Francisco Ángel Paz

Expediente 637/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
637/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
30/09/2020

Partes del expediente

  • Francisco Ángel Paz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    I. Uruapan, Michoacán, treinta de septiembre de dos mil veinte. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito que se recibió el once de diciembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Uruapan, Michoacán, y para registro turnado al día siguiente a este Juzgado Quinto de Distrito, Francisco Ángel Paz, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Director del Hospital General Regional de Uruapan "Doctor Pedro Daniel Martínez", con sede en esta ciudad; Director General del Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección en Salud de Michoacán "Seguro Popular"; Secretaría General de Salud del Estado de Michoacán; y, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, estas últimas con sede en Morelia, Michoacán. ACTO RECLAMADO: ".La falta de tratamiento y/o medicamento y/o atención médica necesaria para el debido tratamiento de la enfermedad que padezco diagnosticada como INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA." El quejoso señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1°, 2° y 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de once de diciembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, la que se registró con el número de juicio 637/2019-IV; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; asimismo, se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados; y finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Así, luego de haberse reactivado el juicio de amparo en que se actúa, con motivo del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la audiencia constitucional, tuvo verificativo a las nueve horas con veintisiete minutos del treinta de septiembre de dos mil veinte, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, lo anterior, con fundamento en los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, ambos de la Ley de Amparo; 48, 49 y 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito'; por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse actos omisivos (falta de atención médica) atribuidos a una autoridad residente en la jurisdicción donde ejerce competencia territorial este juzgado de Distrito (Uruapan, Michoacán). SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención del quejoso al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, página 255, rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." El quejoso Francisco Ángel Paz, reclama de las autoridades responsables: La falta de tratamiento y/o medicamento y/o atención médica integral, oportuna y gratuita, respecto del tratamiento y el medicamento adecuado para la enfermedad diagnosticada al quejoso como insuficiencia renal crónica concretamente la aplicación de hemodiálisis, como derechohabiente a través del seguro popular. TERCERO. Improcedencia parcial del juicio. La autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, al rendir su informe justificado señaló que no es cierto el acto que se le reclama, consistente en la omisión de proporcionar atención médica al quejoso (fojas 132). Asimismo, no existe constancia dentro del juicio de amparo que se resuelve que desvirtúe dicha inexistencia del acto reclamado. Máxime que de las constancias que obran en autos se desprende que han sido diversas autoridades responsables quienes atendieron inicialmente, y establecieron posteriormente, las condiciones para proporcionar al quejoso el tratamiento médico de hemodiálisis que necesita para su padecimiento de insuficiencia renal crónica. De ahí, que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 5, fracción II, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia número I.5o.P. J/3, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primero Circuito, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS". Jurisprudencia que cobra aplicación al caso por la identidad jurídica existente entre los artículos 5°, fracción II, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en vigor y los numerales 11 y 73, fracción XVIII, de la ley de la materia abrogada que ahí se interpretan. Consecuentemente, se decreta el sobreseimiento respecto de la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Michoacán; con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El Director del Hospital General Regional de Uruapan "Doctor Pedro Daniel Martínez", con sede en esta ciudad; la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, y el Director General del Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección en Salud de Michoacán "Seguro Popular, ambos residentes en Morelia; al rendir su informe justificado, el primero por propio derecho, y los dos restantes a través de su apoderado jurídico, negaron la existencia del acto reclamado consistente esencialmente, en la falta de atención médica y tratamiento adecuado a través de la hemodiálisis, para el padecimiento de insuficiencia renal crónica, de manera continua y gratuita (foja 46, 243 y 76 respectivamente). Sin embargo, al tratarse de un acto de naturaleza negativa, la carga de la prueba recae en las autoridades responsables. De ahí que no sea dable aceptar la negativa propuesta. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 27, volumen 60, primera parte Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, rubro y texto: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al estudio de los aspectos de fondo del acto reclamado, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este juzgador considera que de las documentales remitidas por la autoridad responsable Secretaría de Salud de Michoacán; Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez" de esta ciudad, se determina que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; en virtud de las siguientes consideraciones. Es de precisar, que la cesación a que se refiere el artículo y fracción invocados se da por revocación o por sustitución; la primera implica la desaparición o destrucción del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna y, la segunda se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. Sirve de sustento a lo anterior la tesis aislada I.3o.C.92 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, consultable en la página mil cuatrocientos noventa y uno, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO". En mérito de lo anterior, la hipótesis que en el presente se actualiza es la primera, en virtud de que, como ya se indicó, el acto combatido por el quejoso consiste en: La falta de tratamiento y/o medicamento y/o atención médica integral, oportuna y gratuita, respecto del tratamiento y el medicamento adecuado para la enfermedad diagnosticada al quejoso como insuficiencia renal crónica concretamente la aplicación de hemodiálisis, como derechohabiente a través del seguro popular. Sin embargo, como se anotó se considera que efectivamente tal acto reclamado cesó en sus efectos, habida cuenta que las autoridades responsables, en lo que aquí interesa, informaron lo siguiente: ".a fin de dar cumplimiento a lo solicitado anexo al presente en copias fotostáticas debidamente certificadas las constancias que acreditan que mis representadas brindaron la atención médica al quejoso, sin embargo el Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", no cuenta con la infraestructura necesaria ni el equipamiento médico hospitalario, por tal motivo el personal de la citada unidad médica realizó los trámites necesarios para referenciar al quejoso al Hospital General "Dr. Miguel Silva" con sede en esta ciudad, para que recibirá el tratamiento dialítico que requiere el quejoso diagnosticado con diabetes con complicaciones renales. En ese orden de ideas, y con la finalidad de que el peticionario de amparo no tuviera que trasladarse a esta ciudad ara recibe sesiones de hemodiálisis, se decidió otorgar el tratamiento de manera subrogada en un lugar más cercano a la localidad donde reside, siendo éste la ciudad de Uruapan, Michoacán, por ello el C. FRANCISCO ÁNGEL PAZ, se encuentra recibiendo dicho tratamiento desde el mes de enero de 2020, en la clínica privada denominada Unidad Renal Ambulatoria, S.C., sin costo alguno, anexo al presente las facturas emitidas por la clínica privada con las que se acredita que la parte que represento se encuentra cubriendo los pagos a la citada unidad para que la misma otorgue el servicio de hemodiálisis." (fojas 266 a 276 y 289 a 296). Para demostrarlo, es suficiente indicar que después la presentación de la demanda de amparo (once de diciembre de dos mil diecinueve), el promovente ha recibido diversas atenciones médicas, por lo que válidamente puede afirmarse que se le ha dado el tratamiento para combatir su padecimiento (insuficiencia renal crónica); por lo que es inconcuso que la omisión inicialmente reclamada, ha dejado de surtir sus efectos a partir de que se ha llevado a la atención médica especializada. Para acreditar lo anterior, las referidas autoridades responsables agregaron las documentales consistentes en: Nota de evolución del veinte de diciembre de dos mil diecinueve, a nombre del quejoso Francisco Ángel Paz, derivado de su expediente 14-39-95, emitida por la Secretaría de Salud, en la cual al final de la misma se asienta la leyenda "20 de Diciembre del 2019. Resibi Atension (sic) medica. Francisco Angel Paz" (fojas 268 y 269); y, Facturas números 4306, 4312, 4359 y 4451, de catorce y treinta y uno de enero; veinte de febrero; y, veinticinco de marzo todas de dos mil veinte; emitidas por la Unidad Renal Ambulatoria S.C., por los conceptos de sesiones de hemodiálisis al paciente Francisco Ángel Paz (fojas 274 a 276 y 293). Máxime que el agraviado no realizó manifestó alguna del auto de siete de agosto del año en curso, en donde se le da vista con el cumplimiento a la suspensión de plano, atendida por las responsables, de lo cual fue notificado personalmente el doce de agosto del año que transcurre (fojas 335), tendente a en su caso, desvirtuar la atención médica referida a su persona por las autoridades responsables. De ahí que, se advierte que las responsables han hecho lo que está en el ámbito de su competencia para continuar con el tratamiento del peticionario Francisco Ángel Paz. En las relatadas condiciones, se encuentra evidenciada la hipótesis de improcedencia en estudio (cesación de efectos), toda vez que se le ha dado oportuno, adecuado y constante tratamiento clínico respecto de la enfermedad que padece (insuficiencia renal); fecha que desde luego es posterior a la presentación de la demanda de amparo, esto es, once de diciembre de dos mil diecinueve. En consecuencia, toda vez que el acto reclamado en esta instancia constitucional cesó en su efectos y con ello dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso, resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; de ahí que, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, en su fracción XXI de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la propia Ley en cita, se sobresee en este juicio de amparo. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis P.CL/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, registro 197367, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Asimismo, resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2ª/J 59/1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". PRECISIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. En tales condiciones, tomando en consideración que en el presente asunto, el acto reclamado por el quejoso Francisco Ángel Paz, vulnera el derecho a la salud contemplado en el artículo 4° constitucional, y probablemente ESTANDO EN RIESGO SU VIDA, se exhorta a las autoridades responsables Secretaría de Salud de Michoacán; Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez" de esta ciudad, a continuar realizando lo siguiente: 1. Dicten cuanta medida sea necesaria, a fin de salvaguardar la vida del quejoso Francisco Ángel Paz; esto es, deberán seguir girando las instrucciones, a efecto de que se le proporcione el tratamiento de hemodiálisis relativo al padecimiento de insuficiencia renal crónica y la institución de salud a su cargo brinde la adecuada atención médica de la misma, tanto en el nivel de especialidad médica, como hospitalaria y por cuanto insumo material o recurso humano requiera. 2. De igual forma deberán suministrar todas las prestaciones en especie y en dinero previstas hasta ahora proporcionadas que requiera para el tratamiento, cuidados o las medidas que requiera para efecto de seguir practicando los procedimientos de hemodiálisis; 3. Para que el personal médico y de enfermería, se conduzcan tanto con el paciente, como con los familiares, acorde a los estándares éticos de su profesión, en estricto respeto de los derechos del paciente, evitando cualquier conducta que atente contra la dignidad humana del hoy quejoso. 4. Y en general, para que dicten cuanta medida administrativa, económica y de prestación de servicios se requiera, a fin de seguir brindando la atención médica necesaria tanto en cantidad como en calidad, necesarios para preservar la vida del hoy quejoso, hasta su total recuperación. De ahí que, en el ámbito de sus responsabilidades, la autoridad responsable Secretaría de Salud de Michoacán queda obligada a que se realicen los actos necesarios para que se brinden las prestaciones en especie y en dinero previstas en los reglamentos o disposición que le sean aplicables, para atender de manera urgente, debida y adecuada, la atención médica que requiera el quejoso Francisco Ángel Paz. Sirve de apoyo la tesis 1a. LXV/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 457 del Tomo XXVIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2008, Novena Época, bajo la voz: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.". Bajo el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán acreedoras a una multa por el equivalente a QUINIENTAS UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, de conformidad con el numeral 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Además, dichas medidas deberán ser acatadas por dichas responsables, bajo apercibimiento de que en caso de desobediencia, se procedería conforme al artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, esta juzgadora no inadvierte que el padecimiento del quejoso, posteriormente pueda necesitar diversas y múltiples atenciones médicas diversas a la materia de la litis constitucional aquí estudiada; sin embargo, en caso de que no se le brinden oportuna o adecuadamente, ello podrá ser materia de estudio en un diverso juicio de amparo que plantee el justiciable; toda vez que no es factible que con la promoción del presente sumario de derechos humanos, el quejoso pueda hacer uso de manera excesiva o indefinida, de la suspensión de plano decretada, a efecto de que se le otorguen prerrogativas por encima de las demás personas que también requieren el servicio de salud, más aun en los tiempos de contingencia por los que atraviesa al país. Es decir, el hecho de que el peticionario acuda a la presente instancia constitucional, no le otorga derechos prioritarios para que al respaldo de la suspensión de plano decretada a su favor, sea valorado clínicamente primero o antes que todos y cada uno de los pacientes que se encuentren programados para consulta médica, sino que debe atenerse exclusivamente a las omisiones médicas que aquí se reclamaron (las cuales han dejado de surtir sus efectos); además de que debe tomarse en cuenta la agenda del Hospital General Regional de esta ciudad, a fin de respetar el derecho humano a la salud de los demás gobernados y atender, en la medida de las posibilidades, las estrategias que se han implementado en dicha institución para hacer frente a la pandemia ocasionada por el virus COVID-19; a menos que la atención médica que necesite sea catalogada como prioritaria por su urgencia o emergencia, caso en que -se insiste- puede promoverse un diverso juicio de amparo, en el que se reclamen las omisiones médicas que se susciten, pues al efecto es factible que se otorgue una nueva suspensión de plano para que sea atendido a la brevedad. En el entendido de que los diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". SEXTO. Acuerdo de Transparencia. Con fundamento en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73 a 75, y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por el quejoso Francisco Ángel Paz, por las razones expuestas en el tercero y quinto considerandos de este fallo. SEGUNDO. En términos del último considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    IV. Uruapan, Michoacán, a veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO. Agréguese el escrito signado por la parte quejosa, a través del cual, en esencia y en cumplimiento al proveído de dieciocho de diciembre pasado, manifiesta que el veinte siguiente acudió al Hospital General Regional de Uruapan, Michoacán, con motivo de la cita programada para esa fecha, en la que se le valoró y se concluyó que requiere la práctica de hemodiálisis; razón por la que le fue expedida una referencia médica para que en esta data se presentara ante el Hospital Civil de Morelia, dependiente de la Secretaría de Salud Michoacán; empero, no le fue brindada la atención correspondiente por los motivos que expone. REQUERIMIENTO. En atención a lo manifestado por el peticionario de amparo, con copia simple del ocurso de cuenta, requiérase vía electrónica a la autoridad responsable apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán -en su denominación correcta-, así como del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto a superior jerárquico y por ende representante legal del Director del Hospital General Regional "Dr. Pedro Daniel Martínez", dependiente del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, para que DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE VEINTICUATRO HORAS vía fax al número telefónico 452 528 01 58, de este Juzgado y/o correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx y/o telegrama, informen acerca de la forma y términos en que den cumplimiento a la suspensión de plano decretada en auto de once de los actuales, esto es, proporcionen atención médica especializada al quejoso, realizando los estudios médicos necesarios, proporcionándole el medicamento que requiera de acuerdo a los padecimientos que presente. En el entendido de que tal como se ordenó en el proveído de mérito, su intervención en el cumplimiento de la medida cautelar otorgada al quejoso, no se limita a girar instrucciones a determinadas áreas, sino que deben vigilar y corroborar que lo ordenado se cumpla de manera inmediata sin costo alguno para el agraviado, considerando que se trata de la salud del peticionario del amparo, la que debe ser protegida al ser un derecho fundamental; esto es, deberán ser los intermediarios entre el quejoso y la autoridad que deba cumplir con el requerimiento realizado a fin de que se cumpla cabalmente con la atención medica solicitada y decretada en el presente juicio. APERCIBIMIENTO. Lo anterior, bajo los mismos apercibimientos decretados en la citada determinación, consistentes en: a) La imposición de multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafo Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor. b) La desobediencia de este auto de suspensión se considera un delito especial y se sanciona con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, según lo prevé el artículo 262, fracción III, ambos numerales de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente.

  3. Principal

    IV. Con fundamento en el artículo 27, inciso c), de la Ley de Amparo y en cumplimiento al apercibimiento decretado en el aviso de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, notifico a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional el proveído de esta propia data (veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve), que en lo conducente dice: Uruapan, Michoacán, a veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO. Agréguese el escrito signado por la parte quejosa, a través del cual, en esencia y en cumplimiento al proveído de dieciocho de diciembre pasado, manifiesta que el veinte siguiente acudió al Hospital General Regional de Uruapan, Michoacán, con motivo de la cita programada para esa fecha, en la que se le valoró y se concluyó que requiere la práctica de hemodiálisis; razón por la que le fue expedida una referencia médica para que en esta data se presentara ante el Hospital Civil de Morelia, dependiente de la Secretaría de Salud Michoacán; empero, no le fue brindada la atención correspondiente por los motivos que expone. REQUERIMIENTO. En atención a lo manifestado por el peticionario de amparo, con copia simple del ocurso de cuenta, requiérase vía electrónica a la autoridad responsable apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán -en su denominación correcta-, así como del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto a superior jerárquico y por ende representante legal del Director del Hospital General Regional "Dr. Pedro Daniel Martínez", dependiente del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, para que DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE VEINTICUATRO HORAS vía fax al número telefónico 452 528 01 58, de este Juzgado y/o correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx y/o telegrama, informen acerca de la forma y términos en que den cumplimiento a la suspensión de plano decretada en auto de once de los actuales, esto es, proporcionen atención médica especializada al quejoso, realizando los estudios médicos necesarios, proporcionándole el medicamento que requiera de acuerdo a los padecimientos que presente. En el entendido de que tal como se ordenó en el proveído de mérito, su intervención en el cumplimiento de la medida cautelar otorgada al quejoso, no se limita a girar instrucciones a determinadas áreas, sino que deben vigilar y corroborar que lo ordenado se cumpla de manera inmediata sin costo alguno para el agraviado, considerando que se trata de la salud del peticionario del amparo, la que debe ser protegida al ser un derecho fundamental; esto es, deberán ser los intermediarios entre el quejoso y la autoridad que deba cumplir con el requerimiento realizado a fin de que se cumpla cabalmente con la atención medica solicitada y decretada en el presente juicio. APERCIBIMIENTO. Lo anterior, bajo los mismos apercibimientos decretados en la citada determinación, consistentes en: a) La imposición de multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafo Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor. b) La desobediencia de este auto de suspensión se considera un delito especial y se sanciona con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, según lo prevé el artículo 262, fracción III, ambos numerales de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente.

  4. Principal

    IV. Uruapan, Michoacán, a diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante rindiendo su informe justificado con vista a las partes. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Sin que haga valer alguna. CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Hace valer la prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,104 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano