Francisco Arturo Cortes Leos

Expediente 1198/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1198/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
06/11/2018

Partes del expediente

  • Francisco Arturo Cortes Leos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    El seis de noviembre de dos mil dieciocho, Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria de juzgado certifico: a) Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. b) Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la parte quejosa transcurrió del dieciocho al treinta y uno de octubre del año en curso. c) Que dentro de dicho juicio no se tramitó incidente de suspensión. d) No existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, seis de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa en el que se negó el amparo y protección del presente juicio; en razón de lo anterior, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente es susceptible de depuración; en razón de que se negó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. Por otra parte, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase el presente expediente, previa digitalización del escrito de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria que autoriza y da fe. FabiMtz*.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1198/2018; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. En escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Francisco Arturo Cortes Leos solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que enseguida se precisan: Autoridades responsables: Como ordenadora. - Juez Especializado en Materia de Justicia para Adolescentes del Estado de Zacatecas. Como ejecutoras. - Director General de Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado. - Director de Órdenes de Aprehensión adscrito a la Policía Ministerial en el Estado. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerado los que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del amparo indirecto. La demanda de amparo se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, órgano jurisdiccional que en proveído de treinta de mayo de dos mil dieciocho, la registró con el número de expediente 1198/2018, la admitió a trámite, solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, reconoció con el carácter de tercero interesado al agente del Ministerio Público que tiene intervención en el proceso penal de origen y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En acuerdo de cinco de junio de dos mil dieciocho, este juzgado reconoció con el carácter de tercero interesado al menor de edad Jesús Daniel Cortez Leos y ordenó su emplazamiento por conducto de su madre Ramona Cortez Leos. En diverso proveído de tres de julio siguiente, se tuvo por inexistente a la autoridad señalada por el quejoso como "Director de Órdenes de Aprehensión adscrito a la Policía Ministerial en el estado de Zacatecas"; ello, previo apercibimiento de cuatro de junio de la propia anualidad. La audiencia constitucional se desahogó al tenor del acta que antecede; la cual, forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV y 107 fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos emitidos por autoridades que radican dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de una lectura integral de la demanda de garantías se desprende que el quejoso reclama: Del Juzgado Especializado en materia de Justicia para Adolescentes y del Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, ambos del Estado de Zacatecas: la orden de aprehensión dictada en su contra el veinte de marzo de dos mil quince, en autos de la causa penal 37/2015 que se le instruye por el delito de violación equiparada y su ejecución, respectivamente. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados precisados en el considerando inmediato anterior, pues así lo manifestaron las autoridades responsables en su informe justificado (fojas 13 y 16). Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con las copias certificadas remitidas por el juzgado responsable; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de este último ordenamiento legal, ya que se trata de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; previo al análisis del fondo del asunto, es necesario analizar la procedencia de la acción constitucional. Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna, en razón a lo cual, impera atender el fondo del asunto. QUINTO. Litis Constitucional. Es innecesario transcribir los conceptos violatorios, al no ser un requisito exigido conforme lo dispone la jurisprudencia 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164 618,del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". El quejoso aduce en sus conceptos de violación que se vulnera en su perjuicio el contenido de los artículos 14 y 16 constitucionales, pues no se han observado las formalidades del procedimiento ya que se le pretende privar de la libertad sin haber dado causa para ello, privándole así de su derecho de ser escuchado y vencido en juicio, precisamente antes de ser detenido. Son infundados los motivos de disenso expuestos, sin que se advierta motivo de deficiencia de la queja a suplir por parte de este juzgador; ello, en atención a las consideraciones que enseguida se expondrán. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por su parte, el numeral 16, primer párrafo, de la Carta Magna, impone la obligación a todas las autoridades de fundar y motivar de manera escrita todos los actos de molestia que emitan, esto es, a expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. Pues bien, del análisis del precepto citado en segundo orden se distinguen dos tipos de actos, que son: a) actos de molestia, son los que restringen de manera provisional o preventiva un derecho, y b) actos privativos, son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado. Los actos privativos tienen como presupuesto para su emisión la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado (garantía de audiencia y debido proceso). Los actos de molestia resultan legales siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. De manera que respecto de éstos no rige la garantía de audiencia, dado que no tienen efectos privativos, sino provisionales. Por tanto, todo acto de molestia debe estar contenido en un mandato escrito de la autoridad competente en donde se funde y motive la causa legal de su objeto. Es ilustrativa de lo anterior, la Jurisprudencia 40/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 200080, que dispone: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional". La orden de aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye. Así lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la tesis 1a. CC/2012 (10a.), con número de registro 2001985, de rubro y texto: "ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y REAPREHENSIÓN. SUS DIFERENCIAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, de rubro: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN.", sostuvo que las órdenes de aprehensión y reaprehensión, si bien tienen como finalidad privar de la libertad a una persona, técnicamente son diferentes. Así, la aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye; mientras que la orden de reaprehensión constituye una determinación judicial emitida para que la persona que ya se encuentra sujeta a un proceso penal, cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer, o bien, con la sanción impuesta, en su caso; de ahí que para la emisión de este tipo de resoluciones no se requiere que la autoridad judicial emisora se pronuncie en torno al acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a diferencia de una orden de aprehensión, en la que se estima indispensable el análisis de ambas categorías procesales." Por tanto, la orden de aprehensión constituye una forma de integrar al imputado al proceso; y la afectación al derecho de libertad involucrado es provisional, hasta en tanto se decida sobre la situación jurídica del inculpado, en relación con los hechos imputados; por tanto, constituye un acto de molestia, dado que no priva de manera definitiva de la libertad al imputado. Lo que se corrobora con el contenido del segundo párrafo del artículo 16 constitucional vigente al ocurrir el ilícito, que establece: "Artículo 16. (...) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Del normativo anterior destaca que la audiencia del imputado no constituye un requisito previo para la emisión de una orden de aprehensión. De ahí que, contrario a lo alegado, para el dictado de dicho mandato judicial, no es exigible que se otorgue al imputado audiencia previa, pues si bien, por regla general, todo gobernado frente a cualquier acto de autoridad que importe privación de alguno de los bienes jurídicos tutelados por el artículo 14 constitucional, goza del derecho público subjetivo de que se le brinden las oportunidades defensiva y probatoria antes de que se realice en su perjuicio el acto privativo; las órdenes de aprehensión constituyen actos de molestia respecto de los que no rige la garantía pretendida. Dicha salvedad, se reitera, deriva del mismo artículo 16 constitucional, al establecer los requisitos para proceder al libramiento de la orden de aprehensión, entre los que no se encuentra que previamente se oiga al presunto indiciado en defensa. Tiene aplicación al respecto la tesis IX.1o.33, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1824, con número de registro 180566, del siguiente contenido literal: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." Luego, lo alegado en ese sentido por el quejoso resulta infundado, pues en el proceso penal de origen, no era necesario que fuera llamado con anterioridad a la emisión del mandato de captura reclamado. Ahora