Francisco Javier Gonzalez Gonzalez
Expediente 41/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 41/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Francisco Javier Gonzalez Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, a veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el cuatro de febrero de dos mil veintidós; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos, fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Auxiliar en funciones de Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, junto con el anexo que adjunta consistente en diversas constancias del expediente laboral 889/2019, de su índice. Ahora bien, se trae a colación que el acto que ROBERTO ISRAEL JIMÉNEZ CASTRO, apoderado del directo quejoso FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ, reclamó en su demanda de amparo, lo constituye la denegación de justicia consistente en la omisión de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de emitir la resolución del incidente de competencia, en autos del juicio ordinario laboral 889/2019, de su índice. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. (.)" Ahora bien, en el caso del informe justificado, se advierte que el tres de enero de dos mil veintidós, la Junta responsable dictó un acuerdo en el que entre otras cosas, resolvió el incidente de competencia planteado en el juicio laboral de origen. Por tanto, se concluye que la responsable al haber acordado la resolución del incidente de competencia planteado por la parte quejosa, con fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo, esto es, antes del seis de enero de dos mil veintidós; en consecuencia, el acto reclamado se considera inexistente y debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que del citado precepto se desprende que la existencia del acto u omisión reclamada en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. La razón de ello es porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional a la parte agraviada es para invalidar el acto u omisión reclamada, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales conculcados y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable. Por tanto, si la existencia del acto u omisión no se acredita durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir a la parte impetrante de amparo en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la inexistencia de la omisión reclamada radicó en que al momento de que la parte quejosa promovió la demanda de amparo, no existía la omisión reclamada a la responsable, ya que con anterioridad ésta, la responsable se pronunció en relación al incidente de competencia planteado. De ahí que se considere que se acreditó la inexistencia de la omisión reclamada, lo que impide que esta juzgadora pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle del goce de los derechos fundamentales respecto de una omisión que no subsiste. En consecuencia, al no existir la omisión reclamada, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto u omisión reclamada deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuarla, toda vez que en el caso particular, las constancias remitidas por la responsable actualizan indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que la responsable, exhibió copia certificada del auto de tres de enero de dos mil veintidós, con lo que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de la omisión reclamada, al constar el pronunciamiento de la responsable respecto al acto aquí reclamado. Tampoco pasa desapercibido para quien esto resuelve, que el referido proveído aún no se hubiera notificado, toda vez que en el presente caso, se reclama una violación al artículo 17 Constitucional, esto es, respecto de la denegación de justicia en que pudo haber incurrido la responsable y no al 8° de la Carta Magna, que consagra el derecho de petición, en el que sí se debe de observar la notificación de la respuesta a la solicitud instada, por ende, al no ser un requisito la notificación en el presente caso, no puede estimarse violado lo preceptuado en el referido ordinal 17. Por consiguiente, esta Juzgadora Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Asimismo, resulta necesario destacar que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." En atención a ello, no obsta que le recaiga el carácter de tercero interesado a SERVICIOS DE SALUD YUCATÁN, y que no hayan sido emplazado a este juicio de amparo, pues ello no impide a esta juzgadora pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados con la resolución emitida. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán a veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 35/2022, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en el que, por los motivos que expone, en su segundo punto petitorio solicita se sobresea en el presente juicio de amparo, y en el tercero se niegue la protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 124 del mencionado ordenamiento jurídico, relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Finalmente, como lo solicita la Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 278 del código Federal de Procedimientos Civiles, solicita le sea proporcionada la copia certificada de la sentencia que en su momento se dicte en el presente juicio de amparo, autorizando a que la reciba la Agente del Ministerio Público Federal adscrita. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pedro Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguese a estos autos el escrito de José Carlos Medina Salas, autorizado de la quejosa ARACELI CÓRDOVA GÓMEZ, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual da contestación a la vista que se le dio en proveído de veintiuno de diciembre del año próximo pasado. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que obra el oficio de diecisiete de diciembre pasado, signado por la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y anexos que acompañó, con los que informó acerca del cumplimiento a la ejecutoria concesora de amparo; asimismo, mediante proveído de veintiuno de diciembre del año próximo pasado, se dio vista a la partes, con el oficio y anexo señalado, para que en el término de tres días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera; y a través del escrito de cuenta, la parte quejosa manifestó su conformidad respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable; por tales motivos, este órgano judicial a continuación determinará si está cumplido el fallo de amparo o no. En este sentido, se aprecia que por sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo el nueve de octubre de dos mil veinte, en su primer punto resolutivo, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la quejosa ARACELI CÓRDOVA GÓMEZ. Asimismo, por auto de treinta de octubre de dos mil veinte, se declaró que causó ejecutoria la citada resolución, por lo que se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Mediante acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veinte, José Alejandro Nieves Sánchez, autorizado del tercero interesado Simón Dzul Palomo en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, interpuso recurso de queja contra el auto de treinta de octubre de dos mil veinte, en el que causó ejecutoria la sentencia dictada en autos. Por diverso proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, remitió testimonio de la ejecutoria recaída al recurso de queja que interpuso el nombrado tercero contra el referido auto, y en su único punto resolutivo, declaró infundado el recurso de mérito, en el toca 27/2021. Así, la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, estaba obligada a acatar la resolución referida en los párrafos que anteceden, en los términos siguientes: ". Consecuentemente, al ser fundados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, lo que procede es concederle el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes, esto es, para: 1.- Que la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, deje insubsistente la resolución de diecisiete de febrero del año en curso, dictada en el toca penal 164/2019; 2.- Emita otra, en el que realice una ponderación entre la versión de la denunciante y la del imputado en caso que hubiera externado alguna, así como la información ofrecida que pueda confirmar ambas versiones, entre la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario de los datos de prueba aportados por las partes, cuya valoración deberá ser racional, es decir, aquella que en su práctica emplea elementos o reglas racionales, lógica, máximas de experiencia, método científico y pensar reflexivo, sin verter razonamientos subjetivos, para valorar e interpretar los resultados de la aportación de datos de prueba en conjunción con lo alegado, para determinar qué puede dar o considerar como probado; y, 3.- Si se insiste al emitirse el nuevo fallo en confirmar el no ejercicio de la acción penal dictada por la Jueza Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, verifique si esos hechos pudieran encuadrar en diverso, conforme a la facultad establecida en el artículo 316, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a la jueza de control, al no haber sido combatido por vicios propios." Ahora bien, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, en su oficio de diecisiete de diciembre pasado, manifestó que se había dado cumplimiento a la ejecutoria, pues la Sala responsable mediante resolución de quince de diciembre de dos mil veintiuno, en autos del toca 164/2019, dejó insubsistente y sin efecto legal alguno la sentencia de diecisiete de febrero de dos mil veinte; y en su lugar, emitió otra en la cual revoco la resolución apelada y decretó auto de vinculación a proceso contra Simón Dzul Palomo, por el delito de fraude específico; dejando a las partes en libertad de acudir ante el Juez de Control para solicitarle los actos procesales correspondientes a la continuación de la secuela procesal. De ahí que la Sala responsable, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos. Notifíquese como corresponda y personalmente a las partes.
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