Francisco Gaytán Silva

Expediente 1942/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 14 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1942/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
03/05/2019

Partes del expediente

  • Francisco Gaytán Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    El tres de mayo de dos mil diecinueve, Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado certifico: a) Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existe un documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. b) Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la parte quejosa transcurrió del doce al treinta de abril del año en curso, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el ocho de abril de dos mil diecinueve. c) Que sí se tramitó incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión definitiva, sin que se haya exhibido billete de depósito. d) No existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, tres de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada el ocho de abril de dos mil diecinueve, en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento, por lo que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo General, es depurable el cuaderno original del incidente de suspensión, en razón de que se concedió la suspensión definitiva, por tanto, glósese al expediente en que se actúa; asimismo, guárdese por separado el duplicado del incidente, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el punto vigésimo, fracción III del aludido acuerdo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Por último, toda vez que en el presente asunto la parte quejosa y los terceros interesados exhibieron junto con los escritos registrados con los folios 23943 y 23900, respectivamente, un recibo original y un acuse de recibo con sello original (fojas 36 y 41-43); por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, se les requiere para que dentro del término de NOVENTA DÍAS HÁBILES contado a partir del siguiente al que sean notificados del presente auto, comparezcan debidamente identificados y en horas hábiles, a recibir los documentos de que se trata, apercibidos de que, en caso de no hacerlo, éstos seguirán la suerte del presente expediente. Notifíquese; y personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado quien autoriza y da fe. Vicky

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ANGÉLICA LÓPEZ ZAVALA y RUBÉN SOSA RODRÍGUEZ, LA DETERMINACIÓN DE TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "..."...Zacatecas, Zacatecas, tres de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada el ocho de abril de dos mil diecinueve, en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento, por lo que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo General, es depurable el cuaderno original del incidente de suspensión, en razón de que se concedió la suspensión definitiva, por tanto, glósese al expediente en que se actúa; asimismo, guárdese por separado el duplicado del incidente, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el punto vigésimo, fracción III del aludido acuerdo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Por último, toda vez que en el presente asunto la parte quejosa y los terceros interesados exhibieron junto con los escritos registrados con los folios 23943 y 23900, respectivamente, un recibo original y un acuse de recibo con sello original (fojas 36 y 41-43); por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, se les requiere para que dentro del término de NOVENTA DÍAS HÁBILES contado a partir del siguiente al que sean notificados del presente auto, comparezcan debidamente identificados y en horas hábiles, a recibir los documentos de que se trata, apercibidos de que, en caso de no hacerlo, éstos seguirán la suerte del presente expediente. Notifíquese; y personalmente. ..."

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA FRANCISCO GAYTÁN SILVA, LA DETERMINACIÓN DE TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "...Zacatecas, Zacatecas, tres de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada el ocho de abril de dos mil diecinueve, en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento, por lo que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo General, es depurable el cuaderno original del incidente de suspensión, en razón de que se concedió la suspensión definitiva, por tanto, glósese al expediente en que se actúa; asimismo, guárdese por separado el duplicado del incidente, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el punto vigésimo, fracción III del aludido acuerdo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Por último, toda vez que en el presente asunto la parte quejosa y los terceros interesados exhibieron junto con los escritos registrados con los folios 23943 y 23900, respectivamente, un recibo original y un acuse de recibo con sello original (fojas 36 y 41-43); por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, se les requiere para que dentro del término de NOVENTA DÍAS HÁBILES contado a partir del siguiente al que sean notificados del presente auto, comparezcan debidamente identificados y en horas hábiles, a recibir los documentos de que se trata, apercibidos de que, en caso de no hacerlo, éstos seguirán la suerte del presente expediente. Notifíquese; y personalmente. ..."

  4. Principal

    ocho de abril de dos mil diecinueveS E N T E N C I A VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1942/2018; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido el trece de noviembre de dos mil dieciocho, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Francisco Gaytan Silva, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la autoridad y por los actos que más adelante se precisarán. SEGUNDO. La parte quejosa estimó violados los derechos fundamentales señalados en los artículos 14, 16°, 19° y 20°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de referencia correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, se registró en el libro de gobierno bajo el número de expediente ya precisado, se admitió a trámite la demanda de garantías, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que corresponde a la Representación Social de la Federación y se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual inició en los términos asentados en el acta respectiva, y concluye con el dictado de esta resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 52, fracción V, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior en virtud que los actos que la parte quejosa reclama tienen ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis en conjunto de la demanda de garantías, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo expresado en la tesis de jurisprudencia número P./J.40/2000, con registro 192097, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Novena Época, visible en la página treinta y dos, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.". Así las cosas, debe decirse que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Síndico Municipal de Villa González Ortega, Zacatecas, lo siguiente: El permiso otorgado a la tercera interesada Angélica López Zavala, para efecto de derribar un muro que dice el quejoso se encuentra dentro de su propiedad. Realizada la precisión anterior, se procede a determinar sobre la existencia o no de los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Síndico Municipal de Villa González Ortega, Zacatecas, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama, para lo cual manifestó: "En base al acto reclamado por el Quejoso, manifiesto a usted C. Juez que, si bien es cierto que se autorizó un permiso para la tercero interesado en el presente Juicio respecto del acto ahora reclamado por el quejoso, también lo es que, el mismo fue emitido en base a los resultandos de algunas Actas Circunstanciadas sobre el Litigio de Límites de Propiedad en Fincas Contiguas, que fueron realizadas por la Presidencia de Villa González Ortega, Zac., mismas en las que intervinieron el C. Juan Francisco Gaytán Silva y la C. Angélica López Zavala, en las que se trató el asunto que el Quejoso señala." Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con las constancias que remitió la responsable con el informe justificado, documental que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. CUARTO. Improcedencia. El juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo , pues la parte quejosa carece de interés jurídico. Pues bien, el interés jurídico ha sido definido, para efectos del juicio de amparo, como el derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad o terceros. En este entendido, los gobernados tendrán interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad, en la medida que sean titulares de un derecho subjetivo que se vea afectado con la actuación del poder público, lo que puede ocurrir de dos formas, a saber: - Que se afecten los derechos subjetivos públicos del demandante en abstracto, imponiendo una obligación que antes no se tenía; o - Que se afecte un derecho subjetivo en particular, ya sea eliminándolo o restringiéndolo. Así, la causa de improcedencia citada se actualiza cuando el acto de autoridad que se combate en el juicio de amparo no incide en forma alguna en los derechos subjetivos públicos del promovente al momento de la presentación de la demanda, ya sea porque no le impone obligación alguna, o bien, porque no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto; esto es, que no exista un agravio personal y directo en contra del gobernado a la presentación de la demanda de amparo. En el caso, la parte quejosa se duele del permiso otorgado por el Síndico Municipal de Villa González Ortega, a la tercera interesada Angélica López Zavala, para el efecto de derribar un muro que dice se encuentra dentro de su propiedad. Ello, porque el predio que defiende en este controvertido constitucional, consiste en un solar urbano identificado como lote 4, de la manzana 36, zona 1, del Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, con las siguientes medidas y colindancias; al noreste 11.30 metros, con tierras parceladas; al sureste 25.02 metros, con solar 5; al oeste 11.876 metros, con calle Lázaro Cárdenas; y al Noroeste 25.43 metros, con solar 3. Sin embargo, la parte quejosa no demostró con ningún medio de convicción idóneo, que el muro o barda por el cual la responsable otorgó el permiso a la tercera interesada estuviera dentro del predio de su propiedad, por tanto, su interés jurídico no se ve afectado. Cierto, al quejoso corresponde demostrar la afectación a su interés jurídico, por tanto, tuvo la carga procesal de aportar pruebas para acreditar que la barda o muro que dice se pretende derrumbar con el permiso del Síndico municipal, se encuentra dentro de los límites de su propiedad y que con tal acto será afectado en su patrimonio, a fin de que este órgano jurisdiccional estuviera en aptitud de examinar su constitucionalidad. Ello, porque la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Cobra relieve la Jurisprudencia 2a./J. 16/94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Fuente: Núm. 82, Octubre de 1994, Página: 17, Materia(s): Común, Registro: 206338, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Sin que en el caso, este órgano jurisdiccional tuviera que recabar de oficio, elementos de convicción para dilucidar si la propiedad que defiende la parte quejosa, será afectada por el derribo de la barda o muro que se ha hecho referencia. Lo anterior, en atención a que la carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo , consistente en que el quejoso acredite su interés jurídico, entendido como la afectación de un derecho público subjetivo, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca el acto reclamado, toda vez que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar en la persona en concreto; cuya carga probatoria recae en el impetrante de amparo, por ser la persona a quien le afecta el acto de autoridad. Sustenta lo expuesto la Jurisprudencia 1a./J. 1/2002, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia(s): Común, Página: 15, Registro: 187777, cuyo rubro y texto dicen: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". Asimismo, la diversa tesis aislada XXVII.6 K, emitida por el Tribunal Colegiado Del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Octubre de 2003, Materia(s): Común, Página: 1030, Registro: 183039, cuyo rubro y texto dicen: "INTERÉS JURÍDICO, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL QUEJOSO ACOMPAÑAR LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RELATIVOS Y NO AL JUEZ RECABARLOS DE OFICIO. Si bien en la parte in fine del artículo 78 de la Ley de Amparo, se confiere al Juez de Distrito la prerrogativa para recabar las pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución del asunto, lo cierto es que tal dispositivo no obliga al resolutor federal a requerir de esa autoridad los medios de convicción que justifiquen el interés jurídico del promovente del juicio de garantías; esto, por la sencilla razón de que de conformidad con el artículo 4o. y la fracción V del artículo 73, interpretada en sentido contrario, ambos de la ley de la materia, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde al quejoso y no al Juez de garantías". En las relatadas condiciones, procede SOBRESEER en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. No obsta a la anterior determinación las pruebas aportadas por el quejoso consistente en el título de propiedad de un solar urbano identificado como lote 4, de la manzana 36, zona 1, del Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, con las siguientes medidas y colindancias; al noreste 11.30 metros, con tierras parceladas; al sureste 25.02 metros, con solar 5; al oeste 11.876 metros, con calle Lázaro Cárdenas; y al Noroeste 25.43 metros, con solar 3; tampoco, las ofertadas por la tercera interesada consistentes en el título de propiedad de un predio, constancias relativas a la controversia entre la tercero y el quejoso respecto de sus propiedades diversos planos y fotografías, recibo de la Comisión Federal de Electricidad, así como constancias relativas a la denuncia interpuesta por Susana Eguren García, a las que se les concede valor probatorio; sin embargo, con dicha constancias únicamente acreditan que son propietarios de los bienes que en los títulos se precisan, así como que existe un conflicto en los límites de sus bienes; pero con ninguno de esos medios de convicción se garantiza que el muro que se pretende derribar se encuentra dentro de la propiedad del quejoso. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por FRANCISCO GAYTAN SILVA, en términos del último considerando de esta resolución. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, hasta hoy ocho de enero de dos mil diecinueve, por así haberlo permitido las labores de este Juzgado, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.

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