Francisco Ayala García
Expediente 458/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 458/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Ayala García
- Fiscalía General de la República, ciudad de México
Actuaciones
- Principal
PRAL 458/2021 MESA 3° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. Visto los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra la determinación de diecinueve de mayo del año en curso, en la cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 1.1. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la determinación relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso d) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 3.1. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 3.2. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda destruible. 4. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario(a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 5. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en su centro de reclusión. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.458/2021.MESA-3.W San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. 1. Diligencia de notificación. Vista la diligencia de notificación personal de diecisiete de mayo de este año, realizada por el actuario adscrito a este Juzgado al quejoso Francisco Ayala García, se advierte que, en atención a la prevención de cuatro de mayo de este año, realizó las manifestaciones siguientes: 2. Precisión del acto reclamado. Previo a acordar lo conducente a la admisión o no de la demanda de amparo, resulta pertinente precisar que del análisis integral de ésta y de la diligencia antes mencionada, se advierte que el quejoso reclama: La solicitud de la orden de aprehensión en su contra y su disposición ante el Ministerio Publico correspondiente. En esas condiciones, se provee: 3. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En el caso, como ya se precisó, el quejoso reclama la solicitud de la orden de aprehensión en su contra y su disposición ante el Ministerio Publico correspondiente, pues refirió en su escrito de demanda que no tiene conocimiento de alguna causa penal que se instruya en su contra o alguna orden de aprehensión; sin embargo, tuvo conocimiento a través de varios coprocesados que ha sido mencionado en los procesos que a aquéllos se les procesa, sin que haya sido notificado sobre algún proceso pendiente o averiguación previa o, en su caso, alguna orden de aprehensión; por ello, reclama la disposición ante el Ministerio Publico correspondiente De lo anterior, se advierte que la parte quejosa reclama actos verificados durante la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio o tradicional. Por ello, se determina desechar la demanda de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en le artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 21 constitucional. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Por otra parte, el referido artículo 21 constitucional establece: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. (.)". De lo transcrito se advierte que el Ministerio Público es una institución pública del Estado que realiza una función de protección social, es decir, tiene el deber de la tutela jurídica de los intereses del Estado y de la Sociedad. A dicha institución le corresponde ejercer la acción penal, si procediere, siempre que existan elementos para ello, iniciar la averiguación previa o la carpeta de investigación, a petición de parte o de oficio y allegarse en este período de investigación de los elementos o datos que presuman o acrediten la presunta responsabilidad del sujeto, en la comisión del ilícito o del hecho delictivo, para que esté en posibilidad legal de ejercer la acción penal. Así, la investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio o tradicional tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba o pruebas necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta de investigación o averiguación previa, el acuerdo de acumulación de diversas averiguaciones o carpetas o el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado, no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria (sistema acusatorio) o se ejerza la acción penal y se consigne la averiguación previa ante el juez correspondiente (sistema tradicional) o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. En tal virtud, las actuaciones del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal no transgreden los derechos sustantivos del gobernado de un modo directo e inmediato, a menos que en dicha actuación la autoridad ministerial ordene la privación de la libertad, posesiones o derechos. De tal manera que los actos desplegados en la integración de una la carpeta de investigación o averiguación previa, son en ejercicio del interés social, para la persecución de los delitos; por tanto, las actuaciones realizadas en el ejercicio de esa facultad, no pueden considerarse conculcatorias de derechos, partiendo de la base de que se trata de un derecho social, y no privado, que lo hace no ser susceptible de entrar a la esfera jurídica de los particulares, aun cuando se trate de los mismos a quienes se dirige la investigación; habida cuenta que de no ser así, se verían restringidas sus facultades exclusivas de las que fue dotado para actuar en representación de la sociedad; a menos que en ellas, como ha quedado asentando, se ordenara que se prive al quejoso de su libertad, de sus posesiones o derechos, o cuando acuda a consignar la carpeta de investigación o averiguación previa, en cuyo caso al decidir el juez del conocimiento sobre la procedencia de la acción ejercitada, sería en todo caso el momento en que se pudiera ver afectada la esfera jurídica del accionante de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.2o.P.50 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 47, octubre de 2017, tomo IV, página 2497, materia común, penal, registro 2015350, del rubro siguiente: "HECHO DE QUE ESA REPRESENTACIÓN SOCIAL ACUERDE SOBRE LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EJERCITA LA ACCIÓN PENAL Y SOLICITA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O AUDIENCIA PARA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE". De la tesis antes trascrita, el Tribunal de Alzada sustentante determinó que: a. La representación social puede solicitar la orden de aprehensión o citación, pero el amparo es improcedente contra tales actos pues no obstante que el Ministerio Público está facultado para realizar las diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, el desahogo de las mismas para ese fin, por sí mismo no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes. b. Sin embargo, se exceptúa lo anterior cuando en ellas se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos. Lo que no acontece en el caso, pues únicamente se reclama la solicitud de la orden de aprehensión en su contra y su disposición ante el Ministerio Publico correspondiente, lo que, en su caso, corresponderá a una autoridad judicial resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación podrá afectar la esfera jurídica del quejoso. También, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIII.P.A.32 P (10a.) sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y administrativa del Décimo Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Agosto de 2018, libro 57, tomo III, página 2987, materia común, penal, registro 2017560 del rubro siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLEN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS. Asimismo, la tesis 1a. CXXXV/2004 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Diciembre de 2004, página 351, registro 180028, del rubro siguiente: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Y la tesis (X Región) 2o.1 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2592, registro 2012423, del rubro siguiente: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO". En esas condiciones, los actos reclamados por la parte quejosa, consistentes en la solicitud de la orden de aprehensión en su contra y su disposición ante el Ministerio Publico correspondiente, no están contenidos entre los supuestos para la procedencia del juicio de amparo, sino que constituye una facultad concedida al Ministerio Público como representante social, prevista en el precepto 21 constitucional; por ende, el amparo enderezado en su contra es improcedente. En consecuencia, por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 12 constitucional, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Francisco Ayala García. 4. Precisión. No pasa desapercibido que la parte quejosa no desahogó los puntos b, c, d y e de la prevención realizado en auto de cuatro de mayo de este año; sin embargo, si precisó el acto reclamado, contra el cual quedó evidenciado que es improcedente el juicio de amparo, pues aun cuando, en su caso, se desahoguen las diversas prevenciones, se considera que no cambiaría el sentido de esta determinación, ya que aquéllos únicamente tienen la finalidad de establecer los antecedentes del acto reclamado y a quién se le atribuye; de ahí que el desahogo de la misma no haría procedente la admisión de la demanda. 5. Autorización. Por otra parte, se autoriza al actuario llevador de este asunto, a fin de que, con anuencia del Consejo de la Judicatura Federal, se traslade al Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS OAXACA", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lugar que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado, a efecto de notificar al quejoso Francisco Ayala García, este proveído. Notifíquese personalmente al quejoso en su centro de reclusión. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 458/2021-3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida el tres de mayo del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada en este Juzgado en esa misma fecha, promovida por Francisco Ayala García, contra actos de la Fiscalía General de la Republica, con sede en la Ciudad de México y de otra autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 458/2021. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al(a) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Prevención de la demanda. A fin de proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 114, fracción I, en relación con el 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa, a fin de que en el plazo de cinco días, contado a partir de su legal notificación, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables a: Fiscalía General de la República, con residencia en la Ciudad de México. Director o titular de mandamientos judiciales de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Todos los Juzgados del fuero común del Estado de Guanajuato, con residencia en Acambaro, Salvatierra, Celaya, Cortázar, Jerecuaro, Irapuato y León Guanajuato. Director o titular de mandamientos judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Y señaló como acto reclamado el siguiente: "consiste en solicitar el número de las órdenes de aprehensión y procesos legales en mi contra, en dichos juzgados de las entidades federativas". Por otro lado, precisa que no tiene conocimiento de alguna causa penal que se instruya en su contra o alguna orden de aprehensión; sin embargo, tuvo conocimiento a través de varios coprocesados, que ha sido mencionado en los procesos que a aquéllos se les procesa, sin que haya sido notificado sobre algún proceso pendiente o averiguación previa o, en su caso, alguna orden de aprehensión. Además, en el capítulo de conceptos violación solicita la protección constitucional para que las autoridades responsables den seguimiento y pongan a disposición de las autoridades correspondientes los diferentes procesos, averiguaciones previas, órdenes de aprehensión y las diferentes causas penales existentes a su nombre. En esas condiciones, se requiere a la parte quejosa para que, bajo protesta de decir verdad, indique: Concretamente cuál(es) es(son) el(los) acto(s) reclamado(s). Lo anterior, dado que señala como acto reclamado "solicitar el número de órdenes de aprehensión y procesos legales en su contra en los juzgados de las entidades federativas"; sin embargo, no especifica concretamente qué reclama, pues enseguida manifestó que se dé seguimiento y pongan a disposición de las autoridades correspondientes los diferentes procesos, averiguaciones previas, ordenes de aprehensión y las diferentes causas penales existentes a su nombre. Concretamente a qué autoridades le atribuye el acto reclamado y el carácter que les atribuye; es decir, deberá señalar la denominación completa y correcta de cada una de aquéllas. Pues señaló como responsables de forma genérica a autoridades, con residencia en la Ciudad de México, Michoacán y Guanajuato; así como a "todos los Juzgados del fuero común" de este último Estado, con residencia en diferentes ciudades; empero, no se aprecia concretamente la denominación concreta de esas autoridades. Lo anterior, toda vez que en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables y no este juzgador indagar los mismos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 153/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, libro setenta y dos, noviembre de 2019, tomo I, página 440, registro 2021029; del texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR". Asimismo, deberá indicar: Cómo tuvo comunicación con los que dice ser sus "coprocesados". Por qué señala autoridades de diversas entidades federativas. Si ya le hizo del conocimiento de su defensor y juez ante quien se instruye su causa penal de esa circunstancia. Irregularidades que deberá subsanar la parte quejosa, a fin de estar en aptitud de entablar correctamente la litis en este expediente, pues aunque este órgano jurisdiccional realizara una interpretación íntegra de la demanda de amparo, no sucede lo mismo para las demás partes, a las que se les deben de precisar, con claridad, cuál o cuáles son las autoridades responsables a quienes se atribuyen los actos reclamados; ello, en observancia al principio de igualdad de las partes procesales, con la finalidad de que defiendan la constitucionalidad del acto que se les reclama al rendir su informe justificado, y se integre la litis de manera correcta. Sustenta lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo LXV, foja 3192, registro 329080, que refiere: "ACTO RECLAMADO, APRECIACIÓN DEL. Los artículos 116 y 146 de la Ley de Amparo, indican que el legislador no quiso dar intervención alguna al juzgador, para interpretar la intención del quejoso, respecto de los actos reclamados, sino que al exigir que con toda precisión y exactitud se señalaran por el reclamante, no da lugar a que independientemente del texto de la demanda, el juzgador determine dichos actos". Así como la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo CVIII, página 393, registro 368564, que refiere: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA. El Juez de Distrito ante quien se presente la demanda, mandará aclararla, no sólo cuando el quejoso haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la Ley de Amparo, sino también cuando en ella encuentre alguna irregularidad; cuando no se hayan expresado con precisión el acto reclamado; o cuando no se haya exhibido las copias que señala el artículo 120 de la propia Ley, previniendo al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que correspondan, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades y deficiencias que deben llenarse para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo; en la inteligencia que si no lo hace se tendrá por no interpuesta la demanda. Es improcedente el agravio que se haga valer en el sentido de que no se previno al quejoso se hiciera la aclaración, con apercibimiento de que en caso de no hacerla, se tendría por no interpuesta la demanda, ya que el artículo 146 de la Ley de Amparo que es el que establece el procedimiento de aclaración de la demanda, no dispone que deba hacerse al promovente de la misma, tal apercibimiento." Y la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, noviembre de 1999, tomo X, foja 32, registro 192843, cuyo rubro es el siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD.ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUISTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA." 4. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que, de no cumplir con el requerimiento formulado dentro del plazo concedido, o de incurrir en evasivas, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. 5. Hechos falsos. Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa que la Ley de Amparo, en su artículo 261, fracción I, sanciona la afirmación de hechos falsos en relación con el acto reclamado, esto es, aportar datos que no le consten o los omita, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida; motivo por el cual se le exhorta que, al cumplir con el requerimiento antes formulado, se conduzca con verdad en relación al requerimiento antes realizado. 6. Autorización. Por otra parte, se autoriza al actuario llevador de este asunto, a fin de que, con anuencia del Consejo de la Judicatura Federal, se traslade al Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS OAXACA", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lugar que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado, a efecto de notificar y requerir al quejoso Francisco Ayala García, este proveído y las subsecuentes notificaciones personales que se ordenen. 7. Notificaciones personales y copia solicitada. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que, por encontrarse privado de su libertad, las notificaciones personales que se ordenen le serán efectuadas en el centro de su reclusión, haciéndose entrega de copia autorizada del acuerdo y, en su caso, anexos que deban notificarse; por tanto, le será proporcionada la copia correspondiente de este proveído. 8. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la situación de contingencia en que se encuentra este país, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo; asimismo, se le faculta emplear todas las formas de notificación (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Seguridad (actuario -a-). Para el caso del desahogo de alguna actuación personal, y dado que ello implicaría contacto personal, indíquese al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado que deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes la imparten, tal y como lo determina el acuerdo general 21/2020 ya multicitado. 10. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; y que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no el acceso a la información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley avocada; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de las resoluciones que se lleguen a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión publica a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni las obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 11. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa; únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 12. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 13. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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