Francisco Iván Gómez Flores y Otros.
Expediente 1611/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1611/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/12/2019
Partes del expediente
- Francisco Iván Gómez Flores y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vistos; I. El oficio SEADS/1405/2019, de trece de noviembre de dos mil diecinueve, suscrito por Luis Francisco Trejo Sánchez, Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción, en suplencia por ausencia del Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, residente en la Ciudad de México, a través del cual comunica la adscripción de Lucía Anaya Ruiz Esparza, como titular de este órgano jurisdiccional. II. La certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veintinueve de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Francisco Iván Gómez Flores, Francisco Armando Gómez Román e Isabel Marina Flores Flores. Al efecto, se acuerda: a) Respecto al punto I, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. b) Tocante al punto II, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el mismo ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se exhibieron documentales, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Lucía Anaya Ruiz Esparza, Jueza Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, ante Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
CON EL CONTENIDO DEL MISMO Y ANEXOS, CÓRRASE TRASLADO Y DÉSE VISTA A LAS PARTES...
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LOS QUEJOSOS... DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En las relatadas consideraciones, es evidente que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación en los diversos 1°, fracción I, 5°, fracción II, y 107, fracción IV, y 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113, de la legislación en cita, se desecha de plano la demanda de amparo. Al respecto, conviene la Jurisprudencia aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el que se menciona en el proemio de la demanda; y como autorizado, en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Cristóbal Martínez Martínez, por estar su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho ante los órganos jurisdiccionales; y en términos del citado numeral, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, únicamente para los citados efectos, a la diversa persona que refieren. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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