Francisco Delgado Almaguer

Expediente 1245/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1245/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
11/01/2023

Partes del expediente

  • Francisco Delgado Almaguer

Actuaciones

  1. Principal

    El once de enero de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez con el oficio 534/2023, remitido vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, relativo al cuaderno de antecedentes derivado del juicio de amparo 1245/2022-VIII. Conste. El Secretario. Heroica Matamoros, Tamaulipas, once de enero de dos mil veintitrés. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido el oficio 534/2023, remitido vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Tampico; de su contenido se advierte que comunica el proveído de seis de enero del presente año, por el que acusa recibo del diverso 34186/2022-VIII, por el que este tribunal no aceptó la competencia planteada e informa que se avoca al conocimiento del expediente 107/2022-VI-J de su índice. En atención a lo anterior, se advierte que el presente cuaderno se encuentra debidamente integrado, por lo que no existe mandato alguno por cumplimentar; en consecuencia, se ordena su archivo como asunto concluido; asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito. Finalmente, dado que este cuaderno se encuentra catalogado como cuaderno auxiliar de acuerdo a lo previsto por el artículo 20, fracción I, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, que no existen documentos originales agregados al expediente; además a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación, deberá ser destruido a partir del doce de julio de dos mil veintitrés, de conformidad con lo previsto en el párrafo primero del artículo antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    El veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, se da cuenta al encargado del despacho, con el oficio 35078/2022 y anexo, enviado por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en la ciudad de Tampico, por el que remite el cuaderno principal del juicio de amparo indirecto 107/2022 de su índice, promovido por Francisco Delgado Almaguer, a través de su representante legal Daniel Gerardo Garza Ceballos. Conste. La Secretaria Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, enviado por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en la ciudad de Tampico, por el que remite el cuaderno principal del juicio de amparo indirecto 107/2022 de su índice, promovido por Francisco Delgado Almaguer, a través de su representante legal Daniel Gerardo Garza Ceballos; en virtud de que por acuerdo de ocho de diciembre del año en curso, se declaró incompetente para seguir conociendo de dicho asunto. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Tribunal, bajo el número de juicio de amparo 1245/2022-VIII. Para analizar el planteamiento del declinante, en primer término se cita el numeral 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que señala: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto reseñado, se obtienen tres hipótesis para fijar la competencia en conocimiento de juicios biinstanciales: a) Será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, para ubicar el supuesto en el que se encuentra este asunto, cabe precisar que del análisis integral del expediente que se recibe, se desprende que el quejoso directo a través de su apoderado, compareció ante el órgano remitente a solicitar la protección de la Justicia de la Unión, señalando bajo protesta de decir verdad en el rubro de domicilio de su demanda, el ubicado en calle Nanchital número 404, entre calles Faja de Oro y Poza Rica, colonia Petrolera, en Tampico, Tamaulipas, código postal 89110 y afirmó, entre otras cuestiones, que radica en dicha ciudad (Tampico) y que el veinte de enero de dos mil veintidós, por la tarde, a través de sus vecinos, se enteró de que tres personas que dijeron pertenecer a las dependencias señaladas como ejecutoras, acudieron a su domicilio particular a buscarlo con la pretensión de ejecutar una orden de aprehensión en su contra. Del expediente recibido se aprecia también que las autoridades responsables, dos de ellas, radican en Reynosa, Tamaulipas, tres en Ciudad Victoria, Tamaulipas, una en Tampico (dentro de la jurisdicción del declinante) y sin que se haya señalado alguna con domicilio en Matamoros. La razón fundamental en que se sustenta el oficiante, para estimar que en su perspectiva corresponde conocer a este tribunal del juicio recepcionado, la hace consistir en que del poder notarial anexado a la demanda inicial, obra un domicilio proporcionado por el agraviado directo, mandante, que se localiza en esta ciudad de Matamoros. Debe puntualizarse de manera respetuosa, que se disiente del planteamiento del remitente, pues para determinar la competencia, es menester analizar de manera integral la naturaleza de los actos que se combaten. Lo anterior se afirma, en razón de que se reclama una orden de aprehensión, acto que requiere ejecución material. Es importante mencionar que el oficiante conoce del asunto, a prevención y como lo reconoce en el proveído de ocho de diciembre de este año, la orden de captura fue emitida por una autoridad con domicilio en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, que no corresponde a esta jurisdicción. De igual forma, no se encuentra designada como responsable ninguna autoridad con domicilio en Matamoros; pues como se dijo dos de ellas, residen en Reynosa, entre las que se encuentra la que emitió el mandato de captura reclamado, tres en Ciudad Victoria y una en Tampico, Tamaulipas, esta última, dentro de la jurisdicción del declinante. No constituye óbice que la autoridad ejecutora con domicilio en Tampico, Tamaulipas, haya negado el acto reprochado, pues el juicio de garantías aún no se encuentra totalmente integrado, esto es, no cuenta con audiencia constitucional celebrada y en ese tenor, la parte quejosa está en aptitud de desvirtuar la negativa de la autoridad con domicilio en Tampico. Si el juzgador que previno en el conocimiento, de manera anticipada, declaró carecer de competencia para conocer y resolver dicho juicio de garantías, deberá esperar a que se celebre la audiencia constitucional, para decidir si en su caso corresponde o no declinar el conocimiento ante el órgano con jurisdicción en el lugar donde reside el juez de origen, señalado como autoridad ordenadora del acto reclamado. Pues se insiste, lo que hasta el momento consta en los autos de su índice, es que el agraviado directo manifestó en el escrito de demanda residir en Tampico [con independencia de lo asentado en el poder notarial], una autoridad reside en el ámbito jurisdiccional del declinante y ninguna en Matamoros, lo que implica que es posible la cumplimentación del mandato de captura en cualquier lugar donde pudiera ser localizado el quejoso, incluyendo el domicilio que señaló en el escrito de demanda, ubicado dentro de la jurisdicción del declinante. Aunado a que tomando en cuenta lo consagrado en el artículo 17 Constitucional, si el agraviado optó por presentar su escrito biinstancial ante la potestad del oficiante, es porque le resulta más accesible y por ello, deberá esperar a la integración total del asunto hasta la audiencia constitucional, para definir sin lugar a dudas, la competencia que conocer del juicio de garantías. Ello con independencia de que, una vez integrado el expediente con los informes justificados de las autoridades responsables que residen en diversas ciudades, determine que deba conocer otro tribunal distinto al declinante. En sus aspectos conducentes, se cita la jurisprudencia 2a./J.2/95 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 200824 y consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Abril de 1995, Materia Común, Novena Época, página 31, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA. CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS PUEDEN ACTUAR DENTRO DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN QUE EJERCEN JURISDICCIÓN LOS JUECES CONTENDIENTES, DEBE FINCARSE EN FAVOR DEL QUE PREVINO. Si las autoridades responsables señaladas como ejecutoras pueden actuar dentro de la jurisdicción territorial de cada uno de los juzgados de Distrito contendientes y, por ende, los actos reclamados pueden tener ejecución material dentro de esas jurisdicciones, bajo la premisa de que se trata de actos que requieren ejecución material, será competente para conocer de la demanda de amparo, cualquiera de ellos, a prevención, en términos del segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, el juez de Distrito que previno en el conocimiento de la demanda es quien debe continuar conociendo de ella." También, en sus aspectos sustanciales, se invoca la tesis XXVII.3o.13 K (10a.), del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, página 1941, registro 2006496, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UN ACTO EJECUTADO O EJECUTABLE EN DOS O MÁS DISTRITOS JUDICIALES. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE CUALQUIERA DE ESAS DEMARCACIONES, A PREVENCIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece: "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.". Sin embargo, ese enunciado normativo no debe entenderse literal y aisladamente en el sentido de que podrá conocer del asunto cualquier Juez de Distrito del país. Antes bien, es necesario interpretarlo en armonía con el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que la demanda de amparo indirecto deberá presentarse "ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse". De esta disposición se infiere que, tratándose de actos susceptibles de ser ejecutados, siempre deberá atenderse al lugar de ejecución como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. Así, mediante la interpretación de la norma secundaria conforme al precepto constitucional, se concluye que cuando el acto reclamado haya sido ejecutado o pueda ser ejecutable en dos o más distritos judiciales, será competente para conocer del amparo biinstancial el Juez de cualquiera de esas demarcaciones, a prevención." De igual forma, en lo estrictamente aplicable, se cita la jurisprudencia con registro digital 2016596, del Pleno de Colegiados del Primer Circuito, que señala: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución." Por tanto, con fundamento en el numeral 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; este órgano jurisdiccional de manera respetuosa no acepta la competencia para conocer del juicio de garantías de cuenta, promovido por Francisco Delgado Almaguer, a través de su representante legal Daniel Gerardo Garza Ceballos; por ende, previo cuaderno de antecedentes que se forme, devuélvanse los autos del juicio de amparo indirecto 107/2022 del índice del Juzgado Décimo de Distrito en Tampico, Tamaulipas y anexos, a su lugar de procedencia, solicitándole atentamente a dicho tribunal, tenga a bien ordenar el acuse de recibo correspondiente. Asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y estadísticas que procedan. Finalmente, resulta innecesario ordenar notificación personal del presente auto, en virtud de que este tribunal no aceptó la competencia planteada. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.

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