Francisco Frimario Gerardo Ávila Jasso
Expediente 1274/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1274/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Francisco Frimario Gerardo Ávila Jasso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, la secretaria certifica: que el término a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo transcurrió para el quejoso del siete al once del mes y año en curso, descontando el ocho y el nueve por ser inhábiles. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el término concedido al quejoso en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, el cual se otorgó en auto de cinco del mes y año en curso (foja 61); en consecuencia, se analizará si dicha resolución se encuentra cumplida. El nueve de agosto de dos mil dieciocho (fojas 26 a 32), se dictó la sentencia en este juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Francisco Frimario Gerardo Ávila Jasso; en los términos y para los efectos que enseguida se precisan: "En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal que solicita Francisco Frimario Gerardo Ávila Jasso; y en acatamiento a las disposiciones contenidas en los artículos 74, fracción V, y 77, párrafo segundo, de la ley de la materia, se determinan con precisión los efectos de la concesión del amparo, a saber: Para que la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, provea lo conducente a fin de que se declare cerrada la instrucción en juicio laboral 173/2010; y dentro de los diez días siguientes se proceda a formular por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, del cual deberá entregarse copia a cada uno de los integrantes de la junta, para que dentro de los cinco días hábiles siguientes soliciten, en el supuesto de así considerarlo conveniente, se practiquen las diligencias que estimen pertinentes para el esclarecimiento de la verdad; y una vez desahogadas las pruebas que se propongan, de ser el caso, o bien, transcurrido el indicado plazo, la presidenta del tribunal laboral deberá citar a los integrantes del mismo para la discusión y votación del laudo; lo que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas; lo anterior, conforme lo establecen los preceptos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo." Posteriormente, en proveído de treinta de agosto del año en curso (foja 38), dicha sentencia causó ejecutoria y en el mismo auto se procedió a requerir a la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, para que cumpliera con la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias que acreditaran dicha circunstancia. En cumplimiento de lo anterior, por acuerdo de cinco del mes y año actuales (foja 61), se recibió el oficio 0723/2017, signado por la presidenta de la responsable, por el que allegó copias certificadas del acuerdo de quince de agosto de la presente anualidad (foja 42), en el que la citada autoridad responsable, declaró cerrada la instrucción y quedaron los autos a fin de que se formulara el proyecto de resolución, asimismo, del dicho proyecto (fojas 43 a 49) de la citación para discusión del mismo proyecto, así como del acta de votación y del laudo dictado el veintisiete de agosto del año en curso, en el expediente laboral 173/2010 (fojas 50 a 60). Con lo anterior, se dio vista al quejoso por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, sin que a la fecha en que se actúa hubiera realizado manifestación alguna al respecto. Así atendiendo a que en la ejecutoria de amparo se concedió al quejoso, el amparo y protección de la Justicia federal solicitados, para el efecto de que la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, proveyera lo necesario para que fuera emitido el laudo en el juicio natural; y que, de las constancias que se precisaron en párrafos precedentes, se advierte que la junta responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados con antelación, dado que mediante auto de quince de agosto de la presente anualidad, declaró cerrada la instrucción en el procedimiento laboral relativo al juicio laboral 0173/2010 y después de la votación relativa al proyecto de resolución, el veintisiete de agosto del año en curso emitió el laudo correspondiente; por tanto, este juzgado de Distrito, sin exceso o defecto, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firmó Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, asistido de María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza y da fe. Luisa M.
- Principal
cuatro de septiembre de dos mil dieciocho El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción con folio 17886 y un anexo. Conste. Zacatecas, Zacatecas a cinco de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, signado por la presidenta de la Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por el cual, en cumplimiento a la sentencia protectora dictada en el presente juicio, remite copia certificada de diversas constancias relativas a dicho cumplimiento. Por tanto, con los documentos aludidos; dese vista al quejoso por el término de tres días, contado a partir del día siguiente de su legal notificación para que manifieste lo que a su derecho corresponda, apercibiéndole que en caso de no desahogar la vista en el plazo concedido para tal efecto, este juzgado con base en las constancias que obran en autos, resolverá sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de mérito. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado, ante María Concepción García Jacobo, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Luisa* 27643 cuatro de septiembre de dos mil dieciocho
- Principal
El treinta de agosto de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, certifica: a) Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. b) Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la autoridad responsable del quince al veintiocho del agosto del año en curso. c) Que dentro de dicho juicio no se tramitó incidente de suspensión. d) Que no existen tomos de pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa, la que concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en razón de lo anterior, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de artículo 2 de la ley de la metería, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la ley en consulta, requiérase a la autoridad responsable presidente de la Junta Especial número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles de cumplimiento de manera total al fallo protector en los términos siguientes: "Para que la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, provea lo conducente a fin de que se declare cerrada la instrucción en juicio laboral ********************; y dentro de los diez días siguientes se proceda a formular por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, del cual deberá entregarse copia a cada uno de los integrantes de la junta, para que dentro de los cinco días hábiles siguientes soliciten, en el supuesto de así considerarlo conveniente, se practiquen las diligencias que estimen pertinentes para el esclarecimiento de la verdad; y una vez desahogadas las pruebas que se propongan, de ser el caso, o bien, transcurrido el indicado plazo, la presidenta del tribunal laboral deberá citar a los integrantes del mismo para la discusión y votación del laudo; lo que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas; lo anterior, conforme lo establecen los preceptos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo." Asimismo, remita las constancias que así lo acrediten, bajo apercibimiento que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se le impondrá una multa que en su momento se determinará, y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su cargo y consignación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. EMVG
- Principal
En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 1274/2018, estando en audiencia pública José de Jesús Martínez Torres, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2608/2018 de cinco de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante María Concepción García Jacobo, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Enseguida, la secretaria procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas, en aplicación a la Jurisprudencia siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas.". En relación con lo anterior, el secretario encargado del despacho del Juzgado, acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas y por rendido el informe justificado de la autoridad señalada como responsable Junta Federal Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, por conducto de su presidenta (fojas 17 y 18), en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo; y por legalmente emplazada a la tercero interesada Tv Azteca Zacatecas (foja 13). Acto continúo, en el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, se da cuenta con la documental que la autoridad responsable remitió en apoyo a su informe justificado, consistente en la copia certificada del acuerdo de uno de febrero de dos mil dieciocho (foja 18). Al respecto, el secretario encargado del despacho del Juzgado determina: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria en consulta, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, de acuerdo a su propia y especial naturaleza, la prueba ya relacionada. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el cual, con fundamento en el artículo 124 de la ley de amparo, se da cuenta con los que formuló la agente del Ministerio Público de la Federación, en su pedimento 1256/2018 (foja 20-21). Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del precepto legal antes invocado, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1274/2018; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. En escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, y turnado a este juzgado en esa misma fecha, Francisco Frimario Gerardo Ávila Jasso, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, acto y por la violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridad responsable: Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado, con residencia en Guadalupe, Zacatecas. Acto reclamado: "LA OMISIÓN DE NO EMITIR EL LAUDO DENTRO DEL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 885 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO". Preceptos constitucionales que se consideran violados. El quejoso señaló como derechos fundamentales vulnerados los que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándose bajo el expediente 1274/2018; y en proveído de veinte de junio del año en curso, se ordenó su admisión; emplazar a la parte tercero interesada; dar la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor de la presente Acta que forma parte integral de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse un acto de autoridad laboral residente dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a analizar la certeza del acto reclamado, debe precisarse en qué consiste, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y las jurisprudencias de los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en la omisión de dictar laudo en el juicio 173/2010. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama a la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, pues así lo reconoció expresamente su presidenta al rendir su informe justificado (foja 17). Lo anterior, sin que pase inadvertida la circunstancia de que en el escrito de demanda se haya señalado como autoridad responsable a la presidenta de la mencionada Junta Especial de Conciliación, y, que por tanto, el oficio por el que se solicitó el informe respectivo se haya dirigido a dicha presidenta, ya que es al pleno de la propia Junta a quien corresponde la emisión de laudos, y, como quedó precisado, esta autoridad admitió la existencia de la omisión de dictar laudo que se le atribuye, como se aprecia del contenido del informe de mérito. Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con la constancia que en copia fotostática certificada remitió la responsable en apoyo al referido comunicado, relativa al auto de uno de febrero del año en curso; documental pública a la que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226 epígrafe: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia, tampoco este resolutor advierte de manera oficiosa que se actualice alguna; por tanto, se procede al estudio de fondo del presente asunto. QUINTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación por no ser un requisito necesario, conforme a la Jurisprudencia 2a./J.58/2010,sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Precisado quedó en párrafos que preceden, que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que Francisco Frimario Gerardo Ávila Jasso, reclama la omisión de pronunciar el laudo correspondiente dentro del expediente laboral 173/2010; aduciendo esencialmente que con tal acto se vulneran en su perjuicio los derechos consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales; asimismo, los numerales 885, 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, en razón de que ha transcurrido con exceso el término de diez días a que alude el normativo citado en primer orden, sin que la autoridad responsable haya formulado el proyecto de laudo, vulnerando el principio de justicia pronta y expedita. Son esencialmente fundados los motivos de inconformidad sintetizados, los cuales revelan con claridad la causa de pedir, suplidos en su deficiencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de la Materia (por ser el quejoso la parte trabajadora actora en el juicio laboral de origen), en razón de que este resolutor advierte violación a los derechos fundamentales que en su favor tutela el numeral 17, párrafo segundo, de la citada Ley Suprema de la Nación, que establece: [...] "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." [.] El precepto constitucional citado establece a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción mediante la cual el estado se hace cargo de la función jurisdiccional que demanda del individuo la renuncia a hacerse justicia por propia mano y a ejercer violencia para ejercer su derecho. Las calidades de tal derecho implican la existencia de tribunales donde se imparta justicia expedita, es decir, sin obstáculos de ninguna naturaleza, "en los plazos y términos que fijen las leyes"; de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; además de asegurar que los tribunales que la impartan sean independientes. En ese contexto, resulta necesario determinar el contenido de la calidad del apuntado derecho de acceso a la jurisdicción, relativa a la impartición de justicia "en los plazos y términos que fijen las leyes", para lo cual debe desentrañarse el significado de dicha expresión, empleada en el texto del artículo 17 constitucional. De las discusiones que las Cámaras del Congreso de la Unión han hecho a lo largo de la institución del citado normativo 17; así como de las reformas de que ha sido objeto, se obtiene que el propósito del Constituyente Permanente, al incluir en el texto constitucional la expresión "en los plazos y términos que fijen las leyes", fue el de constreñir al legislador a crear leyes que establecieran los plazos y procedimientos, conforme a los cuales los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, garantía que se satisface desde el momento mismo en que las legislaturas ordinarias dan cumplimiento a ese imperativo, al crear, emitir o formular las leyes que prevén los procedimientos y términos con base en los cuales se desarrollarán los juicios sometidos a la jurisdicción del juzgador. El Tribunal Pleno y la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en su integración durante la Quinta Época, en torno a la interpretación del artículo 17 constitucional, sostuvieron las tesis del rubro y texto siguientes: "ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL.- Este precepto manda que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia, en los plazos y términos que fija la ley, y no se refiere a las violaciones que puedan cometer los tribunales, al administrar justicia."; y, "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXPEDICIÓN DE LA.- El artículo 17 de la Constitución Federal, al elevar a la categoría de garantía individual la expedita administración de justicia, limitó esa garantía a los términos y plazos que fijen las leyes correspondientes; lo que quiere decir que al expedirse las disposiciones reglamentarias de las funciones jurisdiccionales de los tribunales de la República, han de fijarse las normas que regulan las actividades de las partes y de los jueces, para obtener la intervención de éstos, para que decidan sobre las cuestiones surgidas entre particulares; por lo que desde este punto de vista la mayor o menor amplitud de acción en el tiempo concedida a los litigantes, no debe considerarse sino como una forma procesal más o menos tácita o jurídica, pero nunca contraria a la disposición constitucional citada ". De los citados criterios se colige que el artículo 17 de la Constitución Federal, tutela el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que los tribunales deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el precepto interpretado protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, conforme a las reglas señaladas en las leyes aplicables a cada caso concreto. Por su parte, los numerales 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, disponen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." Como se ve, el normativo 885 del Código Laboral en consulta, en esencia establece que al concluir el desahogo de las pruebas y formulados los alegatos de las partes; previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. En la especie, de la constancia que remitió la presidenta de la Junta responsable, consistente en la copia certificada del auto de uno de febrero de dos mil dieciocho, se advierte que el catorce de noviembre de dos mil diecisiete se dictó uno diverso en el que se concedió a las partes un término de dos días para formular alegatos o en su caso, realizar la manifestación respectiva, en cuanto a la certificación de que no quedaban pruebas pendientes por desahogar; acuerdo este último, que según se asienta, no fue notificado de forma personal a la demandada Servicios Locales de Producción Sociedad Anónima de Capital Variable y/o quien resulte responsable, a fin de que hiciera valer su derecho a ofrecer alegatos; y, por ello, se comisionó al Actuario de la citada responsable, para que realizara dicha notificación en el domicilio señalado en autos. Ahora, si bien es cierto, a la fecha del referido auto, es decir, uno de febrero del año en curso, no se había notificado a la mencionada parte procesal, del diverso por el que se otorgó término a las partes para formular alegatos, también lo es, que transcurrieron aproximadamente cuatro meses de aquella fecha de la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, sin que se hubiera hecho pronunciamiento al respecto. En ese tenor, lo anterior pone de relieve que la autoridad responsable ha omitido de manera injustificada continuar con el trámite legal correspondiente en el juicio laboral de origen, pues a pesar de que en el citado proveído se dijo que se notificaría a la demandada en el proceso, con posterioridad no obra auto alguno en el que se hubiera declarado cerrada la instrucción; ni se advierte que dentro de los diez días siguientes se formulara el proyecto de laudo correspondiente. Lo anterior pone de manifiesto que la junta responsable ha incumplido con lo dispuesto por los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, transcritos a propósito en párrafos que anteceden, dado que no ha procedido en los términos que imperativamente consignan dichos normativos; por ende, asiste razón al quejoso cuanto sostiene que la omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 173/2010, le causa perjuicio; ello, toda vez que como quedó precisado en párrafos precedentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Federal, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; luego, en el caso a estudio, dada la contumacia apuntada, pues es evidente el excesivo tiempo que ha transcurrido desde el que se dictó el último proveído antes citado, es inconcuso que la responsable con su postura omisiva contraviene los dispositivos legales de la legislación secundaria antes invocados; y, en consecuencia, vulnera en perjuicio del quejoso los derechos fundamentales de prontitud y expedites que en la administración de justicia consagra el normativo 17 de la Ley Suprema. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal que solicita Francisco Frimario Gerardo Ávila Jasso; y en acatamiento a las disposiciones contenidas en los artículos 74, fracción V, y 77, párrafo segundo, de la ley de la materia, se determinan con precisión los efectos de la concesión del amparo, a saber: Para que la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, provea lo conducente a fin de que se declare cerrada la instrucción en juicio laboral 173/2010; y dentro de los diez días siguientes se proceda a formular por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, del cual deberá entregarse copia a cada uno de los integrantes de la junta, para que dentro de los cinco días hábiles siguientes soliciten, en el supuesto de así considerarlo conveniente, se practiquen las diligencias que estimen pertinentes para el esclarecimiento de la verdad; y una vez desahogadas las pruebas que se propongan, de ser el caso, o bien, transcurrido el indicado plazo, la presidenta del tribunal laboral deberá citar a los integrantes del mismo para la discusión y votación del laudo; lo que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas; lo anterior, conforme lo establecen los preceptos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo de los artículos 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Francisco Frimario Gerardo Ávila Jasso, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, por las razones y para los efectos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José de Jesús Martínez Torres, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2608/2018 de cinco de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante María Concepción García Jacobo, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. L/M/C/G/J/Luis.
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- Francisco Flores Rodríguez242/2017
- Francisco Frimario Gerardo Ávila Jasso519/2017
- Francisco Gallardo Medina360/2017
- Francisco García Pérez499/2016
- Francisco García Segundo1686/2015
- Francisco García Vázquez206/2023
- Francisco Gaspar Salas Rodríguez2006/2015
- Francisco Gaytán Silva1942/2018