Francisco Báez Cisneros
Expediente 789/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 16 actuaciones registradas, la última del 14 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 789/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 14/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Francisco Báez Cisneros
- I. Jesús Esquivel Báez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
En catorce de septiembre de dos mil quince, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado C E R T I F I C O : Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintiocho de agosto al diez de septiembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticinco de agosto de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo número 789/2015. DOY FE. En la misma fecha el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, catorce de septiembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el Secretario adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el veinticinco de agosto del año en curso, por la que se decretó el sobreseimiento del presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Finalmente, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. *Rosy
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En Zacatecas, Zacatecas, a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 789/2015, presentes en audiencia pública el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas; por rendido el informe justificado de las autoridades señaladas como responsables Procurador General de Justicia del Estado de Coahuila, Agentes del Ministerio Público Número Uno y Dos, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigaciones Mixta Número Dos, y Comandante del Grupo de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado; todos con sede en Concepción del Oro, Zacatecas; así como el Director General de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en esta ciudad, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo vigente. Con el hecho de que mediante proveídos de veinticuatro de junio y veintitrés de julio de dos mil quince, se tuvieron por inexistentes a las autoridades señaladas como responsables Agente del Ministerio Público Número Tres y Cárcel Municipal, ambos de del Concepción del Oro, Zacatecas, por lo que en la resolución que recaiga al presente juicio de garantías, ya no se ocupará de las autoridades de mérito. Acto seguido, en el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, la Secretaria da cuenta con las documentales consistentes en las copias certificadas de diversas constancias relativas a la carpeta de investigación 77/2015, que las autoridades responsables Agente del Ministerio Público Número Dos adscrita a la Unidad de Investigación Mixta y Comandante de Grupo de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ambas con sede en Concepción del Oro, Zacatecas, anexaron a su informe como justificación del acto reclamado. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo vigente, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documentales antes señaladas. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos; en el que se tienen por presentado el pedimento número 370/2015, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, por lo que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por hechas sus alegaciones. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo vigente, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 789/2015; y, RESULTANDO 1°.En ocho de mayo de dos mil quince, se recibió por este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, fax y anexos que remitió el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, del que se desprende que mediante proveído de ocho de mayo de la presente anualidad, se recibió la demanda de amparo telegráfica promovida por Alberto García Esquivel, Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido Matamoros, del municipio de Melchor Ocampo, Zacatecas, a favor de FRANCISCO BÁEZ CISNEROS, I. JESÚS ESQUIVEL BÁEZ, J. REFUGIO ESQUIVEL BÁEZ, JESÚS RODRÍGUEZ DEL RÍO, JUAN CARLOS TREVIÑO CISNEROS, RICARDO CISNEROS DOMÍNGUEZ, RAMIRO CISNEROS DOMÍNGUEZ, VÍCTOR CISNEROS DOMÍNGUEZ, J. ASENCIÓN ALVARADO GARCÍA Y RAMÓN CISNEROS HERNÁNDEZ, en contra de los actos del Procurador General de Justicia en el Estado de Coahuila y otras autoridades, que hizo consistir en la privación de su libertad personal e incomunicación; al declararse legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y se ordenó remitir el juicio 448/2015, al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que este Juzgado aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto. 2°. La demanda de garantías en proveído de ocho de junio de dos mil quince, previa ratificación que se hizo de la misma, se admitió a trámite, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que por derecho corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos de la presente acta; y, C O N S I D E R A N D O I. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. II.- Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que los quejosos reclaman: La privación de su libertad e incomunicación. II. 2. Inexistencia, certeza o prevención de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2. Inexistencia: Las autoridades señaladas como responsables Procurador General de Justicia del Estado de Coahuila, Agentes del Ministerio Público Número Uno y Dos, todos con sede en Concepción del Oro, Zacatecas; así como el Director General de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir sus informes como justificación negaron expresamente la existencia del acto que se les atribuye, sin que los quejosos hubieran aportado prueba alguna para desvirtuar su negativa. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia de los actos reclamados en el presente juicio de garantías, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". II.2.I. Certeza: La Agente del Ministerio Público Número Dos adscrita a la Unidad de Investigación Mixta y el Comandante de Grupo de la Policía Ministerial, ambos con sede en Concepción del Oro, Zacatecas, al rendir su respectivo informe justificado si bien no destacaron de forma precisa si es o no cierto el acto que se les reclama, ello se traduce en una falta de técnica para rendir el mismo; sin embargo, dado lo impreciso de su informe, debe tenerse por cierto el acto que se les atribuye. Lo anterior encuentra soporte en el contenido de la siguiente tesis de rubro y texto: "INFORMES JUSTIFICADOS IMPRECISOS. Si los informes justificados no son claros y explícitos sobre la existencia o inexistencia del acto reclamado, la autoridad responsable no cumple con los requisitos que exige la Ley de Amparo para tal caso, operando en consecuencia, la presunción legal a que se refiere el artículo 149 de dicho ordenamiento, teniéndose como cierto el expresado acto reclamado. Esto sucede en el caso en que el informe justificado no es lo suficientemente claro y categórico para admitir, sin género de dudas, que la autoridad responsable niega el acto que se le imputa, pues si bien dice que no "ha dado orden alguna para despojar de su parcela" al quejoso, por otra expresa que se ha "concretado a obedecer órdenes superiores", sin explicar si esas órdenes, son en el sentido de que respete la parcela del quejoso o lo prive de su posesión." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora bien, este Tribunal Federal considera que por lo que atañe a los actos reclamados a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público Número Dos adscrita a la Unidad de Investigación Mixta y el Comandante de Grupo de la Policía Ministerial, ambos con sede en Concepción del Oro, Zacatecas, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". Ello es así, en razón a que del contenido de los informes justificados rendidos por las citadas autoridades responsables se advierte que el siete de mayo de dos mil quince, se realizó la detención de los aquí quejosos, con fundamento en el artículo 146 inciso a) del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que se les sorprendió ante la presencia del delito de extorsión, ordenando su internación en los separos de la Policía Ministerial de Concepción del Oro, Zacatecas; y, que el Agente del Ministerio Público Número Uno adscrito a la Unidad de Investigación Mixta del Distrito Judicial de esa población, mediante oficio 162/2015 de nueve de mayo del presente año, giró la boleta de libertad en favor de los aquí quejosos. De lo que se obtiene que dentro del juicio de garantías en que se actúa, han cesado los efectos de los actos reclamados, porque de una correcta interpretación del contenido de los artículos 61, fracción XXI, y 77, ambos de la nueva Ley de Amparo, se desprende que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso, o en su defecto, que habiéndola transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica del impetrante de garantías que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En consecuencia, si los actos reclamados consisten en la incomunicación de FRANCISCO BÁEZ CISNEROS, I. JESÚS ESQUIVEL BÁEZ, J. REFUGIO ESQUIVEL BÁEZ, JESÚS RODRÍGUEZ DEL RÍO, JUAN CARLOS TREVIÑO CISNEROS, RICARDO CISNEROS DOMÍNGUEZ, RAMIRO CISNEROS DOMÍNGUEZ, VÍCTOR CISNEROS DOMÍNGUEZ, J. ASENCIÓN ALVARADO GARCÍA Y RAMÓN CISNEROS HERNÁNDEZ y el nueve de mayo del año en curso, fueron puestos en libertad, ello se traduce en que, cesaron los efectos de la incomunicación que se reclamó como inconstitucional al haber sido puestos en libertad virtud al oficio número 162/2015 girado en esa misma fecha por el Agente del Ministerio Público Número Uno adscrito a la Unidad de Investigación Mixta del Distrito Judicial de Concepción del Oro, Zacatecas. Expuesto lo anterior, al haberse determinado que han cesado los efectos de los actos reclamados, es incuestionable que en el caso en estudio se ha actualizado la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente; motivo por el cual, con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, del cuerpo de leyes invocado, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO en el presente juicio. Sirven de sustento a lo anterior por identidad de razón, las Tesis siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. " ; y "CESACION DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al haberse actualizado las causales de improcedencia de mérito, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido por los artículos 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo en vigor, se, R E S U E L V E ÚNICO. SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE GARANTIAS, promovido por Alberto García Esquivel, Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido Matamoros, del municipio de Melchor Ocampo, Zacatecas, a favor de FRANCISCO BÁEZ CISNEROS, I. JESÚS ESQUIVEL BÁEZ, J. REFUGIO ESQUIVEL BÁEZ, JESÚS RODRÍGUEZ DEL RÍO, JUAN CARLOS TREVIÑO CISNEROS, RICARDO CISNEROS DOMÍNGUEZ, RAMIRO CISNEROS DOMÍNGUEZ, VÍCTOR CISNEROS DOMÍNGUEZ, J. ASENCIÓN ALVARADO GARCÍA Y RAMÓN CISNEROS HERNÁNDEZ, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución. NOTIFIQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR OFICIO. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.- mtm
- Principal
En treinta de julio de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario encargado del Despacho con el pedimento registrado con el folio 15045. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta de julio de dos mil quince. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el pedimento de cuenta firmado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte, sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento oportuno dentro del desahogo de la audiencia constitucional. Por otro lado, como lo solicita la fiscal federal de la adscripción, una vez que se emita la resolución en el presente sumario, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele la copia que solicita; previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. *Rosy
- Principal
En veintitrés de julio de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario encargado del Despacho con sobre que contiene el oficio 10480, que devuelve el Servicio Postal Mexicano,. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de julio de dos mil quince. Agréguese a los presentes autos el sobre que contiene el oficio 10480, dirigido a la Cárcel Municipal de Concepción del Oro, Zacatecas, que devuelve el Servicio Postal Mexicano, con la leyenda que dice "No aceptado por el policía de guardia 03/07/15 No corresponde a la Cárcel Mpal"; ahora bien, tomando en consideración que la aludida pieza postal fue devuelta porque no corresponde a esa autoridad, con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, se tiene como inexistente dicha autoridad; por tanto, continúese el procedimiento dentro del presente expediente respecto de las diversas autoridades responsables. Ahora bien, toda vez que mediante proveído de uno de julio del año en curso, se reservó dar vista a la parte quejosa con el contenido de los informes justificados del Procurador General de Justicia del Estado de Coahuila, Agentes del Ministerio Público Números Uno y Dos, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Mixta Número Dos y Comandante de Grupo de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado; todos con sede en Concepción del Oro, Zacatecas; así como Director General de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en esta ciudad; hasta en tanto obrara en autos el informe justificado del Encargado de la Cárcel Municipal del aludido municipio, o bien, el acuse de recibo del oficio 10480; luego, toda vez que en esta fecha se tuvo por inexistente dicha autoridad, con el contenido de los informes justificados de que se habla en líneas precedentes dése vista a la parte quejosa para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifieste lo que a su interés legal convenga. En consecuencia, para dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo y la parte quejosa se imponga del contenido de los informes de las autoridades responsables y no dejarla en estado de indefensión, SE DIFIERE ANTICIPADAMENTE la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del treinta de julio del año en curso y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, para su verificativo. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. *Rosy
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