Francisco Bautista Jacinto
Expediente 975/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 975/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Bautista Jacinto
Actuaciones
- Principal
PRAL.975/2022.MES-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de septiembre de dos mil veintidós. 1. Firmeza de resolución. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra la resolución de veintidós de agosto de dos mil veintidós, por la cual se desechó la demanda de amparo, no obstante su notificación el veinticuatro de ese mes. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo. Considerando que en resolución de veintidós de agosto de este año se desechó la demanda de amparo, y toda vez que en esta fecha queda firme, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso b), y 24 del acuerdo general en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo y en la carátula del expediente. 6. Instrucción a Secretaría. Finalmente, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.975/2022.MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida a través del módulo de demandas electrónicas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) el dieciocho de este mes, y turnada a este Juzgado el diecinueve siguiente, promovida por Abelardo Ojeda Vásquez, a favor de Francisco Bautista Jacinto, contra actos del presidente Municipal de Santiago Yolomécatl, Teposcolula, Oaxaca, y de otra autoridad; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 975/2022. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo 3. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, la ley en comento prevé la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero, aquello que no requiere de mayor demostración y que se advierte de manera clara y directa, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene certeza y plena convicción. En ese tenor, si bien existen diversas causas que generan la improcedencia del juicio de amparo, éstas no deben originar el desechamiento de la demanda, a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria, con la finalidad de no tramitar un juicio que, desde su promoción, se aprecia inútil, con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales; por esa razón, el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las hipótesis previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que lista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza y/o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio constitucional, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En el caso, del análisis de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3, 6 y 15, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la demanda presentada en línea se promueve por propio derecho con el nombre de Francisco Bautista Jacinto; sin embargo, se encuentra firmada electrónicamente por Abelardo Ojeda Vásquez, persona que se autoriza en dicha demanda en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; sin que se advierta la actualización de los supuestos que establece el artículo 109 de la misma ley, en los cuales no se requiere de firma electrónica. Ello, en atención a que la parte quejosa reclama del 1) presidente Municipal de Santiago Yolomécatl, Teposcolula, Oaxaca y 2) regidor de Obras de esa población, lo siguiente: Como se ve, dicho acto no es de aquéllos que puedan importar peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, que prevé el numeral 15 de la Ley de Amparo. Ahora, los artículos 107, Constitucional y los diversos numerales 3°, 5°, 6°, 15 primer párrafo, 61 y 108, de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. [.]" "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.[.] "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad [.] "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; [.]" Como se desprende del contenido de la anterior transcripción, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en relación con ello, el artículo 6º de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo solo puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma, acto u omisión que se reclama, esto es, seguirse siempre a instancia de parte agraviada. En tal sentido, la expresión de la voluntad en un procedimiento es, a través de la firma, formalidad indispensable tanto para darle curso como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales, y cuando no saben hacerlo o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego, asentándose tal circunstancia, pero imprimirán su huella dactilar, pues de lo contrario no existe la manifestación de voluntad del interesado; o en los casos previstos por la ley, podrá promoverse la demanda a favor o en representación de otra persona. Correlativo a ello, se precisa que en la normatividad del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cago del propio Consejo, en vigor el quince de junio de dos mil veinte, se establece el uso de las tecnologías de la información, sobre la base de generar certeza a las partes dentro de los juicios de amparo, y en específico, en los numerales 6, 16, 45 y 51, se prevé la utilización de la firma electrónica, de carácter personal e intransferible, como el conducto para acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para la promoción de demandas, recursos y promociones vía electrónica, en los cuales dicha firma tendrá los mismos efectos legales que la firma autógrafa. En este tópico es destacable lo previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en el sentido de que la firma electrónica que establezca el Poder Judicial de la Federación, será el medio de ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación como opción para enviar y recibir demandas, promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, y producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, lo cual se estima como un aspecto relevante precisamente para brindar mayor certeza a los justiciables y permita el uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a los órganos jurisdiccionales. De ahí que si la firma autógrafa o electrónica es un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley; produce ese mismo efecto para aquellas que se presenten con firma electrónica. Como ya se precisó, la demanda fue presentada vía electrónica, a través de la modalidad de "juicio en línea", sin embargo, carece de la firma electrónica del directo quejoso Francisco Bautista Jacinto, por lo que no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a los artículos 6° y 108, ambos de la Ley de Amparo, al carecer de ese requisito formal y esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos de promover ese medio de defensa extraordinario. Es así, debido a que la demanda de amparo fue presentada por medios electrónicos mediante la firma electrónica de una persona distinta al quejoso, en este caso, su autorizado en términos amplios; sin embargo, de conformidad con las consideraciones antes apuntadas, la firma electrónica que debió adjuntarse al documento es la del propio quejoso y no la de una diversa persona; salvo que ésta hubiera promovido como apoderado o representante legal, o como defensor particular del quejoso en una causa penal; lo que no acontece, pues el suscriptor de la demanda es la persona autorizada por el quejoso en términos amplios en el juicio. En esas condiciones, la presentación de la demanda en línea mediante el uso de una firma electrónica de una persona distinta a la parte quejosa, no puede subsanarse, pues no es una irregularidad de la demanda prevista por el artículo 114 de la Ley de Amparo, en tanto no se aprecia la voluntad del agraviado; por tanto, la demanda resulta improcedente. Sin que pase desapercibo que en la demanda se utilice la expresión de que se "promueve a favor del directo quejoso"; sin embargo, es preciso destacar que de conformidad con los artículo 6 y 15 de la Ley de Amparo, el principio de instancia de parte agraviada puede cumplirse cuando es el agraviado el que directamente insta al órgano jurisdiccional o, excepcionalmente, cuando se reúnan los siguientes supuestos de procedibilidad: 1. Se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. El agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, caso en el que podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En el caso, se reitera que no hay evidencia de que el directo quejoso Francisco Bautista Jacinto se encuentre en alguno de los supuestos previstos en los artículos 6 y 15 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no se ubica en los casos que expresamente contempla el segundo de los preceptos legales mencionados. Además, tampoco se advierte que el directo quejoso se encuentre imposibilitado para promover la demanda de manera directa, pues no se hizo ninguna referencia a ello en la demanda; por tal razón, se estima que estaba en aptitud de suscribir la demanda. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia de estudio prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 3, 6 y 15, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 8/2019, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 65, abril de 2019, tomo I, décima época, registro 2019715, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." Así como la diversa jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de registro 2018943, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 11 de enero de 2019, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano". Asimismo, se invoca, por identidad jurídica sustancial, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materia penal, tomo LXXIII, página 2076, registro 308286, del texto siguiente: "AMPARO PROMOVIDO A NOMBRE DE OTRO. El artículo 17 de la ley reglamentaria del juicio de amparo, previene que cuando se trata de actos que importen ataques a la libertad individual, fuera de procedimiento judicial, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona a su nombre, pero si se reclama un auto de formal prisión, esto hace presumir que existe un procedimiento judicial abierto en contra del quejoso, por lo que no se está en el caso del precepto citado, y si el que promueve el amparo no alega tener el carácter de defensor, debe desecharse la demanda que promueva". Criterio que se sustenta en la ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el recurso de queja 63/2020; en el cual precisó que solo en la hipótesis del artículo 15 de la Ley de Amparo, que establece que respecto de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales y el particular afectado está imposibilitado para promover el amparo por sí mismo, puede hacerlo cualquier persona en su nombre, aunque sea menor de edad; sólo que la tramitación del juicio está condicionada a que el quejoso ratifique la demanda presentada en su nombre. Acceso a la justicia. La actualización de la causal de improcedencia en estudio no implica negar el acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". 5. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que respecto a la a) atención al público, b) funcionamiento de oficialías de partes, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, entre otras cuestiones, deberá estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado y adicionado por su similar 16/2022. 6. Autorizado. Se tiene por autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, a Abelardo Ojeda Vásquez, por así solicitarlo y haberse encontrado registro de su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, como se hizo constar en la certificación de cuenta. 7. Notificación por correo electrónico. Por otra parte, el correo electrónico abogado.abelardo@hotmail.com proporcionado en la demanda de amparo no reúne los requisitos previstos en los artículos 3º y 24, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; sin embargo, dado el sentido de la determinación emitida en líneas anteriores, y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, por única ocasión, se autoriza dicho medio para que el actuario judicial realice la notificación de este auto. En el entendido, que deberá de acusar de recibo, en el término que prevé el artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo (por identidad jurídica); y en caso de no hacerlo, el actuario levantará la razón correspondiente. 7.1. Se requiere a la parte quejosa. Con independencia de lo anterior, se le requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de su notificación, señale domicilio en esta población o zona conurbada de la ciudad de Oaxaca, para recibir notificaciones. O bien, si a sus intereses conviene, en términos del artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, puede solicitar que las notificaciones que deriven de este juicio de amparo se le realicen vía electrónica, pero a través de un usuario electrónico creado mediante registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; por lo cual, deberá proporcionar a este Juzgado el usuario que autorice para ello y solicitar expresamente la notificación electrónica. Con apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun de carácter personal se le realizarán mediante lista de acuerdos, en términos del precepto 26, fracción III, de la Ley de Amparo 8. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; con la precisión que tratándose de la resolución que se llegue a dictar, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 9. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la finalidad de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 10. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 11. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 12. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese por única ocasión por correo electrónico a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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