Francisco Arreola Martínez

Expediente 455/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 17 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
455/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
05/09/2023

Partes del expediente

  • Francisco Arreola Martínez
  • Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito suscrito por Norma Mijares Alba, en su carácter de síndica del Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas en atención a su contenido, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo promovida contra actos del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja que nos ocupa en el sentido de que ES CIERTO el acto reclamado, ya que efectivamente en el juicio de amparo que se actúa, se dictó el auto recurrido. En tales condiciones, se encomienda a la Oficial Judicial "A", para que realice las acciones correspondientes a efecto de que la Superioridad pueda visualizar el contenido íntegro del expediente electrónico del presente juicio de amparo 455/2023. Lo anterior, en acatamiento a los lineamientos relativos a la utilización preferente de los medios tecnológicos, comunicaciones y soluciones digitales entre órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese......

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al que acompaña testimonio autorizado de la resolución pronunciada el diez de agosto de dos mil veintitrés, dictada al resolver el recurso de queja 136/2023, en la que resolvió: "ÚNICO. Es fundado el presente recurso de queja." Acúsese recibo de estilo. Ahora bien, de la ejecutoria de la superioridad, se desprende que en el considerando séptimo se determinó lo siguiente: "SÉPTIMO. Decisión. Atento a lo anterior, procede revocar el auto impugnado, para efecto de que el juzgador de amparo acuerde el segundo escrito de aclaración de demanda presentado el quince de mayo de dos mil veintitrés y tenga por desahogada oportunamente la prevención y resuelva si con ese escrito se dio total cumplimiento a lo requerido y determine lo que en derecho proceda." Por lo anterior y tomando en cuenta los razonamientos establecidos en la ejecutoria de la alzada, se acuerda: Agréguese a los autos el escrito con folio 7536, por medio del cual la parte quejosa Nora Mijares Alba, da cumplimiento a las prevenciones formuladas en autos; por ende, se tienen por cumplidas las prevenciones de que se trata. Ahora bien, de la lectura de la demanda de derechos fundamentales y escritos aclaratorios, se aprecia que la parte quejosa reclama: Al Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas: a) El auto de seis de diciembre de dos mil veintidós, por el que ordena girar oficio a la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, para que se descuente al municipio de Juan Aldama, Zacatecas, la cantidad de $362,863.36 (trescientos sesenta y dos mil ochocientos sesenta y tres pesos con treinta y seis centavos moneda nacional); del cual tuvo conocimiento el veintiséis de enero de dos mil veintitrés. b) La resolución de ocho de diciembre de dos mil veintidós, que declaró improcedente el recurso de revisión contra la diligencia de segundo requerimiento de pago, llevada a cabo dentro del juicio laboral 684/2016; notificada el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Al Secretario de Acuerdos del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas: c) La notificación del auto de seis de diciembre de dos mil veintidós, realizada por estrados el nueve de diciembre de dos mil veintidós, relativa al juicio laboral 684/2016. Al Oficial Notificador adscrito al Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas: d) La notificación del laudo dictado en el juicio laboral 684/2016, del cual tuvo conocimiento el veintiséis de enero de dos mil veintitrés. No pasa inadvertido que la parte quejosa mediante escrito con folio 6928, pretendió ampliar la demanda y señaló nuevas autoridades responsables y actos reclamado consistente en los siguientes: Al Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas. - La ejecución del auto de seis de diciembre de dos mil veintidós, que consistió en autorizar al Secretario de la Dirección de Contabilidad, de la Subsecretaría de Egresos de Gobierno del Estado, para que efectuara el pago de las cantidades de $355,530.36 (trescientos cincuenta y cinco mil quinientos treinta pesos con treinta y seis centavos moneda nacional) y $362,863.36 (trescientos sesenta y dos mil ochocientos sesenta y tres pesos con treinta y seis centavos moneda nacional), en favor de María Guadalupe Serrano Chávez. Al Secretario de la Dirección de Contabilidad de la Subsecretaría de Egresos de Gobierno del estado. - La ejecución del auto de seis de diciembre de dos mil veintidós, que consistió en dar cumplimiento a la orden de efectuar el pago de las cantidades de $355,530.36 (trescientos cincuenta y cinco mil quinientos treinta pesos con treinta y seis centavos moneda nacional) y $362,863.36 (trescientos sesenta y dos mil ochocientos sesenta y tres pesos con treinta y seis centavos moneda nacional), en favor de María Guadalupe Serrano Chávez. Al Secretario de Acuerdos del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas: - La publicación de las listas de notificaciones practicadas en los estrados del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática relativas al juicio laboral 684/2016, incluyendo la publicada el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. No obstante, mediante proveído de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se dijo a la parte quejosa que, previo a tener por ampliada su demanda, en primer término debía cumplir con las prevenciones hechas en auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, pero además, para que este Juzgado de Distrito, se pronunciara sobre dichos actos y autoridades, debería realizar lo siguiente: "(.) 1. Indicar de manera clara, concisa y sin calificativos cada uno de los actos reclamados en el presente juicio de amparo y en consecuencia deberá de ampliar los antecedentes de los mismos. 2. Precise la fecha exacta y forma de notificación de cada uno de los actos reclamados, así como la manera en que le fueron notificadas, se hizo sabedor o tuvo conocimiento de los mismos, ello en virtud de que es omisa en precisarlo." En atención a lo anterior, por escrito con folio 7536, la parte promovente atendió los requerimientos descritos con anterioridad y no señaló como autoridades responsables al Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, al Secretario de la Dirección de Contabilidad de la Subsecretaría de Egresos de Gobierno del Estado, ni al Secretario de Acuerdos del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas, éste último con relación a la publicación de las listas de notificaciones practicadas en los estrados del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática relativas al juicio laboral 684/2016, incluyendo la publicada el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Por tanto, este Juzgado Federal no las tiene como autoridades responsables ni como actos reclamados los que a estas les pretendió atribuir. Desechamiento. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, se advierte que el Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas, por conducto de su síndica Nora Mijares Alba, reclama múltiples actuaciones dentro del juicio laboral 684/2016. Así, con relación a los precisados en los incisos a), c) y d), antes mencionados, este resolutor federal advierte de manera notoria y manifiesta, que el presente juicio de derechos fundamentales es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIV, en estricta concordancia con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; V. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación armónica de los artículos transcritos, se obtiene que todo gobernado cuenta con un plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo de quince días. Así, de no promoverse el juicio en los plazos previstos por la propia ley, se considerará consentido tácitamente el acto reclamado, lo que tornará improcedente el juicio de amparo. A su vez, el propio numeral 17 de la Ley de Amparo, establece excepciones para presentar demanda en la temporalidad antes señalada, en las cuales no encuadra la presente demanda, dado que la parte quejosa no reclama normas generales de naturaleza autoaplicativa que por su sola entrada en vigor afecten la esfera jurídica de la quejosa; un procedimiento de extradición; un proceso penal en su contra en el que se haya impuesto pena de prisión; así como tampoco el acto reclamado tiene por objeto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; no está involucrada la vida o la libertad personal de la quejosa fuera de procedimiento; ni implica deportación o destierro o incorporación forzosa a las fuerzas armadas. En ese sentido, queda claro que la parte quejosa no se encuentra en las excepciones previstas en el propio numeral 17 en comento, de ahí que el plazo para promover juicio de amparo es de quince días. En correlación con lo anterior, en el numeral 18 de la mencionada ley se distinguen tres hipótesis respecto de la fecha a partir de la cual comienzan a transcurrir los quince días (regla general) que cuenta el gobernado para promover juicio constitucional, a saber, a partir del día siguiente en que: (i) surta efectos la notificación del acto o resolución que se combate, (ii) tenga conocimiento del mismo o (iii) se ostente saber del acto que reclama, esto es, la confesión del quejoso relativa a la fecha en que conoció el reproche. 1) La notificación es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, de conformidad a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; y el cómputo comienza a correr desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación. 2) Por su parte, el conocimiento del acto reclamado se refiere a los diversos procedimientos donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido parte en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido parte, no podrían ser notificadas o, bien, cuando por cualquier medio se obtiene el conocimiento pleno del acto, ya que éste no siempre proviene de una notificación, se trate o no de un procedimiento con formalidades legales. 