Francisco Caballero Santiago

Expediente 187/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
187/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
26/04/2022

Partes del expediente

  • Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
  • Francisco Caballero Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    PRAL 187/2022 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintidós. 1.Estado de autos. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo, y por la otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2.1. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las 1) autoridades responsables y 2) agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado pues, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino (depurable). Al haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, inciso b), este expediente es depurable; por tanto, una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del acuerdo mencionado. 5.1. Archivo reciente. Se comunica a las partes que, en atención a lo dispuesto en el artículo 18 del multicitado acuerdo, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de depurable. 7. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.187/2022.MESA-3 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con tres minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 187/2022, como se ordenó en acuerdo de once de marzo de dos mil veintidós, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico autorizado. APERTURA DE LA AUDIENCIA. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Francisco Caballero Santiago, por derecho derecho, y demás constancias de autos, e informa que no existe documento alguno con el cual deba darse cuenta. Además, se hace constar que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenidos en los artículos 68 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que se hizo de su conocimiento en auto de admisión. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. ETAPA PROBATORIA. Acto continuo, abierto el periodo probatorio, se hace constar que: La parte quejosa ofreció como pruebas: Copia de la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente 4626/19-15-01-1. Las autoridades responsables: Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ofreció como medio de convicción: El oficio de veintisiete de febrero de dos mil veintidós. Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ofreció como pruebas: El oficio de veintitrés de febrero de dos mil veintidós. El memorándum 68/2022 de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, signado por el abogado adscrito al Área de Amparos de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca (ISSSTE). El oficio de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, suscrito por la encargada de cumplimientos de expedientes de nulidad de la citada subdelegación. La magistrada presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca ofreció como prueba: Diversas constancias del expediente 4626/19-15-01-1. No habiendo pruebas pendientes por desahogar, se cierra el periodo probatorio. ETAPA DE ALEGATOS. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que únicamente la parte quejosa los formuló y la agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado no presentó pedimento. Por lo que se declara cerrado este periodo y procede emitir la sentencia siguiente. Visto para resolver el juicio de amparo 187/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diez de febrero de dos mil veintidós ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común, con residencia en este municipio y turnado a este Juzgado, el día siguiente, Francisco Caballero Santiago, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca y de otras autoridades, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo con el expediente 187/2022, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio intervención al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta; en el caso, de materia administrativa. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En el caso, de la lectura integral efectuada a la demanda, así como de las constancias que integran este asunto, se advierte que la parte quejosa reclama: De la 1) Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez: La omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para que se cumpla con la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente 4626/19-15-01-1. Del 2) delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: La omisión de ordenar al encargado de la subdelegación de prestaciones del citado instituto que cumpla con la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente 4626/19-15-01-1. Del 3) encargado de la subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: La omisión de cumplir con la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente 4626/19-15-01-1. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir el informe justificado, la presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez y el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, negaron la existencia de los actos que se le atribuyen; sin embargo realizaron manifestaciones que comprueban su existencia, ya que a la fecha no se ha cumplido con la sentencia dictada en el juicio de origen; por ello, se tienen por cierto los actos que se les atribuyen a las responsables citadas con anterioridad. Resulta ilustrativa, por las razones que la integran y en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, julio de 1994, página 391, registro 211004, del texto que sigue: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Asimismo, por las razones que la sostienen, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-2, Febrero de 1995, página 189, registro 208122: "ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las responsables". Existencia que se corrobora con las constancias que remitió la sala responsable y el encargado de la Subdelegación de prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en término de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fue remitida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, el delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por conducto del jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, negó la existencia del acto reclamado. Al respecto, refirió que giró oficio al encargado de la subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado solicitando cumpla con la sentencia. Para acreditar dicha aseveración, remitió el oficio de veintisiete de febrero de dos mil veintidós, con el cual queda desvirtuada dicha negativa y se tiene por cierto, ya que a la fecha de la presentación de la demanda (diez de febrero de este año) no había ordenado a su inferior jerárquico que cumpliera con la sentencia dictada por la sala responsable Por ello, quedan desvirtuadas dichas negativas y se tienen por cierto las omisiones atribuidas a las citadas autoridades. CUARTO. Improcedencia del juicio respecto al acto identificado con el punto II del considerando segundo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, de las constancias que integran este asunto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado atribuido al delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado consistente en la omisión de ordenar al encargado de la subdelegación de prestaciones del citado instituto que cumpla con la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente 4626/19-15-01-1. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". De la interpretación del citado precepto, se puede advertir que la cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Por lo que al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si la violación nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. De la constancia remitida por el titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por conducto del jefe de la Unidad Jurídica del citado instituto, se advierte que mediante oficio de veintisiete de febrero de este año, la citada autoridad ordenó al encargado de la Subdelegación de Prestaciones del referido instituto que cumpla con la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio de nulidad 4626/19-15-01-1. Por ello, cesaron los efectos del acto reclamado, pues se extinguió la violación al derecho fundamental que pudo haberse cometido con la abstención atribuida a la citada responsable y las cosas volvieron al estado que tenían antes de esa vulneración, ya que la responsable ordenó a su inferior jerárquico que cumpla con la sentencia dictada en el juicio de nulidad. En consecuencia, conforme con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo. Sobreseimiento que impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa contra el acto reclamado analizado en este considerando; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. Procedencia del juicio. La presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa indicó que respecto al acto que se le reclama consistente en la omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para que se cumpla con la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente 4626/19-15-01-1, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, ya que hubo un cambio de situación jurídica con motivo que inició el procedimiento previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Dicha causa de improcedencia debe desestimarse, toda vez que dicha consideración constituye el estudio de fondo del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 135/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002, página 5, registro digital 187973, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". Por otra parte, el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, precisó que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que no tiene el carácter de autoridad responsable, sino de tercero interesado, ya que en el juicio de nulidad tiene el carácter de autoridad demandada. Dicha causa de improcedencia resulta infundada, toda vez que el procedimiento contencioso administrativo fue ideado para ventilar los conflictos que se susciten entre gobernantes y gobernados; por tanto, la relación subyacente entre ambas partes, es de supra a subordinación, puesto que, a través de tal procedimiento, los gobernados controvierten la actuación de los órganos del Estado. Cierto es que, dentro del procedimiento contencioso administrativo, los órganos del Estado adquieren el carácter de parte demandada; sin embargo, ello no transforma la relación de supra a subordinación en una relación de coordinación, pues la relación jurídica existente entre las partes sigue siendo la de una autoridad y un gobernado, y el hecho que sean demandada y actor no genera que la relación de supra a subordinación se transforme en una relación de coordinación. Esto es, el origen del acto controvertido en los juicios contenciosos administrativos y el carácter de la relación jurídica entre gobernado y gobernante no sufre una transformación por el solo hecho que el órgano del Estado sea parte demandada (contraparte del gobernado actor). No existe, pues, ninguna razón jurídica que conduzca a sostener que el juicio contencioso administrativo en que se dicta la sentencia cuyo incumplimiento se reclama en un juicio de amparo, implique la existencia de una relación jurídica de coordinación entre el ente de la administración pública y el particular, pues no es así como surgió el conflicto sometido al conocimiento de ese juicio, y el hecho que se ventile el conflicto en el procedimiento contencioso administrativo no produce un cambio en dicha relación. Luego, si con motivo de la sentencia firme derivada del juicio contencioso administrativo surge un derecho subjetivo para la parte actora (gobernado) y una obligación correlativa para la parte demandada (gobernante), el incumplimiento de ésta conlleva, en primer término, a que el gobernado acuda, desde luego, al procedimiento para el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio en que se hubiese declarado la invalidez del acto controvertido o la disposición general impugnada; es decir, las que hayan sido favorables a la parte actora. Así, por ejemplo, el actor podrá acudir en queja (en las legislaciones que prevean tal medio de impugnación) ante la Sala respectiva, en caso de incumplimiento de la sentencia, la cual habrá de llevar a cabo el procedimiento que establezca la ley relativa y, en su caso, sancionar a la autoridad renuente. No obstante, si el gobernante agota el medio de defensa legal que prevea la ley que rija al acto para lograr el cumplimiento de aquellas determinaciones y las autoridades que fueron demandadas en el contencioso administrativo aun así no cumplen la sentencia, es claro que el gobernado puede acudir al juicio de amparo, porque tal omisión se traduce ya en una violación al derecho de acceso a la justicia contenida en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al significar un obstáculo al derecho fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de una sentencia anulatoria. Así, vemos que el sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del particular consiste en que con tal omisión, con motivo del desacato a la decisión del tribunal administrativo, se le impide satisfacer el derecho que la sentencia reconoce u otorga a su favor, lo que puede ser subsanado mediante el juicio de amparo ante el carácter propio de las autoridades que fueron demandadas en el juicio contencioso administrativo y la vulneración al derecho a la administración de justicia que el artículo 17 de la Constitución General de la República consagra a favor de todos los gobernados. Consecuentemente, las dependencias públicas y sus auxiliares, demandadas ante un Tribunal Contencioso Administrativo, son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo indirecto en el que se controvierte la omisión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad dictada por aquél y, por ende, no se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 1/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página 894, registro 2000211, del rubro y texto siguientes: "DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y SUS AUXILIARES, DEMANDADAS ANTE UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE CONTROVIERTE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD. En atención a que de una sentencia firme derivada de un juicio contencioso administrativo surge un derecho subjetivo para el actor (gobernado) y la obligación correlativa para el demandado (autoridad) es