bien, aun en suplencia de la deficiencia de la queja, no se advierte que el acto reclamado sea violatorio de los derechos fundamentales del promovente del amparo, por las razones que a continuación se exponen. En el presente asunto, Francisco Arturo Cortes Leos reclama la orden de aprehensión librada en su contra el veinte de marzo de dos mil quince, en el proceso penal 37/2015 que se le instruye por el delito de violación equiparada en agravio del menor Jesús Daniel Cortez Leos. Pues bien, del análisis integral de la resolución que por esta vía se impugna, se advierte que se emitió con apego a derecho, toda vez que el juez responsable, previa narración de las constancias que integran la citada causa penal, procedió a realizar una correcta valoración de ellas, tomando en consideración las circunstancias de hecho que la llevaron a establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. En primer término, la juez de la causa estableció que el ilícito apuntado se encuentra previsto y sancionado por los artículos 236 y 237 fracción I, del Código Penal del estado; y que los elementos que lo integran son: La introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima, por vía anal; Que esa acción sea en persona menor de doce años. En efecto, como acertadamente lo sostuvo la autoridad judicial responsable, los elementos constitutivos del ilícito descrito se justifican con los medios de prueba que integran el proceso penal de origen, en los que se sustenta la resolución reclamada, mismos que consideró acreditados con el material probatorio siguiente: 1. Denuncia presentada por Ramona Cortes Leos, madre del menor Jesús Daniel Cortez Leos, ante el agente del Ministerio Público Investigador, en la que esencialmente manifestó: "(.) que hace como tres meses estaba en su domicilio ubicado en Callejón Francisco I Madero número 4 de la comunidad de Plateros, Fresnillo, Zacatecas, bañando a su menor hijo Brandon Tadeo de cuatro años y al estar untándole crema, éste le dijo mamá verdad que nosotros no tenemos el popote igual de grande que el chiquilin, y le dijo que es que le dijo a Dani que le chupe el popote y al preguntarle a su hijo Daniel que porque le decía eso le dice que no sabía. Y su menor hijo Brandon le continuo diciendo que el chiquis le baja los pantalones y el calzón a Dani y le dijo que se acostara en la cama y Dani no quiso y empezó a llorar y lo golpeó con el puño cerrado en la panza y los echó de la casa, y que ya no quiso presionar a su hijo Daniel porque éste empezó a llorar. Que al día siguiente se fue a trabajar y le comentó a su hermana Gregoria mamá de FRANCISCO ARTURO lo que le había dicho BRANDON y le pidió que hablara con él, pero sólo se hizo la enojada y no hablaron más del tema. Que luego el maestro de la escuela le mando decir que hablará con su hijo Daniel pues lo veía muy diferente, y al tratar de hablar con él este siguió sin decirle nada. Hasta que fueron con una señora de nombre BENITA y le comentó a ésta que su hijo se hacía de la pipi en la cama, por lo que esta señora le preguntó a su hijo que pasaba y sólo la veía, y la señora insistía y le preguntó que si sabía lo que era una violación y él le dijo que no y le preguntó si lo habían tocado respondiendo que sí que ARTURO, quien le bajaba los pantalones y el calzón y que había sido muchas veces, y al preguntarle porque no había dicho nada, le expresó que le dijo que si decía algo le iba a pegar, y le preguntó dónde había ocurrido contestándole que en la casa de su abuelita". 2. Declaración del menor Jesús Daniel Cortez Leos, de veintinueve de agosto de dos mil catorce, ante el Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, asistido de su mamá Ramona Cortez Leos, en la que manifestó lo siguiente: "(.) hace como dos años eso era cuando yo tenía siete años ya que ahorita acabo de cumplir nueve años, mi primo FRANCISCO ARTURO CORTEZ LEOS, se metía a mi casa que es la de mi abuelita ya que yo y mi hermano BRANDON y mi mamá vivimos ahí en la casa de mi abuelita pero mi primo vive a un lado de la casa de mi abuelita, pero como la barda que está en el patio está muy bajita mi primo se brinca por esa barda y yo me acuerdo que cuando mi hermanito y yo jugábamos en el patio él se brinca y como mi abuelita es quien nos cuida a mí y a mi hermanito BRANDON ya que él tiene cuatro añitos, entonces mi primo se aprovechaba y se brincaba y se fijaba que mi abuelita estuviera dormida como mi abuelita ya es viejita ella duerme mucho, entonces él me metía al cuarto que está en el patio donde hay una cama y dejaba a mi hermanito que jugara solo. Mi primo FRANCISCO no me decía nada solo me agarraba y me metía al cuarto ese que le digo que está en el patio, y me bajaba mis pantalones o a veces mi short lo que trajera y me los bajaba junto con mis calzones y luego él se bajaba los pantalones junto con sus calzones y se sacaba su pene ese por donde hacemos pipi; continua, y luego que se sacaba su pene me dejaba parado y en eso me metía su pene por mi colita por donde hago popo y yo lo único que decía que no, que me dolía y él no me decía nada y me decía cállate y no le digas a nadie porque si le dices a alguien te voy a pegar, y así estaba un rato y luego sacaba su pene de mi colita y me decía súbete tus calzones y se iba de la casa y me decía sigue jugando y ya te dije si le dices a alguien te va a ir muy mal; y así casi diario el buscaba la manera de hacerme eso dándose cuenta de que mi abuelita estuviera dormida y yo y mi hermanito estuviéramos solos en la casa él llegaba y me preguntaba quién estaba y yo le tenía miedo porque sabía lo que me iba a hacer y a mí no me gustaba porque me dolía mucho, entonces cuando no había nadie en la casa el me metía de nuevo al cuarto que está en el patio y me volvía a bajar mis calzones junto con mi pantalón y me volvía a meter su pene en mi colita y así han sido varias veces que me hace lo mismo, por lo que desde que el me empezó a hacer eso yo me empecé a hacer del baño en la cama y mi mamá me decía que por qué me hacía si ya estaba grande y yo no sabía por qué lo hacía pero creo que era porque tenía miedo, por lo que un día mi mamá me llevó con una señora que se llama BENITA y cuando estaba con ella me preguntó que le platicara que me estaba pasando por lo que fue a ella a quien le dije que mi primo FRANCISCO me estaba metiendo su pene en mi colita y ya ella le dijo a mi mamá". La anterior declaración, respecto de la cual la representación social señaló que fue interrumpida en dos ocasiones por el llanto del niño. 3. Dictamen médico proctológico emitido por el médico legista José Leobardo González de la Cruz del servicio de medicina legal de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Fresnillo, Zacatecas, quien después de examinar a Jesús Daniel Cortez Leos certificó que el menor presentó: "pliegues radiados confluentes, con disminución discreta del tono del esfínter anal, con la presencia de una cicatriz en región horaria de las doce en forma triangular, resto del ano con eritema y mala higiene, y el resto de la superficie corporal sin lesiones que clasificar"; y concluyó que: "tiene una edad clínica de ocho (8) años de edad, es impúber, sí hay lesiones en región anal y es antigua, sin lesiones en superficie corporal que clasificar y no hay datos clínicos de enfermedad venérea". 4. Dictamen psicológico emitido por la licenciada en psicología Jannete Cárdenas Chaírez, perito adscrito al departamento de psicología forense del Instituto Zacatenano de Ciencias Forenses de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien después de examinar a Jesús Daniel Cortez Leos concluyó que éste presenta signos y síntomas acorde a haber sido víctima de una agresión de tipo sexual, ya que exhibe un estado de ánimo alterado y afectado presentando el siguiente cuadro clínico: "temor, angustia, alteraciones en los procesos del sueño pesadillas que aluden al hecho traumático que provocan tristeza y temor, ansiedad, pérdida de control de esfínteres y disminución en su desempeño escolar". 5. Acta de nacimiento del menor Jesús Daniel Cortez Leos registrada en el libro 17 acta número 3388 de la que se desprende que el menor nació el once de noviembre de dos mil cinco. 6. Acta de nacimiento del adolescente Francisco Arturo Cortez Leos. Así, la autoridad responsable señaló que la denuncia de la madre y la declaración del menor de edad son medios de prueba, que valorados de acuerdo a la sana crítica y tomando como base las máximas de la experiencia son aptos para establecer que el niño Jesús Daniel Cortez Leos fue víctima del delito de violación equiparada dos años previos a la denuncia, es decir, durante los años dos mil doce y dos mil trece, por parte de su primo Francisco Arturo Cortez Leos. Asimismo, señaló la juez responsable que los dictámenes proctológico y psicológico son datos de prueba que generan convicción de que el niño Jesús Daniel Cortez Leos fue víctima del ilícito referido, al ser emitidos por especialistas de la materia y de los cuales se desprenden datos útiles para conocer las reacciones que dejó en el pasivo la agresión sexual sufrida; y respecto del acta de nacimiento de Jesús Daniel Cortez Leos, tal documento cuenta con valor jurídico para acreditar que la cópula vía anal, le fue impuesta a un niño menor de doce años de edad. Así, concluyó la responsable que con base en la valoración de los anteriores medios de prueba se tiene que al niño Jesús Daniel Cortez Leos le fue impuesta cópula vía anal en diversas ocasiones previas al mes de agosto de dos mil catorce, por su primo Francisco Arturo en el interior del domicilio ubicado en el callejón Francisco I Madero, de la comunidad de Plateros en la municipalidad de Fresnillo, Zacatecas; razón por la cual, se actualiza el delito de violación equiparada descrito