Francisco Ignacio José Herrerías Ortega

Expediente 994/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
994/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
09/11/2016

Partes del expediente

  • Francisco Ignacio José Herrerías Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********** y/o **********, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 994/2016-II. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En esta tesitura, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama los siguientes actos: Las violaciones procesales y de fondo cometidas en la resolución de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el toca 503/2016, del índice de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, que confirma la audiencia del remate celebrada el once de julio de dos mil dieciséis, en el juicio sumario civil 217/2013, de la estadística del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad; y, El acuerdo dictado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, en el expediente juicio sumario civil 217/2013, en el que el Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, ordenó la posesión material del inmueble materia de dicho juicio y que se adjudicó a favor de **********, en diligencia de remate celebrada el once de julio de dos mil dieciséis. Ahora bien, respecto del acto reclamado precisado con el número 1, la demanda resulta improcedente, en atención a lo establecido en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas." La disposición legal transcrita contempla la hipótesis de litispendencia, que se traduce en la simultánea tramitación de dos o más juicios en los que los elementos esenciales de las acciones respectivas son los mismos. El tratadista Eduardo Pallares en su Diccionario de Derecho Procesal Civil, editorial Porrúa, vigésima novena edición, página 553, define la litispendencia como: "el estado de litigio que se halla pendiente de resolución ante un tribunal, o lo que es igual, el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. En este último caso, se dice que hay rex judicata, cosa juzgada respecto del juicio que ha de considerarse concluido en su parte declarativa aunque pendiente de ejecución de la sentencia." Para que opere la causal de improcedencia mencionada, la Ley de Amparo exige que se colmen los siguientes requisitos: Que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo; Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y, Que ambos juicios los promueva el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Para comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualizan los anteriores requisitos exigidos por el numeral 61, fracción X, de la Ley de Amparo, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE."; se ordena traer a la vista como hecho notorio el juicio de amparo 956/2016-III del índice de este órgano jurisdiccional, del que se obtienen los siguientes datos: I. Mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato con sede en esta ciudad, ********** y/o **********, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y por el acto que a continuación se especifican: -autoridades responsables- Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Juez Tercero Civil de Partido, en esta ciudad. -acto reclamado- "IV.- ACTO RECLAMADO: Las violaciones procesales y de fondo cometidas en la resolución judicial de 22 de septiembre de 2016, emitida por Primera Sala Civil del STJE dentro del toca 503/2016, en donde confirma la audiencia de remate celebrada el 11 de julio de 2016 ante el Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad." II. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de mérito a este Juzgado de Distrito, la que mediante auto de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis se registró bajo el número 956/2016-III; en la referida providencia se desechó la demanda, la cual este pendiente de que se declare firme. En ese orden, resulta incuestionable que en la presente controversia se actualiza plenamente la causal de improcedencia arriba transcrita, toda vez que la demanda que se estudia: 1. Igualmente es promovida por Francisco Herrerías Ortega y/o Francisco Ignacio José Herrerías Ortega. 2. Uno de los actos reclamados también se hace consistir en las violaciones procesales y de fondo cometidas en la resolución de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el toca 503/2016, del índice de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, que confirma la audiencia del remate celebrada el once de julio de dos mil dieciséis, en el juicio sumario civil 217/2013, de la estadística del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad. 3. Son las mismas autoridades responsables. 4. El referido juicio de amparo 956/2016-III, se encuentra en trámite, en virtud que a la fecha no ha quedado firme el desechamiento emitido en ese controvertido. Por tanto, como el presente juicio lo promueve el mismo quejoso, contra el mismo acto reclamado y las mismas autoridades responsables, el cual se encuentra en trámite; es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la ley de la materia, al surtirse los requisitos que exige dicho motivo de improcedencia. Por otra parte, respecto del acto reclamado precisado en el número 2, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el segundo acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en el acuerdo dictado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, en el expediente juicio sumario civil 217/2013, en el que el Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, ordenó poner en posesión material el inmueble materia de dicho juicio y que se adjudicó a favor de **********, en diligencia de remate celebrada el once de julio de dos mil dieciséis. Puntualizado lo anterior, el suscrito considera que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que contra los actos reclamados la parte quejosa previo a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligada a agotar el medio ordinario de defensa, como lo es el recurso de revocación, en virtud de que el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. En efecto, el mencionado recurso encuentra su sustento legal en lo establecido en el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Guanajuato que establece: "ARTÍCULO 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." De la lectura del anterior precepto legal, se desprende que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar las determinaciones dictadas por el juez o el tribunal que las emitió. Sobre el referido medio de impugnación, el tratadista José Ovalle Favela en su libro titulado "Derecho Procesal Civil", octava edición, editorial Oxford University Press, página 269, establece que la revocación es el recurso ordinario y horizontal que tiene por objeto la modificación total o parcial de una resolución judicial por el mismo juzgador que la dictó. En el caso, el juicio de donde emana el acto reclamado es de naturaleza civil hipotecaria, y al respecto el artículo 704-O del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Guanajuato, establece: "ARTÍCULO 704 O. En los juicios hipotecarios sólo son apelables los autos que nieguen la admisión de la demanda, los que no admitan pruebas, las sentencias interlocutorias y definitiva, así como los autos que declaran fincado el remate. La apelación sólo se admitirá en el efecto devolutivo. Ningún recurso interrumpirá la continuación del procedimiento. (.)." Del numeral transcrito, se advierte que limita la procedencia del recurso de apelación a los autos que nieguen la admisión de la demanda, los que no admitan pruebas, las sentencias interlocutorias y definitiva, así como los autos que declaran fincado el remate; sin embargo no limita la procedencia del recurso de revocación previsto en el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Guanajuato. De ahí que, si en el caso concreto la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional el acuerdo dictado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, en el expediente juicio sumario civil 217/2013, en el que el Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, ordenó poner en posesión material el inmueble materia de dicho juicio y que se adjudicó a favor de **********, en diligencia de remate celebrada el once de julio de dos mil dieciséis; y sí como ya se vio, el referido numeral 232 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Guanajuato, establece un recurso [revocación] a través del cual puede ser modificado total o parcialmente el auto impugnado, ello, por no proceder la apelación como lo fija el artículo 704-O, de dicho ordenamiento; es inconcuso que el peticionario del amparo, previo a acudir a esta instancia constitucional, debió interponer tal medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Además, que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: El acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; No consiste en órdenes de aprehensión reaprehensión o autos de vinculación a proceso; y, La parte quejosa no es persona extraña al juicio mercantil del que emana el acto reclamado, en virtud que es parte demandada. Por lo que, evidente resulta que el solicitante del amparo debió promover el señalado medio de defensa -recurso de revocación-, para cumplir con el principio de definitividad, rector de la instancia constitucional. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas las causales de improcedencia invocadas respecto de los actos reclamados acotados bajo los puntos 1 y 2, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalado como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Juan Aboytes Pizano, René Francisco Velázquez García y Ricardo Enrique Corona Álvarez, al contar respectivamente con cédulas profesionales números 792622, 1882824 y 6115455, registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita, a las demás personas que menciona al no encontrarse en ese supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano