Francisco Arroyo de la Concha
Expediente 340/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 20 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 340/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 20/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Arroyo de la Concha
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinte de junio de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, al que acompaña el original del juicio de amparo ******************** de su índice, promovido por ********************, contra actos del Comisionado de Prevención y Reinserción Social del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, en cumplimiento al auto de doce de junio del año en curso, en el que declaró carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la citada demanda de amparo, y declinó la competencia a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, correspondiendo conocer de la misma a este órgano jurisdiccional, por razón de turno. ANOTACIONES. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto ********************-IV-B. NO SE ACEPTA COMPETENCIA. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, no ha lugar a aceptar la competencia declinada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, en atención a las siguientes consideraciones. Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese tenor, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo, obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo. En caso que el acto reclamado conlleve una ejecución material, se deben analizar las características de ésta. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo vinculando los efectos del acto reclamado con el derecho constitucional que se considera violado; es decir, considerando las consecuencias directas o inmediatas que produce el acto, y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen. Además, para que un juzgador tenga competencia respecto de un caso específico, este último debe hallarse dentro de la órbita de actuación que la ley expresamente le reserva, dado que, como se apuntó en párrafos precedentes, sobre el particular impera la garantía de legalidad, propia de un Estado de Derecho, y para el caso que nos ocupa, al atender al artículo 37 de la Ley de Amparo, se contemplan limitativamente los supuestos en que se actualiza la competencia territorial de los jueces de distrito para conocer de un amparo indirecto, pues es desacertado pretender deducir otros no previstos expresamente. Así, del precepto legal transcrito, se deduce, que por regla general será competente para conocer de la demanda de amparo: a) El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El Juez de Distrito del lugar de residencia de la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado, siempre que éste no requiera de ejecución material (párrafo tercero). c) El Juez de Distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en su jurisdicción (párrafo segundo). De lo anterior se advierte que la competencia se fincará en favor del Juez de Distrito en el lugar en el que se trate de ejecutar el acto reclamado. Ahora, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la determinación reclamada consiste, esencialmente, en la orden de traslado del directo quejoso ********************, del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", mismo que tiene su residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. En razón de lo anterior y conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se Divide la República Mexicana; y al Número, la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. De dicha normatividad se desprende que los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el Distrito Judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo. De lo anterior, se observa que en el Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, no ejercen competencia territorial los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, por lo que por excepción, corresponde su conocimiento a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. De ahí, se colige que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la presente demanda, determinándose que corresponde a un Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, dado que es quien ejerce jurisdicción territorial donde se ejecutó la orden de traslado al directo quejoso y es el lugar donde se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", ubicado en el Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 899, Décima Época, registro digital 2020828, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." En las relatadas consideraciones, con fundamento en los artículos 37, párrafo tercero, y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se Divide la República Mexicana; y al Número, la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, este Juzgado no acepta la competencia declinada; en consecuencia, devuélvase a la autoridad jurisdiccional declinante el juicio de amparo ********************, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Comisionado de Prevención y Reinserción Social del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, lo anterior, previas constancias que se dejen en este expediente; solicitando el acuse respectivo. Consecuentemente, previo cuaderno de antecedentes que se forme, se ordena informar la presente determinación al Juez Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán. Sin que resulte necesario hacer pronunciamiento en relación con la suspensión de plano, toda vez que el homologo declinante se pronunció al respecto FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los secretarios y secretarias del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Cúmplase
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