Francisco Javier López Ontiveros
Expediente 700/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 700/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 16/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Francisco Javier López Ontiveros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil quince, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por el quejoso *******, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por consiguiente, toda vez que el presente juicio se sobreseyó, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede; en relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Finalmente, en vista de que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos; en el entendido que al tratarse de un asunto en materia penal, solo podrán hacerse público una vez que transcurran doce años contados a partir de la presente determinación.
- Principal
Vistas las constancias que obran agregadas al presente expediente se advierte que: 1) El quejoso acude a esta instancia constitucional reclamando: La orden de aprehensión y/o detención girada en su contra. 2) Que señaló como autoridad responsable a: El Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, residente en esta ciudad. 3) Que mediante proveído de diecinueve de agosto de dos mil quince, se tuvo al Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe justificado. 4) Que derivado del contenido de dicho informe, se advirtió la participación en la emisión del acto reclamado del Juez Segundo Penal de Partido de esta ciudad; por lo que, al no haber sido señalado como responsable por el quejoso, se le requirió a efecto de que ampliara su demanda de amparo por dicha autoridad. 5) Que al haber transcurrido el plazo de quince días otorgado al quejoso para que ampliara su demanda de amparo, mediante auto de dieciocho de los actuales, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de diecinueve de agosto de dos mil quince, y se ordenó continuar la secuela procesal teniendo únicamente como autoridad responsable y acto reclamado el señalado en su escrito inicial de demanda, esto es, la orden de aprehensión atribuida al Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, residente en esta ciudad. En relatadas condiciones, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se advierte de autos, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, y de la Jurisprudencia 814 visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, el suscrito advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 108 fracción III, del propio ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (...) III. La autoridad o autoridades responsables." De los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando en la demanda de amparo no se señala a la autoridad responsable que se estima emitió el acto reclamado. En efecto, de acuerdo con lo establecido en el numeral 108 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, uno de los requisitos de la demanda de amparo es el de señalar a las autoridades responsables. Dicha obligación se impone en función de que el señalamiento de la autoridad entraña un acto tendente a satisfacer un presupuesto procesal indispensable para la integración de la relación jurídico-procesal en el juicio constitucional, cuenta habida que la autoridad responsable funge en ese proceso federal como parte formal y material que defiende la constitucionalidad de sus actos. De tal manera, que la falta de señalamiento de ésta, constituye un motivo de improcedencia, pues esta omisión impide considerar integrada la relación jurídico- procesal en el juicio constitucional. Bajo dicha guisa, se afirma que en el citado supuesto a efecto de considerar integrada legalmente la relación jurídico-procesal, resultaba indispensable llamar como autoridad responsable al Juez Segundo Penal de Partido de esta ciudad, quien dentro del proceso penal 66/2013 de su índice, emitió la orden de aprehensión reclamada por el quejoso al considerarlo probable responsable en la comisión del delito de robo calificado, cometido en agravio de **********. Cabe señalar que resolver tal sumario sin que la citada autoridad sea llamada a la contienda constitucional, implicaría una violación a las reglas del procedimiento, dando lugar a la reposición del mismo en términos de lo previsto en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de la Materia. Bajo las consideraciones anteriores, se patentiza que en la especie no se encuentra integrada la relación procesal, puesto que, aunque el quejoso tuvo la oportunidad de señalar como autoridad responsable al Juez Segundo Penal de Partido de esta ciudad, no lo hizo; circunstancia que hace que este juzgador no pueda resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Por ende, es indiscutible que jurídicamente no es posible resolver de fondo el presente sumario constitucional, pues, al hacerlo así, se violarían derechos tanto adjetivos como sustantivos, en perjuicio de la autoridad referida, pues no obstante que el quejoso tuvo la oportunidad de señalarla como responsable, no lo hizo, incumpliendo con ello el requisito establecido en la fracción III, del artículo 108, de la Ley de Amparo. Consideración que cobra relevancia, porque de conformidad con la fracción II, del artículo 5 de la ley de la materia y en los términos de las citadas jurisprudencias, autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado, razón por la que es imprescindible que ante un acto concreto y específico se determine con claridad la autoridad o autoridades encargadas de emitirlo, o bien de ejecutarlo. Por consiguiente, se reitera, si el quejoso no designó como responsable al Juez Segundo Penal de Partido de esta ciudad, quien fue el que emitió la orden de aprehensión reclamada, ello impide analizar la constitucionalidad del acto tildado de ilegal, al ser atribuible a una autoridad que no fue llamada a juicio, no obstante que el quejoso estuvo en aptitud de hacerlo. Por tanto, es inconcuso que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III, del diverso numeral 108, del propio ordenamiento legal, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis 2a.CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 113, Tomo IX, Enero de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DAR LE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre, página 195, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento". Así como la jurisprudencia VI. 3o.J/44, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 67de l tomo 74, Febrero de 1994 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal." Y la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación, que reza de la siguiente manera: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En razón de lo anterior, se deja sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que el término de quince días que se concedió al quejoso en proveído de diecinueve de agosto de dos mil quince, a efecto de que ampliara su demanda de amparo por la orden de aprehensión dictada en su contra por el Juez Segundo Penal de Partido de esta ciudad, dentro del proceso penal 66/2013 de su índice, que se le instruye por el delito de robo calificado, cometido en agravio de *********, transcurrió sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el aludido auto y por ende, se continuará la secuela procesal teniendo únicamente como autoridad responsable y acto reclamado el señalado en su escrito inicial de demanda.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, en especial la certificación que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido al quejoso en proveído de diecinueve de agosto del año en curso, a efecto de que amplíe su demanda de amparo; por tanto, no es posible celebrar la audiencia constitucional programada para esta fecha, por lo que se difiere y se señalan las nueve horas con diez minutos del trece de octubre de dos mil quince, para su desahogo.
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