Francisco Javier González Carrillo

Expediente 783/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
783/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
10/11/2016

Partes del expediente

  • Francisco Javier González Carrillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por el quejoso **********, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Lo anterior, sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que no obre en autos la constancia de notificación a la Junta Especial Número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guanajuato, capital, de la sentencia dictada en el presente asunto, toda vez que de conformidad con el artículo 87, párrafo segundo de la Ley de Amparo, ésta carece de legitimación para interponer recurso de revisión en contra del fallo constitucional, al haberse sobreseído el mismo. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que el quejoso omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso **********; atento a su contenido, expídase a su costa copia simple de las constancias que indica, previa razón de entrega que se deje asentada en autos.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS A LA TERCERA INTERESADA: Agréguese a sus autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, con sede en León, Guanajuato, mediante el cual remite diligenciado el exhorto número 610/2016 del índice de este juzgado, que se le envió para emplazar al tercero interesado **********. Dese de baja la citada comunicación, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado y acúsese recibo. En ese sentido, vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el término concedido al tercero interesado **********, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, y se ordena realizar esta y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que puedan hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la propia legislación. Por otra parte, visto el estado de autos en particular la copia certificada del laudo emitido dentro del juicio laboral 982/2015 del índice la Junta Especial número veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guanajuato, capital, a la cual el suscrito le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de un documento expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque el impetrante señaló como acto reclamado la omisión: De la Junta Especial número veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guanajuato, capital, de emitir el laudo dentro del expediente 982/2015 de su índice. Por tanto, de acuerdo con la constancia que remitió dicha responsable, se desprende que: El seis de octubre de dos mil dieciséis, dentro del expediente laboral 982/2015, la Junta Especial número veintiocho, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guanajuato, capital, emitió el laudo dentro del citado controvertido, el cual fue notificado al quejoso mediante cédula el diez de los corrientes. En ese sentido, es evidente que la omisión que tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable emitió el laudo cuya omisión o dilación se reclamaba en esta instancia constitucional, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con la emisión del laudo en comento y su notificación al quejoso, cesó el acto reclamado, al desaparecer la omisión o dilación en la emisión del mismo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial número veintiocho, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guanajuato, Capital, mediante el cual, remite copia certificada del laudo emitido dentro del juicio laboral 982/2015 de su índice; en ese sentido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngasele como prueba de su intención, la cual se admite y se tiene por desahogada, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional.

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