por los artículos 236 en relación con la fracción I del numeral 237 del Código Penal del Estado, injusto penal que por su propia naturaleza es doloso de conformidad con lo que establece el artículo 6º párrafo primero del Código Penal, al no permitir diversa forma de comisión y señalando además que el mismo es continuado, ya que mediante una unidad de propósito delictivo y pluralidad de conductas se violó el mismo precepto legal en perjuicio de la misma persona, conforme se establece en el artículo 7º fracción III de la legislación sustantiva penal del estado. Lo anterior se estima jurídicamente acertado, pues tratándose de delitos sexuales, como acontece en la especie, adquiere especial relevancia el dicho de la víctima, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa en el sentido de que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores y, por ende, la naturaleza de esta forma de violencia, no puede esperar a la existencia de pruebas testimoniales, gráficas o documentales, por ello la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Conforme a ello, la declaración de la víctima del delito de violación debe considerarse una prueba esencial, siempre que sea verosímil, se corrobore con cualquier otro indicio y no existan otros que le resten credibilidad, atento a los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia; y en la especie, se cuenta con la declaración del menor de edad víctima del delito, la cual valorada en su conjunto con la denuncia de la madre y los dictámenes proctológico y psicológico permiten establecer datos objetivo de la comisión del antijurídico de violación equiparada. Por cuanto hace al tema relativo a la probable responsabilidad penal del promovente del amparo, en la comisión del ilícito que se le reprocha, cabe puntualizar que de igual forma, hasta el estadio procesal en que se dictó en su contra la orden de aprehensión reclamada, con los medios de convicción que obran en la causa penal, se encuentra acreditado que el quejoso Francisco Arturo Cortez Leos fue quien probablemente perpetró tal ilícito, pues para arribar a esa conclusión la juez responsable tuvo en consideración de manera preponderante la imputación clara y directa que en contra del imputado dirigió el propio menor de edad víctima del delito al señalarlo como la persona que aprovechando que su casa se encuentra al otro lado de la suya, se brincaba por una barda de altura baja y ante la ausencia de su mamá, que su abuelita se encontraba dormida y que sólo estaba jugando con su hermanito de cuatro años, lo llevaba al interior de un cuarto ubicado en el interior de su casa, en donde le bajaba las prendas de vestir de la cintura hacia abajo y le metía el pene por donde hace popo, acción que llegó a realizar en varias ocasiones señalando que un tiempo fue incluso caso a diario, lo que a él le causaba dolor y miedo debido a que si decía algo lo iba a golpear. En esas condiciones, es inconcuso que en el caso a estudio la resolución combatida se emitió con apego a las formalidades esenciales del procedimiento que rigen su emisión; y por ende, en modo alguno se conculcan en su perjuicio los derechos fundamentales tutelados por los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal que invoca el impetrante en su demanda de amparo. En efecto, adverso a lo que sostiene el quejoso en sus motivos de disenso, la orden de aprehensión que reclama se emitió observando debidamente las formalidades esenciales del procedimiento penal que consigna el artículo 14 de la Constitución Federal; además, reúne los requisitos legales que exige el ordinal 16 la citada Ley Suprema y 188 del Código de Procedimientos Penales para el estado de Zacatecas, dado que fue dictada por una autoridad judicial, como lo es la Juez Especializado en materia de Justicia para Adolescentes; precediendo denuncia formulada por Ramona Cortez Leos madre del menor pasivo (Jesús Daniel Cortez Leos) respecto de hechos constitutivos de un delito que merece pena privativa de libertad, como en la especie lo es el de violación equiparada previsto y sancionado por el artículo 236 en relación con el diverso 237, fracción I del Código Penal del Estado. Asimismo, los medios de prueba que obran en la causa penal de origen se estiman suficientes para demostrar que se cometió el ilícito en cita; y, por último la responsable expuso los razonamientos lógico jurídicos mediante los cuales llegó a la conclusión de que en el caso concreto, con el acervo probatorio analizado, se acreditó la materialidad del ilícito apuntado, como también resultaron jurídicamente eficaces para hacer probable la responsabilidad penal del quejoso en su comisión, determinando que en la especie se actualizaban las hipótesis normativas, y que por tanto, procedía el dictado de la resolución que se tilda de inconstitucional. Aunado a ello, es oportuno señalar que para librar una orden de aprehensión como la que en la especie se reclama en esta vía constitucional, la ley no exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del indiciado, sino sólo se requiere que se reúnan los requisitos que establece el artículo 16 de la Carta Magna, y que existan datos que hagan probable la responsabilidad del encausado en su comisión; y en el caso concreto tales extremos se encuentran acreditados con las probanzas que integran la causa penal de origen. Es aplicable a esto último, la Jurisprudencia número 619 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Apéndice 2000, Octava Época, Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC, página 504, con número de registro 904600, cuyo texto se lee: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SU LIBRAMIENTO NO REQUIERE DE PRUEBAS PLENAS DE LA RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO. Para dictar una orden de aprehensión no se requiere de pruebas plenas que acrediten la responsabilidad del inculpado sino únicamente es necesario que se reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 16 constitucional, y que se desprendan datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado.". Corolario de lo anterior, al no haberse demostrado con razonamientos lógico-jurídicos que la resolución que por esta vía se impugna, sea violatoria de derechos fundamentales en perjuicio del quejoso Francisco Arturo Cortez Leos, ni se advierte motivo que amerite la suplencia de la queja en su favor, en términos de la fracción III, inciso a) del artículo 79 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, procede negar el amparo y la protección de la justicia federal solicitados. La negativa del amparo se hace extensiva respecto del acto que se atribuye a la diversa responsable Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, ambos del Estado de Zacatecas, toda vez que siendo constitucional la orden de aprehensión emitida por la autoridad judicial señalada como ordenadora, es obvio que también lo es la ejecución que de la misma se haga, puesto que no importa violación de derechos fundamentales. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia VI.2o. J/317, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Agosto de 1994, página 83, con número de registro 210778, cuyo texto se lee: "AUTORIDADES EJECUTORAS, NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que solo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Francisco Arturo Cortes Leos o Francisco Arturo Cortez Leos, contra los actos reclamados a la Juez Especializada en materia de Justicia para Adolescentes y al Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, ambos del Estado de Zacatecas, consistentes en la orden de aprehensión dictada en su contra el veinte de marzo de dos mil quince, en la causa penal 37/2015 y su ejecución. Lo anterior, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la secretaria que autoriza, Celina Bernal Nava, hoy quince de octubre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado.- Doy fe. gfp

  3. Principal

    El veintidós de agosto de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 16726 con anexo. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos la promoción signada por la secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo en que se actúa y testimonio de la resolución pronunciada por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, residente en Acapulco, Guerrero; acúsese el recibo de estilo. Agréguese al presente expediente el cuaderno de antecedentes que se encontraba formado, previa extracción de las copias fotostáticas con las que se integró y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito revocó la sentencia dictada por este Juzgado, y en su lugar ordenó reponer el procedimiento para los efectos indicados en dicha ejecutoria; por tanto a fin de dar cabal cumplimiento a lo anterior, se acuerda: Requiérase al secretario de Finanzas del Gobierno del estado de Zacatecas, para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación de este auto, informe si obra en sus archivos recibo en el que conste de manera fehaciente el pago realizado por la parte quejosa del impuesto adicional para la infraestructura correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, y en caso afirmativo, remita copias certificadas de las constancias que así lo acrediten. Se apercibe a la mencionada autoridad que de hacer caso omiso al presente requerimiento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país. Finalmente, se deja sin efecto legal alguno la audiencia constitucional celebrada, así como la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y en su lugar, se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. cecy*

  4. Principal

    SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA LAS NUEVE HORAS DEL 22 DE AGOSTO DE 2018.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano