Francisco González Fulgencio
Expediente 129/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 129/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 20/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Francisco González Fulgencio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Por recibido el oficio signado por el coordinador operativo de Policía Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, mediante el cual refiere dejar a disposición de este juzgado federal, interno en el Centro Estatal de Prevención Social de Valle de Santiago, Guanajuato, al inculpado/quejoso ********* con motivo del juicio de amparo 129/2018-B, de esta estadística, dado que se cumplimentó la orden de aprehensión librada en su contra dentro de la causa penal ***, de la estadística del Juzgado Segundo Penal de Partido Judicial de Valle de Santiago, Guanajuato. Ahora, si bien es cierto que ante esta potestad federal se radicó el juicio de derechos fundamentales de antecedentes, en el que se reclamó la orden de aprehensión girada contra el justiciable de mérito, así como su ejecución, y que derivado del incidente de suspensión relativo a dicho asunto, se concedió la suspensión de los actos para el efecto, entre otro, de que una vez lograda su captura, quedara el quejoso en el lugar de su internamiento a disposición de este juzgado federal por cuanto a su libertad personal se refiere. Sin embargo, por auto de veintitrés de marzo del presente año, se declinó la competencia, por cuestión de territorio, para seguir conociendo del asunto al Juez de Distrito en el Estado, en turno, residente en Irapuato, Guanajuato, aceptándola la juez Décimo de Distrito, quien se avocó a su conocimiento bajo el juicio de amparo 261/2018. Consecuentemente, vía electrónica y sin perjuicio de hacerlo por la vía postal, remítase al órgano jurisdiccional competente el original del oficio de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar, dejando copia simple del mismo en el presente acuerdo de antecedentes.
- Principal
A sus autos el oficio de cuenta, con firma electrónica de la Secretaria adscrita al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con transcripción del proveído de dos de los actuales, pronunciado el juicio de amparo 261/2018, de esa estadística, del que se advierte se aceptó la competencia legal planteada por este Juzgado Federal para conocer la demanda de amparo formulada por XXXXXXXXXX. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno de antecedentes como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente auxiliar es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.
- Incidental
Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Segundo Penal de Partido del Valle de Santiago, Guanajuato, mediante el cual rinde informe previo; toda vez que ya fue recibido vía fax y acordado mediante auto de catorce de marzo del presente año.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Juez Segundo Penal de Partido en Valle de Santiago, Guanajuato, mediante el cual rinde su informe justificado de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo al celebrarse la audiencia constitucional. Téngase a la oficiante remitiendo copia certificada de las constancias que aduce necesarias como sustento de su informe, relativas a la causa penal 5/2016 y su acumulada 7/2016, ésta última derivada de la incompetencia planteada por la Juez Penal Único Penal de Partido Judicial de Cortázar, Guanajuato, en la causa penal 37/2012, en la que en diecisiete de abril de dos mil doce, se libró orden de aprehensión contra el aquí quejoso y otros, por el delito de secuestro agravado, estando pendiente de cumplimentar dicho mandato de captura; constancias que, de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se admiten y se tienen por desahogadas dada su naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Con su contenido dese vista a las partes para que se impongan de las mismas. Ahora bien, del estado de los autos, se advierte que el presente juicio se originó con motivo de la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Juez Penal de Partido Judicial de Cortázar, Guanajuato, y Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, Especializado en Mandamientos Judiciales, residente en esta ciudad, de quienes reclamó la orden de aprehensión librada en su contra, así como su ejecución. Posteriormente, virtud a la ampliación de demanda que hiciera el impetrante, igualmente se tuvo como autoridad responsable al Juez Segundo Penal de Partido Judicial de Valle de Santiago, Guanajuato y al Grupo Policiaco denominado GERI; sin embargo, mediante auto de quince de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo como autoridad inexistente a esta última. De lo antes expuesto, deviene que esta potestad federal resulta legalmente incompetente, por cuestión e territorio, para continuar con la substanciación y resolución del presente controversial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y por ende, se declina la misma a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en Irapuato, Guanajuato, con base en las siguientes consideraciones: I. El quejoso **********, actualmente se encuentra recluido en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social (CERESO MIL) de Valle de Santiago, Guanajuato, virtud al auto de forma prisión emitido dentro de la causa penal 213/2011 del índice del Juzgado de Partido Único Penal de Cortázar, Guanajuato, por su probable responsabilidad en la comisión del injusto de secuestro, en agravio de ********** y otro, actualmente y con motivo de los hechos respectivos, a disposición del oficiante Juez Segundo Penal de Partido Judicial de Valle de Santiago, Guanajuato, en la causa penal ***. II. En la diversa causa penal ***, de la anterior estadística de la responsable Juez Penal de Partido Judicial de Cortázar, Guanajuato, en veinticuatro de abril de dos mil doce, se libró orden de aprehensión contra el nombrado quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro agravado, en agravio de *********, sin que al día de hoy se haya cumplimentado dicho mandato de captura, y con motivo de la competencia legal planteada en dicho expediente judicial, actualmente conoce de los hechos sujetos a investigación la responsable Juez Segundo Penal de Partido Judicial de Valle de Santiago, Guanajuato, al haberse acumulado la causa *** -antes ***-, al proceso *** de su estadística. III. En el juicio de amparo en que se actúa, se reclama la orden de aprehensión girada por las nombradas responsables contra el impetrante ***********, en la causa penal *** -actualmente ***acumulada a la ***, de la estadística del Juez Segundo Penal de Partido Judicial de Valle de Santiago, Guanajuato, quien en su informe de cuenta señala que es cierto el acto reclamado. De lo que se desprende que existe un mandato de captura librado contra el impetrante que conoce el Juzgado Segundo Penal del Partido Judicial de Valle de Santiago, Guanajuato, dentro de la causa penal *** y su acumulado ***, el cual, resulta evidente que se ejecutará en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social (CERESO MIL) de Valle de Santiago, Guanajuato, virtud a que *********, se encuentra privado de su libertad en dicho centro carcelario; por tanto, la materialización del acto reclamado se efectuará fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, incluso, efectuado esto, quedará a disposición del juez de la causa, residente en dicha municipalidad. En razón de lo anterior, resulta obligado analizar la competencia, por tratarse de un presupuesto procesal de orden público. Así, la competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a invalidar lo resuelto por el juez incompetente. Que debe atenderse a lo que la carta magna ?máxima fuente del derecho interno en el país? establece respecto de la competencia, para después acudir a la ley de la materia. Entonces, conforme al artículo 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Federal, la competencia ?por razón de territorio? recae en el juez de distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Es aplicable a lo anterior, el criterio jurisprudencial contenido en la tesis 679, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito , cuyo rubro y texto a continuación se citan: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". Asimismo, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Dicho precepto alude a "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. Es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Es importante en grado sumo destacar, que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material y, lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, esto es, si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde reside la autoridad que lo emitió o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Sirve de apoyo, la tesis I. 1o. A. 44 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , bajo el rubro siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO." Además de lo expuesto, para establecer su competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen a la misma, incluso los escritos que la aclaren, para deducir los datos que razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior se apoya en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , bajo el rubro: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU." Así, para fijar la competencia de un juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo se debe determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material y, en caso de que sí la requiera, analizar si ya se ejecutó, se va a ejecutar o se está ejecutando y en qué sitio tuvo, tiene o tendrá lugar dicha ejecución; lo que en el caso se concluye que al ser el acto reclamado una orden privativa de libertad, necesariamente requiere ejecución en la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato, pues el quejoso se encuentra recluido en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de esa localidad, y cumplimentado tal mandamiento de captura, quedará a disposición de autoridad jurisdiccional residente en dicha municipalidad, por residir en la misma el juez de la causa. Sobre esa línea, se considera que no se actualiza la competencia legal por territorio a favor de este Juzgado, para