lo hace se tendrá por no interpuesta la demanda. Es improcedente el agravio que se haga valer en el sentido de que no se previno al quejoso se hiciera la aclaración, con apercibimiento de que en caso de no hacerla, se tendría por no interpuesta la demanda, ya que el artículo 146 de la Ley de Amparo que es el que establece el procedimiento de aclaración de la demanda, no dispone que deba hacerse al promovente de la misma, tal apercibimiento." Así como la Jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que aparece en la foja 69, Tomo VII, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia". 2.1 Por otra lado, dígasele al quejoso que deberá cumplir estrictamente con el requisito establecido en el numeral 108, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que omitió realizar las manifestaciones plasmadas en la diligencia de notificación de diecinueve de octubre del año que antecede (foja 52) "bajo protesta de decir verdad". Es aplicable la Jurisprudencia P./J127/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 32, Tomo X, Noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 192843, con el rubro y texto siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas" 3. Subsiste plazo para cumplir con las prevenciones. Hágase del conocimiento del quejoso que el plazo de cinco días que le fue otorgado en auto inicial (foja 18 vuelta) se interrumpió con las manifestaciones realizadas en diligencia de notificación de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete (foja 52) y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, en el que se le hacen saber las irregularidades de su demanda y pueda colmar lo requerido. Es aplicable la Tesis III.2o.A.38 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 1323, Tomo XXI, Abril de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 178830, cuyo contenido dice: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA. En atención a la finalidad que anima el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 133, cuyo rubro es: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.", que no es sino dar oportunidad al quejoso de conocer en forma oportuna y fehaciente cuáles son las deficiencias o irregularidades de su demanda, que no logró solventar mediante el escrito que hubiere presentado con esa intención, es obvio que sin dejar de observar lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, tampoco debe soslayarse lo que prevé el numeral 34, fracción II, de la citada norma, en el sentido de que las notificaciones surten sus efectos el día siguiente al en que se practican, salvo las que atañen a las autoridades responsables. Por ende, al computar el término legal a que se refiere el primero de los preceptos citados, debe estimarse que el plazo de tres días concedido al quejoso para aclarar o subsanar su demanda, se interrumpe por una sola vez, con la presentación del escrito aclaratorio, y se reanuda hasta el día siguiente al en que surte efectos la notificación que se le practique del acuerdo que a ese ocurso recaiga, pues resulta lógico que en ese lapso el interesado no esté en aptitud de hacer precisión alguna, sino que se encuentra en espera de que se le entere legalmente de las razones por las que a pesar de su intento no logró colmar lo requerido para que su demanda no se tenga por no interpuesta, según la prevención inicial." Así como la diversa 2a./J. 106/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 182896, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." Por tanto, acuérdese lo procedente una vez que se cumpla con lo anterior o fenezca el plazo otorgado a la parte quejosa. 4. Forma de notificación al quejoso. Finalmente, como el quejoso Francisco Javier Martínez Chávez se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 13 "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y no obstante que ese centro de reclusión se encuentra aproximadamente a cien kilómetros de distancia, se comisiona al (la) actuario (a) adscrito (a) a este juzgado, para que, con las medidas de seguridad debidas, se haga presente a ese lugar, en un día de la semana que específicamente programe para tal fin y notifique personalmente este proveído. En el entendido que dicha comisión fuera de la zona urbana y de donde este juzgado ejerce jurisdicción territorial para realizar diligencias, es única y exclusivamente para ese efecto y es con el fin evitar esa encomienda a otro juzgado del orden común y que con ello se vea retrasada la pronta administración de justicia, en contravención a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
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