Francisco Javier Magaña Villegas

Expediente 457/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
457/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
26/07/2019

Partes del expediente

  • Francisco Javier Magaña Villegas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    II. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de once de junio del presente año, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento al punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Ahora bien, en atención a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá transferirse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. En cuanto al valor jurídico, el presente juicio de amparo no lo tiene y los cuadernos incidentales relativos sí. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de dos de julio de dos mil diecinueve, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/3306/2019, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Agréguese a este expediente para que obre como corresponda, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, y el testimonio que remite de la resolución pronunciada por ese Tribunal el nueve de junio del presente año, en la queja 118/2019, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable Director Jurídico de la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con sede en esta ciudad, contra el auto de ocho de abril del año en curso, resolución en la que aparece que la citada Superioridad resolvió: ÚNICO. Es FUNDADO el recurso de queja interpuesto por el DIRECTOR JURÍDICO DE LA VICEFISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, EN REPRESENTACIÓN DEL VICEFISCAL, en contra del auto dictado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, con residencia en esta ciudad de Mérida, el ocho de abril de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo indirecto número 457/2019-II.", por ende, procede desechar la demanda de amparo. Con apoyo en el artículo 26 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes el sentido de dicha resolución. ACÚSESE RECIBO. En tal virtud, háganse las anotaciones de rigor en el Libro respectivo. Ahora bien, con el objeto de dar cabal cumplimiento a la determinación de mérito, déjese insubsistente el acuerdo de ocho de abril de dos mil diecinueve, en el cual se admitió la demanda de amparo. Ahora bien, dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. A criterio de quien esto resuelve, debe decirse que en el caso se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, toda vez que la integración de la carpeta de investigación por parte de esa autoridad ministerial, no lesiona por sí misma un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, pues el principio de contradicción como parte del derecho a una defensa adecuada, no implican la suspensión de la labor ministerial, maxime que el quejoso no ha sido citado para comparecer como imputado o sujeto de un acto de molestia y tampoco se ha pretendido recibir su entrevista, por lo que no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 218, párrafo terceo, del Código nacional de Procedimientos Penales, y por ende, no tiene carácter de parte en alguna de las carpetas de investigación a cardo de esa autoridad. Que el quejoso no ha sufrido una afectación real, actual, inminente y directa y de existir una actuación que efectivamente le generara o le hubiese generado una lesión a sus derechos, contara con la oportunidad de inconformase con dicha actuación. Que por lo anterior, no existe motivo para dar tramite al amparo en cuestión, en lo referente a los actos de investigación, por cuanto la función constitucionalmente conferida al ministerio público, no puede supeditarse a la presunción del quejoso de que está siendo integrada en su contra una o varias carpetas de investigación. En este orden de ideas, los preceptos legales antes relacionados, establecen lo siguiente: :..ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede:... III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De los artículos transcritos se desprende que el amparo indirecto es procedente contra actos en el procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En la especie, el acto reclamado a la autoridad responsable, se hace consistir en consistente en el acuerdo de siete de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio FGE/VECC/DICP/64/2019, signado por el Director de Investigación y Control de Proceso de la Fiscalía Especializada en Combate a la corrupción, mediante el cual se le negó apersonarse a la carpeta de investigación, a efecto de hacer valer su derecho a una defensa adecuada, en virtud de que aún no se le reconoce como imputado o parte en alguna investigación. En ese sentido, tal acto no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos, como enseguida se desarrollará. Se puntualiza que existe una ejecución de imposible reparación si las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre que tutela la Constitución y los tratados, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, etc., porque esa afectación o sus efectos no se destruyen aun con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses. Así las cosas, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de trámite durante la sustanciación del juicio del orden común, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino sólo tiene efectos de carácter intraprocesal. De esta suerte, independientemente de que el acto reclamado pueda afectar derechos fundamentales, lo cierto es que tal circunstancia no determina que cause un gravamen de imposible reparación al quejoso, ya que para ello, como se expuso, se requiere que exista afectación de manera directa e inmediata a derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y los tratados, tales como la vida, la libertad, la propiedad u otro análogo, lo que no acontece en el caso. Así es, el acto reclamado en esta vía no está en pugna con la existencia del quejoso, con sus propiedades o con la libertad de disposición de sus bienes, etcétera, ya que solamente se refiere al desahogo de una actuación en la investigación, la cual, por su naturaleza, no afecta directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución y los tratados internaciones suscritos por el Estado Mexicano. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Materia(s): Común, Tesis (X Región) 2o.1 P (10a.), con número de registro 2012423, en la página 2592, del siguiente rubro y texto: INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, Materia(s): Común, Penal Tesis XXVII 3o. 48 P (10a.), con número de registro 2015500, en la página 1947, del siguiente rubro y texto: CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Por tanto, como el acto reclamado no repercute en una afectación a derechos sustantivos consagrados por la Constitución y los tratados internacionales, el amparo resulta improcedente. Debe precisarse que la determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, debe atender a su naturaleza sustantiva, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues si ese fuera el caso se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, dado que bastaría que le imputara al acto una transgresión a sus derechos fundamentales para que procediera el juicio de amparo. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción III, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 de la invocada ley, se desecha la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Similar criterio sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al resolver la queja 129/2018, en sesión de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho.

  3. Principal

    Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el oficio 3487/2019 suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Mérida, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de queja interpuesto por el quejoso FRANCISCO JAVIER MAGAÑA VILLEGAS, contra el auto de ocho de abril de la presente anualidad, asignándole el número de toca 118/2019 de su índice.

  4. Principal

    MESA II. Agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por el Director de Investigación y Control de Procesos, Director General Técnico y Director Jurídico, todos de la Vicefiscalia Especializada en Combate a la Corrupción y anexos que acompaña; resérvese pronunciamiento al respecto hasta el momento procesal conducente, toda vez que en proveído de veintidós de abril se interpuso recurso de queja.

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