Francisco Chiñas Gallegos y Otros.
Expediente 67/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 67/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 03/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Carolina Carlock García y Otros.
- Francisco Chiñas Gallegos y Otros.
- Carolina Carlock García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término legal de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de abril de dos mil diecinueve (fojas 139 a 149), en la que se sobreseyó en el juicio; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia y, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido, y el original del incidente de suspensión glósese a este expediente, y guárdese provisionalmente el duplicado del referido incidente en el archivo de este Juzgado. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se negó la medida cautelar, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, agréguese a sus autos, el sobre oficial que devuelve el Administrador de Correo, con sede en esta ciudad, el cual contiene el oficio 575, dirigido al "Comandante de la Policía Estatal del Sexto Sector", residente en Ixtepec, Oaxaca, con la siguiente leyenda "No existe Comandante de la Policía Estatal del Sexto Sector en Ciudad Ixtepec, Oaxaca 23/04/19"; en consecuencia, se hace efectivo en perjuicio del quejoso el apercibimiento decretado en acuerdo de trece de febrero de dos mil diecinueve, y con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se considera inexistente a la referida autoridad para todos los efectos legales a que haya lugar Notifíquese. III-B
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio promovido por los quejosos CAROLINA CARLOCK GARCÍA, FRANCISCO CHIÑAS GALLEGOS, DANIEL AGUILAR SANTIAGO, JUAN ANTONIO SÁNCHEZ CORTÉS y OSVALDO REYES GONZÁLEZ, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de esta resolución, en los términos ahí precisados. Notifíquese. III-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a ocho de abril de dos mil diecinueve. Visto el informe justificado que rinde el Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General de la Policía Vial Estatal, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 9 de la ley de la materia, téngase como domicilio y delegados de dicha autoridad los señalados en su informe de ley, para los efectos legales procedentes. Ahora, toda vez que dicho informe, no fue rendido por lo menos con ocho días de anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, atento a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, a efecto de que la parte quejosa esté en aptitud de imponerse del contenido del citado informe, preparar y ofrecer en su caso, las pruebas que estime pertinentes, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintidós de abril del año en curso, fijándose las nueve horas con quince minutos del veintinueve de abril de dos mil diecinueve, para llevarla a cabo. Se invoca en apoyo la jurisprudencia 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco, Tomo XI, del mes de Abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 191995, bajo el rubro y texto: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese. III-B
- Incidental
R E S U E L V E : ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Carolina Carlock García, Francisco Chiñas Gallegos, Daniel Aguilar Santiago, Juan Antonio Sánchez Cortez y Osvaldo Reyes González, en términos del considerando tercero de esta resolución. Notifíquese.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
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