Francisco Aguilar Cazares

Expediente 836/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
836/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Francisco Aguilar Cazares

Actuaciones

  1. Principal

    I. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida aparentemente por Francisco Aguilar Cázares por su propio derecho y Luis Manzo Macías, quien se ostenta apoderado legal del citado quejoso, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador Encargado de Averiguaciones Previas adscrito a la Fiscalía Regional de esta ciudad y otras autoridades. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 836/2023-III, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN. Como premisa, es de indicarse que el supuesto escrito de demanda de amparo, fue recibido a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en cuyo sitio aparece que se le asignó el folio electrónico 5830563 y que es promovida aparentemente por Francisco Aguilar Cázares por su propio derecho y Luis Manzo Macías, quien se ostenta apoderado legal del citado quejoso; no obstante, en el documento digitalizado adjunto, que constituye propiamente el escrito de demanda, no consta la firma autógrafa del quejoso, así como tampoco la firma electrónica de éste, ni de quien se ostenta como su apoderado legal. DESECHAMIENTO. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda, pues la falta de firma electrónica de quien aparece en ella, actualiza la causal de improcedencia que deriva de la aplicación relacionada de los artículos 3°, 6º, 61, fracción XXIII, y 108, de la propia Ley. Es así, pues aun cuando de conformidad con el numeral 3° mencionado, la demanda de amparo puede presentarse electrónicamente, utilizando para ello la firma electrónica previamente obtenida y que de conformidad con el diverso artículo 108, no es necesaria esa firma electrónica cuando el asunto se refiere a los casos previstos en el diverso 15, de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso, la demanda no se encuentra firmada electrónicamente por el quejoso Francisco Aguilar Cázares, ni tampoco por Luis Manzo Macías, quien se ostenta como su apoderado jurídico, previo a su envío a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Esta situación produce que no exista jurídicamente instancia de parte agraviada, como lo requiere el artículo 6° de la norma en comento y en ese tenor se actualiza la causa de improcedencia derivada de la aplicación de estos preceptos, en términos de la fracción XXIII del aludido numeral 61. Esta determinación se apoya, además, en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Énfasis añadido. Por último, se precisa que aunque el segundo de esos criterios exime al promovente de firmar electrónicamente la demanda, cuando reclama actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, lo que en el caso no acontece, toda vez que se señalan como actos reclamados la resolución de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, dictada dentro de la averiguación previa 392/2014, en la que se decretó el sobreseimiento por prescripción de la acción penal, así como el acuerdo de autorización del archivo de dicha indagatoria y la ejecución de los oficios 827/2023, 828/2023 y 829/2023. De lo anterior se advierte que, respecto de dichos actos reclamados, no está acreditada alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que literalmente indica: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." De lo anterior, se advierte la exigencia de que obre la firma electrónica del quejoso o bien de quien se ostente su apoderado legal, lo cual se funda en la necesidad de constatar el cumplimiento del principio de iniciativa de parte agraviada que rige al amparo y que se encuentra previsto en el artículo 6° de la Ley de la materia, al establecerse en éste que el juicio puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte el acto reclamado, por su propio derecho, por su representante legal o por cualquier persona en los casos expresamente previstos en la norma. El propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia P./J.8/2019, sostuvo que cuando una demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica, carece de la FIREL (firma electrónica), debe desecharse de plano, porque esa circunstancia no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la demanda presente escaneada la firma autógrafa de Luis Manzo Macías, quien se ostenta apoderado legal del quejoso, pues además de que no se contiene en original, lo cierto es que al haberse presentado mediante el Portal de Juicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, necesariamente debió contener la firma electrónica, por lo que resulta insuficiente para cumplir con el principio de iniciativa de parte agraviada. Conforme a lo expuesto y fundamentos dados, se desecha de plano la demanda de cuenta; háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que corresponda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Por otro lado, en relación con el señalamiento del domicilio para recibir notificaciones personales, así como persona autorizada para tal efecto; tomando en consideración los razonamientos vertidos en párrafos precedentes (falta de voluntad para promover la demanda), resulta improcedente proveer sobre tal petición, no obstante lo anterior y tomando en consideración la trascendencia de lo resuelto en párrafos precedentes, por única ocasión, se comisiona al actuario de la adscripción que corresponda, notifique el presente proveído a la parte promovente en el domicilio ubicado en la calle Zacatecas número 51 cincuenta y uno, colonia Ramón Farías, de esta ciudad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE personalmente a la parte quejosa.

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