Francisco Iván Gómez Flores
Expediente 793/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 793/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/10/2021
Partes del expediente
- Francisco Iván Gómez Flores
- Francisco Iván Gómez Flores y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto; el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del similar 18406/2021, del índice de este juzgado, y anexos correspondientes; asimismo, informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por ***, por sí y en representación de su menor hija de iniciales F.D.G.V, en su carácter de quejosos, mismo que quedó registrado con el número 205/2021. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2.°, glósese a los autos el oficio de referencia para que obre como corresponda, y téngase a la superioridad acusando de recibo del recurso referido en el párrafo que antecede. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Visto; el escrito signado por ***, por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada, mediante el cual interpone RECURSO DE QUEJA, contra el auto de diez de septiembre del año que transcurre, en el que se desechó la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el escrito de cuenta. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 98, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación que hace valer la accionante. En ese tenor, ríndase el informe respectivo, en el sentido de que es cierto el acto materia de la queja, en razón de que el diez de septiembre de dos mil veintiuno, en autos del juicio de amparo indirecto en que se actúa, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por el aludido promovente. Por tanto, remítase de inmediato el escrito de agravios en dos tantos, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en Turno, residente en esta ciudad, para los efectos legales conducentes. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.
- Principal
I. REGISTRO Vista; la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada, contra actos del 1. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, Chiapas, y otras autoridades. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 793/2021-I y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, es importante precisar que el artículo 113,1 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número. 80, Agosto de 1994, con registro digital 210751, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA."2 En el contexto anterior, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente reclama del 1. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, Chiapas, y otras autoridades, los actos que a continuación se especifican: ? Los acuerdos de diecisiete de marzo y treinta de junio, ambos de dos mil veintiuno, en los que se ordenó realizar en su contra una diligencia de cateo para localizar a su menor hija de identidad reservada y entregarla a su progenitora, dictado en los autos del expediente 62/2016. ? Y su ejecución, efectuada el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. En esa tesitura, se estima que respecto de los actos anteriormente citados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia,3 misma que consigna que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previstos. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció los requisitos que se deben colmar para estimarse que un acto de autoridad ha sido consentido, según el criterio siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL."4 De lo anterior, se aduce que para que un acto de autoridad sea considerado consentido tácitamente, deben actualizarse los requisitos siguientes: 1. Que el acto reclamado exista y que el agraviado lo conozca, pues no podría consentirse de manera tácita, un acto que no se conoce y que por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad; 2. Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque dicho impetrante se hubiere conformado con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo, que desde luego, no sería intentado; y 3. Que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal previsto. En el caso particular, se colma el primer y segundo requisito para ser un acto consentido, en principio porque las actuaciones combatidas resultan ser los acuerdos de diecisiete de marzo y treinta de junio, ambos de dos mil veintiuno, en el que se ordenó realizar en su contra una diligencia de cateo para localizar a su menor hija de identidad reservada y entregársela a su progenitora, dictado en los autos del expediente 62/2016; y su ejecución, efectuada el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, lo que evidentemente irroga en su perjuicio su derecho de guarda y custodia sobre su menor hija. Ahora, por lo que hace al tercer requisito, que establece que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, es decir, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal establecido en el artículo 17, de la Ley de Amparo,5 éste se encuentra acreditado por las razones que se exponen a continuación: El multicitado arábigo 17, señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18, de la propia ley,6 dispone que los plazos se computarán a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o bien, al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, la notificación al quejoso del acto reclamado, conforme a la ley del acto. La segunda hipótesis consiste en que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Cabe aclarar que en relación con los tres criterios que deben tomarse en cuenta para comenzar a computar el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, son excluyentes, por lo que no debe seguirse