Francisco Javier Jose de la Hoz Martinez

Expediente 1023/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1023/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
08/11/2017

Partes del expediente

  • Francisco Javier Jose de la Hoz Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos el escrito remitido vía electrónica por la parte quejosa Francisco Javier José de la Hoz Martínez, mediante el cual solicita la devolución de la documentación que exhibió en el presente asunto; y en atención a lo que solicita, no habiendo impedimento legal alguno, se accede a la devolución de la documentación que solicita en el ocurso de cuenta, y entréguesele por el conducto que indica, previa identificación y razón de recibo que se otorgue en autos.

  2. Principal

    MESA VI.Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de dieciocho de agosto pasado, pronunciado en este juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en el que se desechó la presente demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en vigor, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la presente demanda de amparo, y que por ende, no se tramitó el incidente de suspensión, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  3. Principal

    MESA VI. Vista la demanda de amparo promovida... contra actos de los integrantes del Comisariado Ejidal de Conkal, Yucatán y el Delegado del Registro Agrario Nacional del Estado, con sede en esta ciudad. Ahora bien, en atención al contenido del escrito inicial de demanda se desecha de plano la misma, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el cual debe ser examinado de oficio en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable. En efecto, respecto del acto que se impugna por esta vía constitucional consistente en la celebración del acto jurídico que dio origen a la asignación de la asamblea que a su vez dio originó los certificados parcelarios números 24565 y 1000012 expedidos a favor de Sabas Crispin Kantún López, otorgados por el Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, respecto de los inmuebles identificados como predios rústicos que amparan las parcelas 257 Z-7 P-1/1 y 258 Z-7 P-1/1, que pertenece al Ejido de Conkal en el Estado de Yucatán; se actualiza la casual de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no agotó el medio ordinario de defensa previsto en la Ley. Para demostrar la certeza de tal afirmación, debe traerse a cuenta el contenido de los artículos 107, fracción IV, Constitucional y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que por su orden son del texto siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria sin exigir mayores requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. [.]". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley." De las transcripciones que anteceden, se desprende que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por la legislación de amparo, se surte la causa de improcedencia de que se trata. Ello responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa y protección de los derechos fundamentales de los gobernados, por lo que el particular antes de promoverlo debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, a fin de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y aquellas que son producto de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. En consecuencia el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente ha cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad, modificar, revocar o anular el acto reclamado. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama, la celebración del acto jurídico que dio origen a la asignación de la asamblea que a su vez dio origen a los certificados parcelarios números 24565 y 1000012 expedidos a favor de Sabas Crispin Kantún López, otorgados por el Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, respecto de los inmuebles identificados como predios rústicos que amparan las parcelas 257 Z-7 P-1/1 y 258 Z-7 P-1/1, que pertenece al Ejido de Conkal en el Estado de Yucatán; actos que atribuye a los integrantes del Comisariado Ejidal de Conkal, Yucatán y Delegado del Registro Agrario Nacional del Estado, con sede en esta ciudad. Sin embargo, también se advierte que el disconforme no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, considerando que en contra del acto por el cual se expidieron los certificados parcelarios en litis, procede el juicio agrario ante el Tribunal Unitario Agrario, de conformidad con los artículos 163 de la Ley Agraria y 18, fracciones IV, V y VI, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, a través del cual se puede obtener la revocación, modificación o nulificación de los actos que impugna. Los artículos antes mencionados son del contenido siguiente: "Artículo 163. Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley. "Artículo 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: [.] IV.- De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; V.- De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales; VI.- De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población; Del artículo transcrito se advierte que en contra de las determinaciones emitidas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Agrario por quien se sienta agraviado con tal determinación; asimismo, el Tribunal Agrario es competente para conocer de los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales y de las controversias en materia agraria que se susciten entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí; así como entre éstos y los órganos del núcleo de población. Aunado a lo anterior, el artículo 166 de la Ley Agraria dispone: "Artículo 166. Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III de la Ley de Amparo. En la aplicación de las disposiciones de ese ordenamiento para efectos de la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, los tribunales agrarios considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso". De lo anterior se advierte que procede la suspensión del acto de la autoridad agraria, en tanto se resuelve la controversia planteada, la cual se rige por lo dispuesto en la Ley de Amparo, de ahí que el juicio de nulidad agrario no establece mayores requisitos que la ley de la materia, de modo que no surge excepción al principio de definitividad. Entonces, el disconforme, antes de promover el juicio de amparo, debió instar el juicio agrario ante el Tribunal Agrario correspondiente, en virtud de que a través de dicho medio ordinario de defensa, puede lograr su modificación, revocación o nulificación. En esas condiciones, al no promoverse el juicio en comento, antes de acudir al amparo, el acto reclamado carece de definitividad para efectos de este juicio de amparo, en virtud de que la ley que rige esa determinación prevé un recurso o medio de defensa a través del cual puede ser modificada, revocada o nulificada. Se cita en apoyo la Jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tesis: I.6o.C. J/37, Tomo: XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Asimismo, la jurisprudencia adoptada por los Tribunales Colegiados del Octavo Circuito, 12 Sexta Parte, visible en la página 37, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En tal virtud, al haberse concluido que la parte quejosa no agotó el medio de defensa ordinario antes aludido, lo procedente desechar la demanda de amparo, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el diverso numeral 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo en vigor. Es aplicable al caso la jurisprudencia I.6o.C. J/37, que puede ser consultable en la página 902 del Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Ismael Tzul Collí, Hugo Francisco Pantaleón Valle y Oscar Hernández Rodríguez. Finalmente, por lo que respecta a la solicitud de uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obran en los presentes autos; se accede a su petición, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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