Francisco Herrerías Ortega
Expediente 956/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 956/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Francisco Herrerías Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Capital, mediante el cual remite testimonio autorizado de la resolución pronunciada por ese Tribunal el catorce de diciembre del presente año, en el recurso de queja 167/2016, en la que se resuelve: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja." Acúsese recibo; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para sus efectos, las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Capital, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, y acusa recibo de las constancias que en copia certificada fueron enviadas para la substanciación de dicho medio de impugnación; el Secretario encargado del despacho queda enterado de su contenido y ordena agregarlo a sus antecedentes.
- Principal
Agréguese en autos el escrito de cuenta que suscribe la parte quejosa, por su propio derecho; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda:Se tiene a la parte quejosa presentando recurso de queja contra el proveído de diecinueve de octubre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente. II. En razón de lo anterior, y dada la naturaleza de la resolución recurrida, remítase para su substanciación, al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Décimo Sexto Circuito, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda y resolución recurrida, con sus respectivas notificaciones.III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente este juzgado el diecinueve de octubre del año en curso, dictó un acuerdo en el que determinó desechar la demanda de amparo presentada por Francisco Herrerías Ortega y/o Francisco Ignacio Herrerías Ortega, por su propio derecho.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ********** y/o **********, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 956/2016-III. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En esta tesitura, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama los siguientes actos: 1. Las violaciones procesales y de fondo cometidas en la resolución de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el toca 503/2016, del índice de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, que confirma la audiencia del remate celebrada el once de julio de dos mil dieciséis, en el juicio sumario civil 217/2013, de la estadística del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad; y, 2. El acuerdo dictado el catorce de octubre de dos mil dieciséis, en el expediente juicio sumario civil 217/2013, en el que el Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, ordenó la escrituración en rebeldía del inmueble materia de dicho juicio y que se adjudicó a favor de Fernando Moreno Ascencio, en diligencia de remate celebrada el once de julio de dos mil dieciséis. Ahora bien, respecto del acto reclamado precisado con el número 1, la demanda resulta improcedente, en atención a lo establecido en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ." A manera de preámbulo, conviene mencionar que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de la propia Ley de Amparo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso, de la jurisprudencia. Por ello, el contenido de este numeral se debe interpretar en el sentido de que en sus veintidós primeras fracciones sólo se prevén algunos de los múltiples supuestos de improcedencia que operan en el juicio de amparo, de tal forma, que la actualización de estas hipótesis no se deben entender bajo un criterio limitativo, es decir, que los supuestos expresamente contenidos en las veintidós fracciones del aludido numeral 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos casos en que este juicio debe estimarse improcedente. Más bien, la hipótesis normativa de la fracción XXIII del aludido precepto evidencia que la intención del legislador estribó en que las causas de improcedencia del amparo, se pueden actualizar por motivos diversos a los establecidos taxativamente en el citado artículo 61. Supuestos que pueden tener su génesis tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley o, incluso, en la jurisprudencia. Por su parte, el último párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo tratándose de remates en el sentido que, dicha hipótesis sólo se actualiza cuando se controvierte la última resolución dictada en dicho procedimiento, que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. De ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se hayan emitido la orden de escrituración y/o entrega del bien inmueble, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio bi instancial. Lo anterior, aplicado contrario sensu, evidencia que cuando el acto reclamado no se trate de la última resolución dictada en el procedimiento de remate, el juicio de amparo será improcedente. Y es que la finalidad de esta disposición, es permitir el respeto al derecho a la seguridad jurídica, y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del remate. Bajo dicha guisa, en el caso que nos ocupa, ya que el primer acto reclamado por el solicitante del amparo se hace consistir en la resolución de veintidós de septiembre del año en curso, dictada en el toca 503/2016, del índice de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, que confirmó la audiencia del remate celebrada el once de julio de dos mil dieciséis, en el juicio sumario civil 217/2013, de la estadística del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, en el que la el quejoso es parte demanda, no constituye la última determinación a que se ha hecho referencia, puesto que no es la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura y la entrega de los bienes rematados, con lo que se demuestra plenamente que el acto reclamado no es la última resolución en el procedimiento de remate. Con base en lo puntualizado, si el último párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo tratándose de remates en el sentido que, dicha hipótesis sólo se actualiza cuando se controvierte la última resolución dictada en dicho procedimiento, que es aquélla que en forma definitiva: 1. Ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación; y 2. La entrega de los bienes rematados; y si a la fecha aún no se han emitido tales resoluciones en dicho procedimiento; es inconcuso que al no surtirse la hipótesis que prevé la fracción IV del numeral 107 de la ley de la materia, el juicio de amparo resulta improcedente. Y es que para considerarse que en el procedimiento de remate se emitió la última resolución, es menester, que se emita uno de los mandamientos -los cuales quedaron puntualizados bajo los números 1 y 2 del párrafo que antecede-, habida cuenta que el último párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, como ya se dijo, es puntual en establecer: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.) En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De modo que, si el amparo indirecto procede hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se haya emitido la orden de escrituración y/o entrega del bien inmueble, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial- resulta indudable que el juicio de amparo que nos ocupa se torna improcedente, al no haberse emitido aún tales determinaciones en el juicio sumario civil 217/2013, de la estadística del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad. Por otra parte, respecto del acto reclamado precisado en el número 2, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el segundo acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en el acuerdo dictado el catorce de octubre de dos mil dieciséis, en el expediente juicio sumario civil 217/2013, en el que el Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, ordenó la escrituración en rebeldía del inmueble materia de dicho juicio y que se adjudicó a favor de Fernando Moreno Ascencio, en diligencia de remate celebrada el once de julio de dos mil dieciséis. Puntualizado lo anterior, el suscrito considera que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que contra los actos reclamados la parte quejosa previo a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligada a agotar el medio ordinario de defensa, como lo es el recurso de revocación, en virtud de que el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. En efecto, el mencionado recurso encuentra su sustento legal en lo establecido en el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Guanajuato que establece: "ARTÍCULO 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." De la lectura del anterior precepto legal, se desprende que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar las determinaciones dictadas por el juez o el tribunal que las emitió. Sobre el referido medio de impugnación, el tratadista José Ovalle Favela en su libro titulado "Derecho Procesal Civil", octava edición, editorial Oxford University Press, página 269, establece que la revocación es el recurso ordinario y horizontal que tiene por objeto la modificación total o parcial de una resolución judicial por el mismo juzgador que la dictó. En el caso, el juicio de donde emana el acto reclamado es de naturaleza civil hipotecaria, y al respecto el artículo 704-O del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Guanajuato, establece: "ARTÍCULO 704 O. En los juicios hipotecarios sólo son apelables los autos que nieguen la admisión de la demanda, los que no admitan pruebas, las sentencias interlocutorias y definitiva, así como los autos que declaran fincado el remate. La apelación sólo se admitirá en el efecto devolutivo. Ningún recurso interrumpirá la continuación del procedimiento. (.)." De numeral transcrito, se advierte que limita la procedencia del recurso de apelación a los autos que nieguen la admisión de la demanda, los que no admitan pruebas, las sentencias interlocutorias y definitiva, así como los autos que declaran fincado el remate; sin embargo no limita la procedencia del recurso de revocación previsto en el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Guanajuato. De ahí que, si en el caso concreto la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional el acuerdo dictado el catorce de octubre de dos mil dieciséis, en el expediente juicio sumario civil 217/2013, en el que el Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, ordenó la escrituración en rebeldía del inmueble materia de dicho juicio y que se adjudicó a favor de Fernando Moreno Ascencio, en diligencia de remate celebrada el once de julio de dos mil dieciséis; y sí como ya se vio, el referido numeral 232 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Guanajuato, establece un recurso [revocación] a través del cual puede ser modificado total o parcialmente el auto impugnado, ello, por no proceder la apelación como lo fija el artículo 704-O, de dicho ordenamiento; es inconcuso que la peticionaria del amparo, previo a acudir a esta instancia constitucional, debió interponer tal medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Además, que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a. El acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; b. No consiste en órdenes de aprehensión reaprehensión o autos de vinculación a proceso; y, c. La parte quejosa no es persona extraña al juicio mercantil del que emana el acto reclamado, en virtud que es parte demandada. Por lo que, evidente resulta que el solicitante del amparo debió promover el señalado medio de defensa -recurso de revocación-, para cumplir con el principio de definitividad, rector de la instancia constitucional. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas las causales de improcedencia invocadas respecto de los actos reclamados acotados bajo los puntos 1 y 2, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalado como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Juan Aboytes Pizano, René Francisco Velázquez García y Ricardo Enrique Corona Álvarez, al contar respectivamente con cédula profesional número 792622, 1882824 y 6115455, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita, a las demás personas que menciona al no encontrarse en ese supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes
- Francisco Hernández León39/2017
- Francisco Hernández Martínez481/2023
- Francisco Hernández Rivera1154/2014
- Francisco Herrera Contreras608/2018
- Francisco Herrera Contreras102/2016
- Francisco Herrera Corona735/2014
- Francisco Huerta Méndez865/2017
- Francisco Ignacio José Herrerías Ortega315/2017
- Francisco Ignacio José Herrerías Ortega994/2016
- Francisco Ignacio José Herrerías Ortega337/2017
- Francisco Israel Montellano Rueda1132/2022
- Francisco Javier Abundis Herrada257/2023