3) La confesión acontece cuando el propio quejoso se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución; bastando que así lo exponga en su demanda de amparo para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. En ese sentido, como se adelantó, la parte quejosa reclama diversas actuaciones dentro del juicio laboral 684/2016, de las cuales, bajo protesta de decir verdad señaló tener conocimiento den diferentes fechas, a saber: a) El auto de seis de diciembre de dos mil veintidós, por el que ordena girar oficio a la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, para que se descuente al municipio de Juan Aldama, Zacatecas, la cantidad de $362,863.36 (trescientos sesenta y dos mil ochocientos sesenta y tres pesos con treinta y seis centavos moneda nacional); del cual tuvo conocimiento el veintiséis de enero de dos mil veintitrés. c) La notificación del auto de seis de diciembre de dos mil veintidós, realizada por estrados el nueve de diciembre de dos mil veintidós, relativa al juicio laboral 684/2016. d) La notificación del laudo dictado en el juicio laboral 684/2016, del cual tuvo conocimiento el veintiséis de enero de dos mil veintitrés. En el caso concreto, si se toma como base la última fecha de las antes mencionadas, a saber la del veintiséis de enero de dos mil veintitrés, que fue cuando la parte quejosa sostiene que se impuso de los autos de origen y manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de los actos ya precisados, el término para presentar su demanda y combatir esos actos reclamados transcurrió del treinta de enero al veinte de febrero de dos mil veintitrés. Lo anterior sin contar los días veintiocho, veintinueve de enero, cuatro, cinco, seis, once, doce, dieciocho y diecinueve de febrero, por corresponder a sábados y domingos y ser inhábiles en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo. No obstante, fue hasta el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, cuando el Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas, por conducto de su síndica Nora Mijares Alba, promovió juicio de amparo respecto de los actos ya precisados. De ahí que, de la fecha mencionada en que se advierte que la parte quejosa ya tenía conocimiento de los actos precisados en los incisos c) y d), a la data en que presentó la demanda que dio origen a este juicio, ya habían transcurrido en exceso los quince días que el artículo 17 de la Ley de Amparo otorga para acudir a juicio constitucional, consintiendo por ende el acto reclamado. Se cita en apoyo la tesis aislada IV.3o.78 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Por otro lado, respecto del acto precisado en el inciso b), consistente en la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en la que el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas, declaró improcedente el recurso de revisión contra la diligencia de segundo requerimiento de pago, llevada a cabo dentro del juicio laboral 684/2016, se actualiza de forma notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, el último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los mencionados numerales son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior (.)" El primero de los ordinales transcritos estatuye lo que doctrinariamente se conoce como la causa de improcedencia legal y que consiste en que el juicio de amparo no es procedente cuando tal situación resulta de alguna disposición de la ley o de la norma suprema. A su vez, el diverso numeral reproducido, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción IV de la Ley de Amparo), señala que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de dos tipos de actos: (i) Los ejecutados fuera de juicio, o (ii) Los ejecutados después de concluido. Ahora, tratándose de los actos ejecutados después de concluido el juicio, es preciso que el juzgador analice qué tipo de acto es el que concretamente se está reclamando, pues de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción en análisis, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada, que es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Asimismo, en procedimientos de remate (que no es el caso) la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, lo cual implica que respecto de las resoluciones intermedias de ese procedimiento no podrá promoverse el juicio de derechos. Entonces, para definir la procedencia del juicio de amparo indirecto una vez concluido el juicio, se pueden identificar los siguientes actos, respecto de los cuales es procedente la acción constitucional: a) Contra última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es: (i) la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; (ii) la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, (ii) la que ordena el archivo definitivo del expediente. b) Contra última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados. c) Contra actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; y, d) Contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada. Resulta aplicable la jurisprudencia I.11o C. J/7 K (11a.), aprobada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que indistintamente en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." Ahora bien, con respecto a los dos últimos supuestos previamente identificados que hacen procedente la acción constitucional, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció al interpretar el artículo 114, fracciones III y