claro que el incumplimiento de ésta permite la incoación del procedimiento para hacer cumplir la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio en que se hubiese declarado la invalidez del acto controvertido mediante el medio de defensa legal previsto por la ley que rige el acto para lograr el cumplimiento de aquella determinación. Por lo que, si a pesar de ello, no se cumple la sentencia, es claro que aquél puede acudir al juicio de amparo, porque tal omisión se traduce en una violación al derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al significar un obstáculo al derecho fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de una sentencia anulatoria. Consecuentemente, las dependencias públicas y sus auxiliares, demandadas ante un Tribunal Contencioso Administrativo, son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo indirecto en el que se controvierte la omisión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad dictada por aquél y, por ende, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo, porque a pesar de que la autoridad haya figurado como demandada en el juicio de origen ello no transforma la relación de supra a subordinación que los órganos del Estado guardan con los gobernados en una relación de coordinación, porque no pierden su calidad de autoridad y gobernado". Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 85/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 161652, del rubro y texto siguientes: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). La excepción al principio de igualdad procesal consagrado en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas al disponer que nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, no significa la posibilidad de incumplimiento a una sentencia condenatoria por parte de los órganos estatales, sino que parte de que la entidad estatal cumplirá voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, lo que así se señala en el segundo párrafo de dicho precepto, al establecer que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. Sin embargo, en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, dicha omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, pues se surten las condiciones para considerar al ente estatal como autoridad en virtud de que: a) Se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; b) Tal prerrogativa deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal; c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor; y d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En consecuencia, resulta infundada la causa de improcedencia invocada por la citada responsable. Por ello, como ninguna de las partes hizo valer diversa causa de improcedencia, ni se advierte alguna de oficio, se procede al estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Concepto de violación. Resultan infundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, en el que, sustancialmente, manifiesta que las omisiones reclamadas a la Sala Regional y al encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vulnera en su perjuicio el artículo 17 constitucional, porque desde la fecha en que adquirió firmeza la sentencia dictada en el juicio de nulidad no ha sido cumplida, lo que ha generado que exista dilación en la etapa de ejecución; aunado que la sala responsable cuenta a su alcance con un procedimiento específico para la ejecución de las sentencias, previsto en los artículos 52, 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. La parte quejosa reclama en este juicio: De la 1) Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez: La omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para que se cumpla con la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente 4626/19-15-01-1. Del encargado de la subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: La omisión de cumplir con la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente 4626/19-15-01-1. Antecedentes del asunto. De las constancias remitidas por la sala responsable, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se aprecia que: El uno de febrero de dos mil veintidós, inició, de oficio, el procedimiento previsto en el artículo 58, primer párrafo, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que la autoridad demandada acredite el cumplimiento dado a la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veinte, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondría una multa como medida de apremio. Auto emitido con anterioridad a la presentación de la demanda, esto es, diez de febrero de dos mil veintidós. Análisis del concepto de violación. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Así, tal precepto fija el derecho a la tutela jurisdiccional, la que comprende tres etapas, a las que atañen tres derechos: I. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; II. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, III. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. En esta última etapa se acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, por lo que las leyes locales y federales deben establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatorio el mismo. Lo anterior así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 151, registro 2015591, del texto siguiente: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales". Por otra parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificado por el Estado Mexicano el tres de febrero de mil novecientos ochenta y uno, relativo a la protección judicial, señala que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la Convención. Así también, establece el compromiso de los Estados Partes a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decida, entre otros, a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso; de lo que se advierte que el Estado Mexicano ha reconocido el acceso a la justicia como un derecho fundamental. Sin embargo, para que se concrete en la esfera jurídica de los gobernados, debe manifestarse en sus dos aspectos complementarios: uno, formal y, otro, material. En este último aspecto, el material, se refiere a la obligación de la autoridad de hacer cumplir sus resoluciones y, especialmente, cuando se trata de una sentencia definitiva o laudo que ha sido favorable a los intereses de alguna de las partes. De ahí que no sea posible sostener que se respeta el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, aunque se dé respuesta al justiciable en los términos de ley, si no se atiende al aspecto material o subgarantía de "ejecución de resoluciones" o de "justicia cumplida", que otorga a los gobernados el derecho a que los fallos dictados por las autoridades jurisdiccionales se notifiquen y cumplan cabalmente, pues, de estimar lo contrario, la prerrogativa constitucional y convencional de acceso a la justicia tendría sólo carácter adjetivo o procesal. Es aplicable al respecto la tesis 1a. CCXXXIX/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 284, registro 2018637, del texto siguiente: "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, en los que se consideró que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado consagre normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos medios. Posteriormente en los casos Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Furlan y Familiares Vs. Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos". Aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el cumplimiento de las sentencias. El veintiséis de octubre de dos mil veinte la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia dictó sentencia en el juicio 4626/19-15-01-1, a efecto de que el subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro del plazo de cuatro meses emitiera una resolución expresa en la que dando respuesta a la solicitud que se le formuló el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, ordenara de inmediato, que a la pensión del aquí quejoso, se le aplicaran los porcentajes de incremento del sueldo básico de los trabajadores en activo de la plaza en que se jubiló; luego, procediera a liquidar, en una sola exhibición, las diferencias procedentes. Para hacer cumplir la sentencia dictada en ese juicio ordinario, la responsable en auto de uno de febrero de dos mil veintidós, de oficio, inició el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dispone: "Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento". Es así que, conforme a la porción normativa transcrita, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe actuar de oficio o a petición de parte para asegurar el pleno cumplimiento de sus resoluciones, pero ello una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de la referida ley, esto es, de cuatro meses, a partir de la fecha en que la sentencia quede firme. Entonces, cumplido ese término, debe requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento que hubiere dado a la sentencia; de no hacerlo, decidirá si hubo incumplimiento injustificado y, en tal caso, le impondrá una multa como medida de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario -actualmente unidad de medida de actualización-, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada, para que la obligue a cumplir, apercibiéndola con multa también. Transcurridos los plazos otorgados, lo pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente a fin de que determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. Análisis de las omisiones reclamadas. La Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha observado las etapas que conforman ese procedimiento para doblegar la contumacia de la demandada para cumplir con las prestaciones a que fue condenada en la sentencia pronunciada el veintiséis de octubre de dos mil veinte. Y, por tanto, no vulnera el derecho fundamental de ejecución de sentencia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo alega la parte quejosa. Ello, toda vez que la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en auto de uno de febrero de dos mil veintidós, de oficio, inició el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que requirió al subdelegado de Prestaciones del referido Instituto para que, dentro del término de tres días, informara y demostrara que ha dado cumplimiento a la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veinte, con el apercibimiento que de no hacerle le impondrá como medida de apremio una multa. Como se ve, la Sala responsable ha cumplido, hasta el momento, con el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por tanto, la sala responsable no vulnera el derecho fundamental de ejecución de la sentencia a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Federal. Además, el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de cumplir con la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veinte, inició el quince de marzo de dos mil veintidós el procedimiento respectivo para realizar el cálculo correspondiente para determinar los montos relativos a la pensión por jubilación; lo que demuestra que la autoridad demandada ha realizado lo correspondiente para dar cumplimiento al fallo emitido en el juicio de nulidad; por ese motivo, contrario a lo considera la parte quejosa, sí se ha respetado el artículo 17 constitucional. De modo que, son inaplicables los diversos criterios invocados en los conceptos de violación de la manera pretendida por la parte quejosa. En consecuencia, al no existir queja que suplir, y al resultar infundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia solicitada. Precisión. No pasa inadvertido por este juzgado que el veintitrés de marzo de este año se agregó la ampliación del informe justificado del encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca (ISSSTE); sin embargo, como lo hizo casi en los mismos términos que el agregado en auto de nueve de marzo de este año, esto es, negando el acto que se le atribuye, se considera innecesario esperar a que transcurra el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Francisco Caballero Santiago, contra el acto precisado con el punto II del considerando segundo, reclamado al delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respectivamente, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia federal no ampara ni protege a Francisco Caballero Santiago, contra los actos precisados con los puntos I y III del considerando segundo, reclamados a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, y encargado de la subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 187/2022 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. 1. Informe. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo agréguese el oficio signado por el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca (ISSSTE), con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, mediante el cual amplía el informe justificado rendido en este expediente; con el mismo dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. 1.1. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de dicha autoridad responsable, la copia certificada de: a) Memorándum 68/2022 de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, signado por el abogado adscrito al Área de Amparos de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca (ISSSTE). b) Oficio de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, suscrito por la encargada de cumplimientos de expedientes de nulidad de la citada subdelegación. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 187/2022 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil veintidós. 1. Se agrega oficio. Agréguese el oficio signado por el secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en este municipio, mediante el cual remite el escrito del quejoso Francisco Caballero Santiago dirigido a este juicio de amparo. 1.1. Alegatos. Por ello, en atención al contenido del ocurso de la parte quejosa, se provee lo siguiente: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, y atento a la vista otorgada en autos, téngasele formulando alegatos, los cuales serán considerados en el momento procesal oportuno. 1.2. Domicilio, correos electrónicos, autorizado, número telefónico y pruebas. En cuanto al domicilio, correos electrónicos, autorizado, número telefónico y prueba que cita la parte quejosa en el ocurso de cuenta; hágase de su conocimiento que en auto admisorio de catorce de febrero de dos mil veintidós se acordó lo relativo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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