substanciar y resolver el presente juicio, al actualizarse la primera regla de competencia mencionada dado que el acto reclamado tendrá ejecución material en Valle de Santiago, Guanajuato, en donde, acorde con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, quienes ejerce jurisdicción son los Juzgados de Distrito con residencia en Irapuato, Guanajuato. Sirve de sustento a lo anterior por mayoría de razón, la tesis visible en la página 30, del Informe de labores rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al año de 1986, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN DEBA EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías bi-instancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta." Así también, resulta aplicable en lo conducente, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Volumen 74 Cuarta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "COMPETENCIA EN AMPARO.- La competencia en amparo corresponde al juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que ejecuta, o puede ejecutar, los actos que se reclaman, aunque la autoridad de quien emanen las órdenes, resida fuera de la jurisdicción de ese juez." Y, por identidad de criterio, la tesis número XIX.2o.P.T.9 L (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, consultable en la página 2299, registro 2005662, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con encabezado y contenido siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN DE UN LAUDO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉLLA DEBA EJECUTARSE. En el caso de una resolución incidental de liquidación del laudo, que contiene requerimiento de pago y ejecución contra la demandada y, ante su negativa, orden de embargar bienes suficientes para garantizar el crédito laboral, que vía exhorto se encomendó a la autoridad señalada como ejecutora, residente en la jurisdicción territorial de un Juez de Distrito diverso al que previno, debe considerarse que la competencia se surte a favor del primero, dado que, si bien es cierto que la autoridad responsable que dictó la resolución de liquidación respectiva tiene su residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, no menos lo es que, al contener aquella resolución un mandato de requerimiento y ejecución, se surte la regla de competencia prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde deba ejecutarse el acto reclamado." Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir el cuaderno principal del presente asunto al Juez de Distrito en el Estado, en turno, residente en Irapuato, Guanajuato, para lo que a bien tenga ordenar, así como el original y duplicado de los cuadernillos incidentales respectivos, en los que, acorde con la interlocutoria de veinte de marzo pasado, esta potestad se pronunció por cuanto a la suspensión definitiva. b. Solicitar comedidamente remita el acuse de recibo correspondiente; y c. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo y realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, en razón de la incompetencia planteada, no será posible celebrar la audiencia constitucional programada para el próximo veintisiete de marzo. No se soslaya la jurisprudencia con número de registro 2004166 , intitulada "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE"; sin embargo, la misma no es aplicable al caso, dado que se refiere a la transitoriedad del domicilio del impetrante, y en el presente asunto, éste se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social (CERESO MIL) de Valle de Santiago, Guanajuato, virtud al auto de formal prisión emitido dentro de la causa penal 213/2011 del índice del Juzgado de Partido Único Penal en Cortázar, Guanajuato (actualmente 5/2016, del índice de la responsable Juez Segundo Penal de Partido Judicial de Valle de Santiago, Guanajuato), por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro; lo que evidentemente lleva a concluir que no nos encontramos en la hipótesis del criterio invocado, pues no es un domicilio transitorio que pudiera variar el impetrante a su libre arbitrio, sino que se encuentra privado de su liberad por orden judicial, y por tanto, habrá de ejecutarse en ese lugar. Máxime que la autoridad ejecutora de esta localidad negó los actos atribuidos y el impetrante fue omiso en atender la prevención contenida en el proveído de quince de los actuales, por cuanto a señalar autoridad ejecutora en la aludida municipalidad. A lo que se suma que es atribución de la autoridad judicial responsable, ordenar por conducto de la Fiscalía la cumplimentación de la orden de aprehensión reclamada, quien acorde con sus facultades, asigna a la Policía Ministerial del Estado la captura de impetrante, por tanto, resulta inconcuso que la autoridad ejecutora (policía ministerial), que habrá de materializar el mandato privativo de libertad, lo será aquella con residencia en Valle de Santiago, Guanajuato, ante la reclusión del impetrante en el Centro Estatal de Reinserción Social (CERESO MIL) de esa municipalidad, donde tienen jurisdicción los Juzgados de Distrito con residencia en Irapuato, Guanajuato.
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