Francisco Frías Méndez

Expediente 642/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
642/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
04/03/2021

Partes del expediente

  • Francisco Frías Méndez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de ocho de diciembre de dos mil veinte, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por ****, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, glósese al sumario para que surta sus efectos el escrito por virtud del cual el quejoso xxxxxxx cumple con el requerimiento de veintitrés de noviembre pasado, pues aclara su demanda constitucional, el acto reclamado y exhibe copias para traslado. b) Desechamiento de demanda. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Lo anterior, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que reconoce el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Ahora bien, como cuestión previa, conviene indicar que en la especie, del análisis integral tanto del escrito inicial de demanda como del escrito aclaratorio, acorde con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la ley de la materia, aplicable también a este tipo de actuaciones, se desprende que la parte quejosa reclama: i) El acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veinte, dictado por el magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato, en el expediente 2052/2.Sala/2019, mediante el cual dicha autoridad impuso una multa en contra del aquí quejoso (pues así lo refirió en su escrito aclaratorio al señalar "El acuerdo de fecha 30 de septiembre, en el cual se impone la multa que se menciona"). ii) En vía de consecuencia, los actos tendentes a ejecutar esa determinación. Las autoridades señaladas como responsables son: Como ordenadora: 1. Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato. Como ejecutora: 2. Titular de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del estado de Guanajuato. Ahora bien, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expresó el solicitante del amparo, con valor probatorio en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral segundo, se advierte claramente que el quejoso Francisco Frías Méndez tuvo conocimiento de la resolución reclamada desde el dieciséis de octubre de dos mil veinte, por lo que la presentación de la demanda constitucional génesis del asunto que ahora nos ocupa, resulta extemporáneo, como más adelante se demostrará, en razón de lo cual resulta inconcuso que en el particular se actualiza de manera plena la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del ordinal 61 de la Ley de Amparo; numeral que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)". Por su parte, el artículo 17, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De igual manera, el numeral 18, de la ley de la materia previene: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De conformidad con la última disposición legal transcrita el término para promover el juicio de amparo es de quince días, el cual se computará: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o la resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que el peticionario del amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los actos reclamados. Ahora bien, como se precisó con antelación, de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad expresó el solicitante del amparo en su escrito aclaratorio, literalmente declaró que tuvo conocimiento del auto reclamado desde el dieciséis de octubre de dos mil veinte. Luego, si la demanda génesis de este asunto fue instada hasta el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, entonces resulta inconcuso que esa promoción es extemporánea, porque transcurrió el plazo legal de quince días hábiles que tuvo para promoverla, al haber mediado veintiún días hábiles entre la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado y la fecha en que interpuso la demanda de amparo. En lo conducente, por identidad de razón jurídica es aplicable la tesis jurisprudencial P./J.115/2010, legible en la página 5 del tomo XXXIII, enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ." También tiene aplicación el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 14, que aparece publicada en la página 11, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, de rubro: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE." Asimismo, la tesis que sostiene el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 200, tomo VIII, noviembre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA." Improcedencia que se hace extensiva al acto atribuido a la autoridad responsable ejecutora, porque no se reclamaron por vicios propios. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia indicada, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, tomo VII, mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes."

  3. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el subdirector de Administración del agua en ausencia del director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de esta ciudad, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento de once de noviembre del año en curso, manifiesta que aún no se notifica a la parte quejosa el título de concesión 812612, y que tampoco se presentó a fin de notificarle el título en mención, por lo que solicita el apoyo para que se requiera a la parte agraviada, por conducto de su representante legal para que se presente ante las instalaciones de la citada autoridad, para que sea notificado del mencionado título. En consecuencia, requiérasele a la autoridad responsable para que, en un término de cinco días hábiles, contados a partir de que reciba el oficio que contenga el presente proveído, acate el fallo protector y hecho lo anterior envíe a este juzgado copia certificada de las constancias que así lo acrediten, o bien, la imposibilidad que tuviera para ello. Con el apercibimiento que, de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cien veces, en términos a lo dispuesto por el artículo 237 fracción I, de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis. Hágasele de su conocimiento que de no acatar lo ordenado, en los términos establecidos, además de la multa, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la continuación del trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, con la finalidad de agilizar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, requiérase por última ocasión a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, por conducto de su apoderado legal - cumpliendo con las medidas preventivas recomendadas por la Secretaría de Salud, siempre que, por sus condiciones médicas no se encuentre en el sector vulnerable y de serle posible-acuda a las instalaciones de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, ubicadas en Hacienda de Santiago, número 314, colonia Primera Fracción Hacienda de Crespo, código postal 38110, en esta ciudad; para que le sea notificada la resolución emitida por la responsable.

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