Francisco Damian Rocha

Expediente 703/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 30 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
703/2020
Año
2020
Actuaciones
30
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • Francisco Damian Rocha
  • Actuaria adscrita al Jugado de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, Especializada en Violencia Familiar y Violencia Contra la Mujer en Razón de Género, de este Distrito Judicial

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de abril de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. VISTOS; por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa que es a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución de dieciocho de febrero del año en curso, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se NEGÓ el juicio de amparo promovido por FRANCISCO DAMIÁN ROCHA; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase la devolución un tomo de pruebas consistente consistentes en copia certificada del expediente 122/2019 de su índice, que la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia Auxiliar en Materia Oral Familiar, Especializada en Atención de Violencia Familiar y Violencia Contra la Mujer por Razón de Genero del Distrito Judicial de Morelia, adjuntó a su informe, sin ser necesario acuse de recibo de las mismas, toda vez que el sello de recepción hace las veces de acuse de estilo. ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, incisos b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLES DE DEPURARSE, en razón de haberse sobreseído en una parte y negado en otr el amparo y protección de la justicia federal; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. DESTINO DE INCIDENTES. En relación con el original y duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), y 21, inciso c), del Acuerdo en mención, destrúyanse los mismos; el original transcurridos tres años, y el duplicado seis meses del periodo de conservación, ambos dentro de los treinta días siguientes, el cual será contado a partir de esta propia fecha, en razón de haberse negado tanto la suspensión provisional como la definitiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  2. Principal

    MEDIANTE LISTA NOTIFICO A VERÓNICA SELENE GONZÁLEZ CORTÉS,EN CUANTO TUTORA ESPECIAL DE LOS MENIORES DE INCIALES AADO Y MDO O BIEN A LAS PERSONAS QUE ACTUALEMENTE ESTÉN SUPLIENDO A LASA DIVERSAS TUTORAS MARTHA PATRICIA RODRÍGUEZ VILLAFUERTE Y VERONICA SELENE GONZÁLEZ CORTÉS, Y A JOSÉ FIDEL ZAMUDIO GARCÍA, TUTOR ESPECIAL DE LOS MENORES DE INCIALES AADO Y MDO, LO SIGUIENTE: SRM V I S T O S los autos, para resolver el juicio de amparo I-703/2020, promovido por Francisco Damián Rocha contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Oral Familiar especializado en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer, por Razón de Género, del Distrito Judicial de Morelia; y Actuario de su adscripción; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito depositado el veintinueve de octubre de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y recibido en este órgano jurisdiccional el treinta siguiente, Francisco Damián Rocha, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades referidas, así como de los actos que precisó en el propio ocurso, que consideró violatorios en perjuicio de sus garantías y derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Mediante auto de tres de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo indirecto, se ordenó requerir su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención debida al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Casandra Atenea Ortiz Fraga. Por acuerdo de doce de enero de dos mil veintiuno, se tuvo al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formulando alegatos. Mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento de los diversos terceros interesados, los menores de iniciales A.A.D.O., y M.D.O., así como la designación del representante especial de los menores. Por auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo al Delegado Regional de la Defensoría Pública Federal designando como representante especial de los citados infantes terceros interesados a Santiago Orozco Valencia, asesor jurídico federal adscrito a esa Delegación. En acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de tercera interesada a Verónica Selene González Cortés, al ser tutora especial de los menores y se ordenó su emplazamiento. A las diez horas del veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, tuvo lugar la celebración de la audiencia constitucional misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior por tratarse de una demanda de amparo en materia familiar, promovida contra actos de autoridades con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción este órgano federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados por el quejoso en la presente instancia constitucional, consisten en: I. Del Juez de Primera Instancia en Materia Oral Familiar especializado en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer, por Razón de Género del Distrito Judicial de Morelia: a) El proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, en el cual se decretó a su cargo la pensión alimenticia a favor de los menores de iniciales A.A.D.O., y M.D.O., por la cantidad de $3,080.40 (tres mil ochenta pesos 40/100 moneda nacional); y, b) El acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veinte, en el cual se le requirió al demandado, aquí quejoso, para que voluntariamente cumpliera con el pago de la pensión alimenticia decretada a su cargo, mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, en el cual se le apercibió para que, en caso de no hacerlo, a petición de parte, se procedería a su ejecución forzosa. La precisión apuntada obedece a que el quejoso en su escrito inicial de demanda si bien solo señaló expresamente como acto reclamado el contenido en el inciso b); sin embargo, de su lectura integral y de las constancias que la autoridad responsable anexó a su informe justificado (tomo de pruebas I), se advierte que su inconformidad la hace valer, entre otras cosas, en el sentido de que la pensión alimenticia provisional es desproporcional. En ese aspecto, se hace notar que la citada pensión a favor de los menores de iniciales A.A.D.O., y M.D.O., se decretó por el Juzgado responsable mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, por ende, se considere tal proveído como reclamado por el quejoso. II. De la Actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia en Materia Oral Familiar especializado en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer, por Razón de Género del Distrito Judicial de Morelia. c) La ejecución del acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veinte. Lo anterior se reconoce de esa manera, porque aún y cuando en el rubro de "acto reclamado", no precisó de manera literal la ejecución del proveído apuntado, también lo es que de la lectura integral de la demanda se advierte que sí refiere que no está de acuerdo con la ejecución del citado acto reclamado, así como que la orden de embargo precautorio es desproporcional. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables Juez de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, Especializado en Violencia Familiar contra la Mujer, Razón; y, Actuaria de su adscripción, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, tal afirmación se corrobora con las copias certificadas del expediente oral familiar 122/2019, que la autoridad responsable ordenadora remitió en apoyo a su informe justificado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, al tratarse de un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Aunado a lo anterior, resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. ANÁLISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador de oficio, antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes; por lo que, previamente al estudio del fondo del asunto, debe examinarse si en el caso se surte alguna causa de improcedencia, con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo. I. Este Juzgador advierte que en contra del acuerdo señalado con el inciso a), consistente en el proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, en el cual se decretó la pensión alimenticia a favor de los menores de iniciales A.A.D.O., y M.D.O., a cargo del aquí quejoso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". Del precepto transcrito se desprende que el juicio de derechos fundamentales es improcedente cuando se promueve después de la conclusión de los plazos previstos en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, en cuyo caso, se entenderá que el quejoso consiente tácitamente los actos reclamados. Ahora bien, a fin de resolver el asunto es necesario cuestionarse ¿A partir de qué momento debe computarse el mencionado plazo de quince días hábiles? Esta interrogante admite tres posibles respuestas, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de la materia, a saber: Regla uno, inicia a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado. Regla dos, corre a partir del día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento de ellos o de su ejecución. Regla tres, el plazo inicia a correr a partir del día siguiente al en que el quejoso se ostentó sabedor de los mismos. El supuesto consistente en que el plazo para ejercer la acción de amparo corre a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación (regla uno), es aplicable para los casos en que el acto reclamado derive de procedimientos judiciales y contemplen el medio de la notificación a las partes involucradas. Es aplicable la Jurisprudencia que se cita: Registro digital: 165582 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XXI.2o.P.A. J/32 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Enero de 2010, página 1931 Tipo: Jurisprudencia "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". En cambio, la segunda regla es aplicable a los casos en que no se prevé la notificación como medio legal de comunicación procesal para dar a conocer los actos emitidos por la autoridad -como pueden ser actos no jurisdiccionales- y a los procedimientos que sí la prevén, pero no puede realizarse a quien se ostenta interesado por no ser parte de la relación jurídica procesal -tercero extraño-. En tanto que la tercera regla, entraña una confesión del conocimiento de un acto de autoridad que transgrede los derechos públicos subjetivos del gobernado. En el caso se actualiza la regla uno, conforme a la cual el plazo de quince días hábiles con que el quejoso contaba para presentar su demanda inició a partir del día siguiente en que surtió efectos la notificación de la resolución reclamada, emitida el cinco de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el juicio oral familiar de origen. Es así porque de las constancias que obran en autos se desprende que el acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve se notificó al quejoso Francisco Damián Rocha el treinta de agosto de dos mil diecinueve, de manera personal, en las oficinas que ocupan el Juzgado de Primera Instancia Auxiliar en Materia Oral Familiar Especializado en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer por Razón de Género de Morelia, Michoacán. La cual conforme al artículo 762 del Código Familiar de Michoacán comenzó a correr al día siguiente en que se practicó; esto es el dos de septiembre de dos mil diecinueve; por ende, el plazo de quince días hábiles a que refiere el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, feneció el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Luego, si la demanda de amparo se presentó el veintinueve de octubre de dos mil veinte, poco más de un año posterior, es dable concluir que para entonces ya había transcurrido el plazo de quince días hábiles con que contaba el quejoso para presentarla contra el acto por el cual se decretó el monto de la pensión alimenticia provisional a su cargo, razón por la cual con fundamento en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia procede sobreseer en el presente juicio de amparo por el acto reclamado señalado en el inciso a). Luego, virtud del sobreseimiento decretado, este juzgado federal no está obligado a pronunciarse sobre los conceptos de violación propuestos en relación con la proporcionalidad del monto de alimentos provisionales fijados a su cargo, dirigidos contra el proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Ello en términos del artículo 65 de la Ley de Amparo. Al respecto, se invoca la tesis del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de la Nación, visible a página 88, primera parte, volúmenes del 187 al 192, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." II. No pasa inadvertido para este Juzgado, que respecto a los actos señalados con los incisos b) y c), consistentes en el acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veinte, en el cual se le requirió al demandado, aquí quejoso, para que voluntariamente cumpla con el pago de la pensión alimenticia decretada previamente a su cargo y su ejecución, sí procede el juicio de amparo indirecto. Lo que se afirma en razón de que el quejoso se duele del acuerdo por el cual se requirió el pago de la pensión provisional decretada en autos y se le apercibió para su ejecución forzosa en caso de no realizarlo, es claro que el acto reclamado no envuelve un acto meramente procesal, sino que en el mismo sí existe la oposición a los derechos sustantivos. En efecto, el impacto que genera en la controversia familiar no constituye solo efectos procesales o adjetivos, dado que afecta irremediable el derecho sustantivo del quejoso consistente en su patrimonio, pues en dicho proveído la responsable lo apercibió que, en caso de no hacer el pago de la pensión de alimentos provisional, a petición de parte, procedería a su ejecución forzosa. Sobre lo anterior, es evidente que entre las medidas que puede realizar el juzgador para su ejecución forzosa se encuentra el embargo de los bienes propiedad del deudor alimentario, tal como lo establece el artículo 464, fracción III, del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo. Partiendo de tales premisas, se concluye que contra el auto por el cual se requiere al quejoso el pago de su obligación de alimentos, no se tiene que esperar a que se practique el embargo como medida de ejecución forzosa, pues al constituir un acto de ejecución irreparable dentro del juicio, una vez ejecutada la orden, la impugnación del embargo solo puede tener por efecto remediar los vicios propios de éste, pero no la legalidad de la propia orden. Ello porque tal perjuicio no es susceptible de reparación dentro del juicio, ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable que levantara el embargo, ya que no podría restituirse al quejoso con la afectación sufrida por el tiempo en que éste estuvo en vigor, derivado del auto de requerimiento con apercibimiento de ejecución forzosa. Máxime que el quejoso arguyó que a la fecha en que se libró dicho requerimiento de pago no se encontraba ya en condiciones económicas de realizar el pago; aspecto que si bien, como se verá, no se actualiza, corresponde al estudio de fondo del asunto, por ende, su estudio no puede constituir un aspecto vinculado con la configuración de una causa de improcedencia. Se cita como apoyo lo anterior, por las razones que lo sustentan, el criterio siguiente: Registro digital: 2013605 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: III.2o.C.63 C (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, página 2161 Tipo: Aislada "ALIMENTOS PROVISIONALES. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FORMULADOS CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LOS DECRETA, RELACIONADOS CON LA IMPROCEDENCIA DE LA VÍA, SON ANALIZABLES EN AMPARO INDIRECTO, A PARTIR DE LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 696 Y 697 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO. De la interpretación sistemática de los citados artículos, reformados mediante decreto publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el nueve de octubre de dos mil catorce, se advierte que a partir de la reforma aludida, la tramitación de las controversias sobre alimentos en la entidad, adquirió un cariz muy similar a los juicios mercantiles ejecutivos pues, actualmente, en estas controversias civiles, una vez presentada la demanda (habiéndose exigido el pago de alimentos provisionales), el Juez dictará auto con efectos de mandamiento en forma para que el demandado sea requerido de pago de alimentos y, en caso de que no pague, se le embarguen bienes suficientes para cubrir el importe, características que lo equiparan a lo que se conoce en el foro como "auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento" o "auto de exequendo", que es muy común en el litigio comercial, y cuya naturaleza jurídica ya fue interpretada por el Máximo Tribunal del País, en el sentido de que en su contra procede el amparo indirecto por afectar materialmente el derecho sustantivo de propiedad, como se advierte de la jurisprudencia 1a./J. 6/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 114, de rubro: "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO.", aunado a que, conforme a la tesis 1a./J. 85/2009, difundida en el mismo medio y Época, Tomo XXX, noviembre de 2009, página 85, de rubro: "ALIMENTOS PROVISIONALES. LA RESOLUCIÓN QUE LOS DECRETA Y FIJA SU MONTO CONSTITUYE UN ACTO CUYA EJECUCIÓN ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.", la resolución que decreta alimentos provisionales y fija su monto constituye un acto cuya ejecución es de imposible reparación. Consecuentemente, los conceptos de violación formulados contra la resolución que decreta los alimentos provisionales, relacionados con la improcedencia de la vía, son analizables en el amparo indirecto, aun cuando ésta se trate de un aspecto esencialmente procesal pues, a partir de la legislación reformada, adquiere elementos de carácter sustantivo, ya que la admisión de la reconvención, por sí misma, involucra su fijación y, por ende, impacta en el patrimonio del afectado." (Subrayado añadido). QUINTO. Antecedentes de los actos reclamados. Previo analizar el fondo del asunto, es necesario narrar los principales antecedentes de los actos reclamados con el propósito de lograr mayor claridad en la presente determinación. Ahora bien, de las referidas constancias, se advierte lo siguiente: - El nueve de mayo de dos mil diecinueve, Casandra Atenea Ortiz Fraga promovió en la vía ordinaria oral familiar donde reclamó el divorcio sin expresión de causa en contra de Francisco Damián Rocha, así como la guarda y custodia de sus menores hijos, y el pago de alimentos de manera provisional. - De la demanda conoció el Juez de Primera Instancia en Materia Oral Familiar especializado en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer, por Razón de Género del Distrito Judicial de Morelia, el que la radicó con el número de expediente 122/2019, ordenó el emplazamiento del demandado y se decretó el pago de pensión alimenticia provisional por la cantidad de $3,080.40 (tres mil ochenta pesos 40/100 moneda nacional 40/100 moneda nacional), a favor de sus dos menores hijos; - El treinta de agosto de dos mil diecinueve, la Actuaria adscrita al Juzgado responsable, emplazó al demandado, a quien le hizo saber la medida provisional referida. - Por escrito de quince de octubre de dos mil veinte, la actora en el juicio de origen Casandra Atenea Ortiz Fraga, informó al Juzgador responsable que el demandado, desde la segunda quince del mes de julio de dos mil veinte, no realizó depósitos y/o consignaciones por concepto de pensión alimenticia en favor de sus menores hijos. - De esta manera, por acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veinte, el Juez responsable ordenó requerir al demandado Francisco Damián Rocha, mediante notificación personal para que en el término de tres días hábiles cumpliera voluntariamente con el pago de la pensión alimenticia decretada a su cargo mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, así como con el pago de la cantidad que adeudó por tal concepto, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, a petición de parte, se procedería a su ejecución forzosa. SEXTO. Estudio de fondo. Es infundado el único concepto de violación expresado en la demanda de amparo, como se verá a continuación. La parte quejosa expone que la autoridad responsable violó en perjuicio de sus derechos humanos, en relación con los principios de legalidad y debido proceso, seguridad jurídica y el principio de proporcionalidad, consagrados en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que fuera de procedimiento se le pretende privar de sus derechos. Lo que afirma en el sentido de que no ha sido oído ni vencido en un juicio seguido en su contra, conforme a las reglas esenciales del procedimiento, establecidas con anterioridad al acto reclamado, sin que se funde y motive la causa legal del procedimiento, por lo que los actos reclamados son nugatorios de sus derechos humanos. También refiere que la madre de los antes mencionados, ya cobró el monto que se le requiere. Como ya se adelantó, son infundados esos planteamientos, toda vez que de las constancias que anexó a su informe justificado la autoridad ordenadora se advierte que en momento alguno se emitió la determinación combatida fuera de procedimiento, ni tampoco se advierte que no hubiera tenido acceso a un proceso legal. Se explica. En primer lugar, cabe precisar que la determinación de alimentos provisionales, constituye una medida cautelar otorgada por el juzgado responsable a fin de garantizar la subsistencia de los menores, aquí terceros interesados, durante la tramitación del juicio de divorcio, con el objetivo de salvaguardar su bienestar y sano desarrollo, conforme lo mandata su interés superior, y en términos de lo previsto por el artículo 4 constitucional. De ahí que, dada su naturaleza temporal, constituye un acto de molestia que se regula por el artículo 16 de la Ley Fundamental, por ende, para su emisión no debe respetarse la garantía de audiencia previa a favor del deudor alimenticio, aquí quejoso. Por ende, la responsable no tenía obligación de respetar las formalidades esenciales del procedimiento antes de su emisión, sino de forma posterior. Lo que también se encuentra apoyado por la tesis siguiente: "Época: Séptima Época Registro: 233012 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 68, Primera Parte Materia(s): Constitucional, Civil Tesis: Página: 16 ALIMENTOS PROVISIONALES. LOS ARTICULOS 1291 AL 1299 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN VIGENTE DESDE EL 1o. DE MARZO DE 1965, NO VIOLAN EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. Del análisis de los artículos 1291 al 1299 del Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, se observa que si bien es cierto que no conceden en favor del deudor alimentario la garantía de audiencia previa a la fijación de la pensión alimenticia provisional, también lo es que no por ello violan lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, pues los actos de privación que este precepto condiciona al otorgamiento previo de la garantía de audiencia, son aquellos que tienen el carácter de definitivos e irreparables, pero en manera alguna prohíbe el que en un ordenamiento legal se establezcan medidas simplemente precautorias o de carácter provisional, encaminadas al aseguramiento de bienes para garantizar el éxito de una reclamación, o a satisfacer provisionalmente una necesidad que, por su naturaleza misma, es de inaplazable atención. Además, la fijación de la pensión alimenticia provisional y su consecuente aseguramiento de bienes del deudor alimentario, no es una medida arbitraria y carente de fundamento, pues de lo dispuesto por los artículos antes citados se colige con facilidad que la resolución en la que se determina el pago de los citados alimentos provisionales, sólo puede dictarse cuando quien lo exige ha acreditado cumplidamente el título en cuya virtud lo pide, aportando, si es por razón de parentesco, las actas del Registro Civil respectivas, o bien la sentencia ejecutoria, el testamento o el contrato elevado a escritura pública en el que conste la obligación alimenticia. Asimismo, es necesario convenir que la afectación provisional del patrimonio del deudor alimentario, se justifica plenamente si se tiene en cuenta que la necesidad de percibir alimentos, por su propia naturaleza, tiene un rango especial dentro del derecho familiar, y por tanto, requiere de disposiciones adecuadas que permitan su pronta satisfacción, pues carecería de sentido el condicionar en todo caso su otorgamiento a un procedimiento previo en el que el deudor pudiera hacer valer recursos o medios legales de defensa que por su tramitación, en muchos casos prolongada, harían inoportuna la atención de esa necesidad, que en sí misma implica la subsistencia de la persona. Por otro lado, basta atender al texto de los artículos 1298 y 1299 para concluir que el deudor puede, si estima que se le afecta sin motivo legal, controvertir en juicio sumario el derecho del acreedor solicitante, o bien reclamar en la vía incidental la reducción de la cuantía de los alimentos. Es decir, que si se da al deudor alimentario oportunidad de ser oído, aunque con posterioridad a la fijación de la pensión alimenticia provisional, puesto que, como se acaba de indicar, puede contradecir el derecho del acreedor o reclamar la reducción de la pensión. No está por demás agregar que el hecho de que la sentencia que se dicta en el cuestionado procedimiento de jurisdicción voluntaria es de carácter declarativo, de ninguna manera puede servir de base para demostrar la inconstitucionalidad, ya que la circunstancia de que el fallo dictado en un procedimiento cualquiera sea de los llamados constitutivos, de condena o simplemente declarativos, no implica que por ello se viole, en perjuicio del demandado, la garantía de audiencia previa al acto de privación definitivo, pues esto únicamente se presenta cuando una autoridad priva o establece un procedimiento para privar definitivamente de sus bienes a la persona, sin antes oírla.". De igual forma, del expediente número 122/2019 del índice de la responsable ordenadora, se observa que el quejoso fue emplazado al procedimiento el treinta de agosto de dos mil diecinueve, en el cual se le hizo sabedor de la medida provisional decretada el veintiuno de mayo del mismo año, por la cantidad de $3,080.40 (tres mil ochenta pesos 40/100 moneda nacional 40/100 moneda nacional). Además de que se advierte que en momento alguno se inconformó con dicho emplazamiento. Es más, resulta evidente que ha sido activo en ese proceso, y se ha apersonado en varias ocasiones, incluso al dar respuesta al acto impugnado de dieciséis de octubre de dos mil veinte, al manifestar que al momento se encontraba sin trabajo y que a la madre de sus menores hijos de nombre Casandra Atenea Ortiz Fraga, le había sido depositado parte de su liquidación del trabajo en el cual fue despedido. En consecuencia, es que resulte desacertado lo que alega en el sentido de que el requerimiento de pago del pago de la pensión provisional se decretó fuera de procedimiento, pues es evidente que eso no aconteció de la forma en que lo relata. De hecho, tan fue oído en el proceso y se respetó su derecho de audiencia después de que se decretó la medida cautelar, que dio contestación al requerimiento que le fue formulado y expuso lo que creyó conveniente. Aunado a que, de no estar conforme con la fijación del monto de la pensión, estuvo en condiciones de promover amparo de manera oportuna. Por otro lado, respecto a lo que refiere en el sentido de que la quejosa ya realizó el cobro de su pensión garantizando los alimentos que adeudaba al momento, y que su situación económica cambió, por lo que no tiene ingresos al haber sido despedido a causa de la pandemia, además de tener pendiente un crédito hipotecario. Al respecto, este juzgado de Distrito considera que es claro que reconoce que derivado de lo anterior, no le es posible realizar el pago de alimentos provisionales a los que fue condenado. El concepto de violación es infundado. Ello porque al ser los alimentos de tracto sucesivo y de momento a momento, el Juzgador, ante el incumplimiento de dicho pago, derivado de lo que al respecto refirió la contraparte del aquí quejoso, al señalar que desde el mes de julio de dos mil veinte no había realizado el pago de los alimentos, por ende, estuvo en lo correcto al requerir su pago de manera voluntaria y apercibirlo de