Francisco Alejandro Hernandez Pineda
Expediente 44/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 44/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Francisco Alejandro Hernandez Pineda
Actuaciones
- Principal
II. Uruapan, Michoacán, veintidós de febrero de dos mil diecinueve. De la cuenta secretarial, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja, en contra del proveído de seis de febrero de dos mil diecinueve, en que se desechó la demanda de amparo, promovida por Francisco Alejandro Hernández Pineda, por su propio derecho. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE...
- Principal
II. Uruapan, Michoacán, seis de febrero de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Francisco Alejandro Hernández Pineda, por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, por lo que se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 44/2019-II; se comisiona al Secretario la revisión de la integración del expediente electrónico. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Apreciado íntegramente el escrito de demanda, se desecha de plano toda vez que se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia(Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, prevé el principio de definitividad de los actos jurisdiccionales, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la parte quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que les produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Sobre esa base, los elementos con los que se integra la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional respecto de las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo (autoridades jurisdiccionales), establecidos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, son los siguientes: 1. El acto reclamado sea una resolución proveniente de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2. La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio ordinario de defensa; 3. Ese recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, 4. Por virtud de dicho recurso o medio ordinario de defensa, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. Cabe señalar que los casos de excepción, esto es, los supuestos en los que no resulta necesario agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto, están previstos en la propia fracción que se analiza y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. No debe pasarse por alto, que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, la parte quejosa quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Lo anterior implica, salvo las excepciones destacadas, que de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan contra el acto reclamado, el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. Sentado lo anterior, es necesario establecer que en el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado: ~ El proveído de quince de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio sumario civil 1202/2018, que sobre cumplimiento de los derechos de propiedad común, promovió Francisco Alejandro Hernández Pineda (quejoso), frente a María Salud Ramírez Bravo, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán; en el cual, se precisó que no había lugar a emplazar a dicho juicio a Luis Aramardo Gutiérrez Rubio, Héctor Guillén León y Yadira Osorio Zamudio, en razón de que el emplazamiento de la demandada ya tuvo verificativo y éste no puede modificarse o alterarse, sino con consentimiento de la misma, de conformidad con el numeral 25 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán. Ahora, para mayor comprensión de la naturaleza de tal acto de molestia, conviene relatar los antecedentes que originaron su emisión, manifestados por el promovente bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, concatenado con las constancias que en copia certificada se acompañan al escrito de demanda. Documentales que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º de este último ordenamiento. Tesis: 189 Apéndice de 1995 Quinta Época 394145 4 de 4 Pleno Tomo VI, Parte SCJN Pag. 129 Jurisprudencia(Común) COPIAS CERTIFICADAS. Las que expidan las autoridades en ejercicio de sus funciones no pueden ser tenidas como documentos privados, y cuando sean expedidas por la autoridad judicial, es indispensable que estén autorizadas por el Secretario del Juzgado respectivo, y si carecen de ese requisito, no tienen valor alguno. 1. Mediante acuerdo de once de diciembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda que en la vía sumaria civil y ejercicio de la acción real sobre cumplimiento de derechos de cosa común, promovió Francisco Alejandro Hernández Pineda, frente a María Salud Ramírez Bravo; registrándola con el número 1202/2018, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán. 2. Posteriormente, en acuerdo de nueve de enero de dos mil diecinueve, se tuvo a la demandada por contestando la demanda entablada en su contra. 3. Mediante escrito presentado el nueve de enero de la presente anualidad, el actor solicitó se le tuviera por desistiéndose de la referida demanda; sin embargo, en auto de esa misma fecha, se indicó que su solicitud resultaba improcedente en razón de que la demandada no otorgó su consentimiento. 4. Luego, por escrito presentado el catorce de enero de dos mil diecinueve, el actor -ahora quejoso-, solicitó se emplazara al mencionado juicio a Luis Aramardo Gutiérrez Rubio, Héctor Guillén León y Yadira Osorio Zamudio; no obstante, en proveído de quince de ese mes y año, se precisó que no había lugar a proveer de conformidad su petición, toda vez que el emplazamiento de la demandada ya tuvo verificativo y éste no puede modificarse o alterarse, sino con consentimiento de la misma, de conformidad con el numeral 25 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán (acto reclamado). Bajo ese contexto tenor, la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo referida se actualiza en el caso, porque se deduce que el acto reclamado fue emitido por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán; lo que evidencia que se trata de una determinación proveniente de un tribunal judicial y, en consecuencia, se satisface el primero de los requisitos previstos en el primer párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en lo concerniente a los requisitos identificados con los números dos, tres y cuatro ya precisados en párrafos precedentes, conviene invocar el artículo 676, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, que establece: "Artículo 676. Los autos que no fueren apelables pueden ser revocados por el Juez que los dictó, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio; pero sólo a instancia de parte." El precepto en estudio prevé que cuando un auto no es apelable puede ser revocado por el juez que lo dictó o por el que lo sustituya, pero sólo a instancia de parte. En efecto, el recurso de que se trata (revocación), tiene como finalidad que el juez responsable revoque o modifique el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados, con lo que, en su caso, desaparecería la afectación a la esfera jurídica de la quejosa, que ésta aduce en la demanda de amparo, ello en observancia al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, como se explicó en líneas anteriores. Entonces, en relación con el acto reclamado en esta vía de amparo, el recurso idóneo para impugnarlo es el de revocación, en virtud de que no está expresamente establecido en la norma que el procedente sea el recurso de apelación. Asimismo, se satisface el segundo de los requisitos, ya que el medio de impugnación en cuestión se encuentra previsto en una ley en sentido formal y material esto es, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, que además regula el acto reclamado. Por cuanto hace al tercer requisito, también se satisface puesto que el recurso se tramitará dentro del juicio sumario civil de donde deriva tal acto. De igual manera, en términos del artículo 676 de la codificación invocada, la finalidad del recurso de revocación es revocar o modificar el acto reclamado, lo que actualiza el cuarto de los referidos requisitos. También debe precisarse que el acto reclamado no constituye alguno de los supuestos de excepción contenidos en la multicitada fracción XVIII, del numeral 61 de la ley de la materia, puesto que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, tampoco se trata de persona extraña al procedimiento, tomando en cuenta que el quejoso es parte actora. De igual modo, la procedencia del recurso no requiere de una interpretación adicional o el fundamento es insuficiente para determinar su procedencia. Tiene apoyo a lo anterior, el siguiente criterio: Tesis: P./J. 11/2018 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2017117 1 de 1 Pleno Libro 55, Junio de 2018, Tomo I Pag. 8 Jurisprudencia(Común) DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo promovida por Francisco Alejandro Hernández Pineda; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones dirigidas a la parte quejosa, el ubicado en calle Hilanderos, número 30, colonia Morelos, en esta ciudad; y como autorizado de conformidad con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Adolfo Villa Solorio, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho. Y como autorizados únicamente de conformidad con el párrafo segundo, última parte, del citado artículo 12, de la ley de la materia, a Gustavo Adolfo Villa Gutiérrez, Fernando Michel García Duarte y Mara Yadarith Montes Soto, toda vez que no cumplen con el mencionado requisito. Es aplicable a lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada (Administrativa) SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado. AUTORIZACIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS A LA PARTE QUEJOSA Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a la parte quejosa, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. NOTIFICACIONES A LA PARTE QUEJOSA Se faculta al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a la parte quejosa por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en el domicilio de ésta y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa...
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II. Con fundamento en el artículo 27, inciso c), de la Ley de Amparo y en cumplimiento al apercibimiento decretado en el aviso de siete de febrero de dos mil diecinueve, notifico a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional el proveído de seis del citado mes y año (febrero de dos mil diecinueve), que en lo conducente dice: Uruapan, Michoacán, seis de febrero de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Francisco Alejandro Hernández Pineda, por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, por lo que se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 44/2019-II; se comisiona al Secretario la revisión de la integración del expediente electrónico. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Apreciado íntegramente el escrito de demanda, se desecha de plano toda vez que se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia(Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, prevé el principio de definitividad de los actos jurisdiccionales, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la parte quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que les produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Sobre esa base, los elementos con los que se integra la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional respecto de las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo (autoridades jurisdiccionales), establecidos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, son los siguientes: 1. El acto reclamado sea una resolución proveniente de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2. La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio ordinario de defensa; 3. Ese recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, 4. Por virtud de dicho recurso o medio ordinario de defensa, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. Cabe señalar que los casos de excepción, esto es, los supuestos en los que no resulta necesario agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto, están previstos en la propia fracción que se analiza y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. No debe pasarse por alto, que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, la parte quejosa quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Lo anterior implica, salvo las excepciones destacadas, que de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan contra el acto reclamado, el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. Sentado lo anterior, es necesario establecer que en el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado: ~ El proveído de quince de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio sumario civil 1202/2018, que sobre cumplimiento de los derechos de propiedad común, promovió Francisco Alejandro Hernández Pineda (quejoso), frente a María Salud Ramírez Bravo, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán; en el cual, se precisó que no había lugar a emplazar a dicho juicio a Luis Aramardo Gutiérrez Rubio, Héctor Guillén León y Yadira Osorio Zamudio, en razón de que el emplazamiento de la demandada ya tuvo verificativo y éste no puede modificarse o alterarse, sino con consentimiento de la misma, de conformidad con el numeral 25 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán. Ahora, para mayor comprensión de la naturaleza de tal acto de molestia, conviene relatar los antecedentes que originaron su emisión, manifestados por el promovente bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, concatenado con las constancias que en copia certificada se acompañan al escrito de demanda. Documentales que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º de este último ordenamiento. Tesis: 189 Apéndice de 1995 Quinta Época 394145 4 de 4 Pleno Tomo VI, Parte SCJN Pag. 129 Jurisprudencia(Común) COPIAS CERTIFICADAS. Las que expidan las autoridades en ejercicio de sus funciones no pueden ser tenidas como documentos privados, y cuando sean expedidas por la autoridad judicial, es indispensable que estén autorizadas por el Secretario del Juzgado respectivo, y si carecen de ese requisito, no tienen valor alguno. 