Francisco Guillén Ramos

Expediente 871/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
871/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
24/11/2015

Partes del expediente

  • Francisco Guillén Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    En veinticuatro de noviembre de dos mil quince, se da cuenta al Juez con un escrito registrado con el número 23177.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Visto el escrito signado por el quejoso FRANCISCO GUILLÉN RAMOS; y en atención a su contenido, no ha lugar a tenerlo por designado el domicilio que menciona para efecto de oír y recibir notificaciones, ni por autorizado al profesionista que refiere; como tampoco por revocando la designación hecha con anterioridad, en razón de que el juicio de amparo en que se actúa se trata de un asunto totalmente concluido. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretaria que autoriza, licenciada María Soledad Torres Muguiro.- DOY FE. Bjm.

  2. Principal

    En veintinueve de octubre de dos mil quince, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, ------------------------------------------------------------------------------------------------ C E R T I F I C A:----------------------Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para el quejoso del quince al veintiocho de octubre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Tribunal Federal el seis del mes y año citados.- DOY FE. En la misma fecha, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el seis de octubre de dos mil quince, en la que se negó al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Devuélvase a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el toca A. P. 531/2014 y Proceso Penal 130/2007, que remitió en apoyo a su informe justificado y que obran por separado. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Alan.

  3. Principal

    En nueve de octubre de dos mil quince, se da cuenta al Juez con la razón actuarial que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de octubre de dos mil quince. Vista la razón de cuenta asentada por el Actuario Judicial adscrito, de la que se advierte que no le fue posible notificar a las terceros interesadas, la sentencia de seis de octubre del año en curso, toda vez que en el presente expediente no obra domicilio para oír y recibir notificaciones; por tanto, lo procedente es hacer efectivo en su contra el apercibimiento contenido en el proveído de veintinueve de mayo del propio año, y se ordena turnar los autos al diligenciario adscrito a este Tribunal Federal, a fin de que proceda a practicar la notificación del fallo de mérito por medio de lista, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales para las citadas terceros interesadas, en términos del artículo 29, en relación con el diverso numeral 27, fracción III, ambos de la Ley de Amparo vigente. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. EN ATENCION A LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION III EN RELACION CON EL 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO,SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS CITADOS TERCEROS INTERESADOS EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA DICTADA EN SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, LA CUAL DICE LOS IGUIENTE: "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 871/2015; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el veintidós de mayo del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, FRANCISCO GUILLÉN RAMOS, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los preceptos constitucionales que enseguida se precisan. Autoridad responsable: A).- COMO AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA A LA PRIMERA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS. B).- COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DE EJECUTORIA AL C. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE LORETO, ZACATECAS. Acto reclamado: DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE.- RECLAMO LA RESOLUCIÓN DE FECHA TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE, DICTADA EN AUTOS DEL TOCA DE APELACIÓN PENAL NÚMERO 531/2014, FORMADO CON EL MOTIVO DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR MI DEFENSOR, EN CONTRA DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DICTADO EN FECHA DIECISÉIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, POR EL CIUDADANO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE LORETO, ZACATECAS, DENTRO DEL PROCESO PENAL MARCADO CON EL NÚMERO 130/2007 QUE SE INSTRUYE EN CONTRA DEL SUSCRITO FRANCISCO GUILLEN RAMOS POR LOS DELITOS DE VIOLACIÓN COMETIDOS SUPUESTAMENTE EN AGRAVIO DE YENI MARISOL FLORES LUCIO E IDALIA RANGEL ALANIZ. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señala como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la constitución política de los estados unidos mexicanos. 2º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. Mediante acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil quince, se ordenó su admisión y registro del expediente relativo bajo el número 871/2015; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La resolución de fecha treinta de abril del año dos mil quince, dictada en autos del toca de apelación penal número 531/2014, formado con el motivo del recurso de apelación interpuesto por el defensor del impetrante del amparo, en contra del auto de formal prisión dictado por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Loreto, Zacatecas, dentro del proceso penal marcado con el número 130/2007 que se instruye en contra del propio quejoso por los delitos de violación cometidos en agravio de YENI MARISOL FLORES LUCIO e IDALIA RANGEL ALANIZ. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza: Las autoridades responsables Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por conducto de su Magistrado Presidente, así como el Jefe del Establecimiento Penitenciario Distrital de Loreto, Zacatecas en su informe justificado admitieron la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen. Además, la certeza de los actos reclamados, se corrobora con las constancias relativas al toca de apelación penal número 1531/2014 y proceso penal 130/2007; que la mencionada Sala responsable, por conducto de su Magistrado Presidente, remitió como justificación de sus actos; documental que reviste plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, de las cuales se advierte la existencia del acto reclamado. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, tampoco este Juez de Distrito, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia de manera oficiosa. IV. Litis Constitucional. IV. 1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". El quejoso alega en esencia, como conceptos de violación, que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado infringe principios de seguridad jurídica, legalidad que consiste en la exacta aplicación de la ley penal que prevén los artículos 14, 16 y 19 constitucionales, porque que se le priva de su libertad mediante un juicio en que no se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento ni tampoco se funda y motiva la causa legal del mismo; por lo siguiente: a) En la confirmación del auto de formal prisión reclamada, no se expresaron las circunstancias de tiempo, consistentes en precisar la hora, el día, mes y lugar en que se llevó a cabo la ejecución de cada uno de los delitos de violación que se imputan al peticionario de garantías. b) No se encuentra probada la corporeidad de cada uno de los mencionados delitos de violación. c) Es totalmente carente de fundamentación y motivación la resolución reclamada, porque la responsable realiza una valoración incorrecta de la denuncia presentada en relación al delito de violación cometido en agravio de YENI MARISOL FLORES LUCIO, porque de dicha denuncia no se desprende que el impetrante del amparo hubiera hecho uso de violencia física. Y además, según aduce, omite la autoridad responsable ordenadora, la edad, el peso del quejoso y el peso de la ofendida para estar en condiciones de indicar si por la sola circunstancia referente a la complexión física y edad del propio amparista, pudo tener dominio sobre dicha ofendida y se inhabilitara cualquier resistencia de ésta, dada su condición de mujer. d) Que en contrario a la mencionada denuncia y lo declarado por la ofendida de mérito, existe el certificado médico ginecoforense expedido por los peritos Patricia Del Hoyo Bramasco y Tomás Figueroa Cruz, los cuales, de manera contundente precisan que no hay lesiones en la superficie corporal qué clasificar, que no hay desfloración ni antigua ni reciente; y, que en base a ello señalan: "que cuenta con un himen de los denominados complacientes, que permiten la penetración sin desgarrarse", por lo que eso también significa que lo es sin dolor, siendo por tanto falso lo declarado por la denunciante y la supuesta ofendida ante la perito: "que sintió dolor en su parte". e) El dictamen psicológico rendido por Ana Isabel Murillo Ruizseco, contrario a lo que considera la autoridad responsable resulta totalmente incoherente con la denuncia formulada por Blanca Esthela Flores Lucio, pues a decir del peticionario de garantías, al no especificar a qué tipo o categoría de agresión sexual se refiere, de acuerdo a los signos y síntomas que muestra la menor Yeni Marisol Flores Lucio, de haber sufrido agresión de tipo sexual, es lógico y jurídico concluir que a dicho dictamen no se le puede dar valor probatorio de indicio como lo pretende la responsable. Ello además, porque a decir del impetrante del amparo, las manifestaciones de la ofendida, a que se alude en el propio dictamen, constituyen una declaración que se encuentra dentro de un dictamen, que no fue incorporada al procedimiento con base a las reglas esenciales de éste, que se encuentran reguladas en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque para que hubiera tenido eficacia jurídica esa declaración, debió haber sido desahogada ante la presencia del agente del ministerio público en la integración de la averiguación previa o dentro del término constitucional o ante la presencia del órgano jurisdiccional y no ante la presencia de un perito, ya que éste no tiene el carácter de autoridad. f) A la declaración de María del Refugio Lucio Velásquez, no se le puede otorgar valor probatorio alguno porque no hace declaración alguna en relación a los hechos, materia de la investigación. g) Contrario al valor que le pretende dar la autoridad responsable ordenadora al perdón que ante dicho órgano jurisdiccional le otorgó al ahora quejoso Blanca Esthela Flores Lucio, el día diez de noviembre del año dos mil catorce, con dicha declaración se destruye totalmente el valor probatorio de indicio que le da la autoridad responsable ordenadora, a la denuncia formulada por ésta; al dictamen psicológico, así como a la declaración de la ofendida ante la perito psicóloga; a la declaración de María del Refugio Lucio Velásquez; y, a la valuación que hace de su declaración prepatoria; pues según dice el amparista, es obvio que quien dice que se dio un delito de violación, lejos de insistir en que se le persiga en dicha causa, le otorga el más amplio perdón, por la simple y sencilla razón de que, como lo manifestó en su declaración preparatoria jamás cometió el delito de violación que se le imputa. h) En lo referente al delito de violación cometido en agravio de la diversa ofendida, Idalia Rangel Alaniz, de las probanzas que integran la causa penal, no existen indicios para su comprobación, como lo pretende hacer valer la autoridad responsable en el acto reclamado y si por el contrario existen probanzas con las que queda plenamente acreditada la ausencia de responsabilidad penal del quejoso en la comisión de dicho ilícito. i) Es a todas luces carente de motivación y fundamentación la apreciación que hace la autoridad responsable de la denuncia presentada por Idalia Rangel Alaniz, dado que de manera alguna merece valor jurídico de indicio, para indicar que la violencia física fue el medio específico en la comisión de propio delito, porque al analizar dicha denuncia, de ninguna parte se desprende que quejoso haya hecho uso de tal violencia física; sin que se pueda considerar como tal que el indiciado, ahora quejoso, haya usado su propia fuerza corporal al llevar a la ofendida a su domicilio y la haya despojado de su vestimenta e introducirle su miembro viril en el cuerpo de la propia ofendida, por vía vaginal y que esta acción haya resultado suficiente para anular la resistencia de la misma para ser copulada. j) Una prueba que destruye totalmente la denuncia lo es el certificado médico ginecoforense de donde se desprende que no hubo lesiones en la superficie corporal que clasificar, ni tampoco en área genital. Asimismo, existe la prueba consistente en los careos celebrados entre el quejoso y la ofendida a que ahora se alude, en los cuales, ésta de manera clara y precisa explica que ella consintió la cópula. Por lo que según dice el quejoso, el que la ofendida Idalia Rangel Alaniz, en ningún momento declare que ejerció violencia física alguna, se confirma con los mencionados careos y se corrobora con el examen médico ginecológico en el cual se desprende que no existe lesiones corporales que clasificar, y que sin embargo la responsable pasó totalmente por alto valorar en su integridad tales probanzas. k) Que como la propia autoridad responsable lo admite, la ofendida Idalia Rangel Alaniz, otorgó en favor del quejoso el más amplio perdón, circunstancia que estima lleva a concluir que jamás cometió el ilícito que de manera por demás carente de toda motivación y fundamentación se me pretende imputar, puesto que dicha ofendida lejos de insistir en el cauce de su denuncia; ésta, conjuntamente con el resultado del careo, del certificado médico legal y con el perdón, da cuenta de que jamás fue víctima de violación sexual alguna. l) Que en cuanto a la denuncia formulada por Rosalío Rangel Sierra, no se le debe dar valor probatorio alguno, ni de indicio puesto que éste no depone sobre los hechos materia de investigación en la causa penal que se instruye al peticionario del amparo. m) A la constancia expedida por la trabajadora social del "HOSPITAL DE LA MUJER ZACATECANA" y que la propia autoridad admite que fue anexada en copia simple, no se le debe dar valor probatorio alguno en virtud de que no está autorizado por dispositivo legal alguno que las copias simples pueden ser aportadas como prueba. n) En cuanto al peritaje psicológico rendido por Ana Isabel Murillo Ruizseco, el día veintidós de agosto del año dos mil siete, contrario a lo que considera la autoridad responsable, resulta totalmente incoherente con la denuncia formulada por Idalia Rangel Alaniz, porque según refiere el quejoso, en la declaración que relata dicha ofendida ante la perito jamás señala que el quejoso haya realizado la conducta que se le pretende imputar, de violación en agravio de la propia ofendida. Pues de dicho dictamen contrario a lo que sostiene la responsable, de ningún apartado se desprende que le haya proferido violencia física alguna, ni tampoco que haya tenido cópula con la misma. ñ) Al mencionado dictamen psicológico, no puede darse valor, ni como indicio, en términos de lo que se establece en el artículo 280 del Código Procesal Penal en vigor para el Estado de Zacatecas en virtud de que, la perito de mérito, en su dictamen y específicamente en su conclusión señala que Idalia Rangel Alaniz sí muestra signos y síntomas de haber sufrido agresión de tipo sexual pero, omite totalmente señalar a qué categoría de agresión sexual se refiere, ya que, en su fundamentación señala que agresión sexual se utiliza como cualquier forma de contacto sexual, por ejemplo, adulto-niño en el cual, el adulto, toca, acaricia o penetra el cuerpo del niño. V. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. V.1. Son infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso. Previo al análisis de los citados conceptos de violación, es pertinente señalar que, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de treinta de abril de dos mil quince, dictada en el toca de apelación penal 531/2014, por medio de la cual, la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, modificó el auto de formal prisión de dieciséis de octubre de dos mil catorce, dictado por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Loreto, Zacatecas, dentro del proceso penal 130/2007, que se instruye en contra del aquí quejoso FRANCISCO GUILLEN RAMOS, por los delitos de VIOLACIÓN, cometidos en perjuicio de YENI MARISOL FLORES LUCIO e IDALIA RANGEL ALANIZ. Sentado lo anterior, cabe decir que contrariamente a lo que aduce el quejoso, la resolución reclamada, no resulta violatoria de las garantías en su perjuicio. Efectivamente, por lo que hace al concepto de violación sintetizado en el inciso a), resulta infundado, toda vez que contrario a lo que dice el impetrante del amparo, en la confirmación del auto de formal prisión reclamada, sí se expresaron las circunstancias de tiempo y lugar en que se llevó a cabo la ejecución de cada uno de los delitos de violación que se le imputan; pues como lo indicó la Sala Penal responsable al analizar las constancias relativas a cada uno de los ilícitos de que se trata, particularmente las denuncias respectivas, indica que las ofendidas detallaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar como fueron sometida, lo que así se desprende de sus respectivas declaraciones. Por lo que se refiere a Yeni Marisol Flores Lucio, de la denuncia presentada por Blanca Esthela Flores Lucio, el cuatro de junio de dos mil siete, se advierte que en principio manifestó: ".que el día treinta de mayo del año en curso empecé a notar a mi menor hija Yeni Marisol rara en su comportamiento.", Asimismo, que dicha ofendida le dijo que: "Panchillo la subió a la camioneta a la fuerza una noche y se la llevó atrás de la escuela de la Comunidad de Las Playas, Loreto, Zacatecas y que esto sucedió una vez y que en ese lugar Panchillo le bajó sus ropas, que ese día traía pantalón y que le hizo groserías, yo le pregunto a mi Yenni que si cuando le estaba haciendo groserías le dolió ahí en medio, señalándole su vagina y me contesta que sí que le dolió mucho y que ella le decía a Panchillo que se quitara de encima de ella, él le contestaba que no se iba a quitar". Además, al realizar la responsable, el análisis del dictamen psicológico practicado a la ofendida Yeni Marisol Flores Lucio, indica que lo expuesto por la misma en dicho dictamen, lleva a establecer que en efecto fue copulada por vía vaginal sin su consentimiento, en el interior de un vehículo de motor, a espaldas de la escuela de la Comunidad Las Playas, Loreto, Zacatecas, y que esas manifestaciones que confirman el contenido de la denuncia. En lo relativo a Idalia Rangel Alaniz, en su declaración ministerial del veintidós de agosto de dos mil siete, señaló respecto a las aludidas circunstancias de tiempo y lugar: ". que entre el mes de noviembre o diciembre del año pasado, sin recordar la hora exacta pero lo fue por la tarde, que iba pasando por la calle donde vive Francisco Guillen Ramos y en eso sentí que me tomaron del brazo izquierdo y me jalaron, dándome cuenta que era el señor Francisco Guillen Ramos, el cual andaba borracho y me llevó del brazo hasta su casa y aquí me llevó entrando hacia un pasillo y al fondo a mano derecha me encerró en un cuarto que es una recámara y yo estaba asustada, no pude gritar ni nada, y me quitó el pantalón a la fuerza y me recostó en la cama y me introdujo su parte por donde hace pipí (sic) por donde yo hago pipi, habiendo perdido el conocimiento ya que no me acuerdo que más sucedió.". Lo que significa que sí se expresaron las aludidas circunstancias de tiempo y lugar, ya que en cuanto al tiempo, si bien es cierto que no se señala con precisión, ello se debe a que la denuncia no fue presentada inmediatamente después de sucedidos los hechos, sino meses después, por lo cual, en lo que respecta a Yeni Marisol Flores Lucio, es suficiente con lo que manifiesta la denunciante, en el sentido de que se dio cuenta en el mes de mayo de dos mil siete. En lo referente a Idalia Rangel Alaniz, dijo que entre el mes de noviembre y diciembre del año dos mil seis, por lo que también ello es suficiente en cuanto al tiempo. Respecto al lugar, también se indicó donde fue, pues la denunciante Blanca Esthela Flores Lucio, dijo que la ofendida Yeni Marisol Flores Lucio, le señaló que fue atrás de la escuela de la Comunidad de Las Playas, Loreto, Zacatecas, en tanto que la diversa ofendida Idalia Rangel Alaniz, manifestó que en la casa del indiciado, ahora quejoso, concretamente en una recámara que se encuentra entrando hacia un pasillo y al fondo a mano derecha. Sin que para ello sea tampoco necesario, como lo pretende el impetrante del amparo, que se haga mayor precisión del lugar. Por cuanto al concepto de violación sintetizado en el inciso b), cabe decir, que no asiste razón al peticionario de garantías al manifestar que no se encuentra probada la corporeidad de cada uno de los mencionados delitos de violación, ya que contrario a ello, la Sala Civil responsable, para tener por acreditados los delitos de violación perpetrados en perjuicio de cada una de las ofendidas, tomó en consideración los medios de prueba que a continuación se mencionan. Por lo que hace al delito de violación cometido en agravio de Yeni Marisol Flores Lucio: 1. La mencionada denuncia formulada por Blanca Esthela Flores Lucio, a la que le otorgó valor probatorio de indicio, en términos de lo establecido por el artículo 277 en relación con el 281 del Código de Procedimientos penales. 2. Copia certificada del acta de nacimiento, expedida por el Oficial del Registro Civil de Loreto, Zacatecas, de donde se desprende que el nacimiento de Yeni Marisol Flores Lucio ocurrió el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y tres, en Loreto, Zacatecas. Documental pública que la Sala responsable estima adquiere valor pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 273 en relación con el numeral 274 ambos del Código Procedimientos Penales del Estado, para efecto de acredita que la ofendida al momento de la comisión de los hechos era menor de edad. 3. El dictamen psicológico rendido por Ana Isabel Murillo Ruíseco, en cinco de junio de dos mil siete, que dice la responsable, resulta coherente con la denuncia formulada Blanca Esthela Flores Lucio, porque en opinión de dicha psicóloga, la ofendida si muestra signos y síntomas de haber sufrido agresión de tipo sexual, por lo que conforme a la libertad de apreciación que a dicho Tribunal de apelación confiere el artículo 280 del Código de Procedimientos Penales, el propio dictamen admite valor probatorio de indicio, dado que expresó los hechos y circunstancias que sirvieron de fundamento a su opinión, de acuerdo con lo dispuesto en los artículo 216 y 227 del Ordenamiento Legal en cita. Asimismo, indica la responsable que se tiene en el dictamen, la entrevista que la perito realizó a Yeni Marisol Flores Lucio, la que la propia responsable transcribe en lo conducente, y concluye en el sentido de que, lo expuesto por Yeni Marisol Flores Lucio en el dictamen, lleva a establecer que en efecto fue copulada por vía vaginal sin su consentimiento, en el interior de un vehículo de motor, a espaldas de la escuela de la Comunidad Las Playas, Loreto, Zacatecas; y que esas manifestaciones confirman el contenido de la denuncia y por consecuencia constituyen una prueba más para acreditar los elementos que conforman el delito de violación. 