su ejecución forzosa, lo que realizó en cumplimiento al artículo 464, fracción III, del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo. A más de que se precisa que el Juzgador debe procurar y garantizar que se lleven a cabo el pago de alimentos ante su especial naturaleza y en cumplimiento a la referida legislación familiar. Ello con independencia de que al rendir su informe justificado la autoridad responsable ordenadora señaló que la liquidación que refiere el quejoso derivado del despido de su empleo fue por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional), lo que evidentemente no cubre los alimentos condenados, y sobre lo cual nada dijo el quejoso. En ese sentido, es que este juzgador considere ajustado a derecho el requerimiento del cual se inconforma el quejoso, así como su ejecución forzosa, pues la finalidad última es para salvaguardar la integridad de los citados menores. Incluso, no se pierde de vista que si lo que pretende el quejoso es la modificación de la pensión provisional de alimentos, se precisa lo siguiente. El pago de alimentos constituye una obligación de tracto sucesivo; es decir, que persisten en el tiempo, al ser indispensables para la subsistencia de aquél a quien se le otorgan. Sin embargo, también cabe la posibilidad de acontecer hechos supervenientes que cambien las circunstancias que afecten al ejercicio de la acción que se dedujo oportunamente, o bien, que se varíe la situación jurídica existente cuando se pronunció la resolución respectiva. Para tal efecto conviene tomar en cuenta lo previsto en los artículos del Código Familiar del Estado, que establecen: "Artículo 932. El juez tendrá las más amplias facultades de dirección procesal para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho corresponda, además, debe actuar de oficio, supliendo la deficiencia de los planteamientos de las partes, en tratándose de: I. Menores de edad; personas con discapacidad; adultos mayores; y, mujeres embarazadas; II. Asuntos relativos a alimentos; y, (.)" "Artículo 1062. Las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria o en la definitiva. - - - Las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, custodia, convivencia, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que prevenga este Código, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente." De lo anterior se colige que el tema relativo a la fijación del monto de los alimentos provisionales puede cuestionarse durante el juicio cuando varíen las circunstancias que se tomaron en cuenta para fijar la pensión. Ello a través de la vía incidental. Por otra parte, el Capítulo I del Título Décimo Segundo de la codificación aludida establece lo siguiente: "Artículo 1102. Los escritos a través de los que se promuevan los incidentes y su contestación, deberán contener en lo conducente, los mismos requisitos previstos en este Código para la demanda y contestación. Artículo 1103. Promovido el incidente, se dará traslado al colitigante por el término de tres días, para que lo conteste. Artículo 1104. Cuando las partes quieran rendir prueba, lo expresarán así precisamente en los escritos en que se promueva el incidente o se evacúe el traslado. Artículo 1105. Si ninguna de las partes ofreciere pruebas, el juez de instrucción, de oficio citará para sentencia. Artículo 1106. Evacuado el traslado o transcurrido el plazo para ello, si se ofrecieron pruebas, el juez de instrucción decretará término probatorio por diez días hábiles. Artículo 1107. Pasado el término a que se refiere el artículo anterior, el juez de oficio citará a las partes para sentencia. Artículo 1108. La sentencia se pronunciará en el término de cinco días. Artículo 1109. Los incidentes que no tengan tramitación especial, solo podrán promoverse oralmente en las audiencias y no suspenderán estas. La parte contraria contestará oralmente en la audiencia y de no hacerlo se tendrá por precluido su derecho. Tratándose de una cuestión que requiera prueba y de ser procedente su admisión, el juez ordenará su desahogo en audiencia especial o dentro de algunas de las audiencias del procedimiento. Enseguida se dictará la resolución si fuera posible; en caso contrario, citará a las partes para emitirla dentro del término de tres días. Artículo 1110. Si en la audiencia de juicio no pudiere concluirse una cuestión incidental, el juez continuará con el desarrollo de la audiencia, sin que pueda dictar sentencia definitiva, hasta en tanto no se resuelva el incidente en los términos del artículo anterior." Los preceptos inmediatamente transcritos prevén las reglas básicas para la tramitación de los incidentes, mismos que deben ser planteados oralmente en audiencia y a su vez resueltos en la misma. Conforme a lo anterior, válidamente puede concluirse que dentro del juicio de que se trata era factible que la cuestión de modificación de pensión provisional decretada, se hiciera a través de la vía incidental. Entonces, aun cuando el pago de alimentos constituye una obligación de tracto sucesivo, es decir que persisten en el tiempo, al ser indispensable para la subsistencia de aquél a quien se le otorgan y presumirse su necesidad, y una vez que ha sido consentida tácitamente la resolución por la cual se declaró su procedencia y su cuantificación, ante la posibilidad de acontecer hechos supervenientes que cambien las circunstancias que afecten el pago provisional, ello debe demostrarse en el incidente respectivo. Así, se insiste que no resulta viable analizar en el presente juicio de amparo, porque la modificación que pretende el quejoso puede solicitarse mediante el incidente referido, sustanciado mediante las reglas establecidas en el Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, vigente a partir del veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. Ello porque en el supuesto no concebido de analizar el fondo de la cuestión aquí planteada en cuanto al acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, y de llegar a considerarse una eventual concesión de amparo, que llevara a modificar el porcentaje de la pensión respecto de las circunstancias que alega el quejoso, ello podría originar una violación de los derechos humanos de los menores de iniciales M.D.O., y A.A.D.O., generándoles un estado de indefensión. Máxime que, como se vio, se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo contra el citado proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve y, por tanto, hasta el momento, los efectos de dicho acuerdo prevalecen en lo tocante a la fijación del monto de los alimentos provisionales a favor de los infantes en cita. De manera que no sería dable analizar en el presente asunto la modificación a la pensión alimenticia provisional establecida en dicho acuerdo. Cabe destacar que con esta determinación no se contraviene el principio pro persona y de acceso a la administración de justicia, porque estos no tienen el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance. Estimar lo contrario implicaría dar al derecho fundamental de tutela judicial efectiva un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso, al permitir a los particulares rescatar términos fenecidos y desconocer instituciones jurídicas, creadas para efectos de orden público. Más porque el respeto al derecho fundamental de tutela judicial efectiva y el principio pro persona no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones, que son propios de una eficaz y expedita administración de justicia de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, además, sirven de base para una efectiva protección de los derechos de las personas. Lo anterior porque no respetar los presupuestos procesales implicaría la existencia de una inseguridad jurídica para las partes, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Sirve como criterio orientador la Jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: Sirve como criterio orientador la Jurisprudencia siguiente: Registro digital: 2007621 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 98/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 909 Tipo: Jurisprudencia "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio." Asimismo, se estima que la decisión adoptada no vulnera el derecho de acceso a la justicia reconocido por el artículo 17 Constitucional, pues de ninguna manera se le impide al quejoso solicitar la modificación del convenio - fondo de su pretensión- en materia de pensión alimenticia provisional, sino que únicamente se le explica el procedimiento a través del cual lo puede realizar, y que se encuentra previsto en la codificación sobre la materia, para que un juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada y resolverla. En mérito de lo anterior, resulta infundado lo alegado por la parte quejosa en su único concepto de violación. Ante lo expuesto, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal al quejoso Francisco Damián Rocha, en relación con el acto reclamado de dieciséis de octubre de dos mil veinte, en el cual se le requirió al demandado, aquí quejoso, para que voluntariamente cumpla con el pago de la pensión alimenticia decretada a su cargo, mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Negativa que se extiende al acto de ejecución reclamado a la Actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia en Materia Oral Familiar especializado en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer, por Razón de Género del Distrito Judicial de Morelia, en atención a que dicho acto no se impugnó por vicios propios, sino como consecuencia de la alegada constitucionalidad del proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, que como se vio no prosperó. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amaro promovido por Francisco Damián Rocha, contra el auto de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, emitido en los autos del juicio oral familiar 122/2019, del Juzgado Juzgado de Primera Instancia en Materia Oral Familiar especializado en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer, por Razón de Género del Distrito Judicial de Morelia. Lo anterior en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Francisco Damián Rocha, en contra de los actos reclamados y autoridades señaladas como responsables en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy dieciocho de febrero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S los autos, para resolver el juicio de amparo I-703/2020, promovido por Francisco Damián Rocha contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Oral Familiar especializado en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer, por Razón de Género, del Distrito Judicial de Morelia; y Actuario de su adscripción; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito depositado el veintinueve de octubre de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y recibido en este órgano jurisdiccional el treinta siguiente, Francisco Damián Rocha, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades referidas, así como de los actos que precisó en el propio ocurso, que consideró violatorios en perjuicio de sus garantías y derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Mediante auto de tres de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo indirecto, se ordenó requerir su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención debida al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Casandra Atenea Ortiz Fraga. Por acuerdo de doce de enero de dos mil veintiuno, se tuvo al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formulando alegatos. Mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento de los diversos terceros interesados, los menores de iniciales A.A.D.O., y M.D.O., así como la designación del representante especial de los menores. Por auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo al Delegado Regional de la Defensoría Pública Federal designando como representante especial de los citados infantes terceros interesados a Santiago Orozco Valencia, asesor jurídico federal adscrito a esa Delegación. En acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de tercera interesada a Verónica Selene González Cortés, al ser tutora especial de los menores y se ordenó su emplazamiento. A las diez horas del veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, tuvo lugar la celebración de la audiencia constitucional misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior por tratarse de una demanda de amparo en materia familiar, promovida contra actos de autoridades con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción este órgano federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados por el quejoso en la presente instancia constitucional, consisten en: I. Del Juez de Primera Instancia en Materia Oral Familiar especializado en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer, por Razón de Género del Distrito Judicial de Morelia: a) El proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, en el cual se decretó a su cargo la pensión alimenticia a favor de los menores de iniciales A.A.D.O., y M.D.O., por la cantidad de $3,080.40 (tres mil ochenta pesos 40/100 moneda nacional); y, b) El acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veinte, en el cual se le requirió al demandado, aquí quejoso, para que voluntariamente cumpliera con el pago de la pensión alimenticia decretada a su cargo, mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, en el cual se le apercibió para que, en caso de no hacerlo, a petición de parte, se procedería a su ejecución forzosa. La precisión apuntada obedece a que el quejoso en su escrito inicial de demanda si bien solo señaló expresamente como acto reclamado el contenido en el inciso b); sin embargo, de su lectura integral y de las constancias que la autoridad responsable anexó a su informe justificado (tomo de pruebas I), se advierte que su inconformidad la hace valer, entre otras cosas, en el sentido de que la pensión alimenticia provisional es desproporcional. En ese aspecto, se hace notar que la citada pensión a favor de los menores de iniciales A.A.D.O., y M.D.O., se decretó por el Juzgado responsable mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, por ende, se considere tal proveído como reclamado por el quejoso. II. De la Actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia en Materia Oral Familiar especializado en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer, por Razón de Género del Distrito Judicial de Morelia. c) La ejecución del acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veinte. Lo anterior se reconoce de esa manera, porque aún y cuando en el rubro de "acto reclamado", no precisó de manera literal la ejecución del proveído apuntado, también lo es que de la lectura integral de la demanda se advierte que sí refiere que no está de acuerdo con la ejecución del citado acto reclamado, así como que la orden de embargo precautorio es desproporcional. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables Juez de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, Especializado en Violencia Familiar contra la Mujer, Razón; y, Actuaria de su adscripción, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, tal afirmación se corrobora con las copias certificadas del expediente oral familiar 122/2019, que la autoridad responsable ordenadora remitió en apoyo a su informe justificado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, al tratarse de un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Aunado a lo anterior, resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. ANÁLISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador de oficio, antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes; por lo que, previamente al estudio del fondo del asunto, debe examinarse si en el caso se surte alguna causa de improcedencia, con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo. I. Este Juzgador advierte que en contra del acuerdo señalado con el inciso a), consistente en el proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, en el cual se decretó la pensión alimenticia a favor de los menores de iniciales A.A.D.O., y M.D.O., a cargo del aquí quejoso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". Del precepto transcrito se desprende que el juicio de derechos fundamentales es improcedente cuando se promueve después de la conclusión de los plazos previstos en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, en cuyo caso, se entenderá que el quejoso consiente tácitamente los actos reclamados. Ahora bien, a fin de resolver el asunto es necesario cuestionarse ¿A partir de qué momento debe computarse el mencionado plazo de quince días hábiles? Esta interrogante admite tres posibles respuestas, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de la materia, a saber: Regla uno, inicia a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado. Regla dos, corre a partir del día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento de ellos o de su ejecución. Regla tres, el plazo inicia a correr a partir del día siguiente al en que el quejoso se ostentó sabedor de los mismos. El supuesto consistente en que el plazo para ejercer la acción de amparo corre a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación (regla uno), es aplicable para los casos en que el acto reclamado derive de procedimientos judiciales y contemplen el medio de la notificación a las partes involucradas. Es aplicable la Jurisprudencia que se cita: Registro digital: 165582 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XXI.2o.P.A. J/32 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Enero de 2010, página 1931 Tipo: Jurisprudencia "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". En cambio, la segunda regla es aplicable a los casos en que no se prevé la notificación como medio legal de comunicación procesal para dar a conocer los actos emitidos por la autoridad -como pueden ser actos no jurisdiccionales- y a los procedimientos que sí la prevén, pero no puede realizarse a quien se ostenta interesado por no ser parte de la relación jurídica procesal -tercero extraño-. En tanto que la tercera regla, entraña una confesión del conocimiento de un acto de autoridad que transgrede los derechos públicos subjetivos del gobernado. En el caso se actualiza la regla uno, conforme a la cual el plazo de quince días hábiles con que el quejoso contaba para presentar su demanda inició a partir del día siguiente en que surtió efectos la notificación de la resolución reclamada, emitida el cinco de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el juicio oral familiar de origen. Es así porque de las constancias que obran en autos se desprende que el acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve se notificó al quejoso Francisco Damián Rocha el treinta de agosto de dos mil diecinueve, de manera personal, en las oficinas que ocupan el Juzgado de Primera Instancia Auxiliar en Materia Oral Familiar Especializado en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer por Razón de Género de Morelia, Michoacán. La cual conforme al artículo 762 del Código Familiar de Michoacán comenzó a correr al día siguiente en que se practicó; esto es el dos de septiembre de dos mil diecinueve; por ende, el plazo de quince días hábiles a que refiere el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, feneció el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Luego, si la demanda de amparo se presentó el veintinueve de octubre de dos mil veinte, poco más de un año posterior, es dable concluir que para entonces ya había transcurrido el plazo de quince días hábiles con que contaba el quejoso para presentarla contra el acto por el cual se decretó el monto de la pensión alimenticia provisional a su cargo, razón por la cual con fundamento en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia procede sobreseer en el presente juicio de amparo por el acto reclamado señalado en el inciso a). Luego, virtud del sobreseimiento decretado, este juzgado federal no está obligado a pronunciarse sobre los conceptos de violación propuestos en relación con la proporcionalidad del monto de alimentos provisionales fijados a su cargo, dirigidos contra el proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Ello en términos del artículo 65 de la Ley de Amparo. Al respecto, se invoca la tesis del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de la Nación, visible a página 88, primera parte, volúmenes del 187 al 192, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." II. No pasa inadvertido para este Juzgado, que respecto a los actos señalados con los incisos b) y c), consistentes en el acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veinte, en el cual se le requirió al demandado, aquí quejoso, para que voluntariamente cumpla con el pago de la pensión alimenticia decretada previamente a su cargo y su ejecución, sí procede el juicio de amparo indirecto. Lo que se afirma en razón de que el quejoso se duele del acuerdo por el cual se requirió el pago de la pensión provisional decretada en autos y se le apercibió para su ejecución forzosa en caso de no realizarlo, es claro que el acto reclamado no envuelve un acto meramente procesal, sino que en el mismo sí existe la oposición a los derechos sustantivos. En efecto, el impacto que genera en la controversia familiar no constituye solo efectos procesales o adjetivos, dado que afecta irremediable el derecho sustantivo del quejoso consistente en su patrimonio, pues en dicho proveído la responsable lo apercibió que, en caso de no hacer el pago de la pensión de alimentos provisional, a petición de parte, procedería a su ejecución forzosa. Sobre lo anterior, es evidente que entre las medidas que puede realizar el juzgador para su ejecución forzosa se encuentra el embargo de los bienes propiedad del deudor alimentario, tal como lo establece el artículo 464, fracción III, del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo. Partiendo de tales premisas, se concluye que contra el auto por el cual se requiere al quejoso el pago de su obligación de alimentos, no se tiene que esperar a que se practique el embargo como medida de ejecución forzosa, pues al constituir un acto de ejecución irreparable dentro del juicio, una vez ejecutada la orden, la impugnación del embargo solo puede tener por efecto remediar los vicios propios de éste, pero no la legalidad de la propia orden. Ello porque tal perjuicio no es susceptible de reparación dentro del juicio, ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable que levantara el embargo, ya que no podría restituirse al quejoso con la afectación sufrida por el tiempo en que éste estuvo en vigor, derivado del auto de requerimiento con apercibimiento de ejecución forzosa. Máxime que el quejoso arguyó que a la fecha en que se libró dicho requerimiento de pago no se encontraba ya en condiciones económicas de realizar el pago; aspecto que si bien, como se verá, no se actualiza, corresponde al estudio de fondo del asunto, por ende, su estudio no puede constituir un aspecto vinculado con la configuración de una causa de improcedencia. Se cita como apoyo lo anterior, por las razones que lo sustentan, el criterio siguiente: Registro digital: 2013605 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: III.2o.C.63 C (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, página 2161 Tipo: Aislada "ALIMENTOS PROVISIONALES. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FORMULADOS CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LOS DECRETA, RELACIONADOS CON LA IMPROCEDENCIA DE LA VÍA, SON ANALIZABLES EN AMPARO INDIRECTO, A PARTIR DE LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 696 Y 697 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO. De la interpretación sistemática de los citados artículos, reformados mediante decreto publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el nueve de octubre de dos mil catorce, se advierte que a partir de la reforma aludida, la tramitación de las controversias sobre alimentos en la entidad, adquirió un cariz muy similar a los juicios mercantiles ejecutivos pues, actualmente, en estas controversias civiles, una vez presentada la demanda (habiéndose exigido el pago de alimentos provisionales), el Juez dictará auto con efectos de mandamiento en forma para que el demandado sea requerido de pago de alimentos y, en caso de que no pague, se le embarguen bienes suficientes para cubrir el importe, características que lo equiparan a lo que se conoce en el foro como "auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento" o "auto de exequendo", que es muy común en el litigio comercial, y cuya naturaleza jurídica ya fue interpretada por el Máximo Tribunal del País, en el sentido de que en su contra procede el amparo indirecto por afectar materialmente el derecho sustantivo de propiedad, como se advierte de la jurisprudencia 1a./J. 6/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 114, de rubro: "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO.", aunado a que, conforme a la tesis 1a./J. 85/2009, difundida en el mismo medio y Época, Tomo XXX, noviembre de 2009, página 85, de rubro: "ALIMENTOS PROVISIONALES. LA RESOLUCIÓN QUE LOS DECRETA Y FIJA SU MONTO CONSTITUYE UN ACTO CUYA EJECUCIÓN ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.", la resolución que decreta alimentos provisionales y fija su monto constituye un acto cuya ejecución es de imposible reparación. Consecuentemente, los conceptos de violación formulados contra la resolución que decreta los alimentos provisionales, relacionados con la improcedencia de la vía, son analizables en el amparo indirecto, aun cuando ésta se trate de un aspecto esencialmente procesal pues, a partir de la legislación reformada, adquiere elementos de carácter sustantivo, ya que la admisión de la reconvención, por sí misma, involucra su fijación y, por ende, impacta en el patrimonio del afectado." (Subrayado añadido). QUINTO. Antecedentes de los actos reclamados. Previo analizar el fondo del asunto, es necesario narrar los principales antecedentes de los actos reclamados con el propósito de lograr mayor claridad en la presente determinación. Ahora bien, de las referidas constancias, se advierte lo siguiente: - El nueve de mayo de dos mil diecinueve, Casandra Atenea Ortiz Fraga promovió en la vía ordinaria oral familiar donde reclamó el divorcio sin expresión de causa en contra de Francisco Damián Rocha, así como la guarda y custodia de sus menores hijos, y el pago de alimentos de manera provisional. - De la demanda conoció el Juez de Primera Instancia en Materia Oral Familiar especializado en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer, por Razón de Género del Distrito Judicial de Morelia, el que la radicó con el número de expediente 122/2019, ordenó el emplazamiento del demandado y se decretó el pago de pensión alimenticia provisional por la cantidad de $3,080.40 (tres mil ochenta pesos 40/100 moneda nacional 40/100 moneda nacional), a favor de sus dos menores hijos; - El treinta de agosto de dos mil diecinueve, la Actuaria adscrita al Juzgado responsable, emplazó al demandado, a quien le hizo saber la medida provisional referida. - Por escrito de quince de octubre de dos mil veinte, la actora en el juicio de origen Casandra Atenea Ortiz Fraga, informó al Juzgador responsable que el demandado, desde la segunda quince del mes de julio de dos mil veinte, no realizó depósitos y/o consignaciones por concepto de pensión alimenticia en favor de sus menores hijos. - De esta manera, por acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veinte, el Juez responsable ordenó requerir al demandado Francisco Damián Rocha, mediante notificación personal para que en el término de tres días hábiles cumpliera voluntariamente con el pago de la pensión alimenticia decretada a su cargo mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, así como con el pago de la cantidad que adeudó por tal concepto, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, a petición de parte, se procedería a su ejecución forzosa. SEXTO. Estudio de fondo. Es infundado el único concepto de violación expresado en la demanda de amparo, como se verá a continuación. La parte quejosa expone que la autoridad responsable violó en perjuicio de sus derechos humanos, en relación con los principios de legalidad y debido proceso, seguridad jurídica y el principio de proporcionalidad, consagrados en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que fuera de procedimiento se le pretende privar de sus derechos. Lo que afirma en el sentido de que no ha sido oído ni vencido en un juicio seguido en su contra, conforme a las reglas esenciales del procedimiento, establecidas con anterioridad al acto reclamado, sin que se funde y motive la causa legal del procedimiento, por lo que los actos reclamados son nugatorios de sus derechos humanos. También refiere que la madre de los antes mencionados, ya cobró el monto que se le requiere. Como ya se adelantó, son infundados esos planteamientos, toda vez que de las constancias que anexó a su informe justificado la autoridad ordenadora se advierte que en momento alguno se emitió la determinación combatida fuera de procedimiento, ni tampoco se advierte que no hubiera tenido acceso a un proceso legal. Se explica. En primer lugar, cabe precisar que la determinación de alimentos provisionales, constituye una medida cautelar otorgada por el juzgado responsable a fin de garantizar la subsistencia de los menores, aquí terceros interesados, durante la tramitación del juicio de divorcio, con el objetivo de salvaguardar su bienestar y sano desarrollo, conforme lo mandata su interés superior, y en términos de lo previsto por el artículo 4 constitucional. De ahí que, dada su naturaleza temporal, constituye un acto de molestia que se regula por el artículo 16 de la Ley Fundamental, por ende, para su emisión no debe respetarse la garantía de audiencia previa a favor del deudor alimenticio, aquí quejoso. Por ende, la responsable no tenía obligación de respetar las formalidades esenciales del procedimiento antes de su emisión, sino de forma posterior. Lo que también se encuentra apoyado por la tesis siguiente: "Época: Séptima Época Registro: 233012 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 68, Primera Parte Materia(s): Constitucional, Civil Tesis: Página: 16 ALIMENTOS PROVISIONALES. LOS ARTICULOS 1291 AL 1299 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN VIGENTE DESDE EL 1o. DE MARZO DE 1965, NO VIOLAN EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. Del análisis de los artículos 1291 al 1299 del Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, se observa que si bien es cierto que no conceden en favor del deudor alimentario la garantía de audiencia previa a la fijación de la pensión alimenticia provisional, también lo es que no por ello violan lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, pues los actos de privación que este precepto condiciona al otorgamiento previo de la garantía de audiencia, son aquellos que tienen el carácter de definitivos e irreparables, pero en manera alguna prohíbe el que en un ordenamiento legal se establezcan medidas simplemente precautorias o de carácter provisional, encaminadas al aseguramiento de bienes para garantizar el éxito de una reclamación, o a satisfacer provisionalmente una necesidad que, por su naturaleza misma, es de inaplazable atención. Además, la fijación de la pensión alimenticia provisional y su consecuente aseguramiento de bienes del deudor alimentario, no es una medida arbitraria y carente de fundamento, pues de lo dispuesto por los artículos antes citados se colige con facilidad que la resolución en la que se determina el pago de los citados alimentos provisionales, sólo puede dictarse cuando quien lo exige ha acreditado cumplidamente el título en cuya virtud lo pide, aportando, si es por razón de parentesco, las actas del Registro Civil respectivas, o bien la sentencia ejecutoria, el testamento o el contrato elevado a escritura pública en el que conste la obligación alimenticia. Asimismo, es necesario convenir que la afectación provisional del patrimonio del deudor alimentario, se justifica plenamente si se tiene en cuenta que la necesidad de percibir alimentos, por su propia naturaleza, tiene un rango especial dentro del derecho familiar, y por tanto, requiere de disposiciones adecuadas que permitan su pronta satisfacción, pues carecería de sentido el condicionar en todo caso su otorgamiento a un procedimiento previo en el que el deudor pudiera hacer valer recursos o medios legales de defensa que por su tramitación, en muchos casos prolongada, harían inoportuna la atención de esa necesidad, que en sí misma implica la subsistencia de la persona. Por otro lado, basta atender al texto de los artículos 1298 y 1299 para concluir que el deudor puede, si estima que se le afecta sin motivo legal, controvertir en juicio sumario el derecho del acreedor solicitante, o bien reclamar en la vía incidental la reducción de la cuantía de los alimentos. Es decir, que si se da al deudor alimentario oportunidad de ser oído, aunque con posterioridad a la fijación de la pensión alimenticia provisional, puesto que, como se acaba de indicar, puede contradecir el derecho del acreedor o reclamar la reducción de la pensión. No está por demás agregar que el hecho de que la sentencia que se dicta en el cuestionado procedimiento de jurisdicción voluntaria es de carácter declarativo, de ninguna manera puede servir de base para demostrar la inconstitucionalidad, ya que la circunstancia de que el fallo dictado en un procedimiento cualquiera sea de los llamados constitutivos, de condena o simplemente declarativos, no implica que por ello se viole, en perjuicio del demandado, la garantía de audiencia previa al acto de privación definitivo, pues esto únicamente se presenta cuando una autoridad priva o establece un procedimiento para privar definitivamente de sus bienes a la persona, sin antes oírla.". De igual forma, del expediente número 122/2019 del índice de la responsable ordenadora, se observa que el quejoso fue emplazado al procedimiento el treinta de agosto de dos mil diecinueve, en el cual se le hizo sabedor de la medida provisional decretada el veintiuno de mayo del mismo año, por la cantidad de $3,080.40 (tres mil ochenta pesos 40/100 moneda nacional 40/100 moneda nacional). Además de que se advierte que en momento alguno se inconformó con dicho emplazamiento. Es más, resulta evidente que ha sido activo en ese proceso, y se ha apersonado en varias ocasiones, incluso al dar respuesta al acto impugnado de dieciséis de octubre de dos mil veinte, al manifestar que al momento se encontraba sin trabajo y que a la madre de sus menores hijos de nombre Casandra Atenea Ortiz Fraga, le había sido depositado parte de su liquidación del trabajo en el cual fue despedido. En consecuencia, es que resulte desacertado lo que alega en el sentido de que el requerimiento de pago del pago de la pensión provisional se decretó fuera de procedimiento, pues es evidente que eso no aconteció de la forma en que lo relata. De hecho, tan fue oído en el proceso y se respetó su derecho de audiencia después de que se decretó la medida cautelar, que dio contestación al requerimiento que le fue formulado y expuso lo que creyó conveniente. Aunado a que, de no estar conforme con la fijación del monto de la pensión, estuvo en condiciones de promover amparo de manera oportuna. Por otro lado, respecto a lo que refiere en el sentido de que la quejosa ya realizó el cobro de su pensión garantizando los alimentos que adeudaba al momento, y que su situación económica cambió, por lo que no tiene ingresos al haber sido despedido a causa de la pandemia, además de tener pendiente un crédito hipotecario. Al respecto, este juzgado de Distrito considera que es claro que reconoce que derivado de lo anterior, no le es posible realizar el pago de alimentos provisionales a los que fue condenado. El concepto de violación es infundado. Ello porque al ser los alimentos de tracto sucesivo y de momento a momento, el Juzgador, ante el incumplimiento de dicho pago, derivado de lo que al respecto refirió la contraparte del aquí quejoso, al señalar que desde el mes de julio de dos mil veinte no había realizado el pago de los alimentos, por ende, estuvo en lo correcto al requerir su pago de manera voluntaria y apercibirlo de su ejecución forzosa, lo que realizó en cumplimiento al artículo 464, fracción III, del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo. A más de que se precisa que el Juzgador debe procurar y garantizar que se lleven a cabo el pago de alimentos ante su especial naturaleza y en cumplimiento a la referida legislación familiar. Ello con independencia de que al rendir su informe justificado la autoridad responsable ordenadora señaló que la liquidación que refiere el quejoso derivado del despido de su empleo fue por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional), lo que evidentemente no cubre los alimentos condenados, y sobre lo cual nada dijo el quejoso. En ese sentido, es que este juzgador considere ajustado a derecho el requerimiento del cual se inconforma el quejoso, así como su ejecución forzosa, pues la finalidad última es para salvaguardar la integridad de los citados menores. Incluso, no se pierde de vista que si lo que pretende el quejoso es la modificación de la pensión provisional de alimentos, se precisa lo siguiente. El pago de alimentos constituye una obligación de tracto sucesivo; es decir, que persisten en el tiempo, al ser indispensables para la subsistencia de aquél a quien se le otorgan. Sin embargo, también cabe la posibilidad de acontecer hechos supervenientes que cambien las circunstancias que afecten al ejercicio de la acción que se dedujo oportunamente, o bien, que se varíe la situación jurídica existente cuando se pronunció la resolución respectiva. Para tal efecto conviene tomar en cuenta lo previsto en los artículos del Código Familiar del Estado, que establecen: "Artículo 932. El juez tendrá las más amplias facultades de dirección procesal para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho corresponda, además, debe