Francisco Diaz Arratia

Expediente 1205/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1205/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
15/12/2020

Partes del expediente

  • Francisco Diaz Arratia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, quince de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guarda el expediente en que se actúa, se desprende que por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se tuvo por consentido el diverso de trece de marzo del año en curso, en el que se declaró cumplida sin exceso ni defecto la sentencia dictada en este asunto. En virtud de lo anterior, y toda vez que no existen cuestiones pendientes por resolver, ni mandatos por cumplimentar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, ya que, como se vio, la resolución protectora ha sido cumplida; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se concedió la protección constitucional solicitada; además, a juicio de este Juzgado de Distrito no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas a la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, y, la determinación que otorga autoridad de cosa juzgada, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. S E N T E N C I A Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 1205/2019-IV promovido por Francisco Díaz Arratia contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado en este juzgado el treinta de octubre de dos mil diecinueve Francisco Díaz Arratia promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, lo siguiente: "4.1.- De la autoridad señalada como responsable, se reclama la omisión de la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita, y específicamente, la substanciación del juicio, en términos diversos a los establecidos por la Ley. 4.2.- El emplazamiento legal a juicio de la patronal en el juicio principal. 4.3.- El auto de fecha 15 DE OCTUBRE DE 2019, mediante el cual, señala como fecha para que tenga verificativo la audiencia inicial del juicio, las ONCE horas del día 20 DE FEBRERO DE 2020, vulnerando con ello, lo establecido por los artículos 685 y 883, de la Ley Federal del Trabajo y la substanciación del juicio laboral, desde su inicio hasta su conclusión en los términos establecidos por el Código Obrero." Asimismo, manifestó bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 8, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA. Mediante auto emitido el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó formar expediente, mismo que fue registrado bajo el número 1205/2019-IV, se admitió a trámite la misma; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo en términos de los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención de la peticionaria del amparo, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, del estudio integral de la demanda de garantías y de la constancia que obra en autos, se desprende que los actos que reclama la parte quejosa consisten en: La omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en administrar justicia en los plazos y términos que para tal efecto fija la Ley Federal del Trabajo, al programar en exceso de tiempo la fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones relativa al expediente administrativo laboral 453/E06/2019; y, La omisión de ordenar el emplazamiento de la parte demandada dentro del citado juicio laboral. No escapa para este Juzgado de Distrito que el quejoso señala también como acto destacado: ".la omisión de la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 a 891 del ordenamiento legal en cita, y específicamente, la substanciación del juicio, en términos diversos a los establecidos por la Ley." Por lo que solicita se le conceda el amparo de forma extensiva para todas las actuaciones subsecuentes, pretensión que sustenta en la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 45/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES". Empero, se invoca como hecho notorio para quien ahora resuelve, que conforme a la resolución relativa al recurso de inconformidad 282/2013, de dieciocho de septiembre de dos mil trece, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, fue abandonado, al considerarse que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto de los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. El criterio que ahora se invoca, se encuentra publicado en la página 732 del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro y texto señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Luego entonces, como se dijo los actos que aquí se analizarán se delimitaron en función de los mismos, conforme a la etapa específica donde se incurrió en la dilación u omisión reclamadas. TERCERO. PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado en el plazo de quince días que se concedió para tal efecto, no obstante de estar debidamente notificada para ello, como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja treinta, por lo que, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se le atribuyen. CUARTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En ese sentido, es de destacarse que las partes no hacen valer causas de improcedencia, sin que de oficio se advierta la actualización de alguna de esta naturaleza. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Así las cosas, se advierten fundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, suplidos en su deficiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en la medida necesaria para ello, por ser el impetrante del amparo la parte trabajadora en el juicio laboral de origen y, en consecuencia, suficiente para conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitada. Es aplicable al caso la jurisprudencia 105/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 63 del tomo XXVIII, octubre de 2008, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su rubro y texto dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA DE TRABAJO. OPERA EN FAVOR DEL TRABAJADOR CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE ALGÚN INTERÉS FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Al establecer el artículo 76 bis de la Ley de Amparo las hipótesis en que se aplica la suplencia de la queja deficiente en cada una de las materias en las que procede el juicio de amparo, precisa que en materia de trabajo dicha suplencia sólo opera a favor del trabajador. Así, para establecer cuándo en un juicio de amparo en esta materia debe suplirse la queja deficiente de los planteamientos formulados en los conceptos de violación de la demanda de amparo, o bien, de los agravios expresados en el recurso correspondiente, debe atenderse preferentemente a dos elementos, a saber: 1) a la calidad del sujeto que promueve el amparo o interpone el recurso, quien debe ser trabajador; y, 2) a la naturaleza jurídica del acto reclamado materia de la controversia en el juicio de garantías, que se determina por el bien jurídico o interés fundamental que se lesiona con dicho acto, es decir, debe afectar directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Federal que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos. De esta manera, para que el órgano de control constitucional esté obligado a aplicar la institución de la suplencia de la deficiencia de la queja, sólo debe atenderse a los dos elementos anteriores, sin importar el origen del acto reclamado, es decir, si deriva de un conflicto obrero-patronal, de un acto administrativo, de una ley o de un reglamento, por lo que si en el caso, un trabajador impugna un acto que afecta un bien jurídico o interés fundamental consagrado en su favor por las normas constitucionales, como lo son las garantías mínimas de seguridad social previstas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe concluirse que procede suplir la deficiencia de la queja." En efecto, debe destacarse que no obstante que la parte quejosa invoca como garantías violadas las contenidas en los artículos 8, 14, 16 y 123 constitucionales, en sus conceptos de violación se duele de transgresión a la pronta impartición de justicia misma que se encuentra contenida en el artículo 17 de la Constitución y no en los preceptos que menciona. Cierto, al efecto refiere que dentro del expediente administrativo laboral 453/E06/2019, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, se señaló una fecha que excede el término establece la Ley Federal del Trabajo; por lo que, es a la luz de este último numeral que se efectuará el estudio del presente asunto. Para el caso, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa, dice: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales [.]". El mandato contenido en el párrafo segundo del artículo 17 constitucional está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de impartir justicia, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial; en cuyo cumplimiento deben concurrir, por una parte, el legislador, al establecer normas adecuadas para esos propósitos y, por otra, toda autoridad que realice actos materialmente jurisdiccionales; es decir, todos aquellos órganos del Estado que tienen encomendada la tarea de resolver controversias, declarando el derecho entre las partes. El derecho fundamental en comento también tiene como propósito que los gobernados puedan acudir ante los tribunales con el propósito de que se les imparta justicia, esto es, para que mediante la aplicación de normas jurídicas a casos concretos, resuelvan una situación jurídica, declarando el derecho aplicable, o bien, la existencia de una obligación y, en su caso, la hagan efectiva. Esta prerrogativa a favor de los gobernados implica el disfrute de diversos derechos relacionados con la impartición de justicia, a saber: 1. Prontitud, que se traduce en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de impartir justicia, de resolver las controversias que les sean planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes aplicables. 2. Exhaustividad, esto es, que la autoridad que conoce el asunto y va a resolver la controversia, emita pronunciamiento respecto de la totalidad de los temas debatidos, garantizando al gobernado la obtención de una resolución sustentada en la ley aplicable al caso concreto. 3. Imparcialidad, que implica que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, sin favoritismos respecto de alguna de las partes, ni arbitrariedad en su sentido. 4. Gratuidad, que significa que los órganos del Estado encargados de impartir justicia, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobren a las partes en conflicto, emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Así pues, todas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución de dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, están obligadas al cumplimiento de los principios mencionados, con independencia de si son órganos formalmente administrativos, legislativos o judiciales. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J.192/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 209, que dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". Para el análisis del acto reclamado, son aplicables los artículos de la Ley Federal del Trabajo reformados el treinta de noviembre de dos mil doce, en virtud de que entraron en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y que el juicio origen de donde deriva el acto reclamado fue iniciado en el año dos mil diecinueve, motivo por el que le son aplicables las referidas reformas. En ese orden de ideas, es menester señalar lo que dispone el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo: "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor." (lo resaltado es de este tribunal). En el caso concreto, de la documental exhibida por la parte quejosa, misma que anexó a su demanda inicial, se advierte que la Junta responsable, en auto emitido el quince de octubre de dos mil diecinueve, mismo que regulariza el procedimiento dentro del expediente administrativo laboral 453/E06/2019, promovido por el aquí agraviado y otros, se fijaron las once horas del veinte de febrero de dos mil veinte, para el efecto de que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, esto es, más de cuatro meses de lo establecido por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; con lo cual se trasgredió dicho precepto. Tales circunstancias hacen evidente que la responsable no ha acatado los términos legales para la prosecución del juicio de origen, lo que implica que no ha cumplido con las obligaciones jurídicas que les impone la Ley Federal del Trabajo. Además, dado que la Junta responsable no rindió su respectivo informe justificado, no se desprende dato alguno que demuestre que ya se hubiere emplazado a la parte demandada Mecalux México Sociedad Anónima de Capital Variable, lo que contraviene lo dispuesto por el artículo 771 de la Ley Federal de Trabajo, mismo que dispone: "Artículo 771. El Tribunal cuidará, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante él se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar sentencia, salvo disposición en contrario." Como se advierte del numeral transcrito, los Presidentes de las Juntas deben cuidar, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda; sin embargo, como se vio en el cuerpo de este fallo, la autoridad responsable omitió rendir su respectivo informe justificado y, con motivo de ello, se presumieron como ciertos los actos que se le imputaron, en lo que interesa, la falta de emplazamiento a la parte demandada, lo que acarrea que, en esa parte, la Junta en comento haya omitido realizar las diligencias necesarias para dar continuidad al procedimiento laboral, entre las cuales se encuentra el emplazamiento, como es su obligación. No se desatiende la excesiva carga de trabajo del tribunal laboral; sin embargo, ello no es justificable para fijar fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones fuera del plazo previsto por la norma laboral. Consecuentemente, al resultar fundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión al quejoso Francisco Díaz Arratia, para que la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad: a) Deje sin efectos la hora y fecha señaladas en el auto emitido el quince de octubre de dos mil diecinueve, dentro del expediente administrativo laboral 453/E06/2019 y fije nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el entendido de que deberá ajustarse al plazo a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; y, b) Ordene dentro del citado juicio el emplazamiento de la parte demandada Mecalux México Sociedad Anónima de Capital Variable, llamamiento que deberá constatar que efectivamente se materialice para dar continuidad al procedimiento laboral. En relación al cumplimiento de esta resolución, no se pasa desapercibido que la obligación de la autoridad responsable nace a partir de que causa ejecutoria; sin embargo, ello no impide que actúe de inmediato, máxime si se toma en cuenta que el auto que constituye el acto reclamado data del mes de octubre de dos mil diecinueve, en el que se fijaron las once horas del veinte de febrero de dos mil veinte, para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, esto es, con una dilación muy prolongada, si se toma en cuenta lo establecido en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo. Aunado a ello, la protección constitucional que se otorga también tiene el efecto de que la Junta responsable, al fijar la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral 453/E06/2019, deberá ajustarse al plazo que establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo y vigilar que se lleve al cabo la audiencia en la fecha indicada, lo que implica la realización de las notificaciones respectivas, además, en la hipótesis de no tener verificativo, ésta deberá ser reprogramada ajustándose al plazo legal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en lo establecido por los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Francisco Díaz Arratia, contra la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    VII.,..Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de garantías, se advierte que mediante acuerdo de ocho del mes y año en curso, se pusieron a la vista de las partes los informes justificados rendidos por los Presidentes de las Juntas Especiales Números Dos y Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, surtiendo efectos al día siguiente de su publicación, por lo que, a la fecha en que se actúa, se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan de su contenido. Consecuentemente, se difiere la audiencia constitucional programada para esta propia fecha, y se fijan las diez horas con cuarenta minutos del diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, para el desahogo de tal actuación. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio PF/DSR/CET/EM/4982/2019 signado por el encargado interino de la estación Matamoros de la Policía Federal, en ausencia del Titular, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que dicha autoridad no es competente para llevar a cabo el cumplimiento relativo al fallo protector emitido en el presente juicio de garantías, por lo que manifiesta que la autoridad correspondiente es el Director General de Recursos Humanos de dicha institución, con domicilio en Poniente 122 #579, colonia Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, código postal 2300, con residencia en la Ciudad de México. En tales condiciones, téngase a la autoridad responsable, informando que no es la competente y que la autoridad que cita en el párrafo que antecede es la indicada para solventar la petición del quejoso; sin embargo, con relación a ello se hace necesario traer en colación que el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, al resolver el recurso de inconformidad 14/2017, estableció que no puede estimarse que la información que se le hace saber al quejoso, en el sentido de que debe dirigir el escrito a diversa autoridad de la policía federal, sea una respuesta que cumpla con los extremos establecidos por el artículo 8 constitucional; a su vez, con la diversa ejecutoria 5/2019, emitida por el citado tribunal de alzada, señaló que no se ha dado respuesta a lo que se le peticionó, misma que, además, debería notificarle en breve término. Lo que pone de manifiesto que con que la actuación de las responsables no se ha resarcido el derecho de petición previsto por el numeral invocado, por cuya violación se otorgó el amparo. Ello porque para resarcir una violación al derecho de petición consagrado por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que aquella trasgresión se salda al percatarse el juez de derechos fundamentales de que fueron considerados tres aspectos: 1) que sea atendida la solicitud; 2) que guarde congruencia con lo pedido - sin prejuzgar sobre su idoneidad y eficacia-; y, 3) que se notifique al suscribiente de aquélla. De ahí que, se le requiere que para el íntegro cumplimiento se ciña en los términos de la sentencia definitiva emitida en este juicio, y no se vea entorpecida la función jurisdiccional encomendada al suscrito juzgador, lo que ocasiona un retardo en la pronta y expedita impartición de justicia, en detrimento del promovente del juicio de garantías; para el efecto deberá tomar en consideración lo expuesto por la superioridad en sus resoluciones emitidas en las ejecutorias de las inconformidades 14/2017 y 5/2019, que, respectivamente, en lo medular dicen: Ejecutoria en relación con la inconformidad 14/2017: "Además, por lo que hace al resto de las autoridades por las cuales se otorgó la protección constitucional, solamente le informaron que a quien corresponde representar legalmente a dicha institución es al Director General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, por ende, que la solicitud que les formuló debía ser dirigida a ésta a fin de que determinara lo procedente respecto a sus peticiones, asimismo se le hizo saber el domicilio de dirección jurídica. Lo que evidentemente no puede llevar a considerar que se hubiera dado cumplimiento al fallo protector, pues si bien, en tratándose del derecho de petición, para resolver en forma congruente sobre lo solicitado por una gobernado la autoridad respectiva debe considerar en principio si tiene competencia, también lo es, que en el caso concreto, las autoridades responsables solamente refieren que a quien corresponde representarlas es a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, que es una cuestión diversa a la falta de competencia, máxime que se trata de autoridades de la misma dependencia, como es la Policía Federal. Por ende, no puede estimarse que la información contenida en el oficio en cuestión, en el que se le hace saber al quejoso que debía dirigir el escrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, sea una respuesta que cumpla con los extremos establecidos por el artículo 8 constitucional." Ejecutoria en relación a la inconformidad 5/2019: En tal virtud, si la concesión del amparo fue para que las autoridades responsables Comisionado General de la Policía Federal, el Titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, el Director General de Recursos Humanos de la Policía Federal y, el Director de Relaciones Laborales de la Policía Federal, todos con sede en México, Distrito Federal; así como el Coordinador Regional Zona Noreste de la Coordinación Estatal Tamaulipas, estación Matamoros, con plenitud de jurisdicción, por escrito, dieran respuesta congruente a las peticiones que el quejoso les formulara los días cuatro, cinco y veintidós de agosto de dos mil quince, y la hicieran del conocimiento de éste en breve término, y a la fecha no ha acontecido, entonces, no se ha restituido al quejoso en el goce del derecho violado en los términos del artículo 77 de la Ley de Amparo conforme a los lineamientos precisados en la sentencia de amparo." En tales condiciones, este órgano jurisdiccional a través del proveído de veintiuno de octubre del año en curso, se requirió al Coordinador Regional Zona Noreste de la Coordinación Estatal Tamaulipas, estación Matamoros, con residencia en esta ciudad, (ahora encargado de la estación Matamoros de la Policía Federal, con sede en esta ciudad) para que dentro del término de tres días, cumpliera con lo siguiente: El Coordinador Regional Zona Noreste de la Coordinación Estatal Tamaulipas, estación Matamoros, para que con plenitud de jurisdicción respondan lo que estimen pertinente respecto a las solicitudes: De reinstalación en el puesto de trabajo, pago de salarios caídos y demás prestaciones a que dice el quejoso tiene derecho. Informar al quejoso si en sus archivos existe constancia sobre si se ha instruido en su contra algún acta administrativa por inasistencias, preventiva de pago o inicio de procedimiento administrativo; y Notifiquen al quejoso en breve término la respuesta que emitan en cumplimiento del fallo protector. En tal razón, requiérase a la autoridad responsable encargado de la estación Matamoros de la Policía Federal, con sede en esta ciudad, por última ocasión, para que dentro del término de tres días, cumpla con lo requerido anteriormente; asimismo, se le envía de nueva cuenta copia certificada de las ejecutorias derivadas de los recursos de inconformidad 14/2017 y 5/2019; así como el escrito signado por la parte quejosa; apercibida que en caso de no acatar lo ordenado, se le aplicará la multa que se le ha hecho alusión en el proveído veintiuno de octubre de dos mil diecinueve; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su ordinal 2°, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifieste lo que a su interés estime pertinente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas · 11,954 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano