Francisco de Jesús Rubio Salazar

Expediente 857/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
857/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
02/10/2019

Partes del expediente

  • Francisco de Jesús Rubio Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    VII...Heroica Matamoros, Tamaulipas, dos de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, que desechó la demanda de garantías promovida por Francisco Javier Rubio González, por su propio derecho y en representación de su menor hijo F. DE J. R. S.; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, como existen documentos exhibidos por la parte quejosa con su escrito inicial de demanda de garantías (fojas 9 a 20), de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I, y Décimo primero, párrafo último, Capítulo Tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, dese vista al impetrante de garantías, a fin de que acuda al local de este Juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días legalmente computado, a recoger dichas constancias, previo cotejo que de los mismos se haga; y, acta de entrega que quede asentada en autos; apercibido de que en caso de no hacerlo en el término que ahora se concede, dichos documentos en su momento podrán ser destruidos junto con el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    VII...Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito de demanda de garantías signado por Francisco Javier Rubio González, por su propio derecho y en representación de su menor hijo F. DE J.R.S., por medio del cual comparece ante este órgano jurisdiccional solicitando el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos y autoridad que ahí menciona; en consecuencia, regístrese la demanda bajo el número 857/2019-VII, en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este tribunal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, pues se advierte la improcedencia de la misma, numeral el cual es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con ello, cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación a lo expresado la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, septiembre de 1999, página 730, tesis I.6o.C. J/19, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De la integridad de la demanda y documentales que se acompañan, acorde a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que principalmente se reclama del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, el auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 00625/2019, relativo al juicio ordinario civil sobre divorcio encausado, en cuyo proveído no se acordó de conformidad lo solicitado por la autorizada del demandado aquí quejoso Francisco Javier Rubio González, mediante su libelo presentado el diecisiete del mes y año en comento, para fijar nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia para efectos de establecer las reglas de convivencia provisionales respecto del menor F. DE J.R.S. Examinada dicha demanda en términos de lo establecido en el artículo 145, de la Ley de Amparo, este órgano de control de legalidad, estima que debe desecharse. Efectivamente, es innegable que este órgano jurisdiccional, se encuentra obligado al estudio de las causas de improcedencia, y al haberlo hecho, advierte que en el presente caso se actualiza la prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se corroborará enseguida, para ello es pertinente dejar constancia que los citados numerales en lo conducente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..." Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: .III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia; b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio" Ahora bien, como puede advertirse, la fracción XVIII del invocado artículo 61, de la Ley de Amparo, se refiere a la causa de improcedencia derivada del hecho de que procedan recursos o medios de defensa ordinarios contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo reclamadas en amparo, que no se agotó previamente, como sucedió en el caso a estudio, ya que en contra del acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, procede el recurso de revocación en términos del artículo 914 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas; por consiguiente, al no haberse interpuesto el aludido recurso de revocación que se estima como el medio de defensa idóneo de impugnación contra el citado auto, previamente al ejercicio de la acción constitucional, es evidente que el quejoso no observó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; por lo tanto, el supracitado acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, no puede estimarse como acto definitivo para efectos del juicio de garantías, en las relacionadas condiciones, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Al anterior punto de vista, se estima aplicable la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, establecida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, Página 902, cuyo contenido es el siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así las cosas, los peticionarios de amparo están obligados a agotar el aludido medio de impugnación (el recurso de revocación), pues a través de él puede lograrse la modificación, revocación o, en su caso, nulificarse el auto reclamado, en el que el juzgado responsable denegó la solicitud de la autorizada del demandado Francisco Javier Rubio González, en su escrito presentado ante la potestad común el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que al no haberlo hecho así, incumplió el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, actualizándose la causal de improcedencia establecida en la fracción XVIII del artículo 61, de la ley reglamentaria en consulta. En ese tenor no se estima aplicable la hipótesis de excepción contemplada en la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a la letra indica: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada". Partiendo de lo expuesto en la jurisprudencia previa y del acto reclamado en esta vía constitucional, se tiene que de ejecutarse el auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, no implica un riesgo para el menor de edad F. DE J.R.S., de modo tal que se encuentre en una situación de vulnerabilidad, pues si bien es cierto que no se fijó nueva fecha para la celebración de la audiencia relativa a establecer las reglas de convivencia, poniéndose los autos de origen para dictar sentencia, también lo es que ello, por sí, no tiene como consecuencia directa vulnerar algún derecho sustantivo de éste, pues dichas cuestiones se manejan por cuerda separada, aunado a que con esa determinación no se suspende la ejecución de la medida cautelar de convivencia. De ahí que el acuerdo reclamado no conlleva un riesgo inminente para el mencionado menor de edad, que lo ubique en una situación de vulnerabilidad. En mérito de lo expuesto, en la situación en concreto, el recurso de revocación previsto en el artículo 914 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, constituye un medio de defensa existente en una legislación ordinaria, en la cual se contempla su regulación. Sin que sea óbice que la interposición del recurso de revocación no suspenda el curso del juicio de origen, habida cuenta que, en la especie, el acto reclamado no implica un riesgo para el infante F. DE J.R.S.. En otro aspecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación adujo en la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD.", que la circunstancia de que se impugnen vía amparo actos con carácter de irreparables, en modo alguno excluyen o exceptúan la operatividad del principio de definitividad, esto es, de agotar los recursos ordinarios como lo es el recurso de revocación, dado que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. La irreparabilidad está vinculada con la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso; mientras que la definitividad se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado y a la posibilidad de que conforme a los preceptos legales aplicables el interesado renuncie a ellos; por tal razón, el hecho de que el acto aquí reclamado tenga una ejecución de imposible reparación, en modo alguno exceptúa a los quejosos de observar el principio de definitividad; máxime que en el propio artículo 107 constitucional, se prevé como condición para impugnar vía juicio de amparo los actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido que sean de imposible reparación, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; de ahí la obligatoriedad de los afectados de agotar el mencionado principio que rige al juicio de amparo. La jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que se alude, es del rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". Máxime que, como se dijo, en la especie, el recurso de revocación contemplado en el ordinal 914 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, consiste en un medio de defensa previsto en la legislación ordinaria, idóneo, efectivo, oportuno, adecuado y eficaz para prevenir y reparar, de manera oportuna y adecuada, la violación al derecho que los ahora inconformes consideran actualizada. En apoyo de los argumentos expuestos se citan los criterios siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". En consecuencia, al advertirse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 112, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de garantías; y, autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Fabiola de la Cruz Contreras Bocanegra, cuya cédula se encuentra capturada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, bajo el número de registro único 152702 del cual se anexa copia simple para los efectos legales a que haya lugar, además como lo pide en cuanto a Ramón Alfredo García Sánchez, únicamente se le autoriza para los efectos citados en primer término. En otro contexto, en atención a lo solicitado en el ocurso de cuenta, en términos de los artículos 3, párrafos cuarto y quinto, de la Ley de Amparo, 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a las tramitación electrónica del Juicio de Amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se autoriza a la licenciada Fabiola de la Cruz Contreras Bocanegra, quien se encuentra registrada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, bajo el nombre de usuario f.cruz, para que tenga acceso total al expediente electrónico, ello para efectos de enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con el asunto que nos ocupa. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Rubio González, por su propio derecho y en representación de su menor hijo F. DE J.R.S. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.

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