Francisco Hernández Gutierrez
Expediente 896/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 17 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 896/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 07/10/2019
Partes del expediente
- Francisco Hernández Gutierrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Visto, el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 13383/2019, de dos de octubre del año en curso, con el cual se le remitió el juicio de amparo 896/2019-VII, del índice de este juzgado, e informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada, el cual quedó registrado bajo el número 1348/2019-VII. Al efecto, se acuerda. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase a la autoridad oficiante acusando recibo para los efectos legales a que haya lugar. A. ARCHIVO. Así entonces, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto de incompetencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que, no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, así como en la carátula del mismo y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos o tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.
- Principal
Vistos: a) El oficio signado por el Primer Secretario de Acuerdos Encargado del Juzgado Segundo del Ramo Penal en Atención a Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, por Ministerio de Ley, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, mediante el cual en atención al diverso 12656/2019, de dieciocho de septiembre de la presente anualidad, remite copias certificadas del auto de término constitucional de veintisiete de junio de este propio año, emitido en los autos de la causa penal 98/2010, de su índice. b) El estado de autos, en donde se advierte del contenido de las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Penal, en atención a Delitos Graves, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas -por conducto de la Secretaria encargada del Despacho, por Ministerio de Ley-, que el entonces Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas -actualmente Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas-, con residencia en esta ciudad, conoció del diverso juicio de amparo 1339/2011, de su índice, promovido por el acusado -aquí quejoso-, ***, respecto a la orden de aprehensión dictada en su contra, en la causa penal 98/2010, por el delito de tortura, cometido en agravio de *** y otro; en sentencia constitucional de veinticuatro de abril de dos mil doce; se le concedió la protección constitucional solicitada. Inconforme con el sentido de dicha determinación, la Agente del Ministerio Público adscrita, interpuso recurso de revisión, mismo que fue resuelto por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, quien en el recurso de revisión registrado con el toca 238/2012, el treinta y uno de mayo de dos mil trece, revocó el sentido de la sentencia. Información relativa al recurso de revisión obtenida, previa búsqueda realizada en la información publicada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la cual se invoca como hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Robustece lo anterior, el principio jurídico contenido en la jurisprudencia, que enuncia: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Por otra parte, la autoridad responsable en comento, al rendir su informe justificado, manifestó que el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, dictó auto de formal prisión en contra del quejoso ***, dentro de la causa penal 98/2010, como probable responsable del delito de tortura, cometido en agravio de *** y otro. Al efecto, se acuerda: Respecto a lo manifestado en el inciso a), con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos la comunicación de cuenta, teniéndose por cumplido el requerimiento. Ahora bien, tocante a lo descrito en el diverso b), este Juzgador Federal, considera que se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 45, fracción II, 46, fracción II, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado respectivamente en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil quince y catorce de marzo de dos mil dieciséis, los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado de forma relacionada, cuando al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroje un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, por lo que se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció del aquél; o bien, cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer, recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. De igual modo, establecen que es criterio general de relación que un asunto de nuevo ingreso se turne a un órgano jurisdiccional determinado, y éste estime que es a otro el que le corresponde conocer del asunto por razón de turno, por existir en éste un antecedente que hace procedente la vinculación, lo remitirá con sus anexos, al Juzgado o Tribunal que considere debe conocer del mismo. Es así, ya que como se dijo, de los anexos que remitió la autoridad responsable consistente en copias certificadas del expediente penal 98/2010; a las cuales se concede valor probatorio pleno de conformidad el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°; se advierte que el que el entonces Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas -actualmente Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas-, conoció de la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, dictado en la referida causa penal, por el delito tortura; entonces, si el acto que se reclama en el presente juicio, es el auto de formal prisión dictado en contra del mismo quejoso, dictado por la misma autoridad responsable, en la misma causa penal; es decir, derivado de los mismos hechos por los cuales conoció el citado Juzgador Federal en comento. En ese sentido, el suscrito considera que se cumplen los requisitos establecidos en los dispositivos 45, fracción II, 46, fracción II, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General de referencia; para que el presente juicio de amparo, sea resuelto por el juzgado que conoció con antelación ese asunto; es decir, el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por emanar el acto que aquí se reclama con los actos derivados del mismo asunto; por lo que se infiere que no es procedente asumir la competencia por razón de turno, de los hechos materia de amparo en el presente asunto, en razón de que tiene el antecedente del mismo. Y si bien, este órgano jurisdiccional concurre en igualdad de facultades competenciales en razón de grado, materia y territorio, con el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad; no puede pasar desapercibido que la aplicación del Acuerdo General de cuenta, tiene como fin reenviar un expediente a un órgano jurisdiccional en específico por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en asunto que deriva del mismo procedimiento, utilizando sus consideraciones y aprovechando ese conocimiento previo de los antecedentes del expediente respectivo. Sostiene lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia de la literalidad siguiente: "COMPETENCIA POR TURNO. EL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, SÓLO ES APLICABLE PARA DECIDIR RESPECTO AL TURNO DE ASUNTOS COMPETENCIA DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES RESIDENTES EN EL MISMO CIRCUITO JUDICIAL. A partir del 9 de septiembre de 2008 entró en vigor el Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, instaurando nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que, previamente a su asignación aleatoria, los jefes de las indicadas Oficinas verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: a) Provenir de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado; b) Tratarse de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía; y, c) Cuando las demandas de amparo, recursos o medios de impugnación, se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, excepto los casos en que solamente se impugnen disposiciones generales. Sin embargo, el ordenamiento aludido resulta aplicable cuando tiene que decidirse respecto al turno que deba darse a asuntos competencia de órganos jurisdiccionales residentes en el mismo circuito judicial, quienes concurren en igualdad de facultades competenciales, en razón de grado, materia y territorio, y tienen una misma Oficina de Correspondencia Común que debe atender al sistema aleatorio y al de conocimiento previo que se describe en los acuerdos generales de referencia, pues la aplicación de estos últimos únicamente tiene como fin dirigir o reenviar un expediente a un órgano jurisdiccional en específico por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizando sus consideraciones y aprovechando ese conocimiento previo de los antecedentes del expediente respectivo, evitando el dictado de resoluciones contradictorias, sin que pueda hacerse extensiva su aplicación a un ámbito competencial diverso al que es propio del órgano jurisdiccional originariamente competente, ya que dichos acuerdos no pueden soslayar las diversas disposiciones que delinean la potestad de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación por razón de materia, grado o territorio." Por lo anterior, remítase al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, el original del juicio de amparo 896/2019-VII, y sus anexos del índice de este juzgado, en el estado que actualmente guarden; para los efectos legales conducentes. Solicitando a la Juez competente, de no existir inconveniente legal alguno, se sirva acusar el recibo correspondiente. En virtud de lo anterior, se deja sin efecto alguno la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional que está fijada para las nueve horas con veinticinco minutos del siete de octubre de la presente anualidad.
- Principal
Visto, el estado de autos del que se advierte que la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, no ha remitido las constancias que le fueron solicitadas en auto de dieciocho de septiembre de la presente anualidad, sin que exista constancia alguna que corrobore se encuentra debidamente notificado para ello. Al efecto, se acuerda: Para dar margen a lo anterior y no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con veinticinco minutos del siete de octubre de dos mil diecinueve, para su celebración. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades responsables, toda vez que el diferimiento de una audiencia, dada su trascendencia, no amerita la notificación por oficio; por tanto, se ordena notificarlas por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.
- Principal
Visto, el estado de autos y advirtiéndose de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en apoyo a su informe justificado relativas al auto constitucional de veintisiete de junio de este propio año, alguna de ellas se encuentran ilegibles. Al efecto, se acuerda: En consecuencia de lo anterior, requiérase a la misma, para que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de la legal notificación del presente proveído, remita de nueva cuenta lo relativo al acto reclamado; esto es el auto constitucional de veintisiete de junio de la presente anualidad, en copias debidamente certificadas y legibles, las cuales son necesarias para resolver el presente asunto, de conformidad con los numerales 75 y 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Apercibido que de no hacerlo dentro del término señalado o de no manifestar el impedimento legal que tienen para hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo, del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cobra aplicación a lo acordado la tesis, cuyo rubro y contenido es el siguiente: PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de amparo, el Juez de distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio a todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto.. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconocer en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas que se haya fundado el propio acto. Para no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con veintitrés minutos del treinta de septiembre de dos mil diecinueve, para su celebración.
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