1. Mediante acuerdo de once de diciembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda que en la vía sumaria civil y ejercicio de la acción real sobre cumplimiento de derechos de cosa común, promovió Francisco Alejandro Hernández Pineda, frente a María Salud Ramírez Bravo; registrándola con el número 1202/2018, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán. 2. Posteriormente, en acuerdo de nueve de enero de dos mil diecinueve, se tuvo a la demandada por contestando la demanda entablada en su contra. 3. Mediante escrito presentado el nueve de enero de la presente anualidad, el actor solicitó se le tuviera por desistiéndose de la referida demanda; sin embargo, en auto de esa misma fecha, se indicó que su solicitud resultaba improcedente en razón de que la demandada no otorgó su consentimiento. 4. Luego, por escrito presentado el catorce de enero de dos mil diecinueve, el actor -ahora quejoso-, solicitó se emplazara al mencionado juicio a Luis Aramardo Gutiérrez Rubio, Héctor Guillén León y Yadira Osorio Zamudio; no obstante, en proveído de quince de ese mes y año, se precisó que no había lugar a proveer de conformidad su petición, toda vez que el emplazamiento de la demandada ya tuvo verificativo y éste no puede modificarse o alterarse, sino con consentimiento de la misma, de conformidad con el numeral 25 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán (acto reclamado). Bajo ese contexto tenor, la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo referida se actualiza en el caso, porque se deduce que el acto reclamado fue emitido por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán; lo que evidencia que se trata de una determinación proveniente de un tribunal judicial y, en consecuencia, se satisface el primero de los requisitos previstos en el primer párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en lo concerniente a los requisitos identificados con los números dos, tres y cuatro ya precisados en párrafos precedentes, conviene invocar el artículo 676, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, que establece: "Artículo 676. Los autos que no fueren apelables pueden ser revocados por el Juez que los dictó, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio; pero sólo a instancia de parte." El precepto en estudio prevé que cuando un auto no es apelable puede ser revocado por el juez que lo dictó o por el que lo sustituya, pero sólo a instancia de parte. En efecto, el recurso de que se trata (revocación), tiene como finalidad que el juez responsable revoque o modifique el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados, con lo que, en su caso, desaparecería la afectación a la esfera jurídica de la quejosa, que ésta aduce en la demanda de amparo, ello en observancia al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, como se explicó en líneas anteriores. Entonces, en relación con el acto reclamado en esta vía de amparo, el recurso idóneo para impugnarlo es el de revocación, en virtud de que no está expresamente establecido en la norma que el procedente sea el recurso de apelación. Asimismo, se satisface el segundo de los requisitos, ya que el medio de impugnación en cuestión se encuentra previsto en una ley en sentido formal y material esto es, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, que además regula el acto reclamado. Por cuanto hace al tercer requisito, también se satisface puesto que el recurso se tramitará dentro del juicio sumario civil de donde deriva tal acto. De igual manera, en términos del artículo 676 de la codificación invocada, la finalidad del recurso de revocación es revocar o modificar el acto reclamado, lo que actualiza el cuarto de los referidos requisitos. También debe precisarse que el acto reclamado no constituye alguno de los supuestos de excepción contenidos en la multicitada fracción XVIII, del numeral 61 de la ley de la materia, puesto que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, tampoco se trata de persona extraña al procedimiento, tomando en cuenta que el quejoso es parte actora. De igual modo, la procedencia del recurso no requiere de una interpretación adicional o el fundamento es insuficiente para determinar su procedencia. Tiene apoyo a lo anterior, el siguiente criterio: Tesis: P./J. 11/2018 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2017117 1 de 1 Pleno Libro 55, Junio de 2018, Tomo I Pag. 8 Jurisprudencia(Común) DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo promovida por Francisco Alejandro Hernández Pineda; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones dirigidas a la parte quejosa, el ubicado en calle Hilanderos, número 30, colonia Morelos, en esta ciudad; y como autorizado de conformidad con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Adolfo Villa Solorio, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho. Y como autorizados únicamente de conformidad con el párrafo segundo, última parte, del citado artículo 12, de la ley de la materia, a Gustavo Adolfo Villa Gutiérrez, Fernando Michel García Duarte y Mara Yadarith Montes Soto, toda vez que no cumplen con el mencionado requisito. Es aplicable a lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada (Administrativa) SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado. AUTORIZACIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS A LA PARTE QUEJOSA Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a la parte quejosa, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. NOTIFICACIONES A LA PARTE QUEJOSA Se faculta al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a la parte quejosa por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en el domicilio de ésta y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa...
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