actuar de oficio, supliendo la deficiencia de los planteamientos de las partes, en tratándose de: I. Menores de edad; personas con discapacidad; adultos mayores; y, mujeres embarazadas; II. Asuntos relativos a alimentos; y, (.)" "Artículo 1062. Las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria o en la definitiva. - - - Las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, custodia, convivencia, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que prevenga este Código, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente." De lo anterior se colige que el tema relativo a la fijación del monto de los alimentos provisionales puede cuestionarse durante el juicio cuando varíen las circunstancias que se tomaron en cuenta para fijar la pensión. Ello a través de la vía incidental. Por otra parte, el Capítulo I del Título Décimo Segundo de la codificación aludida establece lo siguiente: "Artículo 1102. Los escritos a través de los que se promuevan los incidentes y su contestación, deberán contener en lo conducente, los mismos requisitos previstos en este Código para la demanda y contestación. Artículo 1103. Promovido el incidente, se dará traslado al colitigante por el término de tres días, para que lo conteste. Artículo 1104. Cuando las partes quieran rendir prueba, lo expresarán así precisamente en los escritos en que se promueva el incidente o se evacúe el traslado. Artículo 1105. Si ninguna de las partes ofreciere pruebas, el juez de instrucción, de oficio citará para sentencia. Artículo 1106. Evacuado el traslado o transcurrido el plazo para ello, si se ofrecieron pruebas, el juez de instrucción decretará término probatorio por diez días hábiles. Artículo 1107. Pasado el término a que se refiere el artículo anterior, el juez de oficio citará a las partes para sentencia. Artículo 1108. La sentencia se pronunciará en el término de cinco días. Artículo 1109. Los incidentes que no tengan tramitación especial, solo podrán promoverse oralmente en las audiencias y no suspenderán estas. La parte contraria contestará oralmente en la audiencia y de no hacerlo se tendrá por precluido su derecho. Tratándose de una cuestión que requiera prueba y de ser procedente su admisión, el juez ordenará su desahogo en audiencia especial o dentro de algunas de las audiencias del procedimiento. Enseguida se dictará la resolución si fuera posible; en caso contrario, citará a las partes para emitirla dentro del término de tres días. Artículo 1110. Si en la audiencia de juicio no pudiere concluirse una cuestión incidental, el juez continuará con el desarrollo de la audiencia, sin que pueda dictar sentencia definitiva, hasta en tanto no se resuelva el incidente en los términos del artículo anterior." Los preceptos inmediatamente transcritos prevén las reglas básicas para la tramitación de los incidentes, mismos que deben ser planteados oralmente en audiencia y a su vez resueltos en la misma. Conforme a lo anterior, válidamente puede concluirse que dentro del juicio de que se trata era factible que la cuestión de modificación de pensión provisional decretada, se hiciera a través de la vía incidental. Entonces, aun cuando el pago de alimentos constituye una obligación de tracto sucesivo, es decir que persisten en el tiempo, al ser indispensable para la subsistencia de aquél a quien se le otorgan y presumirse su necesidad, y una vez que ha sido consentida tácitamente la resolución por la cual se declaró su procedencia y su cuantificación, ante la posibilidad de acontecer hechos supervenientes que cambien las circunstancias que afecten el pago provisional, ello debe demostrarse en el incidente respectivo. Así, se insiste que no resulta viable analizar en el presente juicio de amparo, porque la modificación que pretende el quejoso puede solicitarse mediante el incidente referido, sustanciado mediante las reglas establecidas en el Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, vigente a partir del veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. Ello porque en el supuesto no concebido de analizar el fondo de la cuestión aquí planteada en cuanto al acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, y de llegar a considerarse una eventual concesión de amparo, que llevara a modificar el porcentaje de la pensión respecto de las circunstancias que alega el quejoso, ello podría originar una violación de los derechos humanos de los menores de iniciales M.D.O., y A.A.D.O., generándoles un estado de indefensión. Máxime que, como se vio, se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo contra el citado proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve y, por tanto, hasta el momento, los efectos de dicho acuerdo prevalecen en lo tocante a la fijación del monto de los alimentos provisionales a favor de los infantes en cita. De manera que no sería dable analizar en el presente asunto la modificación a la pensión alimenticia provisional establecida en dicho acuerdo. Cabe destacar que con esta determinación no se contraviene el principio pro persona y de acceso a la administración de justicia, porque estos no tienen el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance. Estimar lo contrario implicaría dar al derecho fundamental de tutela judicial efectiva un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso, al permitir a los particulares rescatar términos fenecidos y desconocer instituciones jurídicas, creadas para efectos de orden público. Más porque el respeto al derecho fundamental de tutela judicial efectiva y el principio pro persona no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones, que son propios de una eficaz y expedita administración de justicia de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, además, sirven de base para una efectiva protección de los derechos de las personas. Lo anterior porque no respetar los presupuestos procesales implicaría la existencia de una inseguridad jurídica para las partes, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Sirve como criterio orientador la Jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: Sirve como criterio orientador la Jurisprudencia siguiente: Registro digital: 2007621 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 98/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 909 Tipo: Jurisprudencia "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio." Asimismo, se estima que la decisión adoptada no vulnera el derecho de acceso a la justicia reconocido por el artículo 17 Constitucional, pues de ninguna manera se le impide al quejoso solicitar la modificación del convenio - fondo de su pretensión- en materia de pensión alimenticia provisional, sino que únicamente se le explica el procedimiento a través del cual lo puede realizar, y que se encuentra previsto en la codificación sobre la materia, para que un juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada y resolverla. En mérito de lo anterior, resulta infundado lo alegado por la parte quejosa en su único concepto de violación. Ante lo expuesto, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal al quejoso Francisco Damián Rocha, en relación con el acto reclamado de dieciséis de octubre de dos mil veinte, en el cual se le requirió al demandado, aquí quejoso, para que voluntariamente cumpla con el pago de la pensión alimenticia decretada a su cargo, mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Negativa que se extiende al acto de ejecución reclamado a la Actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia en Materia Oral Familiar especializado en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer, por Razón de Género del Distrito Judicial de Morelia, en atención a que dicho acto no se impugnó por vicios propios, sino como consecuencia de la alegada constitucionalidad del proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, que como se vio no prosperó. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amaro promovido por Francisco Damián Rocha, contra el auto de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, emitido en los autos del juicio oral familiar 122/2019, del Juzgado Juzgado de Primera Instancia en Materia Oral Familiar especializado en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer, por Razón de Género del Distrito Judicial de Morelia. Lo anterior en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Francisco Damián Rocha, en contra de los actos reclamados y autoridades señaladas como responsables en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy dieciocho de febrero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  4. Principal

    OCURSO TERCERA INTERESADA Visto el escrito de cuenta signado por la tercera interesada Casandra Atenea Ortiz Fraga, mediante el cual comparece ante este órgano jurisdiccional para señalar nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso de cuenta. SE ADMITEN PRUEBAS Y ALEGATOS Se tienen por anunciadas como pruebas de la tercera interesada las documentales que adjunta a su escrito de cuenta, mismas que se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia. Se tiene al ocursante formulando alegatos a su favor, en términos del artículo 124 de la pluricitada legislación, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Andrés Leyva Mercado, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia oficial concedida al titular de este órgano jurisdiccional por medio de oficio 4917/2021, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante Silvia Lorena Arenas Raya que autoriza.- Doy fe.

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