IV de la abrogada Ley de Amparo, de contenido similar al artículo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo vigente, que la amplitud de la norma contenida en la fracción IV, da pauta para interpretar la fracción III, esto es, que los actos reclamados emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia afecten de manera directa derechos sustantivos y sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Lo anterior dio origen a la jurisprudencia P./J.108/2010, aprobada por el Pleno del Alto Tribunal, de tenor: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Entonces, la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos después de concluido el juicio, se encuentra condicionada a que ese acto sea el último en ejecución de sentencia, pues de otro modo se entorpecería ese procedimiento de ejecución al intentar controvertir vía constitucional cualquier acto de autoridad que se considere vulnera la esfera jurídica del gobernado, dado que muchos de ellos son inocuos para los intereses del quejoso en tanto su contenido no lesione algún derecho ajeno a la cosa juzgada, máxime que las sentencias son de interés público y los órganos jurisdiccionales deben velar en todo momento por su estricto cumplimiento; de ahí que sea claro el artículo 107 fracción IV de la Ley de Amparo, al precisar que la procedencia del amparo indirecto, tratándose de actos después de concluido el juicio, por regla general será siempre cuando se reclame la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. En ese sentido, de los antecedentes relatados por la pare quejosa concretamente se obtiene que en la diligencia de segundo requerimiento de pago practicada el uno de diciembre de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 684/2016, por medio de la actuaria judicial adscrita al Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas, en compañía de la parte actora, fue requerido al Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas, el pago de las prestaciones a que se había condenado a la parte demandada en el juicio laboral de origen, aquí quejosa, en el punto resolutivo segundo del laudo dictado. Por ende, si la parte quejosa interpuso recurso de revisión contra dicha diligencia y, éste le fue declarado improcedente por el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas -acto reclamado identificado en párrafos previos dentro del inciso b)-, se aprecia que tales actuaciones fueron realizadas en ejecución de sentencia y tienen como finalidad su cumplimento. Es así, pues la segunda diligencia de requerimiento de pago, tuvo como única finalidad hacer cumplir con el punto resolutivo segundo de la sentencia dictada en el juicio laboral 684/2016, es decir, su finalidad inmediata era hacer cumplir con la cosa juzgada; por ende, el recurso recaído contra dicha diligencia tiene como efecto revisar cuestiones propias del cumplimiento de la sentencia, máxime que en dicha diligencia no se advierte que se hubieran lesionado derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada; por lo que el recurso recaído a la misma -con independencia que no se hubiere anexado-, al haberse desechado, queda claro que no afecta derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. De ahí que, si el acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la resolución de ocho de diciembre de dos mil veintidós, que declaró improcedente el recurso de revisión contra la diligencia de segundo requerimiento de pago, llevada a cabo dentro del juicio laboral 684/2016, es una actuación vinculada directamente con el cumplimiento de la sentencia dictada en dicho juicio laboral, sus efectos son meramente procesales, en razón a que no afecta directamente un derecho sustantivo reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ajeno a la cosa juzgada. Lo anterior torna improcedente el juicio de amparo promovido por el Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas, por conducto de su síndica Nora Mijares Alba, respecto del acto ya precisado, al no ser el último dictado en ejecución de sentencia, como lo condiciona el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ni afectar derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, tal como lo estipuló el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 108/2010, citada con anterioridad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113, en relación con los diversos numerales 61 fracciones XIV, XXIII, 17, 18 y 107, fracción IV (interpretado en sentido contrario), todos de la Ley de Amparo, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por el Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas, por conducto de su síndica Nora Mijares Alba. Notifíquese personalmente.....

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    SE ORDENA ARCHIVO DEFINITIVO.

  4. Principal

    SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA AL ACTUALIZARCE UNA CAUSAL DE SOBRESEEMIENTO, LO ANTERIOR, HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES Y SE DEJA SIN EFECTOS DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO DE PARTE TERCERO INTERESADA ASI COMO LA FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.

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