Francisco Azair Marín
Expediente 469/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 469/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Azair Marín
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual remite copia de la ejecutoria pronunciada el veinticinco de febrero del año en curso, en el recurso de queja 379/2021, interpuesto por Raúl Rojas Hernández, por conducto de su apoderado legal Francisco Azair Marin, contra el auto de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, de la que se advierte que la superioridad declaró infundado dicho medio de inconformidad; acúsese recibo vía interconexión. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). DESTINO. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que laude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. LEY DE TRANSPARENCIA. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el escrito signado por Francisco Azair Marín, Apoderado Legal para pleitos y Cobranzas de Raúl Rojas Hernández, por el que interpone recurso de queja contra el acuerdo de dieciocho de agosto del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase al promovente interponiendo el recurso en cita. En consecuencia, remítase el escrito del recurso de queja y copia simple del mismo, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, por conducto del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de dichos Tribunales, para la substanciación de dicho medio de impugnación. También, ríndase el informe correspondiente sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que en este juicio de amparo se dictó el acuerdo de dieciocho de agosto del año en curso, por el que se desechó de plano la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos del de la Ley de Amparo; por lo que adjúntense copias certificadas de la totalidad de las constancias que conforman el presente expediente, para la substanciación del recurso de queja hecho valer. Se precisa que en el caso no es procedente notificar a la autoridad señalada como responsable la interposición de dicho recurso, a efecto de que dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, toda vez que se desechó de plano la demanda respectiva. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por derecho propio, y en su carácter de Apoderado Legal para pleitos y Cobranzas de ***, personalidad que acredita con el instrumento notarial número 5305 (cinco mil trescientos cinco), volumen número noventa y cinco, otorgado ante el notario público número ciento nueve, contra actos del Gerente Regional de la Cooperativa Finagam, Sociedad de Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; que hace consistir literalmente en IV. LEY O ACTO QUE SE RECLAMA. Se reclama de la autoridad responsable, la omisión o falta de contestación a los escritos de petición presentados el siete de agosto de dos mil veinte, dos de octubre de dos mil veinte y nueve de marzo del actual. Suponiendo sin conceder que se tuviera que señalar un solo escrito de petición para trámite a mi demanda, señalo el más reciente que es de fecha nueve de marzo de dos mil veintiuno." Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 469/2021. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Examinada la demanda en su integridad, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma. En efecto, en el caso se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, los cuales establecen: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Conforme al precepto anterior, existe la posibilidad de que una autoridad para los efectos del juicio de amparo, lo sea un ente u organismo del Estado (autoridad con independencia de su naturaleza formal), cuando dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto, que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral, o en su caso que omita el acto respectivo. En primer término, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Concomitante con lo anterior, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a jurisdiccionales de amparo la decisión de los órganos se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia(s): Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante si, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, se evidencia, el promovente refiere que su representado es socio de la ***, bajo el número de socio XO3-21341, derivado de lo anterior, ha presentado diversos escritos a dicha institución, en los que le solicita revocar al cotitular actual de la cuenta de nombre Raúl Rojas Alvarado por el de su esposa Sofía Gutiérrez Mendoza, cambiar de beneficiarios y retirar de la cuenta la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos), sin que a la fecha le hayan acordado lo conducente. Conforme a lo antes expuesto, este Órgano Jurisdiccional estima que el acto reclamado, no constituye un acto de autoridad, pues la relación entre la parte quejosa como solicitante al ser socio del servicio que requiere y la institución financiera, se establece una relación de coordinación, que son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano. En mérito de lo resulta válido concluir que la omisión de darle respuesta a sus escritos presentados el siete de agosto, dos de octubre, ambos de dos mil veinte y nueve de marzo del año en curso, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues no deriva de una relación de supra a subordinación, sino que ocurrió en un plano de coordinación. Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia por contradicción de tesis del Pleno del Máximo Tribunal del País, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página 126, de dice: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 80. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." Ahora, si bien es criterio jurisprudencial que los particulares, en este caso la financiera, pueden tener el carácter de autoridades responsables; sin embargo, ello solo se actualiza cuando actúa en cumplimiento a una norma o de un procedimiento, amén de su sede (administrativo, judicial o laboral). En el caso particular, no se advierte que el acto reclamado tenga sustento en alguna ley o algún procedimiento; sino más bien, que la financiara está actuando de motu-propio y con base en la relación que como institución tiene con sus socios, en cuya situación, es inconcuso que no actúa con imperio, sino en una condición de particular, careciendo de las características de unilateralidad e imperatividad propias de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. De ahí que no sea ante esta instancia donde debe de dilucidar la controversia existente. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos del mismo ordenamiento, y en virtud de que el acto reclamado no puede ser considerado de autoridad para efecto del juicio de amparo, por las razones que anteceden, se desecha de plano la demanda de amparo. AUTORIZADO Téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, y únicamente como autorizados para recibir notificaciones a ***, ****e ***, toda vez que en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, no existe acreditada cédula que los autorice a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho, tal como se desprende de la certificación secretarial que antecede. DOMICILIO De igual forma téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación de la secretaria certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 27/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. Notifíquese personalmente
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