Francisco Bolaños Carmona
Expediente 486/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 486/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 07/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Francisco Bolaños Carmona
- Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Mich.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
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Morelia, Michoacán, siete de junio de dos mil veintidós. SE ORDENA ARCHIVO, NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede de la que se advierte que en este juicio no existe actuación pendiente por desahogar; con fundamento en los artículos 12 y 18 fracción I, inciso b),del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo, al tratarse de un juicio de amparo en el que en una parte se sobreseyó y en otra, se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. ORIGINAL DEL INCIDENTE Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. ANOTACIONES Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. DUPLICADO DEL INCIDENTE En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Finalmente, en relación al billete depósito que obra en la caja de seguridad de este juicio relacionado con este expediente, no se hace mayor pronunciamiento dado que lo conducente se acordó en auto de trece de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fe.Rcl
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Morelia, Michoacán, trece de mayo de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA SOBRESEE Y NIEGA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se SOBRESEEYÓ y NEGÓ el amparo promovido por Francisco Bolaños Carmona; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. BILLETE DE DEPÓSITO En otro orden de ideas, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que relacionado con este juicio de amparo, obra en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, el billete de depósito N863402 valioso por la cantidad de $3,800.00 (tres mil ochocientos pesos 00/100 monada nacional), a nombre del quejoso Francisco Bolaños Carmona, el cual fue exhibido a fin que continuará surtiendo efectos la suspensión provisional concedida en el incidente de suspensión relativo a este juicio. Por tanto, al causar ejecutoria en esta pieza procesal el fallo emitido en este juicio; hágase saber a la mencionada quejosa, que una vez que transcurran los seis meses que el artículo 156 de la Ley de Amparo, concede a la parte tercero interesada a efecto de hacer efectiva la mencionada garantía, podrá solicitar la devolución de la mencionada cédula bancaria. En el entendido que, para el supuesto de que al actualizarse los seis meses referidos en el párrafo anterior, aún persista la contingencia y medidas sanitarias vigentes, se deberá previamente realizar una llamada al teléfono de guardia de este juzgado (4431053743) a efecto de que sea informada del procedimiento que requiere para la entrega del indicado billete de depósito. Hecho lo anterior, deberá obtener una cita para ingresar a las instalaciones de este Juzgado Federal mediante código QR, en atención a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado el virus COVID-19, efecto de obtener endosados las indicadas cédulas bancarias. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la mencionada quejosa, que de no recoger los indicados billetes de depósito durante los dos años posteriores a que surta efectos la notificación de este proveído, con fundamento en el artículo 50, de la Ley de Tesorería de la Federación, prescribirá ese billete de depósito a favor del erario federal y se realizará la orden de transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 486/2020-IV, promovido por Francisco Bolaños Carmona, contra actos que reclama del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Francisco Bolaños Carmona, por su propio derecho, promovió demanda de amparo contra los siguientes actos: "IV. ACTOS O ACTOS RECLAMADOS: 1.-La ilegal orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra decretada por la autoridad responsable ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la autoridad ejecutora, tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades responsables. 2.- Lo constituye la orden de aprehensión, dictada en mi contra por las autoridades ordenadoras fuera de todo procedimiento legal y reclamo la inminente ejecución que de la misma pretenden cumplimentar las autoridades señaladas como ejecutoras. En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, y por auto de veintiséis de agosto de dos mil veinte, se proveyó sobre la admisión de la demanda, proveído en el que se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, cabe señalar que en acuerdo de tres de noviembre de dos mil veinte se declaró la inexistencia de las autoridades responsables 1) Director de investigación y Análisis, 2) Jefe de Grupo y 3) Primer y Segundo Comandantes, todos de la policía ministerial del Estado, Zitácuaro, Michoacán, por lo que se ordenó suspender toda comunicación con las mismas. TERCERO. Celebración de la audiencia constitucional y adscripción de nuevo titular. La audiencia constitucional en el presente asunto se celebró en términos del acta que antecede, misma que se desahogó por el Licenciado Leonel López Pérez, Secretario en Funciones de Juez de Distrito. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Registro digital: 2022487 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 16 Tipo: Jurisprudencia "SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la forma en que un secretario en funciones de Juez de Distrito debe justificar que actúa con tal carácter al dictar sentencias, llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala basta con que el secretario mencione que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que para la Segunda Sala es necesario que en la sentencia se transcriba el documento que autoriza al secretario para fungir como Juez de Distrito. Criterio jurídico: La calidad de secretario en funciones de Juez de Distrito al dictar una sentencia, se justifica cuando éste menciona en la antefirma de la resolución que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para actuar con ese carácter. Justificación: La sola manifestación de esa autorización goza de la presunción de certeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para autorizar al secretario del juzgado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en la ausencia del titular, y dichas actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública. Lo anterior se refuerza en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta última, no prevén mayores formalidades para el ejercicio de tal encomienda; esto, sin menoscabo de que el quejoso, en su caso, pueda demostrar la ilegalidad de tal actuación. Cabe destacar que mediante oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó la adscripción del licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, como titular de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, lo que se hizo del conocimiento de las partes mediante acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintiuno, por tanto será dicho juzgador quien dicte en este asunto la resolución que en derecho proceda; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La orden de aprehensión dictada el diecisiete de agosto de dos mil veinte, en contra del ahora quejoso Francisco Bolaños Carmona, dentro de la causa penal 258/2020, del índice del Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán, por su probable intervención como autor material, en el hecho que la ley señala como delito, consistente en homicidio en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 22, 71, 117, 122 y 135, inciso b), del Código Penal para el Estado de Michoacán, y su ejecución. La precisión apuntada obedece a que no obstante en su demanda de amparo el quejoso señaló genéricamente como acto reclamado "la orden de aprehensión y/o detención" e incluso reclamó "la orden de aprehensión dictada fuera de procedimiento", orden privativa de la libertad que atribuyó a la totalidad de las autoridades responsables; sin embargo, atendiendo al sentido en que se rindieron los informes justificados, de autos se advierte que el acto efectivamente combatido lo es el mandamiento de captura señalado en los términos anteriormente precisados, atribuido a la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, al rendir su respectivo informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, tal afirmación se corrobora con las constancias así como con el disco compacto relativo a la causa penal 258/2020, que la jueza responsable hizo llegar al juicio de amparo; medio de convicción que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, por ser un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Aunado a lo anterior, resulta aplicable las tesis que se reproducen en seguida: Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por otro lado, debe señalarse que la diversa autoridad responsable Fiscal Regional de Zitácuaro, Michoacán, omitió rendir su informe justificado, aun cuando quedó debidamente notificada del acuerdo en el que se requirió su desahogo, tal como se advierte del acuse respectivo que obra en autos; por ende, con fundamento en el artículo 117, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se presume la certeza del acto que le fue reclamado en su calidad de autoridad ejecutora, consistente precisamente en el cumplimiento de la orden de aprehensión dictada en perjuicio del quejoso. Máxime que como ya se adelantó, en autos quedó plenamente demostrada la existencia de la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso Francisco Bolaños Carmona, dentro de la causa penal 258/2020, por la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro; la cual, en términos del artículo 8º, fracción XX, de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Michoacán, debe cumplirse por los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Regional correspondiente. De ahí que si el Jueza de Control que expidió la orden de aprehensión que se reclama se ubica en la Región de Zitácuaro, por ende, le corresponde al personal adscrito a la Fiscal Regional de Zitácuaro, Michoacán, su ejecución. Luego, al demostrarse qué autoridades fueron las que en realidad intervinieron en la emisión del acto reclamado y su ejecución, conduce a la necesaria consecuencia de declarar la inexistencia de los actos de autoridad atribuidos al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, y al Fiscal General del Estado de Michoacán. Máxime que al rendir sus respectivos informes justificados, ambas autoridades negaron la existencia de dichas actuaciones, sin que el quejoso haya cumplido con la carga de desvirtuar esa negativa, ni la de demostrar la intervención de las citadas responsables en el acto que les imputó. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, por cuanto a dichas autoridades se refiere. Orienta lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial. Época: Sexta Época Registro: 804176 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Volumen XLIII, Primera Parte, página 181 Materia(s): Común "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, pues en el caso opera la segunda de las hipótesis contempladas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, que se refiere a que el plazo de quince días para presentar el juicio de amparo comenzará a contarse al día siguiente en el que el quejoso manifestó haber tenido conocimiento del acto que se reclama, lo cual aconteció el diecinueve de agosto de dos mil veinte, según se advierte de los antecedentes narrados por el promovente bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda. Lo cual, incluso, se corrobora con el contenido de la audiencia en la que se decretó la orden de aprehensión reclamada, de la que se obtiene que el quejoso no había sido conducido a la causa penal de origen. Máxime que no existe constancia alguna que controvierta tales manifestaciones. A más de que, en atención a los principios pro persona y pro actione, consignador en los artículos 7º y 17 constitucionales, debe privilegiarse, en el casi, la procedencia de la acción constitucional. En esos términos, el plazo para presentar la demanda de amparo comenzó a correr a partir del veinte de agosto de dos mil veinte y concluyó el nueve de septiembre del mismo año, término del cual se descuentan los días inhábiles correspondientes a sábado y domingo. Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el veintiuno de agosto de dos mil veinte; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, pues tal presentación aconteció dentro del término con que contaba para la promoción de la demanda. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En razón de que las partes no hicieron valer causas de improcedencia, y de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, procede entrar al examen de la inconstitucionalidad planteada. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X ´De las sentencias´, del título primero ´Reglas generales´, del libro primero ´Del amparo en general´, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Antecedentes. Previo al estudio del análisis de fondo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de origen, para una mejor comprensión del asunto. Con motivo de la investigación de los hechos acontecidos aproximadamente a las doce horas con treinta minutos del cinco de agosto de dos mil veinte, en la entrada de la brecha que conduce al parque industrial (lugar conocido como Cerro Ajugerado, Contepec, Michoacán), presumiblemente constitutivos del delito de homicidio en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 22, 71, 117, 122 y 135, inciso b), del Código Penal para el Estado de Michoacán, probablemente cometidos por el aquí quejoso Francisco Bolaños Carmona, en contra del tercero interesado Rubén Rodríguez Escamilla, los agentes del Ministerio Público investigadores, ante la necesidad de cautela que quedó demostrada en autos, derivado de la presunción consistente en que el quejoso se sustrajo de su domicilio habitual, solicitaron a la Jueza de Control decretara orden de aprehensión en contra del referido investigado. En consecuencia, mediante audiencia privada de diecisiete de agosto de dos mil veinte, celebrada dentro de la causa penal 258/2020, del índice de la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, se decretó la orden de aprehensión solicitada por los agentes ministeriales, al concluir que indiciariamente se demostraron hechos constitutivos de delito, así como la probable responsabilidad del aquí quejoso y la necesidad de cautela. Siendo esta determinación la que constituye la materia del acto reclamado. OCTAVO. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que se advierta que exista materia sobre la cual suplirlos en su deficiencia, como lo autoriza el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En su demanda de amparo el quejoso medularmente sostiene que la orden de aprehensión librada en su contra transgrede sus derechos establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que: 1) la misma se emitió fuera de procedimiento, al no haberse dictado por autoridad competente dentro de juicio, y sin que se respetaran las formalidades esenciales del procedimiento; 2) además que carece de fundamentación y motivación, en la medida en que no se demostró la existencia del cuerpo del delito que se le atribuye ni su probable responsabilidad. Al respecto insiste en que se violentaron las formalidades esenciales del procedimiento en su perjuicio, toda vez que en contravención al principio de contradicción que debe imperar en los juicios de índole penal, no se le permitió alegar o presentar pruebas de descargo respecto del delito del que se le acusó. Como ya se adelantó, son infundados esos planteamientos. Ello toda vez que la orden de aprehensión que reclama cumple los requisitos exigidos por el tercer párrafo del artículo 16 constitucional para su dictado ?que es el precepto que rige en nuestra Carta Magna, los requisitos de la orden de captura reclamada? y, contrario a lo señalado por el quejoso, se emitió dentro de un procedimiento jurisdiccional en el que se respetaron las formalidades aplicables. Sin que en el caso constituya un requisito indispensable para su expedición el haber respetado el derecho de audiencia previa del quejoso, por constituir una medida que proviene de la necesidad de cautela ante la imposibilidad de localizarlo y conducirlo al proceso penal. En efecto, el artículo 16, párrafo tercero, constitucional, establece lo siguiente: "Artículo 16. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". Asimismo, los numerales 141, fracción III, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: [.] III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. [.]". "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión. En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control". "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia. El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. [.]". Conforme al marco legal al que se ha hecho mención, se desprende que para el libramiento de una orden de aprehensión deben reunirse los siguientes requisitos: Que sea emitida por autoridad judicial. b) Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. c) Que de lo actuado aparezcan datos suficientes que acrediten el cuerpo del delito que se impute al indiciado, así como su probable responsabilidad en la comisión del ilícito. Asimismo, de la ley reglamentaria invocada se obtiene que la orden de aprehensión se emitirá por la autoridad jurisdiccional a petición del Ministerio Público, en audiencia privada y con la única asistencia de dicha autoridad ministerial, en la que se valorará si en la carpeta de investigación correspondiente, obran datos que permitan demostrar que se ha cometido el hecho constitutivo del delito y la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en su comisión. Dicho numerales también indican que en la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público deberá especificar el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Por otro lado, al prever los elementos del injusto, conviene invocar el contenido de los numerales 22, 71, 117, 122 y 135, inciso b), del Código Penal para el Estado de Michoacán, en los que se encuentra previsto y sancionado el delito de homicidio en grado de tentativa, que presuntivamente se le imputa al aquí quejoso. "Artículo 22. Tentativa punible Únicamente es punible el delito cometido en grado de tentativa acabada que haya puesto en peligro al bien jurídico tutelado. Existe tentativa acabada, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando totalmente los actos ejecutivos de deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, y aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente." "Artículo 71. Punibilidad de la tentativa. A quien resulte responsable de la comisión de un delito cometido en grado de tentativa se le aplicará de seis meses hasta las dos terceras partes de la pena correspondiente al delito doloso consumado que el sujeto activo quiso realizar. En la aplicación de las consecuencias jurídicas señaladas en este artículo, el juez tomará en consideración, además de lo previsto en el artículo 65 de este Código, el mayor o menor grado de aproximación a la consumación del delito y la magnitud del peligro al que fue expuesto el bien jurídico." "Artículo 117. Homicidio simple. A quien prive de la vida a otra persona, se le impondrá de quince a treinta años de prisión." "Artículo 122. Homicidio calificado A quien cometa el delito de homicidio calificado se le impondrá una pena de veinte a cincuenta años de prisión." "Artículo 135. Circunstancias calificativas El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometen con ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña o en estado de alteración voluntaria. I. Existe ventaja: (.) b) Cuando el sujeto activo es superior por las armas empleadas, por su mayor destreza en el manejo de éstas o por el número de personas que intervengan con él;" En los preceptos legales invocados se establece la punibilidad de los delitos cometidos en grado de tentativa, la cual se configura ante la realización total de los actos encaminados a producir la afectación al bien jurídico tutelado, pero que no queda consumada por causas ajenas a la voluntad de dicho sujeto activo. Penalidad que será de seis meses hasta las dos terceras partes de la pena correspondiente al delito de que se trate en caso de que se hubiese consumado. Asimismo, es pertinente precisar que en dichos numerales la pena para el delito de homicidio calificado consiste en veinte a cincuenta años de prisión, el cual se distingue del delito de homicidio simple por la existencia de determinadas conductas realizadas por el sujeto activo en la comisión de dicho ilícito, entre las que atendiendo al caso en concreto conviene hacer mención de la ventaja, misma que entre otros supuestos se configura cuando el sujeto activo cuenta con superioridad sobre su víctima en virtud de las armas empleadas para pretender cometer el injusto. Una vez establecido el marco normativo que debe atenderse en el caso en concreto, es oportuno reseñar lo acontecido en la audiencia privada de orden de aprehensión de diecisiete de agosto de dos mil veinte, desahogada en la causa penal 258/2020. A. Los Agentes del Ministerio Público encargados de la investigación de los hechos acontecidos el cinco de agosto de dos mil veinte, presumiblemente constitutivos del delito de homicidio en grado de tentativa, cometidos por el aquí quejoso Francisco Bolaños Carmona, en contra del tercero interesado Rubén Rodríguez Escamilla, solicitaron a la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, girara orden de aprehensión contra el citado investigado, por su probable responsabilidad en la comisión de dicho ilícito, para lo cual realizaron una relación de los hechos imputados, sustentados en los medios de prueba correspondientes y expusieron las razones que consideraron suficientes para actualizar las exigencias señaladas en la ley para librar dicha orden de captura. B. En ese sentido, dicha representación social anunció que en la carpeta de investigación obraban datos que acreditaban la comisión de los hechos constitutivos del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado con pena privativa de libertad por los artículos 22, 71, 117, 122 y 135, inciso b), del Código Penal para el Estado de Michoacán, así como la probable responsabilidad del aquí quejoso Francisco Bolaños Carmona, entre los cuales se señalaron, de manera relevante, los siguientes medios de convicción: Noticia criminal de cinco de agosto de dos mil veinte, realizada por el elemento de la Policía de Investigación Mario Tapia Castellón, en Maravatio, Michoacán, en la que se señaló que siendo las trece horas con treinta minutos, se recibió una llamada de emergencia en la que se reportó que en la comunidad de Cerro Agujerado del Municipio de Contepec Michoacán, se encontraba un vehículo abandonado con impactos de arma de fuego, Marca Mazda, Línea Mazda 3, Color Negro, con placas de circulación NLA105 para el Estado de México, por lo que el equipo interdisciplinario se trasladó al lugar de los hechos. Inspección al lugar de los hechos de cinco de agosto de dos mil veinte, elaborada por la perito Diana Karen Garduño Rivera, en la que hizo constar que una vez constituida en la comunidad de Cerro Agujerado del Municipio de Contepec Michoacán, en específico en el acceso carretero a dicha comunidad, encontró un vehículo Marca Mazda, Línea Mazda 3, Color Negro, con placas de circulación NLA105 para el Estado de México, de cuya inspección física advierte daños como fragmentación de armas de fuego y un orificio en el vidrio de la ventanilla izquierda, conectado con un diverso orificio en el área de instrumentos y en la salida del aire acondicionado al nivel del volante, así como diversos fragmentos de vidrio sobre los asientos; además de tres casquillos de arma de fuego al exterior de dicho vehículo. Denuncia del aquí tercero interesado Rubén Rodríguez Escamilla de cinco de agosto de dos mil veinte, presentada en contra del aquí quejoso Francisco Bolaños Carmona, en la que manifestó que en esa misma fecha, salió de su trabajo aproximadamente a las doce horas con veinte minutos en compañía de Fernando Rodríguez Jiménez y Juan Carlos Ramírez Galindo. Que abordaron su vehículo Marca Mazda, Línea Mazda 3, Color Negro, con placas de circulación NLA105 para el Estado de México, siendo él quien iba manejando, al ir circulando por la avenida Juárez del Municipio de Contepec Michoacán se encontró de frente con un vehículo de la marca Chevrolet, Tipo Cruise, Color Gris, conducido por Francisco Bolaños Carmona, quien en ese momento lo amenazó de muerte y los comenzó a seguir. Así expuso, que en ese momento inició una persecución por diversas calles de dicho municipio durante la cual se reiteraron las referidas amenzadas, la cual culminó en una comunidad denominada Cerro Agujerado, pues a casi cien metros de la brecha que conduce al parque industrial tuvo que bajar la velocidad de su vehículo al faltarle aire a uno de sus neumáticos. Que en ese momento Francisco Bolaños Carmona les dio alcance, sacó un arma de fuego y disparó primero en dos ocasiones en contra de su vehículo de lado izquierdo, momento en el que frenó totalmente la marcha y se hizo del lado derecho, es decir del lado del copiloto, escuchando en ese instante un balazo en la ventanilla de su lado el cual se impactó en el tablero de dicha unidad vehicular, señalando que en ese momento eran aproximadamente las 12:30 horas. Entrevista a Fernando Rodríguez Jiménez de seis de agosto de dos mil veinte recabada por el elemento de la Policía de Investigación Mario Tapia Castellón, quien narró los mismos hechos manifestados por la víctima en similares condiciones de tiempo, modo y lugar. Entrevista a Juan Carlos Ramírez Galindo de seis de agosto de dos mil veinte realizada por el referido elemento de la Policía de Investigación, quien narró los mismos hechos manifestados por la víctima con análogas condiciones de tiempo, modo y lugar. Entrevista a Rubén Rodríguez Jiménez, padre de la víctima, aquí tercero interesado, Rubén Rodríguez Escamilla, quien refirió en lo que aquí trasciende que el investigado Francisco Bolaños Carmona lo ha amenazado de muerte a él y a su familia, dado que en dos ocasiones le ha ganado la presidencia municipal de Contepec, Michoacán, pues reiteradamente le ha manifestado que lo iba a matar a él o a alguien de su familia. Entrevista a la víctima Rubén Rodríguez Escamilla, de diez de agosto de dos mil veinte recabada por el elemento de la Policía de Investigación Mario Tapia Castellón, en la que manifestó que varias personas del municipio de Contepec, Michoacán, le han informado que el investigado, aquí quejoso, se fue de dicha población después de la comisión de los hechos que se investigan y que desconoce en donde se podía encontrar esa persona. Parte informativo de los elementos policiacos que se constituyeron en el domicilio del investigado Francisco Bolaños Carmona ubicado en avenida Juárez del municipio de Contepec Michoacán, con motivo de los manifestado por la víctima, en el que señalaron que tocaron varias veces en dicho inmueble, sin que alguien acudiera a su llamado. Que posteriormente indagaron entre los vecinos del lugar sobre el paradero de dicho investigado, entrevistándose con Víctor Hugo Martínez Colín y Leonel de Jesús Padilla, quienes fueron coincidentes en informar que no han visto al referido investigado en los últimos días, a pesar de que antes lo veían regularidad y que únicamente han visto a su esposa y a sus hijos. Entrevista a Pablo Maldonado Saucedo de ocho de agosto de dos mil veinte, recabada por el elemento de la Policía de Investigación Mario Tapia Castellón, quien en su calidad de testigo de los hechos, manifestó que se encontraba trabajando como albañil en la comunidad de Cerro Agujerado del Municipio de Contepec Michoacán, junto con su "chalán" José Luis Aquino, cuando vio que se aproximaban muy rápido un carro negro y detrás de él un carro de color gris. Que al lado de donde estaban trabajando había un camino de terracería en el que dio vuelta el primero de dichos vehículos y se detuvo, que el carro gris también paró su marcha y que en ese momento escuchó tres disparos de pistola, que el carro negro se quedó parado y el carro gris se fue del lugar. Entrevista a José Luis Aquino Macedonio de ocho de agosto de dos mil veinte recabada por el mismo elemento de la Policía de Investigación, quien fue coincidente en señalar que se encontraba trabajando como albañil en la comunidad de Cerro Agujerado del municipio de Contepec, Michoacán, cuando vio que pasó un carro negro y detrás de él un carro de color gris. Que el primero de dichos vehículos dio vuelta hacía un camino de terracería que estaba a un lado de donde estaban trabajando, se detuvo y en ese momento escuchó tres disparos de pistola emitidos por un conductor del carro gris, quien en ese instante se fue del lugar. Dictamen pericial en mecánica de hechos, de doce de agosto de dos mil veinte, realizada por la perito Diana Karen Garduño Rivera, en la que refirió que el mismo proyectil que impacto en la ventanilla del conductor del vehículo Marca Mazda, Línea Mazda 3, Color Negro, con placas de circulación NLA105 para el Estado de México, está conectado por el impacto que se encuentra entre el tacómetro y la salida del aire acondicionado del citado vehículo. Además que dicho proyectil hubiese impactado al conductor del vehículo en la parte anterior del cuello y del hombro, si este no hubiese realizado la maniobra defensiva consistente en recostarse sobre el lado derecho del vehículo, es decir, sobre las piernas del copiloto. Informe médico sobre anatomía de cuello, de trece de agosto de dos mil veinte realizado por el Doctor Juan González Padilla, quien señaló que en dicha parte del cuerpo se encuentran estructuras anatómicas de vital importancia, tales como el paquete vascular del cuello, entre las que se encuentran líneas sanguíneas como la carótida y los nervios que animan al corazón y ambos pulmones, glándulas y tiroides, los cuales en caso de ser dañadas pondrían en riesgo la vida. C. Al atender la petición formulada por los Agentes del Ministerio Público, la jueza responsable determinó que en el caso se actualizaban los requisitos precisados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para expedir una orden de aprehensión del investigado como una forma de conducirlo al procedimiento. Ello toda vez que en principio existía una denuncia presentada por el aquí tercero interesado Rubén Rodríguez Escamilla sobre hechos constitutivos de delito, el cual se clasificó de manera preliminar por los Agentes del Ministerio Público como homicidio en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 22, 71, 117, 122 y 135, inciso b), del Código Penal para el Estado de Michoacán, ilícito que en tiene pena privativa de libertad en términos de lo establecido en la misma legislación. Asimismo, al valorar los medios de prueba ofrecidos y desahogados por los Agentes del Ministerio Público en términos del artículo 265 de la norma nacional adjetiva, la jueza penal concluyó que eran suficientes para establecer de manera racional que el hecho denunciado ocurrió en los términos precisados por la propia víctima. Lo anterior en la medida en que los hechos narrados en la denuncia presentada por Rubén Rodríguez Escamilla, así como en las recabadas a Fernando Rodríguez Jiménez y Juan Carlos Ramírez Galindo, fueron medularmente coincidentes. A más de referirse las mismas condiciones de modo, tiempo y lugar, información que se calificó como creíble, al no existir hasta ese momento algún otro medio de convicción que permitiera demeritarla. Aunado a ser congruente con el resto de los datos arrojados por los actos de investigación realizados. Ello porque tales declaraciones se corroboraron en principio, con los datos plasmadas en la inspección realizada el cinco de agosto de dos mil veinte, elaborada por la perito Diana Karen Garduño Rivera, quien asentó que en el lugar de los hechos se encontró el vehículo Marca Mazda, Línea Mazda 3, Color Negro, con placas de circulación NLA105 para el Estado de México, el cual presentaba daños por el impacto de un arma de fuego, así como tres casquillos percutidos; así como de las declaraciones realizadas por Pablo Maldonado Saucedo y José Luis Aquino Macedonio en su calidad de testigos. De igual forma, dio especial relevancia a lo manifestado por Rubén Rodríguez Jiménez, padre de la víctima, en el sentido de que el investigado, aquí quejoso Francisco Bolaños Carmona, lo ha amenazado de muerte a él y a su familia en reiteradas ocasiones, por problemas políticos. Al haber quedado demostrados, al menos indiciariamente, los elementos facticos expuestos por el Agente Ministerial, la jueza responsable concluyó que Francisco Bolaños Carmona, aquí quejoso, intentó privar de la vida a Rubén Rodríguez Escamilla, al accionar un arma de fuego contra del vehículo que él tripulaba, impacto que pudo haber generado daños vitales a la víctima, toda vez que tal como se advertía de la mecánica de hechos ofrecida como medio de prueba, se obtiene que atendiendo a la trayectoria del proyectil, se pudo haber generado un impacto a la altura del cuello y del hombro de la víctima, en la que se encuentran estructuras anatómicas de vital importancia. Asimismo refirió que la intención del investigado de privar de la vida a Rubén Rodríguez Escamilla, no se logró en la medida en que este último realizó una maniobra de defensa al recostarse sobre el lado del copiloto y agacharse sobre sus piernas. Enseguida, la responsable concluyó que los actos descritos se encuentran clasificados como homicidio en grado de tentativa previsto y sancionado con pena privativa de libertad por los artículos 22, 71, 117, 122 y 135, inciso b), del Código Penal para el Estado de Michoacán, en la medida en que se utilizó un arma para privar de la vida a una persona, acto ejecutivo que se realizó en su totalidad, es decir, de manera acabada, y el cual no se llevó a cabo por circunstancias ajenas al sujeto activo; precisando también que se actualizó el elemento de ventaja, en la medida en que el sujeto activo contaba con un arma de fuego, mientras que de autos no se advierte que la víctima de encontrara en posesión de un artefacto similar. Por otro lado, la jueza penal aseveró que la probable responsabilidad del investigado, aquí quejoso, quedó demostrada con lo manifestado por la víctima en el sentido de que conoce al sujeto activo de casi toda la vida y que este ha amenazado reiteradamente a su familia, identidad que incluso se corroboró durante la persecución que tuvo verificativo antes del accionamiento del arma de fuego. Lo cual además se corroboró por sus acompañantes Pablo Maldonado Saucedo y José Luis Aquino Macedonio. Finalmente, por lo que ve a la necesidad de cautela que justifica la emisión de la orden de aprehensión reclamada, la responsable determinó que del parte informativo rendido por los elementos policiacos que se constituyeron en el domicilio del investigado Francisco Bolaños Carmona, se advertía que dichos elementos se entrevistaron con vecinos de dicha persona, quienes fueron coincidentes en manifestar que el aquí quejoso se había ido del municipio y que hace días que no lo veían; información que la responsable estimó que si bien podía ser subjetiva, en autos no obraba medio de prueba que indicara lo contrario. En ese sentido, ateniendo a la conducta asumida por el referido quejoso y tomando en consideración la forma en que se cometieron los hechos delictivos, la jueza responsable determinó que tales datos permitían suponer de manera razonable que en caso de ser necesario Francisco Bolaños Carmona no acudiría ante la autoridad jurisdiccional; por lo que con fundamento en los artículos 141, fracción III, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se decretó la orden de aprehensión solicitada. (Hasta aquí se describe el acto reclamado.) En el contexto apuntado, se advierte que, contrario a lo aseverado por el quejoso en sus conceptos de violación, la orden de aprehensión que pretende combatir no constituye una orden privativa de libertad emitida fuera de procedimiento. Lo afirmado, en la medida en que se dictó en audiencia privada de diecisiete de agosto de dos mil veinte, celebrada dentro de la causa penal 258/2020, del índice de la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro. De igual forma, en ella se observaron las formalidades aplicables para una audiencia de esta naturaleza, establecidas en los artículos 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen que la orden de aprehensión se emitirá por la autoridad jurisdiccional a petición del Ministerio Público, en audiencia privada y con la única asistencia de dicha autoridad ministerial, en la que se valorará si en la carpeta de investigación correspondiente, obran datos que permitan demostrar que se ha cometido el hecho constitutivo del delito y la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en su comisión. Asimismo, al dictarse la orden de aprehensión apuntada también se respetaron las formalidades establecidas para tal efecto en el numeral 141, fracción III, de la misma legislación. Eso porque, como se aprecia de las constancias reseñadas, a dicha orden privativa de libertad precedió una denuncia presentada por Rubén Rodríguez Escamilla sobre un hecho señalado como delito por la ley, sancionado con pena privativa de libertad, a saber, el delito de homicidio en grado de tentativa, previsto en los artículos 22, 71, 117, 122 y 135, inciso b), del Código Penal para el Estado de Michoacán, realizado en su contra por el aquí quejoso Francisco Bolaños Carmona. Además que la jueza responsable acertadamente concluyó que en el caso en concreto quedó demostrada, al menos indiciariamente, la existencia de los hechos constitutivos de dicho ilícito, así como la probable responsabilidad de Francisco Bolaños Carmona. Ello al valorar los medios de prueba que hasta ese momento obraban en la causa penal, que a consideración de quien resuelve, satisfacen el estándar probatorio requerido para la emisión del mandamiento de captura. En tanto que para su dictado no es menester que se acrediten fehacientemente los elementos del cuerpo del delito y la responsabilidad del quejoso en su emisión, sino que basta que, como en el caso, existan indicios en su comisión. En tal sentido, la jueza penal también explicó el alcance convictivo que le concedió a cada medio de prueba, así como la manera que tales datos de prueba le permitieron arribar a la conclusión racional de que tales hechos delictivos efectivamente acontecieron en la realidad, así como la actualización de los elementos constitutivos el ilícito en estudio; de ahí que contrario a lo aseverado por el quejoso, el acto reclamado no carece de fundamentación y motivación. Con esas bases, es dable concluir que la jueza responsable al resolver la solicitud de orden de aprehensión que se le formuló actuó apegado a derecho, en la medida en que decretó dicha pena privativa de libertad, atendiendo a las reglas aplicables para tal efecto. Además de que de manera fundada y motivada justificó al menos, de manera indiciaria la acreditación de los hechos constitutivos del delito, la actualización del tipo penal investigado y la probable responsabilidad del aquí quejoso. Cabe precisar que opuesto a lo que alega el quejoso, en el caso no resulta exigible a la jueza responsable el requisito consistente en permitirle al quejoso alegar o presentar pruebas de descargo respecto del delito del que se le acusó, pues la legislación aplicable indica que el libramiento de una orden de aprehensión podrá realizarse en audiencia privada sin la presencia del quejoso. Lo cual no implica violación a los derechos fundamentales del quejoso, dado que la orden de aprehensión reclamada no implica de ninguna manera la imposición de pena alguna, sino que constituye un acto provisional que no amerita haberse dictado previa observancia de la garantía de audiencia previa. Máxime que el ahora quejoso en este momento procesal ya se encuentra en posibilidad de conocer los fundamentos y motivos que sirvieron para librarle la orden de aprehensión y alegar al respecto. Tan es así que promovió demanda de amparo en su contra. De ahí que sí existe la posibilidad de que el Ministerio Público solicite, sin la presencia del imputado o su defensor, órdenes de aprehensión, ante la necesidad de cautela respecto del investigado. En tal sentido dicha orden de captura constituye un acto provisional distinto a la imposición de una pena privativa de la libertad, pues se trata de una medida provisional que tiene como finalidad conducir al quejoso al proceso penal. De ahí que es claro que en el caso, no constituye un requisito indispensable para su dictado la observancia de la garantía de audiencia previa. Por ello, al existir en el caso razones suficientes para girar orden de aprehensión contra el quejoso, pues el delito que se le imputa merece pena privativa de libertad y medió petición del Ministerio Público en términos de lo establecido en el artículo 141 del citado Código Procedimental Penal. Luego, es dable afirmar que fue correcta la decisión de la autoridad judicial de girar orden de aprehensión contra el quejoso. En las relatadas consideraciones, ante la ineficacia del único concepto de violación formulado y al no advertirse violación de derechos fundamentales que amerite la concesión del amparo en los restantes aspectos del acto reclamado, respecto a los cuales no esgrimió motivo de inconformidad. Por tanto, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal al quejoso Francisco Bolaños Carmona, en relación con el acto reclamado a la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, consistente en la a orden de aprehensión dictada el diecisiete de agosto de dos mil veinte, en contra del ahora quejoso Francisco Bolaños Carmona, dentro de la causa penal 258/2020. Negativa que se extiende al acto de ejecución atribuido al Fiscal Regional de Zitácuaro, Michoacán, al impugnarse en vía de consecuencia y no por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO.- Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por Francisco Bolaños Carmona, por cuanto hace a las autoridades responsables y actos señalados en el considerando tercero de esta sentencia, por las razones ahí expuestas SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Francisco Bolaños Carmona, contra el acto reclamado a la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, consistente en la a orden de aprehensión dictada el diecisiete de agosto de dos mil veinte, en contra del ahora quejoso Francisco Bolaños Carmona, dentro de la causa penal 258/2020, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el último considerando de este fallo; y su ejecución. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Genaro Hernández Arteaga, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintidós de diciembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
- Principal
Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 486/2020 promovido por Francisco Bolaños Carmona contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Regional de Morelia y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. CERTIFICO: Que el Fiscal Regional de Zitácuaro, Michoacán, fue omiso en rendir su informe Justificado no obstante habérsele solicitado con la oportunidad debida como se desprende del acuse de recibo correspondiente; asimismo, que en proveído de tres de noviembre de dos mil veinte, se ordenó tener por inexistentes al "DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS, JEFE DE GRUPO, PRIMER Y SEGUNDO COMANDANTES, TODOS DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO, ZITÁCUARO, MICHOACÁN", y se ordenó suspender toda comunicación con las mismas. Así también, que dentro del presente juicio de amparo se encuentran emplazados como terceros interesados víctima directa Rubén Rendón Escamilla y los agentes del Ministerio Público adscritos a la causa penal de origen. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede y en relación a la omisión apuntada, continúese con el desarrollo de la presente audiencia ya que ello no es un obstáculo para su conclusión. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, Michoacán. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Zitácuaro, Michoacán. Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que el juez de Zitácuaro, Michoacán, adjuntó como sustento de su informe la documental y disco compacto, pruebas que se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que tanto la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado como el tercero interesado, los formularon mediante pedimento y escrito presentados respectivamente, el siete de diciembre de dos mil veinte y diez de mayo de dos mil veintiuno. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 43, PÁRRAFO SEGUNDO Y 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 26 DE MAYO DE 1995, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN V, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO; AUTORIZACIÓN QUE FUE NOTIFICADA MEDIANTE OFICIO CCJ/ST/2634/2021, SIGNADO POR EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LIC. LEONEL LÓPEZ PÉREZ SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. LIC. MARBELLA JUÁREZ GARCÍA.
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