Francisco Javier Cruz Ortiz

Expediente 501/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 62 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
501/2021
Año
2021
Actuaciones
62
Última actuación
15/08/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Cruz Ortiz
  • Presidente Municipal de Celaya, Guanajuato.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 62.

  1. Principal

    Vista la razón de entrega de documentos, de la que se advierte que en esta data, el quejoso *************, compareció ante este órgano jurisdiccional a recoger el documento que adjuntó al escrito de demanda, tal como se ordenó en proveído de siete de los actuales; en ese sentido, hágase lo anterior del conocimiento del Analista Jurídico para que haga las anotaciones correspondientes.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de tres días concedido a las partes, en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: Mediante sentencia terminada de engrosar el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, se sobreseyó en el presente asunto y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a **************, en contra del acto reclamado a la Directora de Fiscalización del Municipio de Celaya. Ahora bien, la protección constitucional se concedió para el efecto de que la directora de Fiscalización del Municipio de Celaya: Dejara sin efecto legal alguno el informe de reubicación definitiva, de catorce de julio de dos mil veintiuno, emitido por la Directora de Fiscalización del Municipio de Celaya, contenido en el oficio D.F./0869/2021. Deberá abstenerse de efectuar cualquier acto tendente a violentar derechos humanos del quejoso, relacionado con la colocación del puesto que tiene autorizado en Morelos, en la zona centro de esta ciudad, sin que previamente se le haya otorgado el derecho de audiencia, en los términos del considerando sexto de la sentencia de amparo. En cumplimiento a lo anterior, el Director de Fiscalización del Municipio de Celaya, remitió el oficio de veintiséis de mayo del año en curso; constancia con la cual adujo cumplir con la sentencia protectora. Ahora, del examen de la constancia remitida, que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno, se desprende que: Dejó sin efecto legal alguno el informe de reubicación definitiva, de catorce de julio de dos mil veintiuno, emitido por la Directora de Fiscalización del Municipio de Celaya, contenido en el oficio D.F./0869/2021; Informó que se abstendrá de efectuar cualquier acto tendente a violentar derechos humanos del quejoso, en relación con el puesto en el que actualmente ejerce su actividad comercial. En esa tesitura, es inconcuso que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de control respectivo. Orden de archivo del expediente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; Valoración del expediente. A efecto de realizar la valoración del expediente en que se actúa, se precisa que las resoluciones que se dictaron fueron las siguientes. En el juicio principal, por una parte se concedió el amparo y la protección de la justicia federal y por otra, se sobreseyó en el juicio. En el incidente, se concedió y se negó la suspensión definitiva del acto reclamado. En consecuencia, como el asunto que nos ocupa se encuentra fuera de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera conservable de conformidad con el diverso artículo 17, fracción III, inciso a), por lo que una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, deberá ser transferido. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será conservable una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo17, fracción III, inciso b), del citado acuerdo, por lo que una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, deberá ser transferido, debiéndose agregar a este cuadernillo incidental una impresión del presente acuerdo a fin de tener un manejo adecuado al momento de que se realice el proceso de transferencia. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, será destruible, en el plazo de seis meses a partir de esta fecha, atendiendo al artículo 19, fracción II, inciso a), del indicado instrumento normativo. Toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de tres días concedido a las partes, en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: Mediante sentencia terminada de engrosar el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, se sobreseyó en el presente asunto y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a **************, en contra del acto reclamado a la Directora de Fiscalización del Municipio de Celaya. Ahora bien, la protección constitucional se concedió para el efecto de que la directora de Fiscalización del Municipio de Celaya: Dejara sin efecto legal alguno el informe de reubicación definitiva, de catorce de julio de dos mil veintiuno, emitido por la Directora de Fiscalización del Municipio de Celaya, contenido en el oficio D.F./0869/2021. Deberá abstenerse de efectuar cualquier acto tendente a violentar derechos humanos del quejoso, relacionado con la colocación del puesto que tiene autorizado en Morelos, en la zona centro de esta ciudad, sin que previamente se le haya otorgado el derecho de audiencia, en los términos del considerando sexto de la sentencia de amparo. En cumplimiento a lo anterior, el Director de Fiscalización del Municipio de Celaya, remitió el oficio de veintiséis de mayo del año en curso; constancia con la cual adujo cumplir con la sentencia protectora. Ahora, del examen de la constancia remitida, que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno, se desprende que: Dejó sin efecto legal alguno el informe de reubicación definitiva, de catorce de julio de dos mil veintiuno, emitido por la Directora de Fiscalización del Municipio de Celaya, contenido en el oficio D.F./0869/2021; Informó que se abstendrá de efectuar cualquier acto tendente a violentar derechos humanos del quejoso, en relación con el puesto en el que actualmente ejerce su actividad comercial. En esa tesitura, es inconcuso que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de control respectivo. Orden de archivo del expediente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; Valoración del expediente. A efecto de realizar la valoración del expediente en que se actúa, se precisa que las resoluciones que se dictaron fueron las siguientes. En el juicio principal, por una parte se concedió el amparo y la protección de la justicia federal y por otra, se sobreseyó en el juicio. En el incidente, se concedió y se negó la suspensión definitiva del acto reclamado. En consecuencia, como el asunto que nos ocupa se encuentra fuera de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera conservable de conformidad con el diverso artículo 17, fracción III, inciso a), por lo que una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, deberá ser transferido. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será conservable una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo17, fracción III, inciso b), del citado acuerdo, por lo que una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, deberá ser transferido, debiéndose agregar a este cuadernillo incidental una impresión del presente acuerdo a fin de tener un manejo adecuado al momento de que se realice el proceso de transferencia. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, será destruible, en el plazo de seis meses a partir de esta fecha, atendiendo al artículo 19, fracción II, inciso a), del indicado instrumento normativo. Toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio que suscribe el Director de Fiscalización del Municipio de Celaya, mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en el presente juicio; con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada. No obstante lo anterior, tomando en consideración las manifestaciones efectuadas en el cuerpo del oficio de oficio de cuenta, se precisa: Mediante sentencia dictada el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo, para el efecto de que la directora de Fiscalización del Municipio de Celaya: Dejara sin efecto legal alguno el informe de reubicación definitiva, de catorce de julio de dos mil veintiuno, emitido por la Directora de Fiscalización del Municipio de Celaya, contenido en el oficio ********************.; Debería abstenerse de efectuar cualquier acto tendente a violentar derechos humanos del quejoso, relacionado con la colocación del puesto que tiene autorizado en Morelos, en la zona centro de esta ciudad, sin que previamente se le haya otorgado el derecho de audiencia, en los términos del considerando sexto. La cual fue recurrida y mediante ejecutoria de veinte de mayo de dos mil veintidós emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, se ordenó reponer el procedimiento a efecto de que se requiriera al quejoso si era su deseo ampliar la demanda de amparo, respecto a la complementación de fundamentación y motivación del acto tildado de inconstitucional, en relación con lo manifestado por la Directora de Fiscalización de esta ciudad, al rendir su informe justificado y se estableció que se podía dar un nuevo enfoque al emitir la nueva resolución. En proveído de siete de julio de dos mil veintidós, se tuvo al quejoso ampliando su demanda de amparo y se requirió el informe justificado. Mediante sentencia con fecha de engrose de veintisiete de abril del año en curso, entre otras cosas, se consideró: Aquí es importante recordar, que se reclama la reubicación definitiva del comerciante y que la motivación del acto reclamado, consistió medularmente en que los dictámenes emitidos por las direcciones de Tránsito y Policía Vial, de Protección Civil y Bomberos, así como del estudio de viabilidad para la colocación de puestos en la vía pública, evidenciaban que la calle Morelos se había tornado peligrosa para la ciudadanía, usuarios, trabajadores o comerciantes. Ello, sin precisar las razones por las que había peligro y que tornaban imperativa la reubicación del mercader. No obstante, si bien son facultades de la autoridad responsable las descritas en los preceptos reproducidos, sólo la fracción XV del artículo 210 del cuerpo normativo en consulta le autoriza reubicar a los comerciantes, puestos, mercancías o permisos que ocupen la vía pública para el desarrollo de sus actividades, pero lo condiciona a que la reubicación sea por el incumplimiento de las disposiciones "de la materia". Por ello, desde la óptica de quien resuelve, los preceptos invocados por la autoridad responsable en el acto reclamado, son insuficientes para cumplir con la obligación de fundamentación, pues en principio se carece de evidencia en el sentido de que el quejoso haya incumplido "las disposiciones de la materia", que justifiquen su relocalización. Asimismo, en el acto reclamado tampoco se advierte cuál es la disposición legal que faculta a la autoridad responsable para decidir, sin previa audiencia y sin evidencia de que se haya faltado a la normatividad aplicable, el cambio del lugar para que el comerciante ejerza su actividad. De ahí, que se considera insuficiente que la circunstancia de invocar las opiniones técnicas de las direcciones de Tránsito y Policía Vial, de Protección Civil y Bomberos, así como del estudio de viabilidad para la colocación de puestos en la vía pública, sea bastante para determinar que el marchante ha transgredido las normas que debe acatar en el desempeño de su oficio [.]" Además, se analizó la legalidad de los dictámenes citados en el fallo protector y se consideró lo siguiente: "[.] Bajo ese panorama, es claro que la motivación de fondo del acto reclamado es deficiente, en tanto que la orden constitucional lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales, que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, porque sólo de esa forma se otorga certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico, pues de esta forma se garantiza el derecho de defensa ante un acto arbitrario y carente de legalidad. Debe destacarse, que el mandato constitucional, obliga a toda autoridad a señalar la norma que justifique su proceder, para lo cual deberá citar la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, mediante el señalamiento del apartado, fracción, inciso o subinciso; en caso de que se trate de una norma compleja, habrá de transcribir la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario, implicaría que el gobernado tuviera la carga de averiguar, en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las que integran el texto normativo es la que específicamente justifica su proceder. Bajo esta óptica, es dable afirmar que el acto reclamado carece de la debida fundamentación y motivación, en franca contravención al artículo 16 de la Constitución General de la República. Ante las consideraciones anteriores, en términos del último párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, resta acotar que ante la deficiente fundamentación y motivación el acto recamado ostenta un vicio de fondo, por ende, las autoridades responsables deberán abstenerse de ordenar, bajo ninguna circunstancia, la reubicación del quejoso. En ese sentido, la frase "bajo ninguna circunstancia" se refiere a que la autoridad responsable se encuentra impedida para ordenar la reubicación del quejoso, máxime que en la sentencia también se dijo que si bien el artículo 210 del Reglamento para la Administración del Municipio de Celaya, confiere determinadas facultades al Director de fiscalización, debido a las consideraciones que sustentan el fallo protector se encuentra impedido para ejercerlas, en lo que se refiere al quejoso.

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