Francisco González Olvera

Expediente 983/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
983/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
22/02/2022

Partes del expediente

  • Francisco González Olvera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Ejecutoria. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de revisión en contra del proveído en el que este tribunal decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por ********************; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes; toda vez que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, dicha determinación no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento a los artículos 18, fracción I, inciso a) y 21, inciso a), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que trascurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- y el cuaderno principal del incidente de suspensión es depurable, puesto que se dictó resolución en la que se sobreseyó en el cuaderno principal, y se concedió la suspensión provisional, mientras que la definitiva fue negada, en el cuaderno incidental. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Documentos originales. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes. Devolución de constancias. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la retención de los discos versátiles digitales con constancias relativas a la causa penal de origen (********************) se ordena su devolución al juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, en Celaya. Solicítese el acuse de recibo correspondiente.

  2. Incidental

    Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 144, 146 y 153 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: Único. Se niega la suspensión definitiva a ********************, respecto de los actos indicados en el primer considerando, en términos de lo establecido en el último considerando, ambos de esta resolución.

  3. Principal

    Estado de autos. Visto el estado de autos se advierte que, en el presente asunto, la parte quejosa combate en esta instancia constitucional la orden de aprehensión girada en su contra, así como su ejecución. Por su parte, la jueza responsable informó lo siguiente: En la causa penal **********, el nueve de septiembre de dos mil veinte, dictó una orden de aprehensión en contra del quejoso por el hecho que la ley señala como el delito de abuso de confianza, cometido en agravio de **********. Dicho mandamiento de captura fue ejecutado el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. El veintitrés siguiente, tuvo verificativo la audiencia inicial, la cual se suspendió, ya que el ente acusador se reservó el derecho de formular imputación y se ordenó la remisión del expediente de origen a la Agencia Conciliadora del Ministerio Público Región "C" a fin de que las partes estuvieran en aptitud de llegar a un convenio. Por tal motivo, giró la boleta de libertad correspondiente, en favor del quejoso, en los términos siguientes: Asimismo, la mencionada autoridad remitió las aludidas constancias en un disco compacto grabado en formato DVD. documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Del análisis de las referidas constancias, se advierte que en la especie se actualiza una causal de improcedencia, en específico, la causal prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dicha disposición normativa establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable." Conforme a lo dispuesto en el citado numeral, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos que se reclaman se han realizado, en forma total, en todos sus efectos, lo que hace que ya no puedan ser reparados mediante la vía constitucional. Así, cabe acotar que el artículo 77 de la ley de la materia, contiene el principio de "restitución" que deben tener las sentencias que concedan el amparo y protección constitucional, de donde puede extraerse que toda sentencia concesoria que se emita, necesariamente habrá de restituir al gobernado en el goce del derecho fundamental que tenía sin transgredir, hasta antes de la aparente violación denunciada en amparo. En esa medida, el juicio de amparo es improcedente, entre otros casos, cuando el fallo que, eventualmente, concediera el amparo no pueda tener el efecto de restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación (actos positivos) o bien, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar los derechos que se traten y a cumplir con lo que ésta exija (actos negativos), pero en ambos casos deben volver las cosas al estado que guardaban, antes de la transgresión al derecho fundamental que reclame el peticionario. En ese sentido, los actos consumados de modo irreparable son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, pues aun cuando la sentencia resultara favorable a la parte quejosa, no podría retrotraerse en sus efectos. De modo que, la consumación irreparable referida es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales, hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos; en cambio, de reclamarse en el juicio de amparo actos que si bien ya se han ejecutado, el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban se alcanza al quedar sin efecto legal tales actos, o bien, aun cuando las consecuencias materiales que produjo pueden restablecerse, debe entenderse que no se actualiza la causa de improcedencia en análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 323032, Quinta Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXXII, página 1478, de rubro y texto siguientes: "ACTOS NO CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere a que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, pero debe de tenerse con este carácter, a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada, lo que no sucede en el caso en que precisamente la sentencia que se combate, tiene el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban antes de la ejecución de los actos reclamados, o sea, que queden sin efecto legal el embargo y el remate del inmueble, así como la inscripción que se hubiera hecho en el Registro Público de la Propiedad." Por tanto, la causa de improcedencia en estudio tiene por objeto que el juicio de amparo cumpla con una finalidad práctica, de modo que éste es improcedente, entre otros casos, cuando la sentencia que, eventualmente, concediera el amparo no pueda tener los efectos siguientes: A. Restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, con motivo de la nulidad del acto reclamado y los subsecuentes que de ese acto deriven (actos positivos); o bien, B. Obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano que se trate y a cumplir con lo que éste exija (actos negativos). En tal virtud, si el efecto de la sentencia en que se otorgue el amparo y protección de la justicia federal, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de derechos fundamentales, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven, lo dispuesto en la hipótesis contenida en la fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 77 del ordenamiento en cita, permite sostener que el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al promovente en el pleno goce del derecho fundamental violado. Ahora, en el caso, se reitera, el acto reclamado lo constituye la orden de aprehensión girada en contra del quejoso y su ejecución; al respecto, la autoridad responsable precisó que efectivamente libró dicha orden, la cual ejecutó el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno y, posteriormente, liberó al quejoso, con motivo del envió del expediente a la Agencia Conciliadora del Ministerio Público Región "C" a fin de que las partes estuvieran en aptitud de llegar a un convenio. En ese sentido, se concluye que al haberse consumado irreversiblemente el acto reclamado, se encuentra fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir en el goce de ese derecho al promovente del amparo, al ser físicamente imposible reintegrarle la restricción de la libertad de la que fue privado. Por virtud de lo anterior, no podría determinarse la inconstitucionalidad del acto reclamado y conceder el amparo para el efecto de reintegrarle la libertad de la que fue privada, toda vez que dicho acto se consumó de forma irreparable. Robustece lo anterior, por las consideraciones que la sustentan, la tesis aislada I. 3o. A. 150 K emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 209662, de la Octava Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, diciembre de 1994, página 325, de rubro y texto: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." En las relatadas condiciones, al estar plenamente acreditada la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, acorde a lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada codificación. Por tanto, se deja sin efectos el señalamiento de la audiencia constitucional en el presente juicio programada para las trece horas con cuarenta minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado.

  4. Principal

    Agréguese el oficio con firma electrónica del encargado de sala del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, por medio del cual cumple con lo requerido en auto de dieciocho de enero de la presente anualidad, pues al efecto remite copia certificada de la causa penal de origen, constancias que obran en el disco compacto que anexa. Con lo anterior dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio relacionar dicho disco al celebrarse la audiencia constitucional. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la materia, se admite la documental pública de que se trata y se tiene por desahogada dada su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación al celebrarse la audiencia en este juicio. Por tanto, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la responsable, en la especie, del contenido de las videograbaciones insertas en el disco de almacenamiento, dese vista a las partes, a fin de que, manifiesten lo que a su derecho convenga y puedan consultar dicha información en cualquier momento procesal. Se ordena el resguardo del disco en sobre cerrado y glósese a los presentes autos. Sirve de apoyo la Tesis jurisprudencial: 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, agosto de 2013, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.

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