Francisco Arroyo de la Concha
Expediente 327/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 327/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Arroyo de la Concha
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado el nueve de junio de dos mil veintitrés, por el que se desechó de plano su demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su numeral 2, se declara que dicha determinación ha causado estado. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con lo establecido en los ordinales 21, 22 y 23, archívese este expediente como definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL Se estima que este asunto carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano del acto reclamado, ni existe documento considerado como original por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). DESTINO Además, al tratarse de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 20, fracción IV, del citado acuerdo, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. LEY DE TRANSPARENCIA Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintitrés.****************************************Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del 1. Director o Encargado Temporal del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala y otras autoridades, que hace consistir literalmente en:****************************************"De las autoridades administrativas señaladas como responsables se reclama, la orden de traslado y su ejecución fuera de todo procedimiento legal, sin motivo legal o fundamento alguno, sin razón alguna, y sin cumplir con todos los protocolos y requisitos inherentes al caso, sin ser esta autoridad administrativa competente para ello, violaciones que culminaron con el internamiento del quejoso en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS OAXACA. De la Autoridad Judicial se reclama la calificativa de dar por legal el traslado del suscrito quejoso, todo lo anterior sin previo aviso ni al suscrito ni a mis familiares, sin cumplir con las formalidades al procedimiento, sin fundar ni motivar el acto de molestia, causándome con esto una violación a mis Garantías Constitucionales y conculcando mis derechos humanos más fundamentales, causándome agravios, mismos que ahora se combaten por esta vía.****************************************Así mismo, el suscrito ******************** considero importante manifestar que fui trasladado de manera involuntaria y sin que se colmarán los requisitos de ley para tal efecto, ya que no existen pruebas LEGALES que funden y motiven el traslado del suscrito al centro de readaptación social federal N. 13 "CPC OAXACA", YA QUE ME EXCARCELARON DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL TLAXCALA, bajo el argumento de que representaba un riesgo institucional para el centro de reinserción social donde me encontraba, sin embargo la autoridad penitenciaria omite ofrecer todas y cada una de las pruebas con las que sostiene su orden y si el suscrito no ha cometido ninguna falta al reglamento interno y no ha cometido ningún delito ni falta administrativa que pongan en evidencia la necesidad de que el suscrito haya sido trasladado por medidas de seguridad, ya que en materia penal no basta con decir sino que hay que probar lo dicho y si eso no sucede en el presente debe deducirse que se trata de un traslado ilegal realizado con una indebida fundamentación y motivación."************************************************************ANOTACIONES****************************************Fórmese expediente, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 327/2023-I-B.********************DESCARTA URGENCIA.********************De la lectura armónica de la demanda de amparo promovida por ********************, se obtiene que en el capítulo de suspensión solicita que se le conceda la suspensión de plano de los actos reclamados para efecto que cesen de forma inmediata y devuelvan a su estado original para preservar la materia de amparo y evitar se produzcan daños de imposible reparación. Sin embargo, dichas manifestaciones no tienen sustento en el contenido de la demanda de amparo, ni en los antecedentes, así como tampoco en los conceptos de violación, ni en los actos reclamados, pues no se desprende en modo alguno que se estén perpetrando actualmente, al momento de la presentación de la demanda o de carácter inminente contra el quejoso, actos que impliquen alguna de las hipótesis previstas en el artículo 22 de la constitución federal y 15 de la ley de la materia, que dé lugar a la tramitación urgente e inmediata de esta demanda de amparo; en consecuencia, se descarta la urgencia del presente asunto.********************DESECHAMIENTO********************Conforme a lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis de la demanda de amparo, debido a que se advierte que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala:****************************************"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano".****************************************De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente.****************************************Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido.****************************************Tal tiene como base lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Federal que consagra el derecho fundamental de acceso a la justicia e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, debido a que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera.****************************************En el caso concreto, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de una causal de improcedencia que se analizará a continuación.****************************************Se estima que el presente caso es notoriamente improcedente y en consecuencia, debe desecharse de plano la demanda relativa, con base en lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6º, ambos de la Ley de Amparo, que establecen:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************[.]********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley".********************"Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. ********************Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita".****************************************En ese orden, visto el escrito de demanda de amparo aparece que no contiene firma autógrafa o huella del promovente ********************, -lo que se puede corroborar en el apartado de observaciones de la boleta emitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz- por ello, es de concluirse que no existe instancia de parte agraviada, pues no se aprecia la voluntad para promover el juicio de amparo al no existir persona que sea responsable de su contenido, en términos del artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia.****************************************Asimismo, conforme a lo establecido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de control constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, esto es, por la parte a quien el acto reclamado le ocasione un agravio personal y directo, lo cual le otorga legitimación para promover la instancia constitucional o bien, también puede promoverse por el representante legal o apoderado del quejoso.****************************************Sustenta lo anterior, la tesis aislada I.15o.A.17 K, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo texto es el siguiente:********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE TENERSE POR NO INTERPUESTA CUANDO EL ESCRITO RELATIVO NO SE ENCUENTRE FIRMADO POR EL QUE APARECE COMO PROMOVENTE, SIN TENER QUE PREVENIRLO PARA QUE LA FIRME. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías puede promoverse sólo por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la ley lo permita expresamente. En esos términos, si el escrito de demanda no contiene la firma de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la firma es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento, siendo indispensable para dar validez a cualquier actuación escrita. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y, entonces, no debe, incluso, prevenirse al señalado como promovente para que estampe su firma, pues, además, ésta no entraña uno de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 116 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 146, sino un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia no conduce siquiera a desechar por improcedente la demanda, pues no puede desecharse lo que no existe, sino a tenerla por no interpuesta ante la falta de expresión de la voluntad del que aparece como promovente."****************************************Así también, en todo lo que no contraríe a la ley de la materia, resulta aplicable al caso, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 315, Tomo X, Octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: ********************"DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4º. y 116 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada."****************************************Asimismo, apoya lo determinado la tesis de la Octava Época, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Tomo: XV-II, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación que es del tenor siguiente: ****************************************"DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal."****************************************De igual forma, es aplicable al caso por analogía, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor:****************************************"DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida."****************************************De la ejecutoria que dio origen a la citada jurisprudencia se aprecia que tampoco es dable requerir al promovente para que aclare la demanda en términos de lo que establecía el numeral 114 de la Ley de Amparo, esto es, cuando se advierte que el escrito inicial contiene alguna deficiencia, irregularidad u omisión que deba corregirse.****************************************Lo anterior, debido a que la promoción del amparo vía electrónica o física que carezca de la FIREL, firma autógrafa o huella del quejoso, respectivamente, no puede equiparse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el citado precepto legal, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores de juicio de amparo que no amerita prevención alguna.****************************************Ello es así, porque al no contener el escrito de demanda la firma o huella del titular de la acción de amparo, no se aprecia la voluntad del que aparece como suscriptor. ****************************************En este punto, es oportuno destacar que el acto reclamado por el promovente ********************, es la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, así como la ejecución del mismo; y que por su naturaleza no constituyen actos fuera de procedimiento, por lo que no se está en el supuesto que prevé el artículo 109 de la ley de la materia, debido a que no encuadra en las hipótesis del diverso precepto 15 de la Ley de Amparo, que constituyen la excepción a la regla.****************************************Bajo esas condiciones, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo.****************************************DOMICILIO******************** ********************Por las razones antes expuestas, no procede tener por señalado el domicilio citado en la demanda, pues sería un contrasentido que no se tuviera por manifestada voluntad alguna por cuanto a la acción de amparo, pero sí respecto del señalamiento de domicilio.****************************************FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO****************************************Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa.********************LEY DE TRANSPARENCIA****************************************De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información.*
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