Francisco Antonio Matías González
Expediente 699/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 699/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 21/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Francisco Antonio Matías González
- Presidente Municipal de Morelia, Michoacán y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de junio de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA SOBRESEE Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en la que se SOBRESEYÓ el amparo promovido por Francisco Antonio Matías González; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE ORDENA ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 699/2020, promovido por Francisco Antonio Matías González, contra actos del Presidente Municipal de Morelia, y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno el mismo día, Francisco Antonio Matías González, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra actos de las autoridades que señaló en su libelo constitucional. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de treinta de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por las autoridades señaladas como responsables, registrándose con la misma con el número de expediente 699/2020; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo su diferimiento en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama actos de autoridades del orden administrativo circunscritas al territorio sobre el que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Conforme lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", este órgano jurisdiccional precisa el acto que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, conforme la lectura íntegra de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, el cual consiste en: I. El incumplimiento por omisión de las autoridades responsables a su obligación de promover, garantizar, proteger y respetar nuestro derecho humano al agua en términos de las disposiciones constitucional, convencionales y legales; el acceso y la disposición del agua de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. TERCERO.- INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe justificado las autoridades señaladas como responsables, negaron la existencia de los actos que la parte quejosa les atribuyó. CUARTO. SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Por lo que respecta a los actos señalados que consisten en la omisión de promover, garantizar, proteger y respetar el derecho humano al agua, en términos de las disposiciones constitucional, convencionales y legales; es decir al acceso y la disposición del agua de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, reclamados al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, Michoacán, al Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, se advierte su inexistencia. En efecto, al tratarse de actos de naturaleza omisiva, cabe realizar la distinción entre estos y los negativos, dada la litis planteada en el presente juicio. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que la diferencia entre ellos radica en que los estados de inacción no están conectados con alguna razón que suponga el incumplimiento de un deber, mientras que las omisiones sí. Esto es, las cosas que simplemente no hacemos no tienen repercusiones en términos normativos; en cambio, otras cosas que no hacemos, pero que teníamos el deber de hacer, constituyen omisiones. De igual manera, estableció que para determinar la certeza de los actos omisivos debe acudirse, en principio, a las normas legales que prevén su competencia para verificar si está obligada a realizar esa conducta. Es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que el quejoso indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Es aplicable por identidad de razón, la tesis 1a. XXIV/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: Registro digital: 196080 Instancia: Primera Sala Novena Época Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 1a. XXIV/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo VII, Junio de 1998, página 53 Tipo: Aislada. "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos". De lo anterior se advierte que para que se actualice un acto de carácter omisivo atribuido a determinada autoridad, deben concurrir dos elementos: 1) que a dicha autoridad le asista la obligación de hacer conforme lo dispuesto en las disposiciones legales que prevén su competencia y 2) que adopte una conducta pasiva ante dicha obligación. Cobra especial relevancia la diferenciación de los conceptos aludidos, en atención a que los actos reclamados en el juicio de origen, al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, Michoacán y Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, consiste en la omisión de prestar los servicios suficientes, aceptables, asequibles y continuos de agua potable al quejoso. Empero, para acreditar la existencia de un acto de esa naturaleza -omisivo-, es necesario que se encuentre acreditado que las responsables tienen el deber jurídico de acatar o hacer lo pedido por los quejosos. De tal modo que, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados -omisivos-, se advierte que no existe abstención por parte de las responsables referidas de suministrar con normalidad y suficiencia los servicios de agua potable ni de su supervisión, respectivamente, ya que éstas no se encuentran legalmente compelidas a realizarlo. Al respecto, los numerales 379, 382, 392, 394, 407 y 408 del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo, señalan a la letra lo siguiente: "ARTÍCULO 379.- El fraccionador estará obligado a costear por su cuenta todas las obras de urbanización, que le señale la autorización definitiva, incluyendo, en su caso, la construcción de camellones, jardinería; forestación de las áreas verdes y superficies de área de donación que para el efecto se hayan transmitido en favor del Ayuntamiento. (.) ARTÍCULO 382.- Obtenida la autorización del Desarrollo o desarrollo en condominio, el fraccionador queda obligado a iniciar las obras de urbanización en un plazo que no podrá exceder de sesenta días, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se le notifique dicha autorización. Si vencido el plazo, no se han iniciado dichas obras, se podrá revocar la autorización. (.) ARTÍCULO 392.- El infractor (sic) tendrá las obligaciones siguientes: (.) II. Ejecutar por su cuenta, en tiempo y especificaciones, las obras de urbanización que le correspondan de acuerdo al proyecto definitivo del Desarrollo o desarrollo en condominio que le haya autorizado el Ayuntamiento; (.) VI. Cubrir los gastos de conservación, mantenimiento y operación de las obras de urbanización y de los servicios que le correspondan, por el periodo comprendido entre la ejecución de dichas obras y la municipalización del Desarrollo o desarrollo en condominio; (.) ARTÍCULO 394.- El fraccionador mientras no municipalice el Desarrollo, o en su caso, un desarrollo en condominio, estará obligado a: I. Prestar los servicios de vigilancia; II. Suministrar con normalidad y suficiencia los servicios de agua potable y alumbrado público; III. Mantener en condiciones de funcionalidad el sistema de alcantarillado sanitario; IV. Prestar con eficiencia el servicio de limpia; y, V. Cuidar y conservar las áreas verdes. (.) ARTÍCULO 407.- La municipalización es el acto formal mediante el cual se realiza la entrega por parte del fraccionador al Ayuntamiento de los bienes inmuebles, áreas de donación, equipo e instalaciones destinados a los servicios públicos y de las obras de urbanización de un Desarrollo, y en su caso, desarrollo en condominio, que cumpliendo con lo dispuesto en la autorización definitiva, se encuentren en posibilidad de operar suficiente y adecuadamente, permitiendo al Ayuntamiento en la esfera de su competencia, prestar los servidos públicos necesarios. En el caso de los servicios de suministro de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial, las instalaciones se entregarán directamente a las dependencias correspondientes. ARTÍCULO 408.- Sólo el Ayuntamiento será competente para municipalizar un Desarrollo, y en su caso, desarrollo en condominio, por lo que cualquier acto, contrato o convenio que se celebre por parte del fraccionador con la asociación de colonos u otra persona física o moral, que contravenga esta disposición, no relevará al fraccionador del cumplimiento de sus obligaciones. (.)." (subrayado añadido). De la normatividad previamente citada, se obtiene lo siguiente: Que el fraccionador está obligado a costear por su cuenta todas las obras de urbanización para la autorización definitiva, ejecutando por su cuenta, en tiempo y especificaciones de las mismas y de los servicios que le correspondan por el periodo comprendido entre la ejecución de dichas obras y la municipalización del Desarrollo o desarrollo en condominio. Así, mientras no se municipalice el desarrollo o el desarrollo en condominio, el fraccionador estará obligado a suministrar con normalidad y suficiencia los servicios de agua potable y alumbrado público, entre otros. También se advierte que la municipalización es el acto formal mediante el cual se realiza la entrega por parte del fraccionador al Ayuntamiento de los bienes inmuebles, áreas de donación, equipo e instalaciones destinados a los servicios públicos y de las obras de urbanización de un desarrollo, y en su caso, desarrollo en condominio, que cumpliendo con lo dispuesto en la autorización definitiva, se encuentren en posibilidad de operar suficiente y adecuadamente, permitiendo al Ayuntamiento en la esfera de su competencia prestar los servicios públicos necesarios. Así, advertimos que, por lo que corresponde a la autoridad responsable Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, Michoacán, mientras no se municipalice la entrega de los bienes inmuebles e instalaciones destinados a los servicios públicos, incluido el de agua potable, es el fraccionador el que está obligado a suministrarlos y no el Organismo citado. De esta manera, se advierte que la normatividad no le establece una obligación a la autoridad responsable citada para actuar de la manera en que afirman los quejosos, esto es, de prestar servicios suficientes, aceptables y continuos de agua potable en un desarrollo en condominio que no se ha municipalizado, porque esa obligación, mientras no se realice la entrega formal, recae directamente en el fraccionador. Por lo que ve al acto reclamado al Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, la legislación tampoco le impone esa obligación. Para ello se precisa que el artículo 155 del citado Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 155.- Los ayuntamientos, supervisarán la ejecución de los proyectos y vigilarán en todo tiempo que las obras públicas, privadas y demás actividades dentro de su jurisdicción, estén de acuerdo con programas de desarrollo urbano y la normatividad. Para el otorgamiento de licencias o permisos diversos al desarrollo urbano, los ayuntamientos previamente verificarán en su caso, que los inmuebles cumplan la normatividad de desarrollo urbano y no se encuentren en los supuestos del artículo anterior." Como se advierte, tal numeral prevé la obligación al Ayuntamiento del Municipio de Morelia de supervisar los proyectos y vigilar que las obras públicas, privadas y demás actividades dentro de su jurisdicción estén de acuerdo con los programas de desarrollo urbano y la normatividad. Sin embargo, dicha disposición no le finca la obligación expresa de supervisar que el fraccionador esté surtiendo el servicio de agua potable con normalidad y suficiencia. Sin que la interpretación que se realice a la norma pueda llegar al extremo de imponerle obligaciones inexistentes a una autoridad, cuando el legislador no lo precisó de esta manera. Pues es claro que la finalidad de la norma es la vigilancia de los programas de desarrollo urbano, relacionados con las obras públicas, privadas y las actividades que se encuentran afines con éstas, pero no de la vigilancia o supervisión de surtir los servicios de agua potable; ello, al menos, mientras no se municipalice. De esta manera, no es posible revisar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria de las autoridades referidas, si no existe la obligación que de las responsables citadas se acusa, ello debido a que, como ya quedó establecido, no cuentan con atribuciones para ello, hasta en tanto no se realice la municipalización o entrega formal de los servicios e instalación para brindarlos por parte del fraccionador. Atento a lo anterior, y dado que no existen las omisiones objeto de análisis, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de la Materia, respecto de los actos reclamados al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y al Ayuntamiento ambos del Municipio de Morelia . A mayor abundamiento, del análisis de las constancias que integran el juicio de amparo que nos ocupa, aparece que por auto de ocho de julio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional le reconoció el carácter de tercero interesada a la persona moral Hogares Herso, Sociedad Anónima de Capital Variable; para lo cual en ese mismo auto se ordenó su emplazamiento. Sin embargo, virtud a las razones expuestas en autos del presente juicio de amparo, no fue posible llevar a cabo el emplazamiento respecto de la tercero interesada Hogares Herso, Sociedad Anónima de Capital Variable; motivo por el cual en auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, previos requerimientos formulados a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio del tercero interesado de marras, se inició el procedimiento de investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, para lo cual se giraron diversos oficios al Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado, Subdelegación Metropolitana del Instituto Mexicano del Seguro Social, Suministrador de Servicios Básicos de la Comisión Federal de Electricidad, Gerencia Divisional Zona Michoacán, Teléfonos de México, sociedad anónima de capital variable, todos con residencia en esta ciudad; sin que alguna de las autoridades requeridas haya proporcionado algún domicilio de la tercero interesada en cuestión. No obstante, una vez consultada la página de internet www.hogaresherso.com.mx/contacto/ se constató como posible domicilio el ubicado en la calle Miguel Arreola Hidalgo, número 177, colonia Ocolusen, en esta ciudad, por lo que en auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós, se ordenó su emplazamiento en dicho domicilio, sin que haya sido posible realizar su respectivo emplazamiento. En consecuencia, en auto de catorce de marzo de dos mil veintidós, se ordenó emplazar a la tercero interesada, a través de edictos que se publicarían a costa de la parte quejosa, por tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República, requiriéndose en dicho proveído a la parte impetrante del amparo, para que dentro del término de veinte días, contados a partir del siguiente al en que quedara debidamente notificada de ese auto, compareciera a recoger los edictos respectivos, a fin de que procediera a su publicación, o bien, dentro del mismo término manifestara el impedimento legal o material que tuviere para ello, apercibiéndole que de no hacerlo, se celebraría la audiencia constitucional en su perjuicio, lo cual no hizo tal y como se desprende de la certificación relativa asentada en la audiencia que antecede. De lo anterior, se pone de relieve, que en la especie se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 63 fracción II, de la Ley de Amparo, si se tiene en consideración que no obstante de haber pretendido llevar a cabo el emplazamiento de la tercero interesada Hogares Herso, en los domicilios que se allegaron al sumario, no fue posible realizar dicha diligencia, por las razones ya expuestas en párrafos precedentes; de modo que, una vez agotado el procedimiento de investigación a que se refiere el penúltimo de los preceptos legales invocados, se ordenó emplazar a la tercero interesada, a través de edictos a costa de la parte impetrante, los cuales no fueron recogidos, ni tampoco acreditado la imposibilidad económica alguna para su publicación, no obstante haberle requerido para ello. Situación, la anterior, de la cual se colige que la parte quejosa ha incumplido con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento, derecho protegido y elevado a rango constitucional en términos del segundo párrafo del artículo 14 de la Carta Magna; lo que hace que el suscrito no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio de garantías en que se actúa, dado que, pese al requerimiento formulado a la parte quejosa no compareció a recoger los edictos relativos para emplazar al tercero interesado, ni a acreditar la imposibilidad económica que tuviera para ello. Luego, es de considerarse que en el caso particular, se actualiza la causal de sobreseimiento en cita, pues con la no publicación de los edictos ordenados, los que incluso no compareció a recoger, queda paralizado el juicio de amparo, con lo cual se entorpece la administración de justicia, al retardarse la solución del conflicto, lo que contraviene lo establecido por el artículo 17 constitucional, ya que tal circunstancia no es atribuible a este órgano jurisdiccional, sino a la parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, como es en este caso, la parte quejosa. Sirve de apoyo a la presente determinación, la jurisprudencia que a la letra dice: Época: Décima Época Registro: 2013988 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: I.10o.P.1 K (10a.) Página: 2702 "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, TRAMITARLOS Y ENTREGARLOS AL ÓRGANO JURISDICCIONAL SIN CAUSA RAZONABLE, ACTUALIZA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo dispone la posibilidad de decretar el sobreseimiento en el juicio cuando el quejoso incumple con los principios de prosecución judicial e interés procesal, al no entregar al órgano jurisdiccional los edictos para su publicación, cuando deban practicarse y no acredite la causa razonable de su omisión, en términos del artículo 27 de la propia ley. De esta forma, se advierte que el legislador determinó en ese sentido el sobreseimiento en el juicio directamente, pues para requerir al quejoso la entrega de esos edictos, éste debió haberlos recogido, tramitado y, en consecuencia, entregado al juzgado, quien ordenó su emisión; hipótesis que la anterior legislación de la materia no preveía; de ahí que respecto al tema, con antelación a esta nueva causa de sobreseimiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", catalogó a dicha hipótesis, no como una causal autónoma de sobreseimiento, sino de improcedencia. Así, atento a que el sobreseimiento directo a que se refiere el numeral 63, fracción II, aludido, se incluyó con el propósito de subsanar la laguna existente en la ley abrogada, se considera adecuado aplicar esa causal ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que surgen para el quejoso cuando se ordena un emplazamiento por edictos (recoger y tramitar), y no solamente para el caso de que éstos no sean entregados para su publicación -que es la única acción establecida expresamente por la ley-, pues cualquier omisión del quejoso que impida efectuar la notificación a través de edictos, evidencia su falta de interés para la continuación del juicio. Sin que en el caso se hubiese procedido en términos del artículo 27 fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, toda vez que, como quedó de manifiesto la parte quejosa ni siquiera compareció a recoger los edictos para su publicación. En tales condiciones y con apoyo además en el artículo 63, fracción II de la ley de la materia, lo que procede es SOBRESEER en el presente juicio de garantías promovido por Francisco Antonio Matías Gonzalez, contra actos del Presidente Municipal de Morelia y otra autoridad. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Francisco Antonio Matías González, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, veinte de abril de dos mil veintidós. SE DA CUENTA CON AUTOS Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de veinte días que se concedieron al quejoso en auto de catorce de marzo de dos mil veintidós, a fin de que comparezca a este juzgado a recoger los edictos y exhiba las gestiones hechas para la publicación de los mismos a fin de emplazar al tercero interesado HOGARES HERSO. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fesvm
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POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE ACUERDO DE 14/MARZO/2022: Morelia, Michoacán, catorce de marzo de dos mil veintidós. SE DA CUENTA CON AUTOS. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, fin de que proporcionara el domicilio correcto y actual de la tercero interesada personal moral Hogares Herso, a la fecha a fenecido, sin que hubiera hecho manifestación alguna al respecto. SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, por lo que se ordena emplazar a juicio mediante edictos a costa de la parte quejosa a la tercero interesada Hogares Herso, de conformidad con lo dispuesto en 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a Ley de Amparo, los cuales contendrán una relación sucinta de la demanda y se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación, y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República, donde se haga saber al tercero interesado, que deberá comparecer ante este juzgado dentro del término de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación; asimismo, se ordena fijar en la puerta de este juzgado una copia íntegra de este auto por todo el tiempo del emplazamiento; si pasado dicho término, no comparecen a este juzgado, se seguirá el juicio en su rebeldía y se le harán las subsecuentes notificaciones por lista que se fijará en los estrados de este juzgado. SE DEJAN EDICTOS A DISPOSICIÓN DE LA PARTE QUEJOSA. Consecuentemente, a partir de esta data se dejan a disposición de la parte quejosa, en la secretaría de este juzgado, los edictos de que se trata, a efecto de que dentro del término de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede notificado del contenido del presente proveído, realice lo siguiente: Comparezca ante este juzgado a recoger tales edictos; Los entregue para su publicación; y, Acredite ante este órgano jurisdiccional dicha entrega, esto es, que efectuó todas las gestiones tendientes a la publicación, mediante la exhibición de la constancia de pago correspondiente. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a los puntos señalados, dentro del término precisado, o bien, manifieste y acredite la imposibilidad que tenga para tal efecto, se sobreseerá en el presente juicio de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.), que derivó de la contradicción de tesis 120/2015, cuyo rubro, texto y datos de identificación se citan a continuación: Décima Época Núm. de Registro: 2009915 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 27/2015 (10a.) Página: 27 EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fe. E D I C T O. HOGARES HERSO. POR MEDIO DEL PRESENTE SE LE NOTIFICA, QUE EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MORELIA, ADMITIÓ LA DEMANDA DE AMPARO, PROMOVIDA POR FRANCISCO ANTONIO MATÍAS GONZÁLEZ CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MORELIA Y OTRA AUTORIDAD, REGISTRÁNDOLA BAJO EL NÚMERO VII-699/2020 Y QUE DENTRO DEL MISMO SE LE SEÑALÓ COMO TERCERO INTERESADA, POR LO QUE DEBERÁ COMPARECER POR SÍ O POR CONDUCTO DE QUIEN ACREDITE SER SU APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL, DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO, LA QUE DEBERÁ HACERSE POR TRES VECES, DE SIETE EN SIETE DÍAS, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y EN UNO DE LOS PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN DE LA REPÚBLICA; EN EL CONCEPTO QUE DE NO COMPARECER, LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, SE LES HARÁN POR LISTA; ASIMISMO SE LE NOTIFICA QUE SE ENCUENTRAN SEÑALADAS LAS DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ATENTAMENTE MORELIA, MICHOACÁN A 14 DE MARZO DE 2022 LA SECRETARIA DEL JUZGADO. LIC. MARBELLA JUÁREZ GARCÍA. SELLO AL CALCE CON LA LEYENDA "JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. MORELIA, MICH." CON EL ESCUDO NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. svm
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