Francisco Gallardo Rico

Expediente 209/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
209/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
24/03/2023

Partes del expediente

  • Francisco Gallardo Rico
  • Juez Primero Civil de Partido de Celaya, Guanajuato

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de diez de marzo de dos mil veintitrés, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Háganse las anotaciones de ley en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de diez de marzo de dos mil veintitrés, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Háganse las anotaciones de ley en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido.

  2. Principal

    Recepción de la demanda. Se tiene por recibida la demanda a nombre de ********************, en contra de actos del juez Primero Civil de Partido en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, que consideró violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16 constitucional, así como 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); regístrese con el número 209/2023-4. Integración de expediente. En términos del artículo 252, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se instruye a todo del personal del Juzgado que tenga intervención en la integración del presente expediente: oficiales judiciales, actuarios y secretarios, para que en el ámbito de las funciones que a cada uno de estos puestos corresponda, lleven a cabo la correcta integración del expediente electrónico, cuidando que hayan sido debidamente incorporados cada promoción, documento, actuaciones y constancias de notificación; lo anterior, a fin de que se encuentre debidamente integrado desde la radicación del presente asunto hasta su conclusión. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 181 del referido Acuerdo General, se puntualiza que la oficial judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional, deberá capturar y registrar los datos e información relacionada con el seguimiento procesal conforme al trámite del asunto. Para tal efecto, conforme a lo establecido en el artículo 185 de la normatividad invocada, se instruye al secretario de Juzgado adscrito que lleva el trámite de este expediente para que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el registro diario de movimientos, de tal forma que asegure la permanente actualización y veracidad de la información capturada. Precisión preliminar. En principio, es necesario establecer que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional y combate, preliminarmente, el acto y autoridad siguientes: Autoridades responsables: Actos reclamados: Juez Primero Civil de Partido de esta ciudad de Celaya, Guanajuato. La resolución de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés dictada por el juez responsable, en el recurso de revocación interpuesto por el quejoso, en la cual confirmó el auto de tres del mismo mes y año, en el que requirió al promovente para que exhibiera copias suficientes de su escrito inicial. En otras palabras, el acto reclamado consiste en la resolución que confirmó el auto de prevención en el asunto de origen. Dicha actuación aconteció en el expediente ********************. Desechamiento de la demanda. En tal virtud, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la persona que funge como juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación a la persona juzgadora de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 107, fracción V, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Se explica: De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, aplicable también a este tipo de resoluciones, se obtiene que la parte quejosa reclama: la resolución de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés dictada por el juez responsable respecto del recurso de revocación interpuesto por el quejoso, que confirmó el auto de fecha tres del mismo mes y año, emitida en el expediente ******************** del índice de dicha autoridad, en la que se requirió a la parte promovente para que exhiba copias suficientes de su escrito inicial para el traslado a las partes. Así, se advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Sobre el particular, se impone destacar que del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107 fracción V cuando establece que el amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento: ".cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora, debe precisarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de mayo de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estimó que en los trabajos legislativos de la reforma constitucional: a) Se destacó la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo; b) Por ende, se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia; c) Se advirtió a título de hecho notorio que la substanciación y resolución del sumario constitucional propiciaba el alargamiento de los juicios; d) De ahí que hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, para que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo; y e) Con ello, se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Así, consideró el más alto tribunal que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, deberían hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento y, en vía de consecuencia, impedir una promoción abundante de demandas de amparo que, por formularse antes del dictado de la sentencia, obstaculizaban injustificadamente la celeridad de los procedimientos jurisdiccionales. De manera que para que los actos que se reclamen en el juicio de amparo indirecto puedan ser estimados como de imposible reparación, es necesario: Producir una afectación material a derechos sustantivos; Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Ahora, de los elementos objetivos que derivan del escrito de demanda, se advierten los siguientes antecedentes: El aquí quejoso promovió una medida precautoria de embargo (previo al inicio del juicio), la cual fue registrada con el número de expediente ******************** de la estadística del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad. En fecha tres de febrero de dos mil veintitrés, la citada autoridad requirió al promovente para que, previo a pronunciarse sobre su procedencia, exhibiera copia de su escrito inicial para el debido traslado a las partes. En contra de dicho proveído, el aquí quejoso interpuso recurso de revocación. En fecha dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, el juez responsable resolvió el medio de defensa de que se trata, en el cual confirmó el auto ahí combatido. Acto reclamado. En tal virtud, al tenor del marco normativo descrito, deviene la improcedencia del presente juicio de derechos fundamentales, pues en el caso, el promovente combate la resolución de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés dictada por el juez responsable, en el recurso de revocación interpuesto por el quejoso, en la cual confirmó el auto de tres del mismo mes y año, en el que requirió al promovente para que exhibiera copias suficientes de su escrito inicial. Dicha actuación aconteció en el expediente ********************. En otras palabras, el acto reclamado consiste en la resolución que confirmó el auto de prevención en el asunto de origen, lo que únicamente vulnera derechos adjetivos, en oposición a los sustantivos, en la medida en que se trata de una actuación de carácter procedimental con consecuencias de esa naturaleza. En efecto, se advierte que no existe de manera irremediable alguna violación a un derecho sustantivo, razón por la cual es necesario esperar hasta el dictado de la resolución que de por concluido ese asunto para poder combatirlo. En esta condición, el acto reclamado descrito con anterioridad, no puede estimarse como de imposible reparación, toda vez que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, como puede ser entre otros, la vida, la libertad, los derechos patrimoniales o el estado civil. Se insiste, el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que su consecuencia es que subsista el auto en el cual se requirió al promovente para que allegara copias de su ocurso inicial, pero no se impide la tramitación del asunto ni se ven afectados los derechos sustantivos del accionante, pues tiene la oportunidad ya sea de proporcionar la documentación requerida; o bien, cuando concluya dicho controvertido, la peticionaria de amparo podrá reclamar las violaciones procesales que pudieran haber ocurrido durante la sustanciación del mismo, resolución que de ser favorable a la parte actora, borraría los efectos de tal violación procesal como si el acto destacado jamás hubiese existido. En caso contrario, si la determinación que ponga fin al asunto que llegara a dictarse en el juicio de origen fuera en contra de la parte accionante y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, podrían reclamarse hasta ese momento, pero no antes. Luego, si el acto reclamado solamente se trata de una determinación intraprocesal acaecida durante el trámite del juicio de origen; es inconcuso que los efectos que trajo consigo la resolución reclamada, únicamente son de índole adjetivo, ya que la prosecución del procedimiento, no genera una afectación directa a derechos fundamentales, sino en todo caso, tal efecto lo podrá causar la determinación que concluya el asunto de origen. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, libro 15, febrero de 2015, tomo III, en materia civil de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida". Por tanto, en el particular al reclamarse un acto dictado dentro de un procedimiento, que no es de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción V de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Domicilio Procesal y autorizados. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el ubicado en ********************. Asimismo, se tienen como autorizados de dicha parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** y ********************, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que sí cuentan con cédula profesional que los acredita como licenciados en Derecho, inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas para notificaciones En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.

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