un orden de prelación para tomar cualquiera de ellos como referencia para empezar a contar dicho término. De igual forma, se advierte con claridad que la intención del legislador fue que el término para demandar la protección constitucional empezará a contarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas. Antes de abundar respecto al estudio de la causa de improcedencia invocada, resulta conveniente transcribir, en lo que interesa, lo narrado por la parte quejosa en el apartado condigno "FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE DICHO ACTO", lo cual, en lo que interesa, dice: "TUVE CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, ES DECIR, TANTO DE LOS ACUERDOS EMITIDOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA Y LA DILIGENCIA DE CATEO, EL MISMO DÍA 17 DIECISIETE AGOSTO DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO." (Sic) -Lo resaltado es propio- Lo anterior, se itera, constituye una confesión expresa, que no admite prueba en contrario de conformidad con los artículos 957, 968, 1239 y 199, fracciones I, II y II10, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que disponen, que la confesión puede ser expresa o tácita; expresa, la que se hace clara y distintamente, al formular o contestar la demanda, ya sea al absolver posiciones, o en cualquier otro acto del proceso, pues como se ha visto, el quejoso manifestó de manera clara y precisa que tuvo conocimiento de las actuaciones que por esta vía combate, el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno; por lo que no es factible suponer que en esa fecha haya sido notificado de las resoluciones que reclama. Tiene aplicación al caso la tesis aislada 2a. II/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 173589, de rubro: "CONFESIÓN EXPRESA EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES UN MEDIO DE PRUEBA ADMISIBLE EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO." No obstante, en el supuesto no concedido de que el quejoso hubiera referido, que el diecisiete de agosto de dos mi veintiuno, fue notificado de las resoluciones que reclama, al respecto, conviene destacar que el artículo 129, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, establece que los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquél en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación. En relación con lo anterior, conviene precisar que, el dispositivo legal en comento no indica expresamente a partir de cuándo surten sus efectos las notificaciones realizadas conforme a dicho artículo; sin embargo, de la interpretación gramatical de su enunciado narrativo, se entiende que las notificaciones se tienen por legalmente hechas el día en que se practican. En tal virtud, se concluye que de acuerdo con la legislación adjetiva civil de esta entidad federativa, las notificaciones personales o por cédula, surten efectos el día en que se practican, por lo que a partir de ese momento, los sujeta jurídicamente para la debida observancia de los plazos relativos a cualquier promoción o instancia impugnativa que deseen hacer valer, incluido el juicio de amparo, en caso de ser procedente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 11/2017 (10a.),11 sustentada por el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas. De igual manera la tesis XX.2o.47 C,12 sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro y texto: NOTIFICACIÓN POR CÉDULA. AL SURTIR EFECTOS EL DÍA EN QUE SE PRACTICA, LOS TÉRMINOS JUDICIALES DEBEN COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SE EFECTÚA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). Del artículo 110 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, se advierte que las notificaciones podrán ser personales, por cédula, por listas de acuerdos, por edictos, por correo y por telégrafo. También se aprecia que el legislador estableció que los plazos empiezan a correr desde el día siguiente a aquel en que se efectúe el emplazamiento o notificación (artículo 129 del citado código), de donde deriva la regla general de que las notificaciones se tienen por legalmente hechas el día en que se practican, y como excepción señala la prevista en el artículo 124, en relación con el 122, ambos del mismo ordenamiento legal, relativa a las notificaciones por lista, las que se tienen por hechas y surten sus efectos a las doce horas del tercer día contado desde el día en que se dicten las resoluciones que hayan de notificarse. En tal virtud, se concluye que la notificación por cédula surte efectos el día en que se practica y, por ende, los términos judiciales relativos empiezan a computarse a partir del día siguiente conforme a la regla general prevista en el referido artículo 129, pues en el caso no es factible aplicar la excepción para las notificaciones por lista, ya que no existe similitud entre ambos medios de comunicación procesal. Sentado lo anterior, se advierte que en el caso particular el quejoso tuvo conocimiento de los actos que reclama, el diecisiete de agosto de dos mi veintiuno; por tanto, se actualiza la segunda hipótesis contemplada en el artículo 18, de la Ley de Amparo, esto es, que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. En consecuencia, el plazo de QUINCE DÍAS que tenía la parte quejosa para presentar la demanda de amparo relativa, inició a partir del día siguiente en tuvo conocimiento de los actos reclamados, esto es, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, y feneció, el siete de septiembre de esta anualidad, sin contar para dicho término los días inhábiles de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19, de la Ley de Amparo, 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; así como el diverso 143, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relativos a la determinación de los días inhábiles y de descanso. En ese sentido, si el quejoso combatió por esta vía, los actos reclamados, hasta el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, fecha en que presentó su demanda de amparo, según se aprecia del sello de recepción respectivo que obra en la primera hoja de la demanda de referencia; y tuvo conocimiento de dichos actos, desde el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, fecha en que se llevó a cabo la diligencia de restitución citada supralíneas; por ende, es indudable que la misma es extemporánea, al haber sido presentada con posterioridad a los quince días que para tal efecto exige el artículo 17, de la ley de la materia y de conformidad con la segunda hipótesis prevista en el artículo 18, de la ley en comento, para el computó correspondiente que se precisó anteriormente. Ante tal circunstancia, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, del propio ordenamiento legal, en relación con los actos señalados en párrafos que anteceden. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de dos mil once, Novena Época, con registro digital 163172, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ." Asimismo, tienen aplicación por sus consideraciones la jurisprudencia, también emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 126, Tomo IV, Apéndice 2000, Novena Época, con registro digital 917688, que reza: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO."14 Sin que obste a lo anterior, el hecho de que en caso particular se encuentren involucrados derechos de una menor de edad, pues si bien, el interés superior de la niñez, como norma de procedimiento, tiene la potencialidad de sustentar la inaplicación de alguna regla legal adjetiva, cuando se advierta innecesaria, injustificada o desproporcionada, en la medida en que pueda trastocar u obstaculizar el ejercicio de los derechos procesales de menores de edad; o bien, hacer ajustes en la aplicación de reglas procesales bajo un análisis individualizado de ese interés superior, cuando se advierta alguna especial condición de vulnerabilidad o desventaja en la circunstancia específica del menor involucrado; también lo es que, la oportunidad de la presentación de la demanda, es un requisito de procedencia del juicio de amparo, que entraña un examen formal para determinar que se ajuste a los supuestos para los cuales el legislador dispuso la acción de amparo. Esto es, la oportunidad de la presentación de la demanda, no puede decidirse en función de la naturaleza, entidad o gravedad de los derechos sustanciales discutidos ni del carácter del promovente, pues proceder de ese modo desnaturalizaría dicha institución, la cual exige contar con una base de reglas que resulten generales y que operen de manera homogénea para el juicio en sí mismo; y la oportunidad es una de esas reglas que debe ser general para todos los juicios de amparo, sin distinción, a fin de proteger la seguridad jurídica del proceso y de los propios justiciables. Por tanto, la promoción oportuna de la demanda no puede dispensarse bajo criterios que atiendan a la naturaleza de los derechos debatidos o al carácter de promovente, aun cuando se trate de asuntos que involucren derechos de menores de edad. Apoya lo anterior, por el contenido jurídico que la orienta, la jurisprudencia 1a./J. 1/2021 (11a.),15 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: AMPARO DIRECTO. SI LA DEMANDA RESULTÓ EXTEMPORÁNEA AL HABERSE PRESENTADO ANTE AUTORIDAD DISTINTA DE LA RESPONSABLE CONFORME A LA REGLA DEL ARTÍCULO 176, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE EXAMINARSE EL FONDO DE LA LITIS BAJO LA CONSIDERACIÓN DE QUE EN EL JUICIO ESTÁN INVOLUCRADOS DERECHOS DE MENORES DE EDAD. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron, respectivamente, de una demanda de amparo directo que resultaba extemporánea conforme a la regla establecida en el artículo 176, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, relativa a que su presentación ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe el plazo que para su promoción establece la ley. Ante dicho escenario, sostuvieron criterios discrepantes en torno a la posibilidad de que, pese a ello, se pudieren pronunciar sobre el fondo de la controversia en el amparo, pues aunque uno admitió que de acuerdo con dicha regla, la demanda se encontraba fuera del plazo legal, determinó que era dable examinar el fondo de la litis constitucional, porque estaban involucrados derechos fundamentales de menores de edad que era necesario proteger conforme al principio del interés superior de la infancia; mientras que el otro estimó que al ser la oportunidad de la demanda de amparo un requisito de procedencia, no había posibilidad de que la materia del fondo de la controversia pudiera tomarse en cuenta para conocer de una demanda extemporánea, aun cuando involucrara derechos de menores de edad. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando una demanda de amparo directo resulte extemporánea conforme a la regla legal establecida en el segundo párrafo del artículo 176 de la Ley de Amparo, no puede admitirse o validarse su admisión, atendiendo a la materia del fondo del juicio de amparo ni al carácter del promovente, aun cuando estén involucrados derechos de menores de edad. Justificación: Es cierto que el principio del interés superior de la niñez, como norma de procedimiento, tiene la potencialidad de sustentar la inaplicación de alguna regla legal adjetiva que, en sí misma considerada, se advierta innecesaria, injustificada o desproporcionada, para efectos del proceso de que se trate, en la medida en que pueda trastocar u obstaculizar el ejercicio de los derechos procesales de menores de edad, ello, bajo una consideración abstracta de ese principio en todos los casos en que se dilucidan derechos de este grupo de edad; o bien, permite al juzgador hacer ajustes en la aplicación de reglas procesales bajo un análisis individualizado del interés superior del menor involucrado, cuando advierta alguna especial condición de vulnerabilidad o desventaja en la circunstancia específica de dicho menor. Sin embargo, la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo no puede verse como una regla de procedimiento innecesaria, injustificada o desproporcionada, que obstaculice el ejercicio de los derechos de los justiciables, incluidos quienes son menores de edad y que, por ello, amerite inaplicarse o excluirse, como medida de protección reforzada de los derechos de éstos. La oportunidad de la demanda es un requisito de procedencia del juicio de amparo, por ende, corresponde al ámbito de los presupuestos procesales de la acción, necesarios para que válidamente se pueda emitir una sentencia que resuelva el fondo de la controversia. El estudio de la procedencia entraña un examen formal de la demanda, para determinar que se ajuste a los supuestos para los cuales el legislador dispuso la acción de amparo, por tanto, no puede decidirse en función de la naturaleza, entidad o gravedad de los derechos sustanciales discutidos ni del carácter del promovente, pues proceder de ese modo desnaturalizaría dicha institución, la cual exige contar con una base de reglas que resulten generales y que operen de manera homogénea para el juicio en sí mismo; y la oportunidad es una de esas reglas que debe ser general para todos los juicios de amparo, sin distinción, a fin de proteger la seguridad jurídica del proceso y de los propios justiciables. Por tanto, la promoción oportuna de la demanda no puede dispensarse bajo criterios que atiendan a la naturaleza de los derechos debatidos o al carácter de promovente, aun cuando se trate de asuntos que involucren derechos de menores de edad; de ahí que, establecida la extemporaneidad de la demanda de amparo directo bajo la regla del segundo párrafo del artículo 176 de la Ley de Amparo, no podrá ser resuelto el fondo en ningún caso. III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada, por los motivos expuestos con anterioridad. Guarda aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 509, Materia Común, Novena Época, con registro digital 203580, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO."16 IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, con apoyo en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír notificaciones el que señala promovente en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene como autorizados en términos amplios del referido numeral -12- a las personas que refiere en su ocurso por encontrarse sus cédulas profesionales en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. V.HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. VI. UTILIZACIÓN DE MEDIOS MAGNÉTICOS Con sustento en la Circular número 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de los medios electrónicos que mencionan para los fines solicitados, previa razón que obre en autos, con la salvedad que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporcione se le fincará responsabilidad, en términos de la legislación Penal Federal. Por el sentido jurídico que la orienta, tiene aplicación la tesis del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA."17 VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se realicen con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO...I. REGISTRO Vista; la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada, contra actos del 1. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, Chiapas, y otras autoridades. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 793/2021-I y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, es importante precisar que el artículo 113,1 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número. 80, Agosto de 1994, con registro digital 210751, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA."2 En el contexto anterior, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente reclama del 1. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, Chiapas, y otras autoridades, los actos que a continuación se especifican: ? Los acuerdos de diecisiete de marzo y treinta de junio, ambos de dos mil veintiuno, en los que se ordenó realizar en su contra una diligencia de cateo para localizar a su menor hija de identidad reservada y entregarla a su progenitora, dictado en los autos del expediente 62/2016. ? Y su ejecución, efectuada el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. En esa tesitura, se estima que respecto de los actos anteriormente citados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia,3 misma que consigna que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previstos. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció los requisitos que se deben colmar para estimarse que un acto de autoridad ha sido consentido, según el criterio siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL."4 De lo anterior, se aduce que para que un acto de autoridad sea considerado consentido tácitamente, deben actualizarse los requisitos siguientes: 1. Que el acto reclamado exista y que el agraviado lo conozca, pues no podría consentirse de manera tácita, un acto que no se conoce y que por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad; 2. Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque dicho impetrante se hubiere conformado con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo, que desde luego, no sería intentado; y 3. Que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal previsto. En el caso particular, se colma el primer y segundo requisito para ser un acto consentido, en principio porque las actuaciones combatidas resultan ser los acuerdos de diecisiete de marzo y treinta de junio, ambos de dos mil veintiuno, en el que se ordenó realizar en su contra una diligencia de cateo para localizar a su menor hija de identidad reservada y entregársela a su progenitora, dictado en los autos del expediente 62/2016; y su ejecución, efectuada el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, lo que evidentemente irroga en su perjuicio su derecho de guarda y custodia sobre su menor hija. Ahora, por lo que hace al tercer requisito, que establece que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, es decir, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal establecido en el artículo 17, de la Ley de Amparo,5 éste se encuentra acreditado por las razones que se exponen a continuación: El multicitado arábigo 17, señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18, de la propia ley,6 dispone que los plazos se computarán a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o bien, al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, la notificación al quejoso del acto reclamado, conforme a la ley del acto. La segunda hipótesis consiste en que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Cabe aclarar que en relación con los tres criterios que deben tomarse en cuenta para comenzar a computar el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, son excluyentes, por lo que no debe seguirse un orden de prelación para tomar cualquiera de ellos como referencia para empezar a contar dicho término. De igual forma, se advierte con claridad que la intención del legislador fue que el término para demandar la protección constitucional empezará a contarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas. Antes de abundar respecto al estudio de la causa de improcedencia invocada, resulta conveniente transcribir, en lo que interesa, lo narrado por la parte quejosa en el apartado condigno "FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE DICHO ACTO", lo cual, en lo que interesa, dice: "TUVE CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, ES DECIR, TANTO DE LOS ACUERDOS EMITIDOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA Y LA DILIGENCIA DE CATEO, EL MISMO DÍA 17 DIECISIETE AGOSTO DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO." (Sic) -Lo resaltado es propio- Lo anterior, se itera, constituye una confesión expresa, que no admite prueba en contrario de conformidad con los artículos 957, 968, 1239 y 199, fracciones I, II y II10, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que disponen, que la confesión puede ser expresa o tácita; expresa, la que se hace clara y distintamente, al formular o contestar la demanda, ya sea al absolver posiciones, o en cualquier otro acto del proceso, pues como se ha visto, el quejoso manifestó de manera clara y precisa que tuvo conocimiento de las actuaciones que por esta vía combate, el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno; por lo que no es factible suponer que en esa fecha haya sido notificado de las resoluciones que reclama. Tiene aplicación al caso la tesis aislada 2a. II/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 173589, de rubro: "CONFESIÓN EXPRESA EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES UN MEDIO DE PRUEBA ADMISIBLE EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO." No obstante, en el supuesto no concedido de que el quejoso hubiera referido, que el diecisiete de agosto de dos mi veintiuno, fue notificado de las resoluciones que reclama, al respecto, conviene destacar que el artículo 129, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, establece que los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquél en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación. En relación con lo anterior, conviene precisar que, el dispositivo legal en comento no indica expresamente a partir de cuándo surten sus efectos las notificaciones realizadas conforme a dicho artículo; sin embargo, de la interpretación gramatical de su enunciado narrativo, se entiende que las notificaciones se tienen por legalmente hechas el día en que se practican. En tal virtud, se concluye que de acuerdo con la legislación adjetiva civil de esta entidad federativa, las notificaciones personales o por cédula, surten efectos el día en que se practican, por lo que a partir de ese momento, los sujeta jurídicamente para la debida observancia de los plazos relativos a cualquier promoción o instancia impugnativa que deseen hacer valer, incluido el juicio de amparo, en caso de ser procedente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 11/2017 (10a.),11 sustentada por el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas. De igual manera la tesis XX.2o.47 C,12 sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro y texto: NOTIFICACIÓN POR CÉDULA. AL SURTIR EFECTOS EL DÍA EN QUE SE PRACTICA, LOS TÉRMINOS JUDICIALES DEBEN COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SE EFECTÚA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). Del artículo 110 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, se advierte que las notificaciones podrán ser personales, por cédula, por listas de acuerdos, por edictos, por correo y por telégrafo. También se aprecia que el legislador estableció que los plazos empiezan a correr desde el día siguiente a aquel en que se efectúe el emplazamiento o notificación (artículo 129 del citado código), de donde deriva la regla general de que las notificaciones se tienen por legalmente hechas el día en que se practican, y como excepción señala la prevista en el artículo 124, en relación con el 122, ambos del mismo ordenamiento legal, relativa a las notificaciones por lista, las que se tienen por hechas y surten sus efectos a las doce horas del tercer día contado desde el día en que se dicten las resoluciones que hayan de notificarse. En tal virtud, se concluye que la notificación por cédula surte efectos el día en que se practica y, por ende, los términos judiciales relativos empiezan a computarse a partir del día siguiente conforme a la regla general prevista en el referido artículo 129, pues en el caso no es factible aplicar la excepción para las notificaciones por lista, ya que no existe similitud entre ambos medios de comunicación procesal. Sentado lo anterior, se advierte que en el caso particular el quejoso tuvo conocimiento de los actos que reclama, el diecisiete de agosto de dos mi veintiuno; por tanto, se actualiza la segunda hipótesis contemplada en el artículo 18, de la Ley de Amparo, esto es, que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. En consecuencia, el plazo de QUINCE DÍAS que tenía la parte quejosa para presentar la demanda de amparo relativa, inició a partir del día siguiente en tuvo conocimiento de los actos reclamados, esto es, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, y feneció, el siete de septiembre de esta anualidad, sin contar para dicho término los días inhábiles de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19, de la Ley de Amparo, 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; así como el diverso 143, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relativos a la determinación de los días inhábiles y de descanso. En ese sentido, si el quejoso combatió por esta vía, los actos reclamados, hasta el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, fecha en que presentó su demanda de amparo, según se aprecia del sello de recepción respectivo que obra en la primera hoja de la demanda de referencia; y tuvo conocimiento de dichos actos, desde el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, fecha en que se llevó a cabo la diligencia de restitución citada supralíneas; por ende, es indudable que la misma es extemporánea, al haber sido presentada con posterioridad a los quince días que para tal efecto exige el artículo 17, de la ley de la materia y de conformidad con la segunda hipótesis prevista en el artículo 18, de la ley en comento, para el computó correspondiente que se precisó anteriormente. Ante tal circunstancia, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, del propio ordenamiento legal, en relación con los actos señalados en párrafos que anteceden. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de dos mil once, Novena Época, con registro digital 163172, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ." Asimismo, tienen aplicación por sus consideraciones la jurisprudencia, también emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 126, Tomo IV, Apéndice 2000, Novena Época, con registro digital 917688, que reza: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO."14 Sin que obste a lo anterior, el hecho de que en caso particular se encuentren involucrados derechos de una menor de edad, pues si bien, el interés superior de la niñez, como norma de procedimiento, tiene la potencialidad de sustentar la inaplicación de alguna regla legal adjetiva, cuando se advierta innecesaria, injustificada o desproporcionada, en la medida en que pueda trastocar u obstaculizar el ejercicio de los derechos procesales de menores de edad; o bien, hacer ajustes en la aplicación de reglas procesales bajo un análisis individualizado de ese interés superior, cuando se advierta alguna especial condición de vulnerabilidad o desventaja en la circunstancia específica del menor involucrado; también lo es que, la oportunidad de la presentación de la demanda, es un requisito de procedencia del juicio de amparo, que entraña un examen formal para determinar que se ajuste a los supuestos para los cuales el legislador dispuso la acción de amparo. Esto es, la oportunidad de la presentación de la demanda, no puede decidirse en función de la naturaleza, entidad o gravedad de los derechos sustanciales discutidos ni del carácter del promovente, pues proceder de ese modo desnaturalizaría dicha institución, la cual exige contar con una base de reglas que resulten generales y que operen de manera homogénea para el juicio en sí mismo; y la oportunidad es una de esas reglas que debe ser general para todos los juicios de amparo, sin distinción, a fin de proteger la seguridad jurídica del proceso y de los propios justiciables. Por tanto, la promoción oportuna de la demanda no puede dispensarse bajo criterios que atiendan a la naturaleza de los derechos debatidos o al carácter de promovente, aun cuando se trate de asuntos que involucren derechos de menores de edad. Apoya lo anterior, por el contenido jurídico que la orienta, la jurisprudencia 1a./J. 1/2021 (11a.),15 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: AMPARO DIRECTO. SI LA DEMANDA RESULTÓ EXTEMPORÁNEA AL HABERSE PRESENTADO ANTE AUTORIDAD DISTINTA DE LA RESPONSABLE CONFORME A LA REGLA DEL ARTÍCULO 176, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE EXAMINARSE EL FONDO DE LA LITIS BAJO LA CONSIDERACIÓN DE QUE EN EL JUICIO ESTÁN INVOLUCRADOS DERECHOS DE MENORES DE EDAD. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron, respectivamente, de una demanda de amparo directo que resultaba extemporánea conforme a la regla establecida en el artículo 176, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, relativa a que su presentación ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe el plazo que para su promoción establece la ley. Ante dicho escenario, sostuvieron criterios discrepantes en torno a la posibilidad de que, pese a ello, se pudieren pronunciar sobre el fondo de la controversia en el amparo, pues aunque uno admitió que de acuerdo con dicha regla, la demanda se encontraba fuera del plazo legal, determinó que era dable examinar el fondo de la litis constitucional, porque estaban involucrados derechos fundamentales de menores de edad que era necesario proteger conforme al principio del interés superior de la infancia; mientras que el otro estimó que al ser la oportunidad de la demanda de amparo un requisito de procedencia, no había posibilidad de que la materia del fondo de la controversia pudiera tomarse en cuenta para conocer de una demanda extemporánea, aun cuando involucrara derechos de menores de edad. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando una demanda de amparo directo resulte extemporánea conforme a la regla legal establecida en el segundo párrafo del artículo 176 de la Ley de Amparo, no puede admitirse o validarse su admisión, atendiendo a la materia del fondo del juicio de amparo ni al carácter del promovente, aun cuando estén involucrados derechos de menores de edad. Justificación: Es cierto que el principio del interés superior de la niñez, como norma de procedimiento, tiene la potencialidad de sustentar la inaplicación de alguna regla legal adjetiva que, en sí misma considerada, se advierta innecesaria, injustificada o desproporcionada, para efectos del proceso de que se trate, en la medida en que pueda trastocar u obstaculizar el ejercicio de los derechos procesales de menores de edad, ello, bajo una consideración abstracta de ese principio en todos los casos en que se dilucidan derechos de este grupo de edad; o bien, permite al juzgador hacer ajustes en la aplicación de reglas procesales bajo un análisis individualizado del interés superior del menor involucrado, cuando advierta alguna especial condición de vulnerabilidad o desventaja en la circunstancia específica de dicho menor. Sin embargo, la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo no puede verse como una regla de procedimiento innecesaria, injustificada o desproporcionada, que obstaculice el ejercicio de los derechos de los justiciables, incluidos quienes son menores de edad y que, por ello, amerite inaplicarse o excluirse, como medida de protección reforzada de los derechos de éstos. La oportunidad de la demanda es un requisito de procedencia del juicio de amparo, por ende, corresponde al ámbito de los presupuestos procesales de la acción, necesarios para que válidamente se pueda emitir una sentencia que resuelva el fondo de la controversia. El estudio de la procedencia entraña un examen formal de la demanda, para determinar que se ajuste a los supuestos para los cuales el legislador dispuso la acción de amparo, por tanto, no puede decidirse en función de la naturaleza, entidad o gravedad de los derechos sustanciales discutidos ni del carácter del promovente, pues proceder de ese modo desnaturalizaría dicha institución, la cual exige contar con una base de reglas que resulten generales y que operen de manera homogénea para el juicio en sí mismo; y la oportunidad es una de esas reglas que debe ser general para todos los juicios de amparo, sin distinción, a fin de proteger la seguridad jurídica del proceso y de los propios justiciables. Por tanto, la promoción oportuna de la demanda no puede dispensarse bajo criterios que atiendan a la naturaleza de los derechos debatidos o al carácter de promovente, aun cuando se trate de asuntos que involucren derechos de menores de edad; de ahí que, establecida la extemporaneidad de la demanda de amparo directo bajo la regla del segundo párrafo del artículo 176 de la Ley de Amparo, no podrá ser resuelto el fondo en ningún caso. III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada, por los motivos expuestos con anterioridad. Guarda aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 509, Materia Común, Novena Época, con registro digital 203580, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO."16 IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, con apoyo en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír notificaciones el que señala promovente en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene como autorizados en términos amplios del referido numeral -12- a las personas que refiere en su ocurso por encontrarse sus cédulas profesionales en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. V.HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. VI. UTILIZACIÓN DE MEDIOS MAGNÉTICOS Con sustento en la Circular número 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de los medios electrónicos que mencionan para los fines solicitados, previa razón que obre en autos, con la salvedad que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporcione se le fincará responsabilidad, en términos de la legislación Penal Federal. Por el sentido jurídico que la orienta, tiene aplicación la tesis del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA."17 VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se realicen con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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