Francisco Huerta Méndez
Expediente 865/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 865/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Francisco Huerta Méndez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de doce de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguense en autos el escrito signado por el quejoso **********; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo el requerimiento que se le hizo en proveído de ocho de septiembre pasado; en ese sentido, se acuerda: El suscrito estima que respecto de dicho acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia..." Como se puede ver, el texto del artículo transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un juicio, recurso o medio ordinario de defensa mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos en la ley de la materia para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Es importante precisar que el texto del numeral destacado, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos que los que prevé la ley de amparo para el otorgamiento de la suspensión definitiva ni plazo mayor que el que se establece para conceder la suspensión provisional; en consecuencia, si la ley rectora del recurso exige iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, y no establece que se autorice en un plazo mayor que el previsto para proveer sobre la suspensión provisional, entonces el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto, es decir, previamente a promover el juicio de amparo, el afectado deberá agotar los medios ordinarios de impugnación. Ello, porque el referido principio de definitividad encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el afectado debe previamente a su promoción, acudir a la instancia ordinaria que pueda producir la modificación, revocación o nulificación del acto de autoridad que le produce afectación. Cabe destacar que dicho principio admite supuestos de excepción, relacionados con el examen de constitucionalidad de leyes y con violaciones directas a la Constitución Federal. En efecto, cuando se trata de violaciones directas a la Constitución Federal, el gobernado no se encuentra obligado a agotar el referido principio de definitividad, es decir, no tiene el deber de agotar los medios ordinarios de defensa que prevé la ley secundaria, toda vez que lo contrario significaría anteponer una ley común a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este punto, es menester precisar que lo anterior, no significa que en todos los casos en que se alegue violación a los derechos previstos en la Constitución, sea procedente el juicio de amparo, sino que será necesario atender a cada caso en concreto a efecto de examinar el planteamiento que se haga valer por parte del gobernado, pues de otra manera, quedaría a su elección determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Carta Magna. Las excepciones a la regla general, tratándose de violaciones directas a la Constitución Federal, se actualiza cuando el acto reclamado carece de absoluta fundamentación y motivación, lo que encuentra su justificación porque esas carencias impedirían al particular hacer valer el medio de defensa idóneo para controvertir el acto reclamado, precisamente por desconocer los motivos y fundamentos del acto de autoridad. Otra excepción opera cuando únicamente se alega violación directa a la Constitución, como sucede por ejemplo cuando se atribuye infracción al derecho de audiencia. Fuera de las dos hipótesis destacadas, el particular se encuentra obligado a agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es decir, debe atender primeramente el medio ordinario de defensa previsto por la ley secundaria, por lo que de no ser así, dicho juicio será improcedente. En otra perspectiva, si dentro de las violaciones alegadas se involucran aspectos de legalidad, necesariamente el gobernado deberá agotar el recurso ordinario, en primer lugar, porque no se trata de absoluta falta de fundamentación y motivación o derecho de audiencia, como tampoco exclusivamente de una violación directa a la Constitución, sino que el afectado discute la actuación de la autoridad haciendo valer la vulneración a su derecho de legalidad pues la enmienda a dicha prerrogativa puede ser subsanada, en primera fase, ante la autoridad ordinaria, en donde el interesado debe expresar sus defensas y aportar las pruebas que legalmente procedan para nulificar el acto de autoridad. Bajo dicha guisa, los artículos 1, fracciones I y II, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 y 278, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los numerales 2 y 3, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, así como el imperativo 91 de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, estatuyen: Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato "Artículo 1. Las disposiciones de este Código son de orden público e interés general y tienen por objeto regular: I. Los actos y procedimientos administrativos de las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal del Estado de Guanajuato y de sus municipios; y II. La justicia administrativa en el Estado de Guanajuato, la cual se impartirá a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de los Juzgados Administrativos Municipales. "Artículo 251. Sólo podrán intervenir en el proceso administrativo, las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión: I. Tendrán el carácter de actor: a) Los particulares que sean afectados en sus derechos y bienes por un acto o resolución administrativa; y b) Las autoridades en aquellos casos en los que se pida la modificación o nulidad de un acto favorable a un particular que cause lesión al interés público; II. Tendrán el carácter de demandado: a) Las autoridades que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto o la resolución impugnada; y b) Los particulares a quienes favorezca el acto o la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa; y III. Tendrá el carácter de tercero, aquél que tenga un derecho incompatible con la pretensión del actor. (.) "Artículo 255. El actor podrá solicitar: I. La nulidad del acto o resolución impugnado, cuando no haya sido emitido conforme a derecho; II. El reconocimiento de un derecho amparado en una norma jurídica; y III. La condena a la autoridad para el pleno restablecimiento del derecho violado, en los términos de la Ley respectiva. (.) "Artículo 268. La suspensión del acto o resolución impugnado podrá solicitarla el actor en su demanda o en cualquier momento del proceso y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncia sentencia. Cuando la suspensión se pida en la demanda, si procede, deberá concederse por el Tribunal o Juzgado en el acuerdo que la admita, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada, para su cumplimiento sin demora, pudiendo utilizarse para tal efecto el telegrama, telefax, medios electrónicos o cualquier otro proporcionado por la tecnología, siempre que pueda comprobarse fehacientemente su recepción. "Artículo 269. No se otorgará la suspensión si se causa perjuicio evidente al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deje sin materia el proceso administrativo. "Artículo 270. En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños y perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el proceso administrativo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos no estimables en dinero, el juzgador que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. "Artículo 271. El auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor, dentro de los cinco días siguientes, no otorga la garantía establecida. "Artículo 272. La suspensión otorgada conforme a los artículos anteriores, quedará sin efectos si el tercero da, a su vez, caución suficiente para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto la caución que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente los gastos legales que acredite el actor haber hecho para constituir la garantía. No se admitirá contragarantía cuando el levantamiento de la suspensión implique dejar sin materia el proceso administrativo. "Artículo 273. Para el cumplimiento de la suspensión, el Tribunal o Juzgado, podrán hacer uso de los medios de apremio mencionados en el artículo 27 de este Código, siendo aplicable además, en lo conducente, lo dispuesto por este Libro para el cumplimiento y ejecución de sentencias. "Artículo 274. Cuando se presuma la afectación al orden público o al interés social, el juzgador podrá solicitar a la autoridad emisora del acto o resolución impugnado un informe, y en tal caso, podrá conceder la suspensión provisional en tanto decide si se afecta el orden público o el interés social. El juzgador que haya concedido la suspensión provisional, podrá dejarla sin efectos, cuando se compruebe que con la misma se cause perjuicio al orden público o al interés social; así como en los casos de contragarantía otorgada por el tercero. "Artículo 275. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios únicamente cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión a que se refiere este artículo procede de oficio y se concederá de plano. "Artículo 276. Tratándose de asuntos de carácter fiscal, se concederá la suspensión, si quien la solicita garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes contados a partir del día en que se solicitó la suspensión, ante las oficinas exactoras correspondientes, en cualquiera de las formas previstas por la legislación fiscal correspondiente. El juzgador podrá conceder la suspensión, sin necesidad de que se garantice el importe del crédito, cuando el asunto planteado no rebase la cantidad que resulte de multiplicar por ciento cincuenta el salario mínimo general diario vigente en el Estado de Guanajuato. El auto que dispense el otorgamiento de la garantía no será recurrible. "Artículo 277. Cuando los actos o resoluciones materia de impugnación hubieren sido ejecutados a particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, debiendo éstos acreditar tal circunstancia aportando medios de convicción, y entre tanto se pronuncia la resolución que corresponda, el juzgador podrá dictar las medidas que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del actor. Dichas medidas podrán dictarse de plano. "Artículo 278. La suspensión podrá ser revocada por el juzgador en cualquier momento del proceso administrativo, si existe un cambio de la situación jurídica bajo la cual se otorgó, oyéndose previamente a los interesados de oficio o a petición de parte. Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado "Artículo 2. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato es un órgano autónomo, de control de legalidad, dotado de plena jurisdicción e imperio para hacer cumplir sus resoluciones en todo el territorio estatal. Para los efectos de esta Ley se entenderá por Tribunal, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. "Artículo 3. El Tribunal tiene a su cargo, dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado y los particulares, así como conocer de los actos y resoluciones administrativas dictadas por los Ayuntamientos. En segunda instancia, conocerá de las resoluciones que pongan fin al proceso administrativo municipal. Asimismo, de los acuerdos dictados por los Juzgados Administrativos Municipales, que concedan, nieguen o revoquen la suspensión del acto impugnado." Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato. "Artículo 91.- Para el trámite y resolución de los conflictos que se presenten entre el Estado y sus trabajadores, se contará con un Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores al servicio del Estado y de los municipios; para las controversias entre patrones y trabajadores funcionarán las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje necesarias, y para la resolución de conflictos por actos administrativos de las autoridades estatales y municipales frente a los particulares, existirá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los cuales tendrán plena autonomía e independencia del Poder Ejecutivo. Como puede observarse de los preceptos reproducidos, las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado son competentes para conocer, en primera instancia, de los procesos administrativos que se promuevan en contra de los actos y resoluciones jurídico administrativas que los entes de estado dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, por lo que la sentencia que al efecto se emita podrá modificar o nulificar, total o parcialmente dicha resolución y por ende, la parte quejosa se encuentra obligada a agotar los medios de impugnación previstos en la legislación en comento, en observancia al principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Bajo ese contexto, el suscrito estima que respecto de los actos reclamados en el presente juicio de amparo que se analizan, se actualiza de manera manifiesta e indudable la indicada causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa debió impugnarlo a través del medio de defensa previsto por el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, aplicable al caso concreto, puesto que los actos que en esta vía reclama los llevaron a cabo autoridades de la administración pública del estado, y en contra de sus determinaciones procede el juicio contencioso administrativo, el cual es regulado por la primera parte de la fracción II del numeral 1 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Además que el referido Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en sus artículos 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 y 278, prevé la suspensión del acto reclamado sin exigir mayores requisitos de los establecidos en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión definitiva. Sin que sea óbice a lo antes considerado, que el referido código no disponga expresamente un plazo para proveer sobre la admisión de la demanda en el proceso administrativo, pues de los preceptos 268 y 275 del citado ordenamiento local, se advierte la obligación del Juez de comunicar a la autoridad demandada sobre la suspensión del acto, exigencia de la que se entiende la obligación del juzgador de acordar lo antes posible respecto a la admisión o desechamiento de la demanda, a diferencia de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Amparo en vigor, que prevé que el Juez de Distrito o la autoridad que conozca del juicio constitucional deberá resolver si admite o desecha la demanda dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de que la demanda fue presentada, o en su caso turnada al órgano jurisdiccional del conocimiento. Luego, si la parte quejosa pretende impugnar en la vía de amparo los actos de autoridades de que se habla, sin acudir previamente a aquel procedimiento mediante el cual se pueden revocar, modificar o nulificar, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, al quedar incumplido el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por lo que, el amparo que se insta resulta improcedente. Máxime que en el caso no se actualizan las excepciones al aludido principio de definitividad contenidas en el segundo párrafo de la fracción en estudio, que señala que no es obligatorio agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Ello, porque, respecto de la primera hipótesis, debe decirse que de la lectura íntegra a las documentales que anexa el quejoso a su demanda, consistentes, entre otras, en el oficio SIN/108/2017 de veinticuatro de agosto pasado, el convenio de autorización para administrar temporalmente los baños públicos del Mercado Hidalgo del municipio de Comonfort, celebrado por una parte por el Síndico, Secretario de Ayuntamiento, Director de Fiscalización y Tesorero, todos pertenecientes al municipio de Comonfort, Guanajuato, diversas autoridades administrativas pertenecientes al Ayuntamiento de Comonfort y el aquí impetrante; la comunicación D.F-364/2017 signado por el Director de Fiscalización de Comonfort, así como el oficio Acuerdo/PPMCOM/SEC.H.AYUN11/08/2017/45Ta.ORD, de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario del Ayuntamiento de Comonfort, se advierte que dichas documentales se encuentran fundamentadas con base en lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal Vigente en el Estado de Guanajuato. Por otro lado, la parte quejosa no alega únicamente violaciones directas a la Constitución, puesto que del líbelo constitucional se constata que combate la legalidad del Oficio No. SIN/108/2017; de la convocatoria para otorgar lo concesión de los baño públicos del Mercado Hidalgo de la Ciudad de Comonfort; del fallo que determina el ganador de dicha concesión; así como del Convenio No. D.J. 108/10/2016, sobre la Autorización para Administrar Temporalmente los Baños Públicos del Mercado Hidalgo de este Municipio de Comonfort; de la Cuadragésima Quinta Sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Comonfort, Guanajuato, celebrada el día 11 de agosto del año en curso en el desahogo del punto 5 del orden del día, se aprobó por mayoría de 9 votos, conceder la concesión de los sanitarios públicos del Mercado Hidalgo del este Municipio a favor de la Unión de Comerciantes y Locatarios del Mercado Hidalgo y su zona A.C., pues al respecto cita diversos preceptos de las leyes como lo son: la Ley de Ingresos del Municipio de Comonfort, la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, así como la Ley Orgánica Municipal para el Estado. Resta mencionar que el medio de defensa que debe interponer la parte quejosa, como ya se vio, no se encuentra en un reglamento. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo que presenta **********, por su propio derecho, contra actos del Ayuntamiento de Comonfort, Guanajuato, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 865/2017-I. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracciones IV y V, así como lo previsto por el numeral 110 de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. a) La primera irregularidad surge de lo establecido en la fracción IV del artículo 108 de la legislación en consulta que textualmente dice: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión acto que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, se rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." Pues bien, en el caso concreto el gestionante en su demanda de amparo es impreciso en puntualizar el acto que reclama, ya que en el capítulo "IV" de la misma, atinente a los "Actos o Resolución que se impugna y en su caso, la fecha de notificación", textualmente apuntó: ".Oficio No. SIN/108/2017, recibido el día viernes 1 de septiembre de 2017. La convocatoria para otorgar lo concesión de los baño públicos del Mercado Hidalgo de la Ciudad de Comonfort, Gto. Así como el fallo que determina el ganador de dicha concesión. La ilegalidad del Convenio No. D.J. 108/10/2016, sobre la Autorización para Administrar Temporalmente los Baños Públicos del Mercado Hidalgo de este Municipio de Comonfort Guanajuato. La ilegalidad de la Cuadragésima Quinta Sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Comonfort, Guanajuato, celebrada el día 11 de agosto del año en curso en el desahogo del punto número 5 del orden del día, se aprobó por la mayoría de 9 votos, conceder la concesión de los sanitarios públicos del Mercando Hidalgo del este Municipio a favor de la Unión de Comerciantes y Locatarios del Mercado Hidalgo y su zona A.C." De dicha transcripción, puede advertirse que la parte quejosa no precisa de manera clara y especifica que acto le atribuye a cada una de las autoridades, sino que lo hace de manera general. Lo anterior, genera incertidumbre en el suscrito en el sentido de saber cuál es el acto que en realidad atribuye a cada autoridad en el presente juicio de amparo; es decir, que no precisa de manera clara y especifica qué acto le reclama a cada una de las responsables. Por ello, ante la vaguedad del acto que reclama el solicitante del amparo, es necesario que lo precise con toda claridad, pues de estimarlo de otra manera podría generar diversos problemas como el que las autoridades no rindan su informe correctamente y que la sentencia que se llegara a emitir no tendría ejecución sobre la verdadera razón del amparo. b) La segunda irregularidad detectada surge de lo estipulado en la fracción V del artículo 108 de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;." Como se observa de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 61 de la citada ley. En el caso concreto, si bien es cierto que el solicitante del amparo en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narró los hechos o abstenciones que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, también lo es que omitió expresar dichos hechos "bajo protesta de decir verdad", y es que según el numeral trascrito es un requisito que debe satisfacer el escrito de demanda a fin de que el juzgador se encuentre en posibilidad de proveer sobre su admisión, dado que es obligación de la parte quejosa no solo manifestar su relato de hechos sino además hacerlo con sujeción a la verdad. Asimismo, debe destacarse que el impetrante fue omiso en precisar cuál es la fecha exacta en la que tuvo conocimiento de los actos que tilda de inconstitucionales en el presente controvertido. En tal virtud, es menester que el suscrito tenga la certeza de la fecha en la cual tuvo pleno y cabal conocimiento de los actos reclamados, pues tal dato también es determinante para poder substanciar el sumario, ya que sin conocerse ese punto no será posible efectuar el cómputo para saber si la demanda de mérito se presentó o no en tiempo. c) La tercera irregularidad advertida emerge de lo establecido en la fracción V del artículo 114, en relación con el numeral 110 de la Ley de Amparo, textualmente dispone: "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio." De la transcripción del artículo anterior, en lo que interesa, se desprende que al promoverse la demanda de amparo deberán exhibirse con ésta las copias suficientes para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. El requisito aludido no constituye formalismo sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tiene como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de amparo y, además, proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa, correspondiendo al peticionario del amparo la carga de exhibir las copias de su escrito de demanda, suficientes para correr traslado a cada una de las partes y para formar por duplicado el incidente de suspensión, en el caso de solicitarse la medida cautelar y no tuviere que concederse de oficio. Sobre el particular, cabe destacar que el numeral 110 de la legislación en cita no establece la forma en que deban de exhibirse las copias de la demanda, por lo que éstas pueden ser fotostáticas, copias al carbón o incluso transcribirse nuevamente del contenido de la demanda; sin embargo, dicha libertad se restringe en que las copias que se exhiban para cada una de las partes tienen que ser de idéntico contenido al original. En el caso concreto, la parte quejosa únicamente anexó a su demanda de amparo diez copias de la misma, las cuales son insuficientes para tramitar el incidente de suspensión solicitado, dado que se necesita un tanto más para que sean distribuidas de la siguiente manera: Autoridades responsables SIETE COPIAS. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito UNA COPIA. Tercero interesado UNA COPIA. Incidente de suspensión DOS COPIAS. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracción V, en relación con el 114, fracción II del invocado numeral, así como lo previsto por el numeral 110 de la Ley de Amparo, como se verá a continuación, prevéngase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS legalmente computado y con once copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes: Precise con toda claridad cuál es el acto que en específico le reclama a cada una de las autoridades responsables. Manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación; así como cuál es la fecha exacta en la que tuvo conocimiento de los actos que tilda de inconstitucionales en el presente controvertido Exhiba una copia más de su escrito de demanda. a) Respecto al primero y segundo punto, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada." En el entendido que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la parte quejosa es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeta a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. b) En lo tocante al tercero de los puntos, únicamente se postergará la apertura del incidente de suspensión, hasta en tanto exhiba las copias faltantes, siempre y cuando no exista sentencia ejecutoria en este expediente. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la parte quejosa es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Por otro lado, como lo solicita el promovente, con fundamento en los numerales 27, fracción III, inciso a), en relación con el 29 de la ley de la materia, la presente determinación, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, practíquenseles mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, en virtud de que no cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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