4. Certificado médico ginecoforense expedido el veinte de julio de dos mil siete, por los peritos Patricia del Hoyo Bramasco y Tomás Figueroa Cruz, adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el que se estableció que la menor Yeni Marisol Flores Lucio presenta: "1. Edad clínica de 14 años de edad. 2. Es púber. 3. No hay de desfloración ni antigua ni reciente sin embargo cuenta con un himen de los denominados complacientes, de aquellos que permiten la cópula sin desgarrarse. 4. No hay lesiones en la superficie corporal que clasificar. 5. No hay datos clínicos de enfermedad venérea. 6. No hay lesiones en región anal ni antiguas ni recientes 7. No hay datos clínicos de embarazo, sin embargo se le solicitó ultrasonido pélvico y prueba inmunológica de embarazo, mismos que hasta la fecha no ha presentado". Dictamen que dice la Sala Civil responsable, merece valor jurídico de indicio de conformidad con lo establecido por el numeral 277 del citado Ordenamiento Legal, porque fue expedido por expertos en la materia, es decir, peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quienes expresaron los hechos y circunstancias que sirvieron de fundamento a su opinión, lo que se avala con la exploración directa que se realizó en el cuerpo de la ofendida Yeni Marisol Flores Lucio. 5. Ampliación del dictamen psicológico, rendido el treinta de octubre dos mil siete por la doctora Ana Isabel Murillo Ruiseco, en que se estableció que la ofendida Yeni Marisol Flores Lucio padece de Retraso Mental, desconociéndose la génesis del mismo y que dicho retraso mental si le permite tener capacidad de comprender el hecho de la relación sexual. Dictamen que de igual forma dice la responsable, merece valor jurídico de indicio de acuerdo a lo establecido en el artículo 277 en relación con el 282 del Código de Procedimientos Penales. Luego, en relación con lo anterior, de manera acertada, la Sala Penal responsable concluyó en el sentido de que del resultado del dictamen ginecoforense, respecto de que la ofendida no presentó desfloración antigua ni reciente, el mismo no es determinante para establecer que el sujeto activo no copuló a Yeni Marisol Flores Lucio, pues aun cuando los especialistas observaron en la víctima un himen complaciente, es decir, de aquellos que permiten la cópula sin sufrir desgarros; el dicho de la misma resulta preponderante en el procedimiento, porque la propia ofendida señala de manera firme y determinante haber sido copulada sin su consentimiento, además de que este tipo de delitos se cometen en ausencia de testigos. Aparte, lo manifestado por la citada ofendida, se encuentra corroborado con el testimonio de Blanca Esthela Flores Lucio y el resultado del dictamen psicológico, y ello, las probanzas de que se trata, resultan idóneas y suficientes para acreditar cada uno de los elementos materiales del delito de violación perpetrado en agravio de la ofendida en mención. Tocante a Idalia Rangel Alaniz: 1) Declaración de dicha ofendida, en relación con la cual, la Sala Civil responsable dice, que merece valor probatorio de indicio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 277 y 282 del Código de Procedimientos Penales, pues agrega que la ofendida señala de forma clara que Francisco Guillen Ramos la copuló por vía vaginal sin su consentimiento, detallando las circunstancias de tiempo, modo y lugar como fue sometida por su agresor, asimismo dijo que como consecuencia de la comisión del delito perpetrado en su perjuicio, resultó embarazada. 2) Denuncia formulada por Rosalío Rangel Sierra, de veintidós de agosto de dos mil siete, a la cual la Sala responsable le concede valor jurídico de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 277 y 282 del Código Adjetivo Penal, porque según dice, el testigo señaló conocer los hechos por dicho de la víctima y como consecuencia constituye una referencia de la agresión sexual que sufrió Idalia Rangel Alaniz, en el domicilio procesado, ahora quejoso. Además agrega, que dicha prueba confirma el contenido de la declaración de la ofendida, respecto de que como consecuencia de la conducta desplegada por el sujeto activo, Idalia Rangel Alaniz resultó embarazada, lo que permite confirmar la existencia del acceso carnal. 3) Copia certificada del acta de nacimiento, expedida por el Oficial del Registro Civil de Loreto, Zacatecas, de la que se desprende que el nacimiento de Idalia Rangel Alaniz ocurrido el día treinta de agosto de mil novecientos noventa y tres, en Las Playas, Loreto, Zacatecas. Documental, la anterior, que la responsable considera, posee valor pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 273 en relación con el numeral 274 ambos del Código de Procedimientos Penales del Estado, pues dice resulta ser una prueba idónea para establecer que al momento de la comisión del delito, la ofendida Idalia Rangel Alaniz contaba con la edad de trece años. 4) Constancia de veinte de agosto de dos mil siete expedida por la Trabajadora Social del Hospital de la Mujer Zacatecana, de la cual señala obra en autos copia simple, pues en ella se asentó, que en esa fecha la ofendida se encontraba hospitalizada en el servicio de ginecología, con diagnóstico de parto normal (masculino) y que su ingreso fue a partir del día diecinueve de agosto de dos mil siete. Cuyo documento fue valorado como indicio de conformidad con el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas, pues según se indicó, la fecha en que tuvo verificativo la agresión sexual, tiene correspondencia con el nacimiento del hijo de la sujeto pasivo y que refiere es consecuencia de la comisión del delito; por tanto la constancia referida constituye una prueba que corrobora la imposición de la cópula por vía vaginal. 5) Dictamen ginecoforense rendido en veintidós de agosto de dos mil siete por Patricia del Hoyo Bramasco y Antonio Muñoz Quintero, el que dice la responsable, admite valor jurídico de indicio en términos del artículo 280 del Código de Procedimientos Penales, ya que fue emitido en apego a lo que dispone el artículo 227 del Ordenamiento Penal invocado, pues el perito estableció los hechos y circunstancias que sirvieron de fundamento a su opinión, lo que se avala con la exploración directa que hizo en el cuerpo de la víctima; y el cual resulta de utilidad en el procedimiento para corroborar que el sujeto activo introdujo su miembro viril en el cuerpo de la víctima, por vía vaginal y la consecuencia de esa acción, pues los especialistas establecieron que Idalia Rangel Alaniz si presenta desfloración antigua con himen reducido a carúnculas mirtiformes (recientes por parto) y que hay datos clínicos de puerperio reciente. 6) Dictamen psicológico rendido por Ana Isabel Murillo Ruizseco, perito de la Procuraduría General de Justicia de Estado, quien en su opinión la ofendida Idalia Rangel Alaniz, si presenta signos y síntomas característicos de haber sufrido una agresión de tipo físico sexual. En relación con la anterior, la Sala Penal responsable adujo que, del contenido de la declaración se desprenden los elementos que conforman el delito de violación que se atribuye al ahora quejoso, es decir, la cópula por vía vaginal y la violencia física como medio específico de comisión del mismo, ya que el sujeto activo a través del uso de su propia fuerza física, llevó a la ofendida a su domicilio, la despojó de su vestimenta (pantalón) e introdujo su miembro viril en el cuerpo de ésta, por vía vaginal, acción que resultó suficiente para anular la resistencia de la víctima a ser copulada, sobre todo porque era superada por su agresor en edad y complexión física. De ahí que, contrario a lo pretendido por el quejoso, en el caso si se encuentra acreditada la corporeidad de los delitos de violación que se le atribuyen, razón por la cual resulta igualmente infundado el concepto de violación a que alude el inciso h), dado que si existen indicios para la comprobación de tales ilícitos, sin que de las mismas se desprenda que se acredite la ausencia de responsabilidad penal del quejoso en la comisión de dicho ilícito. Referente al concepto de violación sintetizado en el inciso c) resulta infundado, ya que la resolución que confirma el auto de formal prisión, reclamada a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en lo relativo a la valoración de la denuncia, presentada por lo que hace al delito de violación cometido en agravio de YENI MARISOL FLORES LUCIO, no carece de fundamentación y motivación, pues contrario a lo que indica el quejoso, de ella se desprende que el propio impetrante del amparo, hizo uso de su fuerza física para tener dominio sobre dicha ofendida e imponerle la cópula, dado que es inexacto como lo pretende, que se tenga que realizar la comparación entre el peso de la ofendida y el del indiciado, así como la edad de ambos para considerar que el propio quejoso pudo inhabilitar cualquier resistencia de la víctima, pues es del conocimiento general que por la naturaleza propia del hombre y la mujer, aquél tiene mayor fuerza que ésta, máxime si se toma en cuenta que conforme al acta de nacimiento referida, YENI MARISOL FLORES LUCIO, en la época en que ocurrieron los hechos contaba con la edad de trece años, en tanto que el quejoso era una persona ya adulta, y además, su complexión física, por pequeña que ésta sea, necesariamente le permitía tener dominio sobre dicha ofendida. Lo que significa que si puede hablarse de que existió violencia física en la imposición de la cópula a la aludida ofendida y que la valoración de la denuncia citada, en las mencionadas circunstancias, se encuentra motivada. En cuanto a lo expresado en el concepto de violación relacionado en el inciso d), es inexacto que en contra de lo expuesto en la denuncia, y lo declarado por la ofendida a que se hace referencia, existe el certificado médico ginecoforense expedido por los peritos Patricia Del Hoyo Bramasco y Tomás Figueroa Cruz, donde se precisa de manera contundente que no hay desfloración ni antigua ni reciente, porque la víctima tiene himen complaciente; y, que ello quiere decir que no existió dolor con la imposición de la cópula a YENI MARISOL FLORES LUCIO, como ésta lo refiere, por lo que es falso lo declarado por la denunciante y dicha ofendida ante la perito. Pues el hecho que, como se indica, la mencionada ofendida, cuente con un himen complaciente no implica que no pueda sentir dolor, además de que ello no se asienta en el certificado a que se alude. Respecto a lo señalado en el concepto de violación contenido en el inciso e), no asiste razón al impetrante del amparo al decir que el dictamen psicológico rendido por Ana Isabel Murillo Ruizseco, resulta totalmente incoherente con la denuncia formulada por Blanca Esthela Flores Lucio, ya que en el mismo se asentó que existió agresión sexual, que es lo mismo que se dijo en la denuncia, por lo que no había necesidad de que la psicóloga mencionada especificara a qué tipo o categoría de agresión sexual se refería, por lo cual, la responsable estuvo en lo correcto al otorgarle valor probatorio de indicio. Sin que por otra parte, las manifestaciones de la ofendida, que se mencionan en el dictamen de que se trata, se estén valorando como una declaración rendida ante una autoridad, sino solamente como un indicio que sirve para corroborar la denuncia presentada en contra del indiciado, aquí quejoso y que no requieren, para ser valoradas, que sean incorporada al procedimiento con base a las reglas esenciales de mismo, reguladas en los artículos 14 y 16 constitucionales. En lo atinente a lo indicado en el inciso f), cabe decir, que si bien, la Sala Penal responsable hace referencia a la declaración de María del Refugio Lucio Velásquez, dicha declaración no resulta de manera alguna contundente para tener por acreditado el cuerpo del delito de violación de la menor a que se alude, ni la probable responsabilidad del amparista. Tocante al concepto de violación sintetizado en el inciso g) resulta infundado, dado que, contrariamente a lo esgrimido por el impetrante del amparo, y tal como lo aduce la autoridad responsable ordenadora el perdón que ante el órgano jurisdiccional le otorgó Blanca Esthela Flores Lucio, el día diez de noviembre del año dos mil catorce, no destruye el valor probatorio de indicio que les da la propia responsable a la denuncia formulada por la antes mencionada; al dictamen psicológico, así como a la declaración de la ofendida ante la perito psicóloga; a la declaración de María del Refugio Lucio Velásquez; y, a la valuación que hace de su declaración prepatoria; pues como lo señala la propia Sala responsable, el mencionado perdón no extingue la acción penal ejercitada por el Ministerio Público en contra del amparista por el delito de violación cometido en agravio de Yeni Marisol Flores Lucio, ya que en tratándose de un delito que se persigue de oficio no procede el perdón del ofendido, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Código Penal del Estado, éste sólo procede cuando se trata de delitos perseguibles a petición de parte, es decir por querella, por lo que, las pruebas enunciadas siguen siendo suficientes para acreditar los elementos del delito, así como la probable responsabilidad del indiciado quejoso. Por lo que hace a lo expresado en el concepto de violación marcado como inciso d) no es verdad que la apreciación que hace la autoridad responsable de la denuncia presentada por Idalia Rangel Alaniz, carezca de motivación y fundamentación, ya que como lo indica dicha autoridad, la misma merece valor probatorio de indicio, para considerar la existencia de la violencia física en la comisión del delito perpetrado en agravio de la víctima, estimada ésta como la propia fuerza corporal del indiciado, al llevar a la ofendida a su domicilio y despojarla de su vestimenta e introducirle su miembro viril en el cuerpo de la ofendida en mención, por vía vaginal y que esta acción haya resultado suficiente para anular la resistencia de la misma para ser copulada. Respecto al concepto de violación que se asentó en el inciso j), es infundado, ya que el certificado médico ginecoforense no destruye la denuncia presentada por Idalia Rangel Alaniz, por el hecho de que diga el quejoso que del mismo se desprenda que no hubo lesiones en la superficie corporal que clasificar, ni tampoco en área genital, ya que al respecto la Sala responsable aduce que el perito estableció los hechos y circunstancias que sirvieron de fundamento a su opinión, lo que se avala con la exploración directa que hizo en el cuerpo de la víctima; y el cual resulta de utilidad en el procedimiento para corroborar que el sujeto activo introdujo su miembro viril en el cuerpo de la víctima, por vía vaginal y la consecuencia de esa acción, pues los especialistas establecieron que Idalia Rangel Alaniz si presenta desfloración antigua con himen reducido a carúnculas mirtiformes (recientes por parto) y que hay datos clínicos de puerperio reciente. Lo mismo sucede con los careos, dado que de acuerdo a lo señalado por la responsable, aun cuando Idalia Rangel Alaniz se retracta de su declaración ministerial, señalando que la relación sexual se efectuó con su consentimiento, su dicho en ese sentido no puede tomarse en cuenta, al no encontrarse probado, puesto que el resultado del careo pugna con las pruebas allegadas al procedimiento, toda vez que éstas resultan coherentes con la declaración primigenia de la ofendida, en cuanto a la agresión sexual de que fue objeto en noviembre o diciembre del año dos mil seis, por parte del sujeto activo, e incluso, la retractación resulta contradictoria a la propia declaración del procesado, aquí quejoso y a su intervención en el careo, porque éste ha negado la cópula con la sujeto pasivo. Además, existe un dato que lleva a establecer que Idalia Rangel Alaniz, se vio obligada a realizar esa retractación, dado que dentro del toca respectivo se encuentra copia certificada de la comparecencia que la prenombrada hizo ante el Juez de Primera Instancia , en la cual otorga su más amplio perdón a favor del apelante, en razón a que siempre ha recibido apoyo económico por parte de éste y solicita seguir recibiendo el mismo, situación que señala la responsable, Francisco Guillen Ramos reconoció al rendir su declaración preparatoria. Por tanto, la Sala responsable no pasó por alto las valorar las citadas probanzas, lo que además realizó de manera acertada. En lo relativo al concepto de violación sintetizado en el inciso k), es igualmente infundado, pues el hecho de que la ofendida Idalia Rangel Alaniz, haya otorgado en favor del quejoso el más amplio perdón, no lleva a concluir que jamás cometió el ilícito que se le imputa, ya que como quedó asentado, al analizar el anterior concepto de violación, si bien es cierto que en el toca respectivo se advierte la existencia de copia certificada de la comparecencia de la ofendida a que se hace mención, ante el Juez de Primera Instancia, en la cual otorga su más amplio perdón a favor del ahora quejoso, tanto dicho perdón, como la retractación de la propia ofendida obedecen a que siempre ha recibido apoyo económico por parte de Francisco Guillen Ramos, y solicita seguir recibiendo el mismo, lo que reconoció dicho quejoso al rendir su declaración preparatoria, por lo que no puede concluirse que la mencionada ofendida, jamás fue víctima de violación sexual alguna. En relación con los conceptos de violación referidos en los incisos l), m), la responsable en forma atinada les otorga valor de indicio, ya que por lo que hace a la denuncia formulada por Rosalío Rangel Sierra, el mismo manifestó lo que le fue comunicado por la ofendida Idalia Rangel Alaniz; y por lo que hace a la constancia expedida por la trabajadora social del "HOSPITAL DE LA MUJER ZACATECANA", que la propia responsable dice fue anexada en copia simple, también asiste razón a la responsable para otorgarle valor de indicio, por haberse asentado, que la ofendida se encontraba hospitalizada en el servicio de ginecología, con diagnóstico de parto normal (masculino) y que su ingreso fue a partir del día diecinueve de agosto de dos mil siete, por lo que, como lo señaló dicha responsable, la fecha en que tuvo verificativo la agresión sexual, tiene correspondencia con el nacimiento del hijo de la sujeto pasivo y que refiere es consecuencia de la comisión del delito. En lo concerniente al concepto de violación relacionado en el inciso n) no tiene razón el quejoso cuando dice que el peritaje psicológico rendido por Ana Isabel Murillo Ruizseco, el veintidós de agosto del año dos mil siete, contrario a lo que considera la autoridad responsable, resulta totalmente incoherente con la denuncia formulada por Idalia Rangel Alaniz, pues como aduce la Sala responsable, dicha sujeto pasivo no modificó lo que había dicho ante el Ministerio Público, por el contrario de manera firme sostuvo la agresión sexual de que fue objeto en el domicilio del procesado en el mes de noviembre o diciembre del año dos mil seis, y la manera en que detalla los hechos denota que la cópula fue en contra de su voluntad y que la violencia física fue el medio empleado por el sujeto activo para lograr la misma, lo que indica que sí profirió violencia física al quejoso y además, señaló que éste le impuso la cópula. Razón por la cual, resulta también infundado el concepto de violación sintetizado en el inciso ñ), ya que al aludido dictamen psicológico, si puede dársele valor como indicio en los término en que lo hizo la responsable, es decir, de lo que se establece en el artículo 280 del Código Procesal Penal en vigor para el Estado de Zacatecas, dado que como ya se dijo en párrafos precedentes, no es necesario que en el dictamen psicológico se señale a qué categoría de agresión sexual se refiere. En tales condiciones, cabe concluir, que la mencionada Sala Penal responsable sí fundó y motivó su resolución por la que confirmó el auto de formal prisión combatido; y que por lo tanto, conforme a lo expuesto, no existe una flagrante violación de garantías individuales que refiere. Consecuentemente, conforme a lo precisado, resultan infundados los conceptos de violación a que se hizo referencia, ya que además, como se aprecia de la resolución reclamada, la misma se encuentra debidamente fundada y motivada, dado que en ella se citan los preceptos aplicables, 19 constitucional; 6° y 236, del Código Penal del Estado; 143, 273, 374, 277, 280, 282, 314, 315, 316, 318 y demás relativos del Código de Procedimientos Penales; y, se dan las razones por las que la autoridad responsable estimó que se encuentran acreditados tanto el cuerpo de los delitos de violación que se atribuyen al quejoso, así como su probable responsabilidad en su comisión, las cuales, de acuerdo a lo expuesto resultan acertadas, asimismo, se apoya para ello, en las pruebas ya mencionadas; lo que se estima acertado. Además, con independencia de lo precisado, importante resulta destacar que para emitir un auto de formal prisión como el que fue confirmado en la resolución reclamada en esta instancia constitucional, la ley no exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del imputado, sino sólo se requiere que existan datos suficientes que acrediten plenamente el cuerpo del delito de que se trate, y que hagan probable la responsabilidad del encausado en su comisión, siendo que en la especie tales extremos se encuentran acreditados en los términos apuntados en párrafos que anteceden. Esto encuentra apoyo en la siguiente jurisprudencia: "AUTO DE FORMAL PRISION. PARA "DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD. Al disponer el artículo 19 constitucional, que todo auto de formal prisión debe contener el delito que se imputa al acusado, los elementos que lo constituyen, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los datos arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer en esa etapa procesal, probable la responsabilidad del acusado". En las narradas circunstancias, cabe concluir que la resolución que confirmó el auto de formal prisión impugnado, fue dictada siguiendo los lineamientos que para su dictado exige el artículo 19 constitucional, y que por lo tanto no resulta violatorio de garantías en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, al no advertirse queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal a FRANCISCO GUILLÉN RAMOS, contra el acto reclamado de la autoridad responsable. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 76 y 217, de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A FRANCISCO GUILLÉN RAMOS, contra el acto reclamado de la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando último de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza, hoy seis de octubre de dos mil quince, que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE.

  4. Principal

    En treinta de junio de dos mil quince, se da cuenta al Juez con un oficio registrado con el número 12856 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Loreto, Zacatecas, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho con número de orden 505/2015 y de origen 266/2015, que fuera enviado a fin de que se emplazara al juicio de garantías a la terceros interesadas Yeni Marisol Flores Lucio, ésta a través de su progenitora Blanca Estela Flores Lucio, así como a Idalia Rangel Alaniz; en términos de las actuaciones practicadas por el Secretario de Acuerdos en funciones de Notificador adscrito a dicho Juzgado, el veintitrés de junio del año en curso; acúsese el recibo de estilo